La marcha organizada en Esquel por los grupos antimineros para protestar por la pretensión del gobierno provincial de habilitar la minería a gran escala, volvió a abrir el debate en la sociedad sobre el papel de la actividad en nuestro país. Los intereses en juego en una lucha ambiental que llega a las raíces de la clase dirigente.
Bajo la consigna «No a la mina en todo Chubut», la comunidad de Esquel marchó el pasado domingo a pesar del intenso frío, para pedirle al gobernador Mario Das Neves, así como también al mandatario electo Martín Buzzi, que dejen de lado la intención manifestada en las últimas semanas de querer modificar o derogar la ley 5001 que prohíbe la minería metalífera a cielo abierto y el uso de cianuro.
De esta manera, el pueblo chubutense busca refugiarse ante el accionar de una clase dirigente que no oye los pedidos de una sociedad harta de la contaminación ambiental y de las reglas poco claras que hacen sus representantes sobre el tema, permitiendo el accionar de las multinacionales mineras que continúan con la depredación del medio ambiente local.
Las intenciones de los políticos sureños de darle mayor poder a las mineras para sus inversiones y acabar con la propia ley que en el año 2003 votó la Legislatura chubutense para prohibir la minería a cielo abierto, va en contra totalmente de la opinión de los ciudadanos, ya que vale recordar que dicha iniciativa contra la actividad fue votada por los políticos luego del abrumador resultado negativo a la minería que tuvo un plebiscito en la ciudad de Esquel.
Pero lo más paradigmático resulta que es el propio intendente de la localidad citada, Rafael Williams, quien ha pedido que se revise esta situación, ya que la situación social de la ciudad en cuanto a lo social es “grave”, y que la actividad minera puede llegar a solucionar el problema de la creciente desocupación que se viene teniendo en los últimos meses.
Estas palabras de Williams no hace más que recordar las que se llevaron adelante en los años ’90 para ejecutar un virtual proceso de entrega de los recursos naturales, que bajo el lema de la “modernidad y el desarrollo”, se concedió el negocio de los mismos a las empresas multinacionales que se vieron beneficiadas con ganancias de miles de millones de dólares.
A esto se le suma la intención de vastos funcionarios del gobierno nacional y de distintas administraciones provinciales, en conjunto con la Cámara Minera, de hacer una profunda campaña de “concientización” de la actividad, dando a conocer por los distintos medios las cifras de la Minería en la Argentina, dejando en claro que es una fuente importante de trabajo y que sirve la “reconstrucción” del país.
Se calcula que en territorio nacional la minería genera alrededor de 500.000 puestos de trabajo (directos e indirectos), sobre todo en áreas cordilleranas, donde existe variada cantidad de cerros. La estimación dice que la actividad en los últimos 5 años creció un 500%, y que desde el año 2003 el número de proyectos mineros creció por encima del 900% y las inversiones superaron el 1.100%.
Mientras eso sucede, poblaciones enteras del interior del país se levantan contra los intereses de las multinacionales, y es así como nacen fenómenos como los que suceden en las ciudades de Esquel y Andalgalá, donde se está librando una dura batalla en las calles contra la actividad minera, dejando en claro que la sociedad está en contra del saqueo sistemático de los recursos naturales, y que lo único que espera es que la Argentina prohíba la minería a cielo abierto y sin control. y deje de beneficiar a los fondos buitres que sólo buscan hacer negocios rápidos a costa de la salud y el dinero de los argentinos.
Hace mucho tiempo que desde la Agencia de Noticias CNA venimos señalando la impiadosidad que suele tener el modelo minero, que destroza casi totalmente a cientos de pequeñas localidades del interior del país, y que muchas veces no logran tener eco en los grandes medios de comunicación justamente por este tema, por ser algo que no toca a las grandes ciudades y centros urbanos, sino a ciudades chicas del interior olvidado.
Al gobernador del Chubut, Mario Das Neves, le gusta presentarse en las entrevistas a distintos medios como una de las personas representantes de la “nueva política” y que no ha seguido a rajatabla el mandato K. Una de las políticas que el Dasnevismo no cambió en su provincia, está relacionada a la política minera, no cambiando un ápice el modelo seguido a nivel nacional.
Por otro lado, quienes conocen el terreno chubutense, señalan que el mandatario sureño aceitó aún mejores relaciones con las empresas mineras que las que supo hacer el gobierno nacional, de ahí que varios emprendimientos que iban a realizarse en otros territorios de la Argentina, pasaran a desarrollarse en la provincia patagónica.
Las consecuencias negativas de la actividad minera en la provincia pueden verse no sólo en Esquel, sino también en la pequeña localidad de Gastre situada al norte de la provincia, donde la falta de agua potable es una constante que se viene manifestando en los últimos años, necesitando la ayuda de camiones de agua de la ciudad vecina de Gan Gan.
A esto hay que sumarle las denuncias de los vecinos de Gastre, que dicen que mientras ellos no tienen agua para sus actividades mínimas, las empresas mineras cuentan con grandes pozos de agua para la realización de sus tareas que se acumulan en piletones gigantes. Además, un dato que alarma y mucho, es que la gente que vive en la zona es poca, la mayoría proveniente de los pueblos originarios, y por el momento sus reclamos han tenido oídos sordos ante la dirigencia política local.
Los entendidos en la materia, recalcan que una minería a gran escala precisa el uso indiscriminado de millones de litros de agua, de ahí que este sea un bien preciado por las empresas, que al usarla con grandes toneladas de cianuro como hace la minería a cielo abierto, se convierte en algo más que tóxico para las personas que viven en el lugar.
Si la actividad minera no está regulada, si no se la piensa como una política de Estado que sirva para las generaciones futuras, la misma en Argentina seguirá tan desarticulada y desprovista de reglas claras como hoy en día, donde los únicos beneficiados son los grandes intereses multinacionales que ven a nuestro país como una fuente inagotable de recursos que sirven para acrecentar sus arcas y cuentas.
Pequeños detalles que sirven para mostrar una realidad que muchos tratan de ocultar en el sur argentino, y que deja a las claras el alejamiento que tiene la clase dirigente de los pedidos de la sociedad, y que no hacen más que continuar con el saqueo y depredación de los recursos naturales que comenzó en los años ’90 con la entrada de lleno del neoliberalismo en nuestro país, y que hoy día parece continuar su proceso bajo otras formas y condiciones.
fuente: www.agenciacna.com
Felipe 
La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió ser parte de la querella en la causa contra Sergio y Pablo Schoklender, ex apoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, por presunta asociación ilícita y fraude al Estado en el manejo de los fondos públicos para la construcción de viviendas sociales a través del programa “Sueños Compartidos”. Sin embargo, el titular de la UIF, José Sbatella, es investigado por haber demorado un año en hacer la denuncia contra Schoklender.
Chiara 
