A tono con el voltaje político alcanzado por el caso AMIA y sus múltiples derivaciones, la Corte Suprema de Justicia exhortó la semana pasada a la Cámara Federal de Casación Penal a ordenar al tribunal oral que adopte todas las medidas para realizar el juicio por encubrimiento por el atentado contra la masacre de la AMIA, en la causa donde están acusados el ex presidente Carlos Menem y el ex juez Juan Galeano, entre otros.
El máximo tribunal envió un escrito dirigido a la presidenta de Casación, Ana María Figueroa, donde solicita mayor celeridad y destaca la relevancia institucional de la causa.
Puntualmente, la Corte pidió que a través de Casación se informe al Tribunal Oral Federal 2 el estado actual de la causa por el encubrimiento y que precise en qué fecha comenzará el debate oral contra Carlos Menem, Hugo Anzorreguy, Juan José Galeano y otros, se explicó mediante el Centro de Información Judicial (CIJ).
La “relevancia de esta causa”, dijo la Corte, “obliga a exhortar a ese tribunal a que adopte con la mayor celeridad todas las medidas para el inicio del juicio oral y público que nos ocupa”.
Al margen de que el juicio se encuentra considerablemente atrasado, existe un fuerte interés del gobierno en concentrar la atención mediática en esta causa, lo que le serviría no sólo para distraer a la opinión pública de sus sospechas sobre la muerte de Alberto Nisman, sino también para reinstalar la trillada pista siria que tanto diera que hablar en los ‘90 y que permitiría volver a tratar de diluir las responsabilidades del régimen iraní por el atentado a la AMIA. El fiscal Alberto Gentili, que asumió transitoriamente el cargo que tenía Alberto Nisman para investigar el atentado contra la AMIA, tendría instrucciones de la Procuradora General Alejandra Gils Carbó de volver sobre la pista siria.
Pero para el gobierno nacional -y también para la Corte Suprema- este plan cuenta con un serio problema.
Una de las cuestiones que están demorando la iniciación del citado juicio oral es el recurso extraordinario planteado por Galeano contra la sentencia de Casación que, confirmando un fallo anterior de Cámara, declaró la existencia de la “cosa juzgada írrita”, es decir, vicios y fraudes en la investigación, que ameritarían la apertura de otra pesquisa o la revisión de la causa.
En este punto es donde este juicio oral podría volverse un boomerang contra el kirchnerismo. La resolución de este recurso podría perjudicar en el futuro a CFK, quien en el 2009 fue sobreseída por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito en la Justicia Federal por el juez Norberto Oyarbide. Si la Corte emitiera un fallo desfavorable a Galeano, sentaría una jurisprudencia que podría sustentar la reapertura de la causa contra la primera mandataria en pleno año electoral. Ocurre que ciertos sectores judiciales creen que esa misma figura podría ser usada para reabrir las causas de enriquecimiento que fueron cerradas. El instituto de la cosa juzgada írrita, que se está aplicando en contadas ocasiones, podría ser la clave para la revisión de numerosos sobreseimientos en casos de corrupción que vienen favoreciendo a las primeras figuras del kirchnerismo desde hace varios años.
Técnicamente, el TOF 2 podría iniciar las audiencias del juicio oral excluyendo a Galeano hasta tanto se resuelva el recurso extraordinario pendiente. Pero esto también podría volverse fácilmente en contra del gobierno y de la Corte, porque quedaría en evidencia que se está tratando de evitar un precedente jurisprudencial que podría facilitar un futuro mani pulite con alcances sobre la presidente y su entorno.
Vale todo
La situación interna en la Corte Suprema en relación a este tema es compleja, pese a que el tribunal está funcionando con apenas cuatro miembros. Se sabe que Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda están a favor de confirmar los fallos de casación y de cámara, o sea, que se aplique la cosa juzgada írrita. En la posición opuesta se ubica Elena Highton de Nolasco, que le daría la razón a Galeano, aunque arrastra una seria incongruencia: ella escribió no hace mucho para una publicación de la Universidad Austral un extenso ensayo alabando la aplicación de la cosa juzgada írrita en el fuero civil.
Por su parte, el decano de la Corte, Carlos Fayt, tendría en su haber distintos fallos opuestos a la aplicación de la cosa juzgada írrita por considerarla riesgosa para la seguridad jurídica. Sin embargo, por su avanzada edad, Fayt concurre poco a su despacho y el tema lo estaría trabajando su secretario letrado, Pablo Hirschmann. Con la jubilación, en diciembre pasado, de Eugenio Zaffaroni y el fallecimiento de Enrique Petracchi, la Corte carece entre en sus miembros de un penalista, por lo cual ahora pesa cada vez más la opinión del Secretario Penal del tribunal, Esteban Canevari, un conocido cuestionador de la aplicación de la cosa juzgada írrita. Pero Canevari estaría a su vez próximo a dejar su cargo, gracias a que Lorenzetti presiona para designar en su lugar a una de las que fueran secretarias letradas de Petracchi, Patricia Ziffer, cuyo esposo es Marcelo Sancinetti, un calificado penalista que defendió, entre otros, al cura Julio Grassi y al ex Ministro de la Corte Antonio Boggiano.
La realidad es que si en la votación del recurso extraordinario de Galeano se llegara a un empate de dos contra dos, no sólo Lorenzetti quedaría mal parado sino que debería convocarse a un conjuez para desempatar, lo que incomodaría bastante a aquél y demostraría que la Corte no puede funcionar normalmente con cuatro miembros. Justamente Lorenzetti y Maqueda vienen sosteniendo la posición contraria. En la Corte casi todos dan como un hecho que el intento del Ejecutivo de que sea aprobado el pliego del joven Roberto Carlés como reemplazante de Zaffaroni es una empresa destinada al fracaso por la irrelevancia de su currículum.
Mientras tanto, Lorenzetti cruza lanzas con Highton por la negativa de ésta a hacer causa común a favor de la cosa juzgada írrita en el caso Galeano. En este clima enrarecido no se ahorran municiones: desde la presidencia de la Corte hacen correr que Elena, la hija de Highton de Nolasco, está de novia con Jorge Giannini, socio de la mano derecha de Carlos Zannini, el Subsecretario Legal de la Presidencia, Carlos Liuzzi. Éste se encuentra bajo investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito en una causa que lleva adelante el juez federal Luis Rodríguez.
Hace un año, otro juez federal, Norberto Oyarbide, reconoció que había frenado un allanamiento en una financiera tras recibir un llamado de Liuzzi. La última declaración jurada de Liuzzi admitió bienes y depósitos por 6.379.240 pesos, con un crecimiento anual de 35%.
El segundo de Zannini tiene otras dos causas en su contra: una por los contratos con la consultora Adconsa (que se abrió por una investigación de Clarín), y otra por aquel llamado que le hizo al juez Oyarbide en medio del allanamiento.
Volviendo a la tensa situación entre la Corte y la Casa Rosada por el juicio oral y el recurso extraordinario de Galeano, hay en el gobierno quienes piensan que se debe negociar con Lorenzetti para que éste y Maqueda revoquen el fallo sobre cosa juzgada írrita que afecta a Galeano, creando la Corte así un precedente que le serviría al kirchnerismo para evitar, a partir de diciembre, los múltiples planteos judiciales por cosa juzgada írrita que podrían sufrir la presidente y su equipo, con el riesgo de que se desmoronen sobreseimientos claves, como el que dictó Oyarbide en diciembre del 2009 desestimando el enriquecimiento ilícito del matrimonio Kirchner. Los que ven venir una negociación de alto vuelo con Lorenzetti suponen que el principal interés de éste es afianzarse en el control de la Corte durante los próximos años, para lo cual podría llegar a exigir que la vacante de Zaffaroni sea cubierta por un jurista de su confianza, por caso Aída Kemelmajer de Carlucci, la mendocina que integró la comisión redactora del proyecto de reforma del Código Civil y Comercial. Otras especulaciones van más lejos y apuntan a que, siempre en el marco de esta negociación, el gobierno podría ampliar la Corte a siete miembros y dejar que Lorenzetti designe dos, con la cual se aseguraría una cómoda mayoría a su favor.
La necesidad de encontrar caminos que le garanticen la impunidad a partir del 10 de diciembre aumenta en el gobierno a medida que las encuestas confirman que a Daniel Scioli -y menos todavía a Florencio Randazzo- les resultaría prácticamente imposible ganar en un ballotage. Mientras tanto, desde el poder se activan todos los resortes para intentar frenar la revisión judicial de la década K. Estos esfuerzos llegan hasta la censura indirecta de la libertad de prensa. El único libro especializado en la cuestión, Cosa Juzgada Fraudulenta, cuyo autor es Federico Morgenstern, está agotado en las librerías y la editorial que lo edita se negaría a reeditarlo, tal vez sensible a las presiones que llegan desde la Casa Rosada. La semana pasada, el humor del oficialismo mejoró con el fallo de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones desestimando la denuncia de Nisman-Polllicita. Pero el fantasma de la cosa juzgada írrita ronda los días finales del cristinismo en el poder.
informadorpublico.com
Felipe 
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