La Aduana le instruiría a Guido Antonini Wilson un expediente por infracción aduanera por introducir al país 800 mil dólares sin declararlos. Le aplicaría una multa y podría recuperar la mitad del dinero.
En la Justicia creen que Antonini –que para la Argentina está prófugo– podría presentarse, ponerse a derecho y reclamar los dólares restantes. La Cámara en lo Penal Económico falló la semana pasada, señalando que la maniobra que intentó Antonini y que fue desbaratada por María Luján Telpuk, por entonces agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), no fue contrabando sino que se trató de un posible lavado de dinero, según señala el diario Página/12.
Como ya pasaron cinco años y ese delito prescribe a los tres años, desde el punto de vista penal la causa está cerca del cierre. Queda únicamente la infracción aduanera. Los camaristas hicieron una dura crítica a Estados Unidos y a Venezuela por no entregar, como correspondía, a Antonini –que vive en Miami– y a Diego Uzcátegui, funcionario de la petrolera Pdvsa, que fue quien pidió que Antonini subiera al avión.
Pese a la movida mediática, para la Justicia argentina el dinero que se intentó entrar en la valija siempre fue de Antonini Wilson. Lo acreditan dos hechos categóricos:
Antonini firmó en Aeroparque, cuando le encontraron el dinero, un acta en la que reconocía que los 800 mil dólares eran suyos.
La declaración de los que participaron del descubrimiento fue lapidaria. Dijeron que Antonini primero sostuvo que traía libros, luego habló de unos miles de dólares y aun así lo obligaron a abrir la valija en la que se encontró que llevaba 800 mil dólares.
Estos elementos dejaron acreditado el hecho de que fue el empresario venezolano-norteamericano el protagonista excluyente del delito. Los sucesivos jueces nunca dieron por acreditado que el principal funcionario que venía en ese avión, Claudio Uberti, supiera que Antonini traía ese dinero. Uberti era titular del Organo de Control de Concesiones Viales (Occovi), pero en verdad casi ejercía de embajador en el tema más acuciante de ese momento: las negociaciones por la importación de combustibles desde Venezuela.
En el expediente no se encontraron pruebas sólidas de un vínculo entre Uberti y Antonini, y se convalidó que el venezolano fue subido al avión por pedido de Uzcátegui, funcionario de Pdvsa. Los jueces y fiscales argentinos que actuaron en el expediente pidieron la extradición de Antonini y también de Uzcátegui, pero ni Estados Unidos ni Venezuela accedieron. Es más: el gobierno norteamericano informó oficialmente el mes pasado que no extraditaría a Antonini. Venezuela nunca contestó.
En Estados Unidos, el caso derivó en un sonado juicio en el que allegados a Antonini fueron acusados de ser agentes del gobierno de Hugo Chávez. Fue un proceso que sirvió en esencia para hacer publicidad contra la administración venezolana y, curiosamente, se le aceptó a Antonini la excusa de que el dinero no era de él sino que eran fondos de Chávez para la campaña presidencial de 2007 de Cristina Kirchner.
La hipótesis era todavía más asombrosa si se considera que Chávez llegó a la Argentina al día siguiente del vuelo en el que aterrizó Antonini, y si ése era el objetivo, habría traído los fondos en los dos aviones de su comitiva, que tenían protección diplomática y no serían revisados. Otro dato que evidencia que el dinero era de Antonini es que el empresario registraba giros anteriores de Montevideo a Miami por cifras millonarias, y lo cierto es que en aquella oportunidad estuvo 48 horas en Buenos Aires para luego irse a Uruguay.
Los integrantes de la Sala B de la Cámara en lo Penal Económico, Roberto Hornos y Nicanor Repetto, reiteraron el criterio que vienen sosteniendo desde hace años: que ingresar dólares al país, aunque sea sin declarar, no es contrabando sino una infracción aduanera. Los jueces de la Sala A, en cambio, consideran mayoritariamente que si hay ardid, hay contrabando. Lo cierto es que Hornos y Repetto sostuvieron lo mismo –la inexistencia de contrabando– en casos anteriores, como cuando en Aeroparque fue sorprendido el dueño de la multinacional española del juego Cirsa, Manuel Lao, propietario del Casino Flotante, quien entró a la Argentina con 500 mil dólares. Se consideró el caso como una infracción aduanera y se lo multó con la mitad de esa suma: 250 mil dólares.
No existiendo contrabando sino presunto lavado de dinero, el delito fue considerado prescripto por los camaristas, ya que ello ocurre a los tres años. El juez Marcelo Aguinsky ya había advertido que cuando el año pasado se votó la ley contra el lavado, a pedido del GAFI, se omitió –por error del Congreso– conservar el agravante para los funcionarios públicos, que llevaba las penas al doble. Esto le permitió a Uberti pedir y conseguir la prescripción a los tres años, lo que vale también para Antonini, aunque éste debe regularizar su situación: tendrá que pedir la prescripción, presentarse y luego reclamar que le devuelvan los dólares. La infracción aduanera, en cambio, no prescribe hasta transcurridos los cinco años –en agosto próximo–, por lo cual con el expediente de la Aduana se le podrá aplicar la multa por la mitad del dinero.
Resulta chocante que Antonini Wilson, quien obviamente sacó los 800 mil dólares en forma clandestina de Venezuela, termine recuperando la mitad de esa suma. Es más: le deberían devolver los mismos billetes, que fueron fotografiados uno por uno después que Telpuk los encontrara en la valija. Uberti, por su parte, queda sobreseído, aunque haber subido a Antonini, por pedido de Uzcátegui, le costó el puesto en ese momento.
lapoliticaonline.com
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