LO QUE NO SE DICE DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL.
En su reaparición pública después de haber estado afectada por faringitis, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció este martes el envío al Congreso del proyecto de reforma del Código Procesal Penal. Por cadena nacional, la mandataria señaló que este es “un Código diferente”, que alcanza “un universo más restringido, pero no menos importante”.
Las modificaciones al CPP han sido celebradas casi por todos los sectores políticos y judiciales. Salvo por un “punch marketinero” de último momento y un caballo de Troya que pasó desapercibido.
Dos puntos clave pueden apreciarse luego de los casi 40 minutos de alocución grabada de la mandataria.
Uno tiene que ver con un tópico que lejos pareció haber quedado, allá a comienzos del modelo, donde se promovía la tolerancia ante la protesta, y que este martes terminó celebrando la expulsión de extranjeros.
«Hay un fenómeno creciente de extranjeros que vienen al país a delinquir», dijo Cristina, contra toda estadística, que los ubica cerca del 7% del total de los procesados y condenados en la Argentina.
A meses de abandonar el poder, la Presidenta avanzó sobre la preocupación número uno de la sociedad argentina: la inseguridad, ese tema que durante una década se trató de mantener fuera de agenda, pero que poco antes de las elecciones siempre es tan efectivo. «Este Código va a servir como un avance para ayudar a combatir el delito», dijo CFK.
«La inseguridad hoy tiene mucho marketing», afirmó la propia jefa de Estado, para luego darle un guiño definitivo a la “mano dura” del secretario de Seguridad Sergio Berni y sus pseudocientíficas afirmaciones respecto al delito cometido por extranjeros.
“Los extranjeros que delincan serán expulsados del país por 15 años y si regresan serán juzgados”, anunció.
Anticipó así la expulsión de personas foráneas para aquellos que cometan delitos y sean sorprendidos in fraganti, los cuales “no podrán volver al país, y si lo hacen, serán juzgados por el delito por el que han sido extrañados”, señaló, rechazando que ello contradiga lo que dice la Constitución nacional.
Otro tiene que ver con los fiscales, que dependen ahora de la oficialista procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, o sea, directamente del Poder Ejecutivo.
“Aquí estamos instalando el sistema acusatorio”, dijo, señalando que delegará en el fiscal las investigaciones federales. Lo ciero es que de hecho, esta semana aprobaron en comisión pliegos de fiscales, en su mayoría afines al Gobierno nacional. Justo en un momento cuando los jueces comenzaban a mostrar cierta independencia. Todo tiene que ver con todo.
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