La ex Ciccone Calcográfica recibió de parte de la AFIP cuatro moratorias excepcionales, por un total de $ 240 millones, en las cuales se le perdonó el cobro de más $ 140 millones en intereses acumulados . El «error» se revirtió cuando estalló la polémica que involucra al vicepresidente Amado Boudou.
La ex Ciccone Calcográfica no recibió una moratoria excepcional de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), como informó su titular, Ricardo Echegaray. Recibió cuatro, por un total de $ 240 millones y de un modo singular. Primero, obtuvo dos, por $ 107 millones, mientras que la AFIP omitió el cobro de más de otros $ 140 millones en intereses acumulados durante años a favor del Estado nacional. Y ese «error» sólo se revirtió meses después, con otras dos moratorias más, cuando ya habían pasado 17 días desde el estallido del escándalo que sacude al vicepresidente Amado Boudou.
Las cuatro moratorias y el faltante de $ 140 millones quedaron expuestos en los documentos que entregó la propia empresa en el expediente de la quiebra, luego de que el juez Javier Cosentino, le advirtió el 24 de mayo último que si no acataba la orden de informar lo requerido separaría a sus máximos ejecutivos -es decir, a Alejandro Vandenbroele- e intervendría la compañía.
Esos documentos, que La Nacion cotejó con la ayuda de fuentes de la AFIP que participaron en la operatoria, muestran que Vandenbroele consiguió las primeras dos moratorias excepcionales el 7 de diciembre de 2011, tres días antes de que Boudou asumiera como vicepresidente. Una para afrontar toda la deuda impositiva y previsional que se había incorporado al concurso y quiebra de la ex Ciccone; y la otra, para la deuda que se acumuló en los años que siguieron. Ambas, a devolver en 148 cuotas con el 0,5% de interés mensual.
Así, la primera moratoria, registrada con el código E710993, ascendió a poco más de $ 87 millones: $ 76,7 millones correspondieron a deudas tributarias y $ 10,3 millones a previsionales, con fecha de consolidación el 7 de diciembre de 2011.
La primera cuota de ese plan venció al mes siguiente, el 16 de enero de 2012, según consta en los registros oficiales de la AFIP. Ascendió a $ 965.000, para luego bajar a cerca de $ 835.0000 en las restantes 147 cuotas.
La segunda moratoria se consolidó el mismo día, pero se centró en la deuda «posconcursal». Recibió el código E711389 y ascendió a $ 20,8 millones: $ 5,7 millones por deuda impositiva y $ 15,1 millones por la previsional. ¿Las cuotas? La primera, que venció en enero, por $ 230.000, y las 147 restantes bajaron a $ 200.000.
Pese a esas facilidades extraordinarias, Vandenbroele sólo pagó la primera cuota de cada plan. Incumplió las siguientes tres. Sólo las pagó a fines de abril y mediados de mayo, luego de que firmó el contrato para imprimir billetes de 100 pesos con la Casa de Moneda y recibió un millonario adelanto de fondos.
Antes de firmar ese contrato, sin embargo, estalló el escándalo por el «caso Ciccone», que desde el 6 de febrero envuelve a Boudou, a su socio José María Núñez Carmona y al propio Vandenbroele.
El escándalo muestra una notable correlación con la actuación de la AFIP. El 23 de febrero -recién 17 días después de que la esposa de Vandenbroele, Laura Muñoz, lo acusara de «testaferro» de Boudou- el equipo de Echegaray detectó que en esas dos moratorias otorgadas dos meses y medio antes se habían excluido los intereses punitorios y resarcitorios acumulados durante años y que terminaron por representar $ 140 millones, más que el capital adeudado.
«Un error en la carga»
La AFIP comunicó entonces a la ex Ciccone la supuesta omisión con una nota que envió la jefa interina de Recaudación, Bibiana Vacirca, según reconstruyó LA NACION. La respuesta de Vandenbroele llegó recién dos semanas después. Adujo que «probablemente» se debía a «un error en la carga de los datos».
La corrección de ese «error», sin embargo, más que duplicó los pagos a la AFIP que debió afrontar la ex Ciccone. Porque a las primeras dos moratorias excepcionales les sumó otras dos, también basadas en el artículo 32 de la ley 11.683, que le otorga a Echegaray facultades discrecionales para conceder planes de pago.
Así, la tercera moratoria se centró en los intereses hasta entonces impagos por la deuda concursal. Con el código E093915, abarcó otros $ 124,8 millones: $ 108,9 millones eran impositivos y otros $ 15,8 millones, previsionales. Con fecha de consolidación 17 de abril último, la primera cuota ascendió a $ 1,25 millones y las restantes 147, a $ 1,19 millones.
La cuarta y última moratoria abarcó $ 15,5 millones de intereses punitorios y resarcitorios sobre la deuda posconcursal. Fue con la misma fecha de consolidación en abril y abarcó $ 11,9 millones del rubro impositivo y otros $ 3,6 millones por el rubro previsional, con 148 cuotas por alrededor de 149.000 pesos.
Así, sin contar los millones que cada mes debe destinar a salarios y aportes, la ex Ciccone ahora debe afrontar cada mes cuatro cuotas de moratorias excepcionales de la AFIP por un total de $ 2,37 millones. Lejos del único plan sobre el que habló Echegaray en su conferencia de prensa del 9 de marzo último, un día después de que Vandenbroele admitiera su «error». Ahora, afronta esos vencimientos con el dinero que le paga la Casa de Moneda.
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El diputado nacional Manuel Garrido defiende la postulación de la candidata del Poder Ejecutivo a la Procuración General, Alejandra Gils Carbó. El Comité Nacional de la UCR, encabezado por su titular, Mario Barletta, prometió que «estudiará el pliego con profundidad por la importancia del cargo». El senador Gerardo Morales dijo no conocerla.
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