El Juez Thomas Griesa no se dejó llevar por los desplantes y las agresiones de CFK y Axel Kicillof y exhortó al gobierno argentino a continuar negociando, recordándole que está obligada a cumplir la sentencia. El gobierno, a su vez, tuvo dos reacciones: para empezar, pidió la remoción del mediador Daniel Pollack por considerarlo parcial. Pero además, la cartera que conduce Axel Kicillof insistió en que, al impedir el pago a los bonistas del canje, el magistrado “pretende someter a Argentina a una verdadera extorsión para que pague a los fondos buitre” y que también “puede ser ésta una maniobra encaminada a que los fondos buitre, directamente o a través de otras sociedades, cobren seguros de default que ellos mismos han reconocido que tienen”.
“Ante esta posible estafa millonaria, (el Ministerio de Economía) ha notificado a la Comisión Nacional de Valores esta situación y ha solicitado que inicie una exhaustiva investigación que determine si este juicio no es en realidad la fachada de una maniobra especulativa en favor de los fondos buitre (para) que ganen por los bonos en default que compraron a precio vil, pero también por los derivados financieros que se cobran cuando la que investigue si esa situación no constituye una posible estafa. La International Swaps and Derivatives Association (ISDA), que es el organismo regulador internacional de los activos financieros y derivados, decidió ayer por unanimidad que Argentina cayó en default el 30 de julio y la medida activa, el pago de seguros por una suma estimada en alrededor de 1.000 millones de dólares. En síntesis, esto significa que el Estado argentino está acusando al juez por la posible comisión de un ilícito, lo que ya marca un claro camino hacia la profundización del conflicto a través del conocido método de “embarrar la cancha”. Se olvida Kicillof que parece contar con un asesoramiento jurídico pésimo, que la sentencia de Griesa fue confirmada por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, con lo cual la entusiasta denuncia por corrupción estaría dirigida también contra los camaristas que, hasta ahora, ratificaron todo lo actuado por Griesa.
Los optimistas, que todavía los hay, sostienen que esta escaramuza entre el cristinismo por un lado y Griesa y Pollack por el otro es sólo una etapa intermedia. En enero próximo -dicen- ya no se aplicaría la cláusula RUFO, es decir que los bonistas reestructurados no podrían exigir las mismas condiciones de trato que la sentencia les otorga a los fondos NML y Aurelius y entonces el gobierno podría pagarles a éstos sin sufrir serias consecuencias. Hay motivos para suponer que esta salida es improbable. Ni bien se inicie el 2015, el cristinismo estará formalmente lanzado a la campaña electoral. Resulta inverosímil que a seis meses de la celebración de las primarias y luego de haber malvinizado la lucha contra los buitres y Griesa, el gobierno se descapitalice electoralmente sentándose a arreglar el pago con Paul Singer. Al contrario, es a partir de enero cuando el kirchnerismo podrá empezar realmente a polarizar la sociedad con su saga de enfrentar la supuesta conspiración financiera internacional para destruir a la economía argentina. Además, para no cumplir la sentencia que se obligó a cumplir, la Casa Rosada invocó dos razones principales: la posibilidad de que se disparara la cláusula RUFO y se iniciara una ola de juicios de bonistas por hasta 150.000 millones de dólares y, segundo, que la ganancia de más del 1000 por ciento que la sentencia les otorgaba a los buitres es inaceptable y usuraria. En cuanto a lo primero, autorizar el pago de sentencias no es abrir el canje, por lo tanto no se activaría la cláusula RUFO, ya que no es producto de un acto voluntario sino de un acto de ejecutoriedad de sentencia. Y el segundo argumento estará tan vigente en enero como ahora. La presidente quedaría políticamente devaluada ante sus fieles si finalmente aceptara pagarles a los buitres una ganancia por sus bonos que ella considera hoy inaceptable.
A todo esto, es altamente probable que, de continuar el país incumpliendo la sentencia, Griesa nos imponga una multa diaria que, seguramente, no será despreciable. Es decir que se van delineando dos cuestiones estratégicas. Por un lado, no parece tener sentido que el gobierno se siente a negociar el pago en enero con el calendario electoral ya corriendo a toda velocidad, por lo cual estaría decidido a traspasarle la crisis y sus consecuencias al que asuma el 10 de diciembre del 2015. Pero además, el mantenimiento del incumplimiento no sólo alentará nuevas sentencias ya reclamadas por otros grupos de bonistas sino el encarecimiento vía multas y sanciones directas e indirectas. Y ni que hablar si la Cámara de Representantes, que viene esperando para tratar el tema, opta por darle media sanción al proyecto JEFSA (Judgement Evading Foreing States Accountability). Cuando en mayo del 2011 presentó este proyecto, Connie Mack se desempeñaba como presidente del Subcomité de Asuntos Exteriores para el Hemisferio Occidental. Contaba además con el respaldo del Representante de Missouri, Russ Carnahan, en calidad de copatrocinador del proyecto de ley, quien era presidente de Supervisión e Investigaciones del Subcomité de Asuntos Exteriores. La Ley de Responsabilidad de Estados Extranjeros que Evaden Fallos Judiciales, presentada ante la Cámara de Representantes, impediría el ingreso a los mercados de capitales de Estados Unidos durante más de dos años a cualquier nación que haya incumplido fallos judiciales de dicho país por más de $ 100 millones de dólares. El proyecto de ley también propone que el gobierno de Estados Unidos evalúe el estado de cumplimiento de estos países antes de otorgarles ayuda económica y dice textualmente que se “prohíbe el acceso a los mercados de Estados Unidos a los Estados extranjeros que, como la Argentina, no han cumplido con los fallos de las cortes estadounidenses por 100 millones de dólares o más durante un período de dos años. Prohíbe el acceso al mercado de capitales a las compañías de aquellos Estados que evaden las decisiones judiciales por más de tres años”.
Además, precisa que “Estados Unidos deberá analizar el estado de cumplimento de los Estados antes de darles ayuda económica o de recomendar asistencia económica de un organismo internacional. Que el secretario de Estado debe publicar informes anuales informales con la lista de países deudores y analizando las consecuencias de sus conductas para la economía estadounidense”. El tratamiento del proyecto en cuestión en el plenario de la Cámara de Diputados fue demorado varias veces, a la espera de que se definiera la sentencia de Griesa.
Por otra parte, la mayoría del Subcomité del Hemisferio Occidental sigue estando en manos de legisladores que en diversas ocasiones formularon declaraciones en contra de la Argentina. “La Argentina es un mal ejemplo que no se puede tolerar”, dijo en noviembre del 2012 Mack, principal promotor del proyecto legislativo para sancionar al país por sus recurrentes incumplimientos y “daños” que ocasiona a inversores y contribuyentes.
En resumidas cuentas, que la presidente se prepara para dejarle a su sucesor una herencia financiera sumamente pesada, una verdadera política de tierra arrasada que favorecería los planes K de ser la oposición de un gobierno débil y sumamente condicionado.
La compra no sería tan privada
Por último, la posibilidad de que el JP Morgan o cualquier otro grupo financiero comprara los bonos de NML y Aurelius incluidos en la sentencia de Griesa es por lo menos oscura. Para empezar, la presidente y Kicillof no dicen la verdad cuando afirman que si hay un acuerdo entre privados el gobierno nada tendría que ver. En este caso no se trata de títulos que puedan comercializarse libremente en el mercado sino que son objeto de una sentencia firme. Para que pudieran venderse, Griesa debería correrle traslado de la propuesta al gobierno argentino y éste hacerse corresponsable de la operación. Es decir que tendría, junto con el juez, la última palabra sobre la venta. Por otra parte, si una operación de este tipo se concretara, nada indica que los nuevos acreedores de Argentina se vayan a abstener de presionar para cobrar, contando como cuentan con una sentencia firme.
informadorpublico.com
Chiara 
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Felipe 
