La nueva ofensiva del gobierno, en este caso para sancionar una reforma del Código Procesal Penal, que hasta ahora luce confusa y contradictoria, tendría un doble objetivo. El más comentado inicialmente es la ilusión de que entregándole el monopolio de las investigaciones a los fiscales, el kirchnerismo será protegido por éstos después de dejar el poder. El segundo, menos analizado, es la puesta en marcha de mecanismos legales represivos que sirvan de disuasión para los eventuales provocadores de estallidos sociales. No por nada Daniel Scioli recibió instrucciones directas y fondos especiales de CFK para poner en práctica un plan de contención que evite una escalada de violencia social en diciembre, algo que suele ocurrir todos los años. Pero esta vez los efectos podrían ser graves en el escenario electoral, ya que el kirchnerismo necesita ganar la provincia de Buenos Aires para mantener alguna expectativa de llegar al ballotage. Los esfuerzos presidenciales en este sentido no son pocos. Ella le habría pedido -y conseguido-que el Papa Francisco interceda ante Hugo Moyano y Luis Barrionuevo para que levanten sin fecha el plan de lucha que tenían preparado hasta fin de año. El líder de los camioneros aceptó la petición papal, bajó su perfil al máximo y ahora se limita a reclamar un bono para fin de año. La neutralización transitoria de la CGT opositora está teniendo el efecto tradicional: cederle espacio a la izquierda sindical para que gane la calle, como ocurrió ayer con la protesta y represión de los trabajadores de Lear en la Panamericana.
El nuevo malestar judicial
Claro está que la escalada de precios que podría sobrevenir antes de diciembre y el fracaso de los planes oficiales para incentivar el alicaído consumo no ayudan a controlar la situación social. Y tampoco el renovado protagonismo de la corrupción a partir de las investigaciones sobre la ruta del dinero k que realizan los equipos de Paul Singer. El Juez Federal Sebastián Cassanello aligeró la situación procesal de Báez procesando por lavado de dinero a Leonardo Fariña y Federico Elaskar, encaminando la investigación hacia las supuestas conexiones con el narcotráfico. Ahora los hechos nuevos que se acumulan, como las cuentas de Báez en Nevada, la red de facturación trucha utilizada por sus empresas y sus vínculos comerciales con la presidente colocarían a Cassanello, de cara al cambio de gobierno, en una situación insostenible. El magistrado, pese a sus compromisos con la cúpula de La Cámpora, habría admitido en los últimos días que no le quedaría otra alternativa que requerir a los EEUU informes sobre las denuncias que se están haciendo, aunque sea para disimular la actual parálisis del expediente. La reforma procesal penal no consultada con la Corte Suprema y otros hechos habrían, por otra parte, enfriado las relaciones entre Ricardo Lorenzetti y la Casa Rosada. Un dato interesante es que, a partir del fallecimiento de Enrique Petracchi, el máximo tribunal quedó con cinco miembros, por lo cual la mayoría de tres para el dictado de los fallos se forma mucho más rápidamente que antes. El resultado es que los fallos se están dictando mucho más rápidamente. En la Corte, otro motivo de disgusto con el cristinismo sería la reciente denuncia del titular de la AFSCA, Martín Sabbatella, afirmando que el Grupo Clarín realizó una adecuación fraudulenta a la ley de medios. Varios importantes magistrados se preguntan qué espera Sabbatella, si lo que denuncia es cierto, para realizar la correspondiente denuncia judicial. En el caso inverso, si no fuera cierto, el funcionario quedaría judicialmente expuesto.
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