Los ciudadanos del municipio gobernado por Daniel Di Sabatino se encuentran en estado de alerta y conmoción. Desde hace años distintas bandas operan en San Vicente apropiándose desde lotes hasta campos enteros con una gran cuota de violencia y a cara descubierta. Una organización mafiosa cuyos integrantes, en el mejor de los casos, no son desconocidos para los políticos, policías y miembros del poder judicial local. Y en el peor, hasta podría existir connivencia.
Por Silvana Varela y Gonzalo Ucha
San Vicente tiene una tradición bastante arraigada: La de usurpar campos.
Según el censo de 2010, su población no supera los 60 mil habitantes, distribuidos en poco más de 17 mil hogares que se ubican a lo largo y ancho de un distrito cuya cabecera es homónima (San Vicente) y contiene otras dos localidades: Alejandro Korn y Domselaar.
“Pueblo chico infierno grande”, dice el refrán y repiten sus habitantes a la hora de comenzar los relatos en los que evidencian que todos conocen a todos; que cada quien sabe vida y obra de sus vecinos y pueden ir atrás en el tiempo para entrelazar los árboles genealógicos de un municipio con aire de campo; el mismo que alguna vez eligieron políticos encumbrados de la historia argentina.
Basta recorrer sus calles, entrar a sus bares, o visitar a algunas familias para notar que sigue guardando la idiosincrasia de un pueblo grande. Esa que permite la familiaridad de los nombres en medio de un relato dando por sentado que quien escucha, también los conoce.
Y ese es un detalle que no pasa inadvertido, porque es el mismo detalle que desencadena en la certeza de que lo que allí sucede, difícilmente puede ser desconocido por sus habitantes. Menos aún, por sus dirigentes.
Las causas se amontonan en pilas y pilas de papeles que abarrotan los juzgados de la zona. Algunas no son nuevas; ya vienen de años y gestiones anteriores. Otras apenas tienen meses y se repite la modalidad.
En San Vicente es barato tener un terreno, un campo, y hasta una vivienda. Tan barato que a veces es gratis. Basta con tener el dato preciso e ingresar por la fuerza al dominio que se quiera apropiar. Pero mejor aún, si eso lo hace una organización mafiosa que ya tiene el “know how” y que luego simplemente vende lo que no es suyo.
El problema además, es que esta modalidad se ha extendido en el tiempo y la mayoría de las operaciones inmobiliarias que se realizan no cuentan con escritura previa. Allí es común escuchar hablar de “posesiones” y “cesión de derechos”. Incluso es común escuchar hablar de intromisiones en propiedades ajenas porque las catalogaron en “estado de abandono”.
La situación fue durante años, un secreto a voces. Y empezó a correrse el velo cuando detuvieron a Ariel Heine como cabecilla de una organización mafiosa que entre otras cosas, se dedicaba a usurpar campos.
Quien aparece como la cabeza de la organización tuvo un paso por Olmos, donde cumplió casi 8 años de detención acusado de varios robos calificados. A Heine se lo vincula además, con “gente peligrosa” como Roberto Young González (alias “Mac Gyver”, ladrón y asesino de policías) y barrabravas como Gustavo Gabriel Mastrovitto (vinculado entre otros casos, a la masacre de los policías en la Planta Transmisora de La Plata).
Una de las primeras denuncias proviene de Fabian Pappa.
Su casa, “Villa Raquel” fue mudo testigo del accionar de la banda que por entonces, comandaba Arturo Esteve. En las habitaciones de la mansión de principios del siglo XX sucedió de todo. Allí operaba la mafia. Allí llegaba lo que reducían. Allí habrían estado incluso varias mujeres que provenían del interior con la promesa de un trabajo doméstico pero habrían sido en realidad después obligadas a ejercer la prostitución. Incluso, según Pappa, estas mujeres eran “ablandadas” (utilizadas) por efectivos policiales de la zona.
Con la muerte de Esteve ascendió Heine, quien se puso al frente de la organización junto a la ex pareja de Esteve, Valeria Hernández, otra de las detenidas por esta causa.
Pappa relata que cuando logró recuperar su casona, hoy casi en ruinas, encontró enorme cantidad de papeles que daban cuenta de la contabilidad y accionar de la banda. Papeles que le permitieron a la justicia comenzar a desentrañar vínculos y que le dio material suficiente para dictar las prisiones preventivas.
También muestra lo que alguna vez fue una caballeriza, y que según cuenta, “era utilizado como una base de operaciones por estos delincuentes, donde confluían piratas del asfalto, proxenetas y policías».
«Este lugar fue usurpado por Esteve en 1995, aquí vivió por varios años con sus hijos y con otra mujer, una tal Sandra Roteño», relata al Semanario Al Sur.
«Al momento del desalojo por parte de la justicia, aquí usurpaban Valeria Hernández, su hermano Oscar, varios NN, y un tal Segovia, que había estado detenido y tenía un puesto de diarios. También existe un tal Nelson Roldán, en cuya casa estuvieron todas las cosas que se robaron de este lugar», agrega.
Los relatos de quienes fueron víctimas de usurpaciones tienen puntos de coincidencia. Todos son crudos. En casi todos se ejerce violencia. En todos se actúa a cara descubierta. Todos y cada uno de ellos, pueden identificar a los agresores. Y además, la costumbre lleva años arraigada en una comunidad chica. Nadie lo desconoce. Tampoco puede hacerlo el gobierno de turno.
Uno de los primeros casos que derivó en prisión para una banda fue el del campo “La Morocha”.
Allí ingresaron nueve personas esgrimiendo armas de fuego, algunas de ellas calibre 9 milímetros, y mediante el uso de violencia, previo romper la puerta de acceso a la vivienda de los cuidadores José Antonio Carnero y su concubina Graciela Herrera, los despojaron totalmente de la tenencia o posesión del inmueble. Pusieron sus pertenencias en un flete y los trasladaron a la Comisaría para informarles de un supuesto desalojo. Entre quienes ingresaron al campo estaba Gustavo Melis, el segundo jefe de la DDI San Vicente.
Algunos creen que la caída de Melis es lo que termina luego arrastrando a Heine. En San Vicente hablan de “vuelto”. El problema, es que los vueltos van y vienen por doquier.
La usurpación es tan generalizada que no hay una sola línea. Existe la más organizada, pero también la que se dedica “al menudeo”.
La causa que investiga a Heine recayó en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6, que está a cargo de Marcelo Romero y el Juzgado de Garantías 3, de Néstor de Aspro, pero distribuidas en varias Fiscalías platenses se suman de a decenas otras denuncias que apuntan a ramificaciones de esta organización.
Aunque intenten negarlo, hay vinculaciones políticas. Algunas por acción; otras por omisión.
Heine se presentaba en todos lados como “guardaespaldas” del Intendente Daniel Di Sabatino. El jefe comunal hoy lo niega, pero una imagen vale más que mil palabras. La camioneta de Heine no sólo lo secundaba en las caravanas proselitistas, sino que éste lo acompañaba a sol y a sombra donde fuera necesario.
Aun así, pocos se animan a pensar en Di Sabatino como integrante de la mafia. Lo que sí es innegable, es que no hay quien no conozca la situación que vive San Vicente, y no hay quien no conozca el prontuario de cada uno de los personajes involucrados.
El vínculo entre Heine y el poder político actual dicen, sería el presidente del bloque de concejales oficialista Daniel Pérez.
Pérez era un puntero local, cuya amistad con Heine data de largo tiempo atrás, y es tan profunda que compartió su mesa cuando Pérez celebró el cumpleaños de 15 de su hija con una fastuosa fiesta que también dio que hablar en el pueblo. La misma fiesta a la que asistió Di Sabatino.
La lupa, además, se posa sobre quienes tienen acceso a información catastral. Así, varios señalan a Pablo Peralta, cuya vinculación con Laura Ojeda (a cargo de esa área en la gestión municipal) está teñida de sospechas.
También señalan a Marcelo Bayona y a Jorge Bombino, un hombre a quien se vincula con lotes del cementerio, con gran crecimiento patrimonial, y que fuera nombrado por Di Sabatino como Director de Servicios Públicos.
El crecimiento patrimonial de Pérez también sorprende. Pueblo chico infierno grande. Al presidente del bloque oficialista le adjudican, entre otras cosas, la propiedad de cinco caballos de carrera que estarían en el Hipódromo de La Plata.
Sin embargo, aunque todos de algún modo se tocan, la banda de Heine no tendría vinculaciones con Peralta, y tendría, por sobre cualquier otro modo de apropiación, un sello característico: el de la violencia.
Modus Operandi
Una vez consumada la apropiación, las tierras suelen ser rápidamente vendidas. Casi ninguna cuenta con escritura, y la operatoria no incluye falsificar esos documentos, sino basarse en “Cesiones de derechos” y/o posesiones. Incluso, cuando se trata de Cesiones, muchas de ellas tienen firmas legítimas, porque para que éstas no puedan ser objetadas como apócrifas, se obliga a firmar bajo coacción a quienes deben ceder los derechos.
El problema es que además, la mayoría de las inmobiliarias de la zona deberían ser investigadas. Por caso, Beatriz Frega publica: “papeles al día, posesión inmediata”, cuando publicita la venda de lotes en la zona. Otra inmobiliaria que publica muchos lotes es Vidal. La operatoria se completa con la participación de Escribanías en las que el comprador cree estar certificando la transacción, pero que en realidad, sólo certifican la firma. El nuevo dueño se va con sus papeles bajo el brazo, convencido de la transparencia de su compra (aunque debería llamarle la atención el bajo monto de su adquisición) y seguramente al poco tiempo estará enfrentando una causa que pretenderá desalojarlo de las tierras cuando sus legítimos dueños busquen el desalojo y acrediten que previo a la venta, sus campos fueron usurpados.
En San Vicente existe además, una curiosa ordenanza que regula quiénes pueden ser tenidos como contribuyentes y de algún modo, “blanquea” la situación de quienes ocupan o tienen tierras mediante Cesiones de derechos y/o posesiones “pacíficas y veinteañales”. Lo curioso también, es que mientras los impuestos correspondientes a Tasas por servicios generales se emiten a nombre de los verdaderos dueños, con su correspondiente nomenclatura catastral impresa en los recibos, se cobran impuestos al mismo domicilio, con diferente nombre y sin los datos catastrales. Allí aparece el dato “Convenio ordenanza 4091/2008 ”, del que pocos saben sus alcances, y menos aún, cómo se imputa el dinero que esto genera.
Entre los muchos casos que existen hay uno que demuestra claramente cómo se opera.
Una familia que prefiere mantener su nombre en reserva comienza con un alquiler que termina en usurpación (similar al caso de la familia Datolo). Al tiempo, aparecen documentos que simulan una “Cesión de Derechos”, y en estos se señala también a Hugo Cesa, un abogado que ocupó el cargo de Director de Apremios de la municipalidad de San Vicente, y renunció en 2011 en medio de un escándalo que incluyó una carta en la que acusaba a Di Sabatino de supuestos hechos de corrupción.
Cesa asegura que él sólo tiene vinculaciones por su profesión de abogado; que no forma parte de ningún ilícito, y que si fuera fiscal, “los metería presos” pero como es abogado, “los defiende”. Sin embargo, los relatos de los damnificados lo muestran a Cesa como algo más que un simple abogado.
Su camioneta estilo casa rodante fue fotografiada dentro de uno de los campos usurpados, y según cuentan, no fueron pocas las veces en las que habría acompañado a los usurpadores desde el inicio de la acción.
Es más, en un e-mail enviado a esta agencia mediante el cual intenta explicar que nada tiene que ver con los ilícitos relata que el hombre cuya familia prefiere resguardar su nombre “le cede los derechos posesorios a Bayona onerosamente, pero avergonzado ante la familia les dice que solo alquiló el predio. La ex esposa es la que hace todo el lio mintiendo descaradamente, ya que ahora sabe la verdad porque le entregaron los contratos, ante escribano y hasta le hicieron poner el dedo, por las dudas. Bayona hace planos posesorios y alambra lo que le cedieron y por error, alambra 9 lotes de más. Pero al tener la posesión por más de un año, la posesión se califica y tiene planos de geodesia con esos 9 lotes incorporados. O sea: Bayona compra sin esos 9 lotes, los incorpora por error y al tener posesión calificada, Heine y Bombino compran de buena fe y es más tienen derechos sobre todo incluido esos 9 lotes. Cuando se arma lio, Bombino ni va al lugar porque se va a Temperley a la escribanía a buscar los papeles. Heine sí discute con la familia, pero sin esgrimir ni mostrar arma de fuego, pero Bombino lo llama por TE y le pide que los deje, que no se oponga a que lo alambren y eso hacen. O sea quien incurrió en el art. 181 del código penal fue la familia. Cuestión de leyes. Nadie puede invadir la posesión ni la tenencia que ejerce otro porque de lo contrario es usurpación”.
Analicemos un poco la Doctrina Cesa sobre los nueve lotes: Suponiendo que lo que el abogado dice sobre el resto de la tierra fuera cierto, y los nueve lotes restantes fueran alambrados “por error” (¿¿se puede errar la cota en nueve lotes??), según Cesa, la posesión se califica al año teniendo derecho a lucrar con ello y los nuevos propietarios tienen derechos sobre todo, inclusive sobre “el error”. Qué fácil que resulta en San Vicente apropiarse de lotes; basta con aducir que fue “un error”.
“Cuestión de leyes. Nadie puede invadir la posesión ni la tenencia que ejerce otro porque de lo contrario es usurpación”, insiste Cesa. ¿No fue precisamente esto lo que hacía la banda de Heine?
Siguiendo con la Doctrina Cesa, ante la observación de este equipo periodístico respecto a su referencia hacia que una firma no apócrifa no era para Buenos Aires 2punto0 certeza de legalidad, ya que existen numerosos relatos acerca de personas que debieron firmar bajo coacción (mientras amenazaban a sus hijos, por ejemplo), el abogado responde: “Tenés razón en que el hecho de que lo sean no legítima absolutamente el hecho de firmar; pero tenés que probar que fueron estampadas mediante amenazas o fraude y cuando fueron estampadas frente a un Escribano, no es difícil sino imposible de probar su ilegalidad”. O sea, basta con tener un Escribano “amigo” para que la doctrina cierre por todos lados.
Caso Dátolo
“Si usted tiene problemas con usurpaciones llame al 911”. Así repetía una y otra vez la grabación de un avión que sobrevoló la zona de San Vicente hace algunos días.
Para los damnificados, sonaba a cargada.
La mayoría de quienes denunciaron sus casos encontraron connivencia entre la policía local; la ayudantía de la fiscalía de Alejandro Korn y los usurpadores. Pavloski y Almada son dos efectivos que también miran con recelo desde Asuntos Internos.
Mónica Dátolo es quizá, una de las pocas que se animó a hablar frente a la cámara. Su caso es uno de los que mejor resume el espíritu de estas usurpaciones, y contempla todos los condimentos. Comenzó con un alquiler, pero derivó en juicio de desalojo, que a pesar de estar firmado por la justicia, no se ha concretado.
El campo de los Dátolo está cercano a la zona del cementerio; cuenta con 1.300 lotes y tiene ubicación estratégica para pensar en un desarrollo inmobiliario del tipo “Barrio Cerrado”, algo que desde hace un tiempo se viene acercando a la zona de San Vicente, contagio quizá de lo ocurrido en Canning.
Cuando la familia Dátolo le informó a Cesar Guas que no pensaba extenderle el contrato de alquiler, la respuesta fue “los chicos no se quieren ir” en referencia a Claudio Rubino y su esposa Mariela Pereyra.
Durante el tiempo que duró el alquiler, la pareja compartió parte del campo con Marisa, su esposo y sus dos hijos. Marisa era la “cuidadora” de los Dátolo y vivían desde hacía años, en una casa ubicada en el campo y con acceso al resto del predio.
Desde que Rubino decidió que no se iría del campo de los Dátolo, la familia de Marisa comenzó a padecer las peores penurias.
Robos, aprietes y hasta la intromisión de trece personas que ataron a su hijo menor con un cable pelado y con el otro extremo conectado a la red eléctrica. Casi una picana “por si se movía”. Unos días antes, Marisa había fotografiado movimientos extraños. Pruebas de lo que cree, vinculaban a Rubino con un ilícito de robo.
El primer ingreso a la casa de Marisa lo hacen trece personas, con Rubino a la cabeza, previa irrupción en el campo rompiendo los cercos, con varias camionetas. Una vez dentro de la casa, dos hombres sostienen a Marisa y extienden su brazo para que Mariela Pereyra, con una piedra envuelta en una campera, se lo fracturara en dos lugares.
A pesar de denunciar todo, apenas diez días después la familia padeció la irrupción de cinco personas.
Allí fue cuando ataron al nene con los cables, y a Marisa, a pesar de su yeso producto de la agresión anterior, la maniataron junto a su hijo mayor. “Te vine a boletear hija de puta” le repetían mientras buscaban cámara de fotos, computadora y hasta los juguetes del nene. La cámara de Marisa había registrado antes la camioneta de Heine dentro del campo. “Dónde está la cámara. Vos tenés las pruebas”, gritaban los intrusos, mientras le apuntaban con un arma y la agredían físicamente.
“O te vas del campo o el próximo es uno de tus hijos”, le dijeron con claridad. Esa era la verdadera finalidad de lo que además, hicieron pasar como robo, dado que desvalijaron por completo la casa. Marisa se fue de allí, pero el terror que padecieron aun deja huella en sus hijos.
Actualmente, Ariel Heine se encuentra detenido acusado de «asociación ilícita, robos doblemente calificados reiterados, daño calificado y estelionato», al ser señalado como el líder de una banda que entre 2006 y 2008 usurparon diversas propiedades en la región y realizaron numerosas estafas en los contratos.
Por esa causa también se encuentran detenidos Valeria Hernández, Gustavo Perterson, Miguel Ángel Martínez, Julio César Carrizo, Gustavo Mastrovito, Miguel Ángel Quiroz y Maximiliano Alberto del Río.
El miércoles de la semana pasada, personal policial realizó dos allanamientos en propiedades de Heine.
Los operativos se realizaron en un inmueble particular y en la edificación que figura como Inmobiliaria, a raíz de una denuncia hecha el 4 de junio pasado por representantes legales del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial La Plata.
En la denuncia señalan que «en la oficina denominada HEISA Propiedades, ubicada en avenida Presidente Perón 1503 de San Vicente, los señores Pablo Sánchez, Juan Ariel Heine y/o quien resulta ser el titular de la misma, desarrollarían actividades de intermediación inmobiliaria, propia del título de corredor público, por parte de personas no habilitadas a tal efecto».
En el segundo domicilio, donde funciona la Inmobiliaria HEISA Propiedades e IDEXA Construcción secuestraron carpetas con documentación sobre operaciones inmobiliarias, folletería y tarjetería a nombre de la empresa, carteles de plástico y otros de chapa de alquiler y venta de propiedades, talonarios de facturación, lonas plotteadas con la inscripción «Propiedad Privada» en diferentes tamaños, planos catastrales y planos de propiedades varias, una máquina de escribir, papeles varios escritos a mano, folletería, documentación personal, como tarjetas e identificaciones, y dos cuadros de pinturas antiguas, los cuales son de interés para la investigación.
El caso Sosa-Solís
La pertenencia partidaria tampoco parece ser una garantía para legítimos moradores, ni un obstáculo para quienes buscan ampliar sus fincas.
Raúl Solís es esposo de Silvia Sosa, concejal del FpV en San Vicente. El 23 de marzo de este año encontró cortado el alambrado de su campo, y mientras procedía a repararlo aparece en el predio Daniel Choconi, quien le arroja piedras y le grita: “Te voy a matar, tené cuidado que sé dónde viven tus hijas en Alejandro Korn. Van a aparecer en una zanja”.
Ese no fue el último cruce entre ambos. El siguiente tuvo lugar el 5 de junio. A las dos de la mañana escuchó el ladrido de los perros y algunos disparos, pero la niebla le impidió ver qué ocurría. A las 7, con sorpresa, observa que en su predio estaba nuevamente Choconi, acompañado por 5 sujetos armando una casilla e intentando llevar para el lugar uno de los terneros de Solís. Choconi no es un mero ocupa más. Según advierten en la zona, estaría mencionado en una de las primeras causas que enfrenta Heine, porque sería quien habría procedido a alambrar, a pedido de Heine, uno de los campos usurpados.
Solís y su esposa intentaron radicar la denuncia en la Fiscalía de la zona, pero fueron desanimados por Luis Fernando Furiasse, quien está al frente de la Ayudantía de Fiscal. Furiasse es mencionado por muchos otros damnificados como un hombre que suele repetir “no es necesario que denuncien, ya hay muchos testigos”.
Lo curioso es que el Boletín oficial del 30 de abril de 2004, en la sección sociedades publica:
EL MARIACHI
S.R.L.
POR 1 DIA – 1) Juan Esteban Ardohain, 40 años, casado, arg., veterin., Roca 162, San Vicente, Prov. Bs. As., DNI. 16.413.035, CUIT 20-16413035-6-, Luis Fernando Furiasse, 35 años, solt., arg., abog., Avellaneda 155 San Vicente, Prov. Bs. As., DNI. 20.215.108, CUIT 2020215108-7 y Fernando Gustavo Alzamora, 33 años, casado, arg., com., Roca 112 San Vicente, Prov. Bs. As., DNI. 22.028.271, CUIT 2022028271-7; 2) 01/04/04; 3) El Mariachi S.R.L.; 4) Av. Sarmiento 307 San Vicente, prov. Bs. As.; 5) Realizar por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, en el país y en el extranjero, las siguientes actividades: Servicios de transporte, almacenamiento y depósito; servicios complementarios y de gestión y logística para el transporte; cultivos agrícolas, cría de animales, servicios agrícolas, cría de animales, Servicios agrícolas y pecuarios; apicultura; producción y procesamiento de leche, lana, pelos, huevos, carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas, elaboración de productos lácteos, de molinería y alimenticios en general; preparación de terrenos para obras; construcciones, instalaciones y terminaciones de edificios y sus partes y obras de ingeniería civil, fabricación de productos textiles, de madera, corcho, plástico, vidrio, minerales no metálicos y metálicos; fabricación de maquinaria, aparatos de uso doméstico y muebles, equipo eléctrico y electrónico; venta al por menor y al por mayor de bienes propios, en comisión o en consignación, en operaciones de comercio interior e internacional; 6) 99 años desde inscripción; 7) $ 2.000; 8) Socio Gerente Luis Fernando Furiasse y socios no Gerentes, 99 años. 9) Socio Gerente ; 10) 31/03 de cada año.- Contador Público Antonio Daniel Di Sabatino.L.Z. 46.473
Lo llamativo es el objeto de esa sociedad, y el nombre. “El Mariachi” es casi un código delictivo, utilizado a menudo para referirse a quienes quitan las cosas por la fuerza, siendo común en la jerga, la expresión “se lo saqué de Mariachi”. También hace alusión a la “mejicaneada”, que derivó en un código actual: “se lo sacó de mariano”.
En esta sociedad, y tal como se desprende del edicto, Furiasse es socio gerente, y Di Sabatino, el contador de la empresa.
En síntesis, la situación en San Vicente respecto a la apropiación de tierras es un escándalo en el que operan varias bandas y nadie está en condiciones de decirse ajeno a ello, por acción u omisión. Los vínculos policiales, judiciales y políticos son claros, y si bien no puede asegurarse que el jefe comunal sea partícipe de alguna de las bandas, difícilmente pueda aducir desconocimiento de este caos.
Ya se sabe, Pueblo chico, infierno grande.
buenosaires2punto0.com.ar
ALEJ 
Néstor Walenten, presidente del organismo que nuclea a los corredores inmobiliarios, defendió a Jorge Toselli a quien ayer le cerraron la CUIT de su empresa. El titular de la Cámara de Inmobiliaria dijo que ni la presidenta sabe lo que debe. Además, dijo que toda la sociedad debería tener miedo.
Felipe 
Chiara 
