Desde el regreso de la democracia en 1983, son numerosos los hechos represivos que han motivado el rechazo de buena parte de la población y de los organismos de derechos humanos. Historias de la Argentina de hoy que marca que el accionar represivo no corresponde sólo a regímenes autoritarios sino también a los democráticos
El 10 de diciembre de 1983, día en que regresó la democracia a la Argentina, parecía que los hechos violentos de la última dictadura militar, con unas fuerzas de seguridad que reprimían cualquier intento de organización popular habían quedado atrás, pero lamentablemente la práctica de reprimir la protesta social sigue tan latente como entonces.
Desde los estamentos más altos del poder, se encargan de remarcar que la represión preventiva está destinada para lograr controlar socialmente a través de la ley y conseguir de esa manera un estado más ágil y dinámico contra los infractores de la ley. Para los profesionales encargados de estudiar esta dinámica, los nuevos enemigos para el imaginario policial pasarían a ser el grupo de jóvenes desocupados, morochos y de pelo largo que abundan principalmente en las periferias urbanas, o simplemente los pobres y miserables.
Esto ha llevado a que las organizaciones sociales, aquellas que hacen un trabajo social en los barrios más pobres de la sociedad, sean los que más sufren esta represión policial, que hace que la vida para un vasto sector de la población sea prácticamente insoportable.
Las víctimas fatales por estos hechos de represión son innumerables a lo largo de estos más de 26 años de democracia, en los cuales la mayoría son obreros y trabajadores que reclaman mejores condiciones laborales y un futuro más digno para ellos y su familia.
Desde diciembre del ‘83 hasta hoy en día, según se informa periódicamente desde la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), hasta diciembre del 2008 las víctimas del gatillo fácil sumaban 2,560, pero estiman que con la cantidad de caídos por estos hechos, llegan a alrededor de 3.000.
Un tema urticante el de la represión en tiempos de democracia, que deja al descubierto el accionar represivo de gobiernos elegidos por el voto popular, que en muchos casos ante el reclamo popular no hacen más que recurrir a las mismas técnicas represivas oscuras de los peores años de la Argentina.
La Agencia de Noticias CNA hace un breve repaso por los principales hechos de represión policial y de las fuerzas de seguridad desde 1983 a nuestros días y que muestran una realidad que es imposible de esconder bajo la alfombra como pretenden muchos de los miembros más encumbrados del poder.
– Las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, determinaron la claudicación sobre la verdad y Justicia de lo sucedido durante la etapa de la última dictadura militar y la impunidad para todos aquellos que habían convertido los delitos más atroces durante esos años oscuros de la Argentina, convirtiéndose en la una legalización de la represión.
– El 30 de mayo de 1989, con una hiperinflación galopante y distintas clases de saqueos en los barrios más pobres del país, el gobierno de Alfonsín ordenó el estado de sitio, donde se arrestaron a cientos de personas sin orden judicial.
– Las marchas organizadas por los sindicatos y partidos políticos opositores contra la política económica del gobierno alfonsinista, fueron en algunos casos reprimidas por las fuerzas de seguridad.
– El copamiento del Regimiento de Infantería III de La Tablada, el 23 de enero de 1989, efectuado por el Movimiento Todos por la Patria (MTP), hizo que la labor de las fuerzas armadas en la represión organizada para tomar el regimiento quedara bajo el mando del general Alfredo Arrillaga, un militar acusado de haber sido uno de los protagonistas del suceso conocido como “La Noche de las Corbatas”, el operativo que en la oscuridad asesinó a cinco abogados defensores de presos políticos en la ciudad de Mar del Plata. El hecho terminó con el saldo de 39 muertos, de los cuales 28 eran civiles, 60 heridos, 21 militantes del MTP presos y varios desaparecidos por las fuerzas de seguridad.
– Ya suenan familiares los nombres de Walter Bulacio, Roberto Hernán Cedale, Andrea Viera, Damián Barzabal, Javier Rojas Pérez, Rodrigo Corzo, Diego Lucena, Walter Coronel, Sonia Colman, Lucas Cardozo, Mabel Guerra, Héctor Coria, Rubén Darío Galarza, Carlos Avalos, Sergio Guzmán, Sebastián Bordón, Agustín Antonio Olivera, Roberto Antonio Argañaraz, entre tantos otros nombres que completan una lista interminable de víctimas del gatillo fácil desde 1983 a la época.
– En octubre de 1989 el ex presidente Carlos Menem dicta la primera ola de indultos a los responsables de la violencia de los ’70. En diciembre de 1990 dicta la segunda ola de indultos, dando por sentado la impunidad contra los máximos jefes militares que encabezaron la dictadura más sangrienta y feroz que vivió la historia del país.
– El 17 de agosto de 1993, el estudiante de Periodismo en la Universidad de La Plata, Miguel Brú, es detenido por personal de la Policía Bonaerense y a partir de ese momento no se sabe nada más sobre su paradero, continuando desaparecido hasta el día de hoy.
– Entre los días 16 y 17 de diciembre de 1993, en la provincia de Santiago del Estero se vivió una revuelta popular contra las autoridades que terminó con lo que se ha denominado popularmente como “Santiagazo”. Esta gran rebelión popular culminó con la destitución del gobernador santiagueño.
– El 12 de abril de 1995, durante masivas manifestaciones populares ante la ola de despidos y cierres de fábricas cayó asesinado el obrero de la construcción Víctor Choque.
– En febrero de 1996, en la ciudad de La Plata, se vivieron terribles hechos cuando la Bonaerense, la “mejor Policía del mundo” según Eduardo Duhalde, se vio sitiada por efectivos policiales para reprimir una protesta de los estudiantes universitarios en contra de la Ley de Educación Superior sancionada por el menemismo tiempo antes. Los métodos elegidos por la policía para reprimir, incluyó los nefastos Falcon verde de la época de la dictadura, y la detención sin previo aviso, gracias al Estado de Sitio que había dictado Duhalde la noche anterior para que la elección estudiantil se llevara adelante con “normalidad”.
– Otro 12 de abril, pero de 1997, cae asesinada por las balas de la policía mientras se dirigía a su casa en la ciudad de Cutral-Co, la empleada doméstica Teresa Rodríguez. Al momento de morir tenía tan sólo 24 años.
– Todos los muertos del 19 y 20 de diciembre del 2001, entre los que se cuenta Claudio “Pocho” Lepratti, que mientras le pedía a la policía rosarina que no tirara disparos a su comedor donde estaban comiendo chicos pobres, fue alcanzado por una bala que le originó la muerte a este militante social santafesino.
– A una semana de haber asumido el gobierno Fernando de la Rúa, la protesta popular sobre el puente que une Corrientes con Chaco, motivó la muerte de Mauro Ojeda y Francisco Escobar, además de más de 30 heridos de bala de plomo y goma. El ministro del Interior al momento de lanzarse esta feroz represión, era Federico Storani.
– Durante los años 2000 y 2001, la provincia Salta padeció un período represivo muy fuerte que crecía con el aumento de la pobreza, la marginación y la desigualdad. En esos dos años, cinco jóvenes fueron asesinados, Orlando Justiniano, Alejandro Matías Gómez, Aníbal Verón, Carlos Santillán y Oscar Barrios, y más de 200 ciudadanos fueron heridos de bala de plomo y goma.
– Darío Santillán, Maximiliano Kosteki, víctimas de la represión policial en el Puente Avellaneda durante la presidencia de Eduardo Duhalde el 26 de junio del 2002 en medio de una protesta social por la poca solución brindada por el Estado a los problemas sociales. Este hecho motivó el adelantamiento de las elecciones por parte de Duhalde para abril del 2003, que coronó a Néstor Kirchner como nuevo mandatario nacional.
– Otra forma de represión es criminalizando la protesta social, en lo cual en los últimos años ha habido un progreso para que este proceso de criminalización de las luchas originados en lo más profundo del pueblo se revierta y se deje de pensar que todo luchador social que pelea por reivindicaciones para su clase sea considerado un delincuente.
– En los últimos tiempos ha podido verse como se ha bajado el sistema de represión de la protesta social, aunque la represión sigue siendo masiva en muchas provincias ante cualquier levantamiento popular por mejoras en las condiciones de vida, como sucedió en la localidad catamarqueña de Andalgalá hacia los vecinos que piden la erradicación de la actividad minera en la zona. Cabe recordar que Catamarca se encuentra gobernada por Eduardo Brizuela del Moral, un discípulo del vicepresidente Julio Cobos, que se apresta a ser candidato a presidente de la Nación en el 2011.
– El 18 de septiembre de 2006 fue secuestrado el albañil Jorge Julio López, al momento de salir de su casa ubicada en la localidad de Los Hornos para ir a presenciar los alegatos del juicio que se seguía contra el represor Miguel Etchecolatz. Hasta el día de hoy continúa desaparecido.
– El 7 de febrero del 2006, se produce una pueblada en la localidad santacruceña de Las Heras para reclamar por la libertad del dirigente de la huelga de los petroleros, Mario Navarro, que había sido detenido el día anterior. Como resultado de los enfrentamientos entre el pueblo y la policía murió un oficial de ese cuerpo represivo, Jorge Sayago.
– El 4 de abril del 2007, cae muerto en la provincia de Neuquén luego de la represión policial a los maestros en huelga, el docente Carlos Fuentealba. La provincia era dirigida por el candidato presidencial que pregonaba públicamente por una mayor “mano dura” contra la delincuencia, como era Jorge Sobisch.
– El 31 de enero de 2009, Luciano Nahuel Arruga, de 16 años de edad, iba caminando con destino a la casa de su hermana, en Lomas del Mirador, cuando fuerzas policiales se lo llevaron de la calle, y hasta el día no hay novedades sobre su paradero.
– La represión en la fábrica de la empresa norteamericana Kraft en General Pacheco en medio de una protesta sindical por mejoras laborales y salariales hacia la multinacional estadounidense, que terminó con 65 detenidos y muchos trabajadores echados de sus puestos laborales.
La mayoría de estos casos tiene un denominador en común, que es la falta de respuestas que suelen tener los familiares de las víctimas por parte de la Justicia y el poder político, que más allá de algunas declaraciones de paso ante los medios de comunicación, no hacen nada para cambiar de cuajo esta situación sino que dejan hacer a sus fuerzas de seguridad, con el consabido resultado que hemos detallado.
Un tema lamentable que hace reflexionar a la sociedad entera sobre la necesidad imperiosa de que se produzcan cambios drásticos en el accionar de las fuerzas de seguridad, para que estos hechos represivos no sigan existiendo, para que de esa manera la sociedad comience a transitar un camino de paz y armonía, que por estos días se encuentra totalmente ausentes.
Fuente: www.agenciacna.com
Chiara 
La Presidenta tiene en su poder 158 ternas para elegir jueces nacionales y federales, pero los procesos de designación están frenados. Mientras tanto, el 20% de los juzgados están vacantes. La oposición denuncia motivaciones políticas, pero desde el gobierno aseguran que elegir a un juez lleva tiempo.
