El 13 de agosto de 2008, la sociedad argentina se desayunó con la imagen que cambiaría ciertos paradigmas argentinos para siempre. Ese día, tres jóvenes fueron hallados acribillados a balazos en un solitario descampado ubicado en la localidad de General Rodríguez.
Los medios fueron impiadosos a la hora de mostrar esa postal, donde yacían Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina en un perdido punto ubicado dentro del vasto territorio de la provincia de Buenos Aires.
Dos de los asesinados —Forza y Ferrón— estaban vinculados a pequeñas droguerías que habían desembarcado poco tiempo antes en el redituable negocio de los medicamentos adulterados; el tercero —Bina— había tenido la mala suerte de ser amigo de uno de ellos. A sus asesinos no les interesó ese detalle, los tres cayeron finalmente bajo las balas de oportunos sicarios.
Hasta ese momento, erráticos funcionarios insistían en un dogma que ya había sido derribado mucho antes del triple crimen: que la Argentina solo era un lugar de paso para el narcotráfico y que los asesinos a sueldo solo eran recuerdos de buenas películas de Hollywood.
Después del ingrato 13 de agosto de 2008, ese y otros paradigmas oficiales se derrumbaron por propio peso.
La muerte le sienta bien
A fines de mayo de 2008, me llamó una importante fuente de información del Ministerio de Salud a efectos de presentarme a un supuesto «arrepentido» en el tema farmacéutico. No era casual: unos meses antes había publicado una vasta investigación acerca de la mafia que envuelve a algunos de los laboratorios medicinales más conocidos.
Interesado en la propuesta hecha por el informante, arreglamos en encontrarnos al día siguiente en una confitería ubicada en la intersección de las calles Viamonte y Paraná de la Capital Federal. Allí, la fuente —que llegó con su respectivo chofer— me presentó a la persona que me relataría los pormenores de una supuesta «mafia farmacéutica». Se llamaba Sebastián Forza y venía acompañado a su vez de uno de sus empleados, llamado Pablo Florentín, a la sazón uno de sus «testaferros».
Nos sentamos los cinco en el lugar central de la confitería y nos dispusimos a almorzar. Forza me había impresionado fuertemente, no sólo por su elegante vestimenta —imposible de costear para un periodista como yo— sino por la seguridad que demostraba en cada una de sus afirmaciones. «Yo trabajé con Rubén Romano, fui socio de él en una empresa llamada Prefarm», me dijo para quebrar el hielo. «Rompimos relaciones en noviembre de 2007, porque quise abrirme de la joda. A partir de ese momento, no dejo de recibir amenazas», prosiguió.
Le mencioné entonces que conocía la existencia de Romano y de una causa judicial que lo rozaba por jugosos negociados en el PAMI. «Es una causa que llevó adelante (el fiscal Carlos) Stornelli, con quien tengo cierta amistad», le aseguré para intentar ganar su confianza.
A partir de ese momento, Sebastián comenzó a describir una diabólica trama de corrupción que involucraba a laboratorios medicinales, organismos públicos e instituciones privadas. Algunas de sus afirmaciones:
-«Hay un fraude descomunal con medicamentos para hemofílicos, especialmente uno llamado Novoseven, es un factor siete (proteína de coagulación). Son medicamentos carísimos que encima son sobrefacturados por los mismos laboratorios (…) Hay que investigar a un tal Javier Gauna, gerente de laboratorios Novo Nordisk».
-«Otra de las jodas era la de truchar recetas y prescribir de más medicamentos caros, como los oncológicos, contra el SIDA y los propios factores hemofílicos, a ciertos pacientes. Es decir, si una persona necesitaba tres dosis de un remedio, se le prescribían 20. Los 17 restantes eran revendidos en el mercado. (…) En esto estaban prendidos los mismos laboratorios, ciertos funcionarios del Estado y nosotros, los intermediarios».
-«Te mentiría si te dijera que no estoy involucrado en esto, pero yo me quiero abrir. El problema es que conocer todo esto pone en riesgo mi vida. Acá no sólo estamos hablando de negociados y sobreprecios, también de adulteración de drogas y manejo de químicos (¿precursores?)».
-«Un fraude interesante se ha dado entre el Ministerio de Salud y laboratorios Abbott en la provisión de remedios contra el SIDA. Muchos de esos remedios eran revendidos, a sabiendas de los funcionarios».
-«Laboratorios Roche solía rellenar un remedio para el cáncer de mama llamado Mabthera. Con lo que le ponían, lo dejaban totalmente inocuo».
-«En algunos robos a camiones con medicamentos están involucrados los mismos laboratorios. Por un lado, cobran el seguro correspondiente. Por otro lado, revenden los remedios a través de un mercado paralelo».
-«¿Quiénes me amenazan? buscá la solicitada en la que aparecemos todos los aportantes de la campaña de Cristina Kirchner y allí encontrarás los nombres».
-«Hubo un millonario lavado de dinero en la campaña presidencial (de 2007) a través de una droguería llamada San Javier».
-«Si querés entender cómo es posible todo esto, investigá a algunos funcionarios del ANMAT y empresarios de una empresa fantasma llamada Profarma».
-«Hay un importante ministro de la Nación que protege a todos estos delincuentes (…) Los Kirchner están al tanto de todo».
Tres meses después de esa inesperada y reveladora conversación, se iba a cumplir el vaticinio del propio Forza y sería asesinado junto a Ferrón y Bina.
Quienes lo asesinaron no contaron con que la entrevista había sido registrada por mí en un grabador de periodista. Ello fue aportado a la Justicia, junto con otras anotaciones y hasta una copia del disco rígido de Forza.
Ello derivó en la conformación de tres expedientes diferentes: uno que investiga la mafia de los medicamentos, a cargo del juez Norberto Oyarbide; otro que indaga sobre el triple crimen en sí, bajo la tutela del fiscal de Mercedes José Ignacio Bidone; y el tercero que puso la lupa sobre los aportes de campaña del Frente para la Victoria, de la mano del juez Ariel Lijo.
A pesar de que han transcurrido ya tres años, solo el expediente de Mercedes ha logrado avanzar y llegar a rozar a algunos de los responsables del asesinato de Forza y sus amigos. Las otras dos causas judiciales, duermen el sueño de los justos.
Los sonidos del silencio
Aún hoy, la sociedad se sigue preguntando quién/es y por qué asesinaron a los tres jóvenes. ¿Estaban acaso vinculados con narcotraficantes mexicanos como se dijo en un principio? ¿Querían meterse en el negocio de la efedrina?
Es posible, aunque en realidad las pruebas que surgen del expediente que lleva adelante el fiscal Bidone, muestran una trama completamente diferente a la que se dijo oficialmente.
De allí surge claramente que el principal negocio de Forza era el de los medicamentos —y las recetas adulteradas— a través de puntuales “firmas fantasma”. Aparece también mencionado el tema efedrina, pero a través de socios autóctonos, no mexicanos.
Pocos saben que en el expediente de Mercedes se mencionan con nombre y apellido a los involucrados en la autoría intelectual del triple crimen. Dos de esos nombres, son personajes protegidos por el poder, uno es Ibar Esteban Pérez Corradi —detenido en Estados Unidos por narcotráfico— intermediario de cárteles mexicanos en el negocio argentino de los precursores químicos y los medicamentos. Este último le habría adelantado gran cantidad de dinero a Forza a efectos de iniciar una especie de Joint venture para exportar efedrina.
«Sebastián (Forza) se gastó todo el dinero aportado por Pérez Corradi para cubrir sus gastos y encima se dio el lujo de mandarlo a la mierda. El tipo le dijo que se lo iba a cobrar y lo hizo. Es un personaje peligrosísimo, la cara visible de algunos cárteles de la droga en la Argentina», comentó oportunamente a este cronista una persona de estrecha confianza del fallecido Forza.
Hay un dato real: Forza, bajo la modalidad de «testigo protegido», había denunciado a Pérez Corradi en la Justicia, hecho que llegó a oídos de este último a través de un importante intendente de la zona oeste de la provincia de Buenos Aires. Lo demás, es historia conocida.
El otro nombre es el de Martín Lanatta —hoy preso por esta causa—, hombre de estrecha confianza del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y quien emboscó a los tres «empresarios» antes de que fueran asesinados. Él, junto a su hermano Christian y los hermanos Víctor y Marcelo Schillaci recibirán en estos días una muy mala noticia: el expediente de marras se elevará a juicio oral.
¿Qué ocurrirá cuando se ventilen inoportunas cuestiones que rozarán a funcionarios de primera y segunda línea y que hoy solo reposan en vetusto papel judicial?
Mucho puede augurarse y presumirse, pero hay una sola realidad: será para alquilar balcones.
Christian Sanz
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