Un fiscal de La Plata inició una causa penal contra las autoridades de la petrolera por las explosiones ocurridas durante el temporal. Falta de inversiones, ausencia de controles y ocultamiento de información
Fiel a su estilo, el gobierno kirchnerista intentó tapar la gravedad de las siete explosiones ocurridas -durante el temporal de la semana pasada- en la Refinería que tiene la empresa semiestatal YPF en Ensenada. Pero, por más operetas que se quieran hacer, la única verdad es la realidad. Concretamente, existen claros indicios de que no se tuvo que lamentar una catástrofe (mucho peor que los 51 muertos por las inundaciones) de milagro.
Ayer, se conoció que el titular de la Fiscalía Nº 6 de La Plata, Marcelo Romero, presentó una demanda con el objetivo de que se inicie una investigación penal a fin de que se determinen las causas y las responsabilidades del siniestro.
La denuncia apunta a las autoridades de la petrolera ante la sospecha de que incurrieron en “el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
En su presentación, Romero alertó que “el incendio fue groseramente minimizado (por parte de las autoridades de YPF), tal como si se tratara de la quema de un momo de fin de año”. Y también sostuvo que “ante semejante cuadro y la ausencia de información certera acerca del temperamento a adoptar, muchos de los vecinos decidieron autoevacuarse”.
“Así, en las jornadas sucesivas la zona permaneció cubierta de partículas de coque, carbón o sustancia similar de color negro y fuerte olor, que hasta el momento se observan en la atmósfera y en la superficie”, dijo el funcionario del Ministerio Público. Y consideró que “las autoridades del directorio de la empresa estatal, en tanto funcionarios del Estado, no brindaron a los habitantes de la zona afectada la debida información acerca de si tal sustancia es nociva para la salud y qué actitud tomar frente a su presencia”.
“El silencio empresarial –estatal- no necesariamente implica que dichas partículas depositadas en toda superficie sean inocuas, debiendo someternos a decisiones y conductas transmitidas de boca en boca, generando rumores y trascendidos. La correcta información y la obligación de que ésta llegue en debida forma a los ciudadanos, es una de las tantas responsabilidades por la que los funcionarios públicos debemos velar y su cumplimiento acarrea la sanción prevista en el artículo 249 del Código Penal”, concluyó el fiscal. Esta denuncia recayó en la Fiscalía Nº 5, a cargo de Juan Cruz Condomí Alcorta
Cabe recordar que el incendio se produjo en el horno de coque A y en la Unidad de Destilación Topping C, pertenecientes a la refinería que YPF posee en la localidad de Ensenada.
Emisiones tóxicas
Por otra parte, ante una consulta de Hoy, desde la ONG Nuevo Ambiente denunciaron que hubo emisiones de gases de alta toxicidad, entre ellos azufre, durante las 72 horas posteriores al siniestro.
Eso no es todo: también dieron cuenta que desde hace un año y medio están pidiendo, sin éxito, que se haga una auditoria ambiental de carácter integral a la Refinería. “A esta la fecha no hemos tenido respuesta, ya sea del Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable como por parte de la empresa”, dijo Marcelo Martínez, titular de Nuevo Ambiente. Agregó: “La situación fue muy grave, e intenta ser ocultada por YPF y el gobierno. Evidentemente hubo fallas técnicas y de cuidado ambiental muy graves”.
El titular de Nuevo Ambiente, además, calificó como “un escándalo” el hecho de que los vecinos se hayan tenido que autoevacuar a raíz de la ausencia de un plan de contingencia. “A todo esto se le suma que hay distintas áreas del Hospital Cestino de Ensenada que están clausuradas. Por ende, en caso de haber habido heridos de gravedad por las explosiones, no se hubiesen podido atender. La falta de controles también le cabe a los municipios tanto de Berisso como de Ensenada, cuyas autoridades están mirando para otro lado, en momentos en que en la región se podría haber producido una catástrofe”.
EN FOCO /// Las consecuencias de quedarse con una empresa saqueada
El año pasado, el gobierno de Cristina Fernández intentó hacer creer que la estatización parcial de YPF había sido una medida “nacional y popular”. Los hechos están demostrando lo que este diario alertó desde un primer momento: la llamada nacionalización en realidad fue un gran negociado, que terminó con el Estado (que pagamos todos) haciéndose cargo de una empresa saqueada durante años por grupos privados amigos del poder político, incluido el kirchnerismo.
El presente de YPF es penoso. Las reservas de petróleo y de gas se encuentran en mínimos históricos, al no existir planes de inversiones significativos para la exploración y explotación de nuevos yacimientos. Esto obliga a que el Estado esté gastando cifras millonarias en la importación de hidrocarburos. De ahí la necesidad de secar el mercado de dólares, mediante la aplicación del cepo cambiario, dado que el gobierno debe hacerse de todos los verdes billetes disponibles para pagar las importaciones energéticas.
La falta de inversiones es de tal magnitud que la petrolera ni siquiera cuenta con un plan de contingencia para proteger a la población de La Plata, Berisso y Ensenada, ante posibles siniestros de magnitud como el ocurrido la semana pasada.
La debacle de YPF, que hace algunas décadas era un modelo aseguir en el mundo, no se debe a una condena divina. Es producto de años y años de saqueos y negociados, en los que mucho tuvo que ver el kirchnerismo.
El inicio del proceso deterioro puede ubicarse en la dictadura militar cuando Martínez de Hoz y compañía hicieron endeudar, a niveles estrafalarios, a una empresa que generaba ganancias al Estado y abastecía el mercado interno.
Luego, en los ´90, Menem le dio el golpe de gracia, entregándola en bandeja a grupos privados nacionales e internacionales, amigos del poder político. Para poder concretar este nefasto plan, contó con la colaboración de gobernadores de provincias petroleras, como Néstor Kirchner, quien ordenó a sus legisladores levantar la mano a favor de la privatización. A cambio, Santa Cruz recibió millonarios fondos en concepto de regalías mal liquidadas, que se invirtieron en la compra de bonos de YPF. Esta operación, que se hizo gracias a los consejos del entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, culminó años más tarde cuando Santa Cruz revendió esos bonos, obteniendo una escandalosa ganancia usurera. Esos fondos no fueron invertidos en el país: fueron girados al exterior y generaron todo tipo de sospechas.
En definitiva, todos estos manejos llevaron a que YPF se encuentre en estado de coma. Y no solo esté en riesgo el abastecimiento energético, sino también la seguridad de miles y miles de personas que viven a varios kilómetros a la redonda de la Refinería.
diariohoy.net
Chiara 
Felipe 
