El accidente múltiple de ayer, que dejo dos muertos a la altura de Chascomus, puso al descubierto oscuras maniobras de un negocio manejado por dos empresarios muy cercanos al gobierno K.
Eduardo Eurnekián, junto a la presidenta Cristina Fernández, durante un acto en Ezeiza el 26 de marzo de este año
«La corrupción mata”. Esta frase describe, casi a la perfección, lo que está sucediendo en un país como la Argentina que es gobernado por el kirchnerismo desde hace más de 10 años. Lo sucedido ayer en la Autovía 2, a la altura de Chascomus, es una clara muestra de ello. Concretamente, debido a que la empresa concesionaria no habría tomado las medidas de precaución correspondientes, producto que una quema de pastizales que había reducido notablemente la visibilidad, se produjo un choque múltiple que dejó como resultado dos personas muertas y varios heridos (ver página 20)
Desde el año 2011, la concesión de la ruta 2 y 11 está a cargo de una unión transitoria de empresas, llamada Autovía del Mar, constituida por cuatro grupos empresarios: Benito Roggio e Hijos SA, Esuco S.A (de Carlos Wagner, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción), Helport S.A (de Eduardo Eurnekián) y las constructora CPC S.A, ligada al zar kirchnerista del juego, Cristóbal López. Esta última firma ingresó al consorcio un año después de la adjudicación de la licitación mediante la compra del 20% del paquete accionario.
“Esta demostrado, con lo que ocurrió, que estas empresas sólo se dedican a cobrar los peajes y ni siquiera invierten para controlar los apenas 140 kilómetros de concesión que tiene en la Ruta 2. Ante una quema de pastizales, como la que ocurrió, la empresa debería haber implementado un sistema de tránsito asistido. Y ello nunca ocurrió. Es más, la empresa estuvo absolutamente ausente ya que se pudo ver la presencia de policías, bomberos; el municipio de Chascomus puso el hospital, mientras que la empresa no cuenta ni siquiera con mínimos equipos de seguridad para este tipo de situaciones como puede autobombas y camiones hidrantes”, le dijo a Hoy el ingeniero Ricardo lasca, presidente de la Comisión de usuario Viales.
Agregó: “Esto no es casualidad que haya pasado. Eurnekián tuvo que dejar la concesión de la autopista Pilar-Pergamino, por ser un incumplidor de obras. Lo mismo ocurre con Roggio. Y Cristóbal López nunca debería haber ingresado a la concesión por ser dueño de medios de comunicación”.
Eurnekián controla la mayoría de los aeropuertos a través de la firma Aeropuertos Argentina 2000, y sus negocios aumentaron exponencialmente durante la era K.
En tanto, el zar del juego es un empresario que logró amasar una fortuna a partir de la llegada del kirchnerismo en la Casa Rosada, desde donde se le abrieron las puertas para que instalara sus tragamonedas a lo largo y ancho del país. La maquinitas, como se sabe, esta programadas para que la gran mayoría de los apostadores pierdan. Es un sistema perverso de aspirar los recursos de los más humildes que, ante las dificultades económicas, no encuentran otra alternativa que recurrir al juego.
Durante la era K, Cristóbal desembarcó en el Casino Flotante de Puerto Madero, en el Hipódromo de Palermo, en el bingo de Los Polvorines y en numerosas salas de juego del país.
Ahora bien, el hecho de ser parte de un servicio público, como es la concesión vial, debería haberle impedido poder comprar los medios de comunicación del Grupo Hadad, operación que fue avalada por la Administración Federal de Servicios Públicos, pese a que viola la denominada Ley de Medios que el propio kirchnerismo impulsó. Nunca mejor empleado el refrán que dice “hecha la ley, hecha la trampa”.
“La presencia de una empresa de Cristóbal López viola el artículo 25 de la ley de Medios, que dispone que las personas que accedan al proceso de adjudicación de las licencias de medios audiovisuales no deberán poseer más del 10% de participación accionaria en empresas de servicios que tengan a su cargo la concesión o permiso de un servicio público nacional, provincial o municipal”, dijo el diputado provincial Walter Martello (Coalición Cívica-ARI), que ayer pidió que sea dada de la concesión de Autovías del Mar.
La jurisprudencia pone a la concesionaria contra las cuerdas
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, en la denominada “causa Ferreyra» del 21 de marzo de 2006, aseguró que “el ciudadano común que accede a una ruta concesionada tiene una confianza fundada en que el organizador se ha ocupado razonablemente de su seguridad… El concesionario no asume una obligación de dar el uso y goce de una cosa, sino de prestar un servicio… Existe un deber de seguridad, de origen legal e integrado en la relación contractual, que obliga al prestador a la adopción de medidas de prevención adecuadas a los concretos riesgos existentes en la ruta concesionada, en tanto resulten previsibles”.
Asimismo, la Cámara Federal de Salta, en un episodio muy similar al ocurrido ayer en Chascomus, responsabilizó a la empresa concesionaria del peaje de una ruta nacional por el accidente ocurrido entre un camión y un colectivo, como consecuencia de la falta de visibilidad por la quema de pastizales al costado del camino.
El tribunal entendió que, si bien hubo negligencia por parte del chofer del ómnibus por no disminuir la velocidad o encender luces y balizas reglamentarias al encontrar humo, no existió señalización ni personal de la concesionaria “a fin de alertar a los conductores la magnitud del incendio que se venía propagando desde hacía varias horas”.
Destacó que ante “la habitualidad en la práctica de quema de pastizales”, la concesionaria no adoptaba medidas de seguridad alguna ante la propagación de incendios a la vera del camino y que, además, no contaba con autobombas o camiones hidrantes, tal como sucedería ahora con la empresa Autovías del Mar.
Para el tribunal salteño, el accidente resultó “como consecuencia de la culpa concurrente entre la empresa concesionaria de peaje demandada y la intervención del chofer del colectivo, ya que la previsión oportuna de cualquiera de las partes habría contribuido para evitarlo”.
Resaltó que la humareda que obstruía la visibilidad normal sobre el camino se tornaba peligrosa también antela ausencia total de señalización, falta de control o medidas de seguridad adoptadas por la concesionaria vial, “ya que ese tramo de ruta y la seguridad de circulación vehicular le eran directamente adjudicables… Y el tramo de ruta ‘peligroso de circulación’ estuvo por horas librado a la pericia y prudencia de los conductores”.
También mencionó que “bajo similares circunstancias de peligro para la circulación (como los producidos en el Sur de Entre Ríos, durante este mismo año 2008, por quema de pastizales o niebla, lo que de público y notorio y aún radiado con alarma por los medios de comunicación masiva en nuestro país), se llegaron a ‘cortar’ autopistas y rutas, ‘en prevención de accidentes’ (los cuales en casos aislados, igualmente se produjeron). Más aún, justificaron la presencia de autoridades nacionales y provinciales, que fueron convocadas a la labor de extinción, de la propia Secretaría de Medio Ambiente y hasta generó causas penales en contra de los presuntos responsables”.
Cristina y Néstor Kirchner, en Santa Cruz, con el empresario Cristóbal López, en la inauguración del Casino de Río Gallegos en el año 2003
ALEJ 
Chiara 
Felipe 
