Cuesta encontrar un indicador capaz de validar el argumento oficialista para oponerse a los “plus salariales” o los reclamos por la quita del “impuesto a las ganancias” sobre sueldos y jubilaciones inferiores a diez sueldos básicos. Caen las ventas, salarios y jubilaciones no alcanzan para llegar a fin de mes, inflación ya de más del 40% anual, persecución a “cuevas” y a operaciones legales de “contado con liqui” o “dólar bolsa”, recesión y suspensiones o despidos obreros. El “relato K” no alcanza para evitar que se sigan ventilando cuestiones sobre corrupción, específicamente las que llegan del exterior por denuncias sobre “lavado de dinero”.
Si es que se vota -según los borradores- el nuevo “Código Procesal Penal”, este está abiertamente dirigido para garantizar inmunidad e impunidad de funcionarios y empresarios ligados al Gobierno Cristina Fernández, esos que realizan negocios/ciados ilegales gracias al Estado K. ¡Es la fase final del plan de “retirada cristinista” del poder! Aunque logre ser exitoso en ser ocultado, desde hace un largo tiempo el cristikirchnerismo -Scioli y Macri incluidos- parecen estar gobernados más por un estudio jurídico que por simples funcionarios. La búsqueda desesperada de la paz judicial más allá de 2015 desvela a la Presidente Cristina Fernández, a sus familiares y a sus principales asesores, amigos, testaferros y hasta a sus posibles y deseables continuadores en el futuro inmediato. Y aquí sobresalen (porque todos los otros son comparsa carnavalesca) Scioli por el “pejotismo cristinizado” y Mauricio Macri por el seudo “cambio antiperonista”, ya que dejó de atacar al radicalismo y habla sólo del cambio respecto de los últimos 20 años, aunque en ellos exista un gobierno efímero, es cierto, pero radical y seudo K, la Alianza.
Relato y atrincheramiento, con esos dos únicos recursos el cristinismo duro intenta ir navegando la crisis que se autogeneró e instala la impresión, frente al vacío político e institucional, que su último año en el poder no le estaría marcando ningún límite ni la forzaría a ninguna concesión; salvo con sus “elegidos”. Con aquel “vetusto y desactualizado” relato, sobre todo en materia económica, se distancia definitivamente de una mayoría social pero encorseta el “debate” con los candidatos de la oposición, hoy circunscriptos al FAP-UNEN y al Frente Renovador. El “atrincheramiento -o la defensa-“ se enmarcaría en otra cuestión: “la Presidente Cristina Fernández necesita de sus “incondicionales” ahora mismo ante la imposibilidad de construir una sucesión pura”, y más pensando en su regreso al llano en diciembre de 2015. Y aquí sobrevuelan varias alquimias: desde una postulación provincial -diputada nacional, la gobernación fue definitivamente descartada-, hasta un cargo internacional -UNASUR o una “¿ayudita de Francisco en un cargo vaticano?” Por ahora, los hechos son los hechos. Por decisión de los K está acéfala desde 2009 la “Fiscalía de Investigaciones Administrativas” -FIA- encargada de investigar la corrupción. De sus 17 fiscalías, 13 además están vacantes.
El “postulante cristinista” para hacerse cargo de ese ente específicamente fundamental es, como no podía ser de otra forma, un funcionario camporista, Sergio Rodriguez, de Legales de la ANSeS. El ministro de Economía, Axel Kicillof, será recordado como un gran generador de puestos de trabajo en el país, aunque sólo para los amigos que junto con él integraron un centro de estudios. Resulta que 18 de los 21 integrantes del Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino (CENDA), incluido el funcionario favorito de Cristina Fernández, desembarcaron en puestos en el Gobierno y en las empresas públicas. Según informa “El Cronista.com”, entre esos miembros del CENDA se encuentran el secretario de Comercio Interior, Augusto Costa, el ascendente viceministro de Economía, Emanuel Álvarez Agis, y la embajadora en Washington, Cecilia Nahón. Mientras su página web estaba activa, allí se podía leer que el CENDA se definía como “un centro de estudios económicos y sociales constituido por un grupo de jóvenes investigadores con formación en economía política”. Fundado en 2004 por Kicillof, el centro de estudios formuló críticas a la gestión K, incluidas la ya célebres observaciones sobre la intervención del INdEC. Con su llegada al Gobierno, Kicillof enterró sus opiniones anteriores y se plegó de lleno y sin matices al relato de la Casa Rosada. “La grosera manipulación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) supuso un duro golpe a la confiabilidad del sistema estadístico nacional, poniéndose en cuestión la veracidad del dato referido a la evolución de los precios”, manifestó el CENDA en un documento al que ya no se puede acceder desde su página web. El “olvido”, que incluyó “discontinuar las propias mediciones de precios del CENDA”, le permitió a Kicillof amasar mucho poder en el gabinete cristinista, en desmedro de viejos cuadros cristikirchneristas. La colocación de sus propios cuadros es un reflejo de este avance, que sólo puede ser comparado con las designaciones que ha conseguido para sus militantes La Cámpora.
Aquí la lista proporcionada de los funcionarios ex CENDA, que publica el portal de noticias financieras: “Entre los colaboradores de Kicillof más cercanos están: Augusto Costa, en la Secretaría de Comercio, y Emmanuel Álvarez Agis, en la Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo; también es Director en Edenor. El resto de los miembros de Cenda con cargos en el Gobierno. Nicolás Arceo: Director de Finanzas en YPF. Carlos Bianco: Secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Cancillería. Luis Pablo Ceriani: Director de Finanzas de Aerolíneas. Patricia Charvay: Directora en YPF . Ana Laura Fernández: Coordinadora de Gabinete de la Subsecretaría de Coordinación Económica. Cristian Girard: Titular de la Comisión Nacional de Valores. Mariana González: Directora suplente en YPF – Subsecretaria de coordinación económica y mejora de la competitividad. Federico Marongiu: Gerente General en Nación Fideicomisos S.A. Cecilia Nahón: Embajadora en Estados Unidos. Javier Rodríguez: Secretario de Coordinación Político-Institucional y Emergencia Agropecuaria. Marcela Sacavini: Fue Directora en Edenor. Carla Seain: Coordinadora de gabinete de la Subsecretaria de Planificación Económica. Federico Wahlberg: Economista en la Secretaría de Ambiente Nación. Gastón Ghioni: Subsecretario de Combustible. Nuria Mendizábal: Directora en Transener. Fueron miembros de Cenda pero hoy no son parte del Gobierno. María José Castells – Marcos Gallo – Miguel Giudicatti. Además, varios de los miembros de Cenda son investigadores y docentes del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS).” ¡Todos nombres para recordar e integrar las listas de “despidos y procesamientos” a partir del 11 de diciembre de 2015!
Emanuel Álvarez Agis, Axel Kicillof y Augusto Costa. Los pibes del CENDA que se quedaron con el ministerio de Economía.
El auténtico “problema sin control” son los escándalos que la rodean y la corrupción que empieza a tener “marquesina muy amplia en el exterior” por presión del Fondo NML y sus investigadores, mucho más peligrosa que las de las causas en argentina. Aquí todo está acotado a Boudou, De Vido, Jaime, Schiavi, Báez-al que salió a despegar Echegaray de la Presidente-, Milani, Puricelli, Rossi, Capitanich, como sus principales figuras judicializadas y muy poco más. A Cristina Fernández le alcanza con “borrar de la escena”, como lo hace con el vice o “acompañar los tiempos ralentizados de la propia justicia”; no puede, en cambio, con “la angurria de los Fondos Buitres”, que siguen escarbando en las rutas clandestinas, y no tan clandestinas, del “dinero K”, porque el Gobierno no les paga el juicio que ganaron en Nueva York. Y aquí, la otra novedad, no tan novedosa, “le sigue inquietando, además, la acción de la Justicia en Uruguay y en EE UU que también sigue al empresario-socio patagónico, Lázaro Báez.” Para intentar paliar aquellas cuestiones domésticas es que mantiene en el cargo de titular de la Oficina Anticorrupción -OA- a aquel “pegotista y socio del estudio jurídico Iribarne-Vitobello” quien fuera entusiasta jugador en los picados de Olivos en vida de Néstor. Se trata específicamente de Julio Vitobello, muy efectivo en la gestión: “sus investigaciones jamás han incomodado a ningún funcionario K”.
Pero esto no queda ahí, pues la Sindicatura General de la Nación -SGN- luego del desplazamiento de Alberto Iribarne (ex socio de Vitobello), el otro órgano que debería “controlar los actos de Gobierno”, se halla manejado por aquel recordado y frustrado ex Procurador General, Daniel Reposo, quien no puede siquiera pasar “una simple revisión de curriculum”, pues hasta llegó a inventarse conferencias, nunca dictadas. Debe quedar en claro, para inquietud del pueblo argentino, que aún la Auditoría General de la Nación -AGN- presidida prestigiosamente por el radical Leandro Despouy no pudo ser “colonizado” por el cristikirchnerismo que anda con ganas de rebajarlo de rango para convertirlo en una simple oficina de denuncias, sin capacidad -que aún hoy detenta- de investigación. La Procuraduría General -o sea el Jefe de los Fiscales-, estuvo durante casi una década en manos del ex Ministro camporista Esteban Righi, amigo de los Kirchner hasta que incomodó a Cristina Fernández y a su protegido Amado Boudou, y fue removido por ésta junto al juez Rafecas y al fiscal de la causa, intentando vanamente reemplazarlo por el actual (¿?) Procurador General, quien no logró superar el filtro de los dos tercios del Senado, imponiendo luego a la ultra cristinista Alejandra Gils Carbó, una verdadera desfachatada militante obsecuente de la causa K quien logró el puesto con los votos del oficialismo, más los del radicalismo y algunos otros.
Tras la frustrada Reforma del poder Judicial, y oculta en medio de un “paquete” de leyes se aprobó legislativamente la “limitación a la información pública” -un verdadero atropello a la “libertad de información” por parte del pueblo-, tratándose de una medida que busca frenar total y absolutamente la “transparencia en la difusión de datos del patrimonio” de funcionarios, bien o mal habidos, tanto como el de los legisladores y de la propia Presidente Cristina Fernández. Aquí, y a través de dicha modificación, no existe “Ley de Acceso a la Información Pública” siendo Cristina Fernández quien exigió e incluyó, además, el “límite a la responsabilidad de los funcionarios” en el “nuevo” Código Civil y Comercial que terminó de promulgar hace apenas una semana; Códigos (Civil, Comercial y Penal) y leyes -Información, Medios, etc.- que deberá “derogar o modificar” el próximo Gobierno electo el año entrante. Ahora en su “atrincheramiento” la Casa Rosada va por los cambios al “Código Procesal Penal”, en particular los artículos 105 y 106 que limitan los plazos para que una “instrucción penal” sea exitosa y llegue con el delincuente al juicio oral. O sea que los funcionarios procesados penalmente por delitos de corrupción o mal manejo de la “cosa pública” (el erario del Estado), y las investigaciones más complejas, “deberán -o solo podrán favoreciendo al delincuente- durar sólo un año”, o sea un tiempo casi imposible de cumplir para reunir pruebas, si se tiene en cuenta “la velocidad” con la que actúa nuestra justicia.
La Presidente Cristina Fernández va a ser autora de una “paradoja buscada para beneficiarse ella y a sus funcionarios o amigos-socios-testaferros” sospechados; el Código Procesal Penal propuesto por el cristinismo es festejado desde ya por los autores de los crímenes de “guante blanco” y los “narcotraficantes y lavadores de dineros mal habidos”. Los lazos entre Cristina y Lázaro eran difíciles de ocultar, aunque no existiera una sociedad entre ellos. Por eso, hoy martes (21 de octubre) el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray tuvo que admitir que la presidente y el empresario tienen “vinculación comercial”, una relación que los Fondos Buitres habían planteado para detectar activos que embargar en el exterior. “No hay sociedad”, dijo Echegaray en diálogo con la semi oficialista “Radio 10”, pero cuando fue consultado sobre si tenían “vinculación comercial”, respondió “sí”, pero no agregó más detalles. La jefa de Estado y Báez comparten, entre otras operatorias comerciales, un condominio sobre un terreno de 87.000 metros cuadrados como copropietarios desde hace años en El Calafate. El diario “La Nación” recuerda que las relaciones entre Cristina Fernández y el empresario incluyeron además la compra por parte de Báez de al menos nueve departamentos, casas y terrenos a los Kirchner en sólo un año, que terminaron bajo el dominio de Austral Construcciones, en tanto que la constructora Epelco compró también la casa que Kirchner había adquirido en el centro de Río Gallegos en 2003. Otra firma de Báez, Valle Mitre SA, se encargó de administrar los hoteles de la familia presidencial. Por último, Báez construyó la bóveda en la que se encuentran los restos del ex presidente y aún figura como uno de sus acreedores.
Con esos datos, y otros, los fondos buitres pusieron la lupa sobre el empresario gracias al aval de un juez de Estados Unidos. La solicitud provino de NML quien apeló a su derecho llamado “discovery” a obtener información sobre bienes del Estado argentino decidido por el juez de Nueva York, Thomas Griesa. En consecuencia, NML confía en que si se demuestra en la Justicia argentina que Báez cometió fraude al Estado tendrá derecho, en el futuro, a embargar los bienes o cuentas bancarias que se encuentran en territorio norteamericano. El juez Cam Ferenbach, de Nevada, hizo lugar al pedido de los fondos buitre que pidieron información sobre los activos de 123 sociedades en ese país que pertenecerían a Báez y de los Kirchner. Desde NML sospechan que el empresario y la familia presidencial habrían lavado dinero público; de ser así, esos bienes podrían ser embargados. La jueza uruguaya Adriana de los Santos está terminando de redactar “un nuevo -¿y van?- exhorto” dirigido a la justicia argentina, pues sustancia causas abiertas por presunto “lavado de dinero” que involucran a Báez, ya había enviado otro exhorto a mediados del año pasado (2013) que la Cancillería se ocupó de no informar, o sea el cristikirchnerismo “lo esterilizó”, mediante la maniobra llevada adelante por Héctor Timerman de objetar el mismo un par de veces por “supuestos vicios de forma”, aunque luego y superado dicho escollo fue el propio juez Sebastián Casanello -un joven magistrado con sintonía con la Agrupación La Cámpora- quien al tomar nota actuó como eficaz soldado de la “retaguardia cristinista” y archivó el primer papel de su colega uruguaya y distrajo el expediente buscando nexos entre Báez y el “valijero” Leo Fariña. En agosto de 2014 decide “cerrar la causa de la existencia de una caja fuerte” en el sótano de Lázaro en Río Gallegos, contando con el “aval del fiscal Guillermo Marijuan”.
Un fragmento de mapa de Uruguay que ayuda a comprender de qué estamos hablando.
“Casanello nunca contestó. Pero exhortos similares fueron girados a distintos juzgados argentinos. No ha habido reciprocidad informativa” confirmó una jerarquizada fuente diplomática del Uruguay; el dinero del lavado tiene relación on varias inversiones en nuestro vecino en las cuales surgirían cruces de cincuenta (¿50?) sociedades fantasmas, con domicilios de Buenos Aires, Montevideo y Panamá y que en varios casos se entrelazan con las sociedades investigadas por el juez de Nevada Cam Ferenbach. Pero Báez no se encuentra sólo, ya que el también juez uruguayo, especializado en Crimen Organizado, Néstor Valetti, prepara para los primeros días de noviembre un “pedido de extradición” de Alejandro Vandenbroele, el testaferro de Boudou y Cristina Fernández en el caso Ciccone, también por “supuesto lavado de dinero”. Quizás, el marco político de la hermana república oriental pueda contribuir transitoriamente a retardar los pedidos, aunque la figura de Cristina Fernández en Uruguay despierta muy fuerte rechazo en la población, y muy flaco favor le puede hacer a Tabaré Vázquez quien acaba de fotografiarse con el candidato cristinista Daniel Scioli. Aunque Tabaré mantuvo siempre una ríspida relación con el matrimonio Kirchner, si Tabaré no gana y lo hace el Partido Blanco -quien supo tener una histórica convivencia con el peronismo (ojo, no con el kirchnerismo)- su candidato Lacale Pou ha llegado a definir a la Presidente como “una persona desequilibrada”. ¡De lo malo a lo peor, para el cristinismo!
Cuidado con las preguntas engañosas en las encuestas. En 1983 cuando en la Argentina se preguntaba “¿Quién cree Ud. que ganará las elecciones de octubre?”, la mayoría respondía “El peronismo”. Y cuando se preguntaba: “¿Quién cree Ud. que será el próximo Presidente?”, la respuesta era: “Ítalo Luder”. Pero ganó la UCR y Raúl Alfonsín fue Presidente. Sucede que la percepción que tiene el universo electoral acerca de quién ganará, no condiciona su propio voto en la mayoría de los casos. Es posible votar por quien se ignora si ganará así como hay gente que simpatiza con clubes de fútbol que no son los campeones tradicionales. 6 de cada 10 uruguayos cree que el próximo presidente uruguayo será Tabaré Vázquez, el candidato oficialista, según una encuesta de la empresa Equipos (720 casos entre el 3 y el 11 de octubre) encargada por el Frente Amplio y que difundió el diario “El Observador”, de Montevideo. Pero, recordó el diario “El País”, el Frente Amplio cayó 12 puntos en su intención de voto en Canelones, uno de sus principales bastiones electorales. Y también retrocedió en su bastión de Montevideo. Acerca de esto último, es importante profundizar: Montevideo y Canelones son feudos electorales del Frente Amplio. En las elecciones nacionales de 2009 los 2 departamentos sumaron el 61% del total de votos que obtuvo la coalición gobernante (1.105.262). Sin embargo, en 2014 ocurre una “leve caída” en el electorado de Montevideo y una baja de 12 puntos en intención de voto en Canelones: hay preocupación en la coalición oficialista, y el propio presidente José Mujica se lanzó con toda su fuerza a la campaña electoral. Los datos de Canelones surgen de una encuesta telefónica encargada por el Frente Amplio a la consultora Equipos que encuestó a personas con conexión Antel: muestra una intención de voto del 39% para el oficialismo, informaron al diario El País fuentes de la coalición.
En las elecciones de 2009, la coalición de izquierda obtuvo un 51% del total de votos en canelones, por lo que la medición de Equipos marca una caída de 12 puntos. Sin embargo, el porcentaje de indecisos es alto y se ubica en el 16%; de acuerdo a cálculos de Equipos la mitad podría ir al Frente Amplio. Según esta misma encuesta, la oposición sumada supera por 1 punto al Frente Amplio en Canelones. El Partido Nacional tiene una intención de voto del 28% y el Partido Colorado del 12%; el resto del electorado se repartiría entre Partido Independiente, Asamblea Popular, el Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), votos anulados y en blanco. Ahora, al ejemplo ya citado. Equipos también preguntó: “Más allá de lo que usted prefiera, ¿quién cree que realmente será elegido como Presidente en las elecciones?”. Según el resultado al que accedió el diario “El Observador”, 61% dijo Tabaré Vázquez, 23% dijo Luis Lacalle Pou, 2% dijo Pedro Bordaberry, y 13%, no sabe/no contesta. Esa percepción de victoria de Vázquez por encima de las preferencias de los electores creció 10 puntos en 1 mes. Pero en diciembre de 2013, era 69%… En cuanto a la intención de voto, Ignacio Zuasnábar, director de Equipos, dijo en el programa “Subrayado”, por Canal 10 de Montevideo, que 41% votará al Frente Amplio, 28% al Partido Nacional y 15% al Partido Colorado. De todos modos, Vázquez se perfila como ganador de un eventual balotaje: en octubre, igual que en setiembre, 46% votaría por el candidato del oficialismo y 41% por el opositor si éste no consigue que más del 59% de los que votarán por el Partido Colorado en la primera vuelta pasen a elegir a Alberto Lacalle Pou en la segunda vuelta.
¡Es muy importante para Cristina Fernández y el cristinismo el futuro presidencial uruguayo! Las malas noticias pueden también venir de la otra orilla tanto como de los EE UU donde “los fondos buitres no aflojan la extorsión (¿?)”, la Presidente busca tapar con el “relato” y el eslogan “Patria o Buitres” un acoso personal que puede terminar en un verdadero escándalo internacional, con un Presidente procesado por “narcolavado” junto a seudo empresarios -verdaderos testaferros- de la obra pública mal habida de la Argentina. Su “atrincheramiento” en su núcleo más duro y chico -ella, Kicillof y Máximo- expresa las enormes desconfianzas que le provocan los viejos núcleos que incluían a Zannini, Parrilli, Aníbal y hasta en cierto momento Capitanich y Zaffaroni. Hoy aquél círculo se fue estrechando con vistas al propio aislamiento de la Presidente. El dólar que serpentea, ajusta y falta, una inflación desmesurada, una recesión imposible de corregir por su núcleo económico, la recesión instalada definitivamente y el humor social nada halagüeño por la pérdida de capacidad adquisitiva de salarios y jubilaciones, le muestran a Cristina un final de mandato que cada vez más se asemeja al de Fernando de la Rúa. ¡El límite que preocupa a la Presidente, se estrecha y acerca peligrosamente! ¿Alcanzará a llegar a diciembre de 2015 en estas circunstancias adversas? La situación está a punto de desmadrarse y ella solo atina a atrincherarse…
¿Le alcanzará, o viviremos otro diciembre luctuoso como hace ya 13 años?
informadorpublico.com
Chiara 
Felipe 