Son «soldaditos», es decir, chicos que controlan los búnker de droga en esa ciudad. Fueron asesinados este año. La infiltración policial en el narcotráfico y el lavado del dinero de los estupefacientes.
En el último mes de agosto, una chica de 19 años, que tenía un hijo de dos, fue quemada en un descampado de Rosario. Estuvo treinta días internada antes de morir. Se pensó que había sido víctima de la violencia de género. Después se supo que trabajaba encerrada en un “búnker”, que vendía droga para una banda de narcotráfico, y que otra banda enemiga la roció con nafta y la prendió fuego.
En septiembre, otro chico fue asesinado de dos tiros y apareció carbonizado en el barrio de Santa Lucía. Era un “soldadito” de catorce años. En los últimos diez meses, más de 60 menores aparecieron muertos en Rosario por crímenes generados por la venta de droga.
Un “bunker” es un lugar de venta anónima.
Un consumidor entrega dinero por el agujero de una pared, o una ventana, y recibe la droga, con un precio mínimo de 150 pesos el gramo. Nadie sabe quién está del otro lado. Por lo general, son adolescentes a los que mantienen encerrados con candados, vendiendo droga.
Según la zona y el movimiento de clientes, un “bunker” puede dejar entre diez mil y veinte mil pesos de ganancia por día. Se calcula que en Rosario hay alrededor de 400. Además de la persona que vende, el negocio está custodiado por “soldaditos”, menores de 16 años que controlan el lugar. Durante un turno de doce horas reciben entre 200 y 400 pesos, según si tienen un arma o no. Pueden juntar hasta cuatro mil por mes.
Los “soldaditos” se paran a un costado del “kiosco” y supervisan que todo funcione normalmente. Si se generan problemas -por el ataque de otra banda o “alguien que se saca”- dan alerta por celular o usan su arma, en especial calibres 9mm u 11.25, que fueron siendo más accesibles con el crecimiento de la droga.
El narcotráfico y la violencia fueron generando identidades en los barrios pobres, la pertenencia a una banda, a un lugar. Frente al vacío que genera la falta de empleo y estudio, y el r epliegue de las agencias sociales del Estado, cada vez más lejanas a las villas, una banda les da a los jóvenes la posibilidad de ser parte de algo.
La inclusión en la droga.
Quizá haya sido el crimen de tres jóvenes en el barrio Villa Moreno en la madrugada del 1° de enero de 2012, asesinados por “error” en una venganza ciega de una banda contra otra, lo que expuso la tragedia del narcotráfico en el corazón de la ciudad. Hasta entonces, el poder político y judicial de la provincia miraba para otro lado. Poco tiempo después, empezaron a caer policías y “jefes” de bandas.
“A partir de la muerte de nuestros hijos -dice Eduardo Trasante, padre de una de las víctimas- obtuvimos más compromiso de la municipalidad. Ya no vemos tantas motos con jóvenes armados por el barrio, pero hay calles del barrio en las que t odavía no se puede caminar ”.
La droga comenzó a asediar la ciudad. Está visibilizada. No es difícil enterarse en cinco minutos qué zona controla cada banda. O dónde están los “kioscos”.
“Hasta el 2001 la droga sólo estaba regenteada por la fuerza policial. Eso se desbarató. Más allá de los grandes proveedores, ahora hay pequeñas “pymes familiares” que pusieron un “kiosquito” de venta de droga en la ventana de la habitación donde duermen los nenes. Incluso hay bandas narcocriminales que les ofrecen asistencia a organizaciones barriales. A nosotros, en Villa Manuelita, un barra de Rosario Central ligado al narcotráfico nos ofreció alimento seco para la “copa de leche” que se distribuye a los chicos”, indica Pedro Salinas, militante social de Villa Moreno, donde mataron a Jeremías, Claudio y Adrián en la madrugada de Año Nuevo.
La dimensión del negocio de estupefacientes tuvo un crecimiento exponencial. Desde 1973 a 1988 habían sido incautados 3 kilos de cocaína. En 2012 fueron incautados 400 kilos. Si, como se supone, se retiene sólo el 10% de los estupefacientes que circulan, el monto de la venta supera los dos mil millones de pesos anuales. Y a la par del crecimiento del negocio y las “economías paralelas”, de la proliferación de autos de alta gama circulando por barrios pobres, que suelen ser los dueños de los “bunker”, también crecieron las peleas entre bandas por el control territorial, los “ajustes de cuentas”.
En 2012, en Rosario, hubo 183 muertes violentas. En lo que va de 2013, ya son 207, con una tasa de criminalidad que sobrepasa dos veces y media el promedio nacional.
Uno de los investigadores sobre el narcotráfico más respetado es el periodista y ex candidato a diputado Carlos Del Frade. Para él, la gravedad del problema lo constituye el hecho de que “las fuerzas policiales ya no parecen depender del poder político”, indica a Clarín.
Quizá una muestra de la falta de confianza en la policía es que -luego de los 14 tiros contra la casa del gobernador Antonio Bonfatti- éste haya preferido ser custodiado por la Gendarmería. “No se trata de la ausencia del Estado sino de la presencia corrupta del Estado en los barrios, a través de fuerzas de seguridad que garantizan la distribución de las drogas”, explica Del Frade.
Uno de los primeros en denunciar en narcotráfico en el sur de Santa Fe fue el diputado provincial Maximiliano Pullaro, vicepresidente de la Comisión de Seguridad. El crecimiento patrimonial de algunos personajes de distintos pueblos asombraba a los vecinos. E incluso hacían donaciones en escuelas, entregaban medicamentos. Pullaro comenzó a denunciarlos.
Al poco tiempo logró que se detuviera a Carlos Ascaíni: dos kilos de droga y un arma de guerra en un cruce de ruta. El examen reactivo dio “cocaína de alta calidad”. Ascaíni fue preso. “Nosotros contentos, era un personaje que generaba impunidad”, explicó Pullaro. Sin embargo, Ascaíni recuperó la libertad al poco tiempo. “Cuando se volvió a hacer el exámen en la policía científica la cocaína pasó a ser azúcar. Fue una burla al sistema judicial”, dice Pullaro. Más tarde, el fiscal federal Juan Murray lo vinculó en escuchas telefónicas con el entonces jefe de la policía provincial Tognoli. Y ambos fueron a prisión.
Pullaro da cuenta de la vulnerabilidad de la provincia frente al narcotráfico. “La droga cruza las fronteras sin control. En la ruta 34, que es ´la ruta de la droga´, teníamos 78 gendarmes y quedaron 8. En la ruta 7, de 33 quedaron 7. De la zona sur de Rosario se llevaron 280 gendarmes para el conurbano bonaerense. Sacaron a los prefectos de los ríos…”, agrega. Para Pullaro, la debilidad también se corresponde con una falta de adecuación legislativa al crecimiento del narcotráfico.
“Con dos jueces federales y tres fiscales en toda la provincia, no hay infraestructura federal con la que se pueda pelear. Además, los narcos de Rosario cuando salen de la cárcel reconstruyen sus empresas. “Delfín”(David) Zacarías estuvo cuatro años preso, salió y volvió a armar el mismo imperio. En menos de un año compró 36 inmuebles. Necesitamos una ley que obligue al traficante condenado a probar que sus bienes fueron adquiridos con fondos lícitos y si no puede, que queden en poder del Estado, como sucede en México y Colombia”, indica. Un referencia que parece cada vez más cercana.
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Chiara 
ALEJ 
