El fiscal que está a cargo de la causa inicial por contaminación ambiental en Ituzaingó Anexo asegura que dejó de consumir frutas y verduras cuando comenzó a investigar el efecto de los pesticidas.Es preciso hacer un zigzag por escritorios para llegar al despacho de Carlos Matheu. Es la Fiscalía de Instrucción de distrito 3 turno 1 que se encuentra en el segundo piso de Tribunales II. Vestido de impecable traje, con corbata colorida y camisa sobria, el fiscal extiende su mano y asegura: “La gente desconoce lo peligroso que son los agroquímicos. Costó mucho hacer entender que el cigarrillo provoca cáncer. Otro tanto vamos a tener que machacar con los pesticidas”.
De mirada firme y hablar acelerado, Matheu (55) cuenta que hace cinco años que viene estudiando el efecto de los agroquímicos en la salud de la población. “Cuanto más investigo, más me alerto”, asegura el fiscal.
El tema de conversación es el estado de la denominada “causa Madres de barrio Ituzaingó Anexo”. Es la carpeta que contiene todos los antecedentes de los dos hechos que se ventilarán en el próximo juicio, previsto para el 11 de junio. Matheu indagará si durante 2002 a 2004 se fumigó en forma clandestina. Y si esas aplicaciones tuvieron relación con los cerca de 70 casos de muerte por cáncer registrados en ese sector.
–¿Qué características se dieron en Ituzaingó Anexo para que este barrio llegue a juicio?
–Se dio una conjunción de diversos factores. En primer lugar, un grupo de vecinos, encabezado por Sofía Gatica, se movió para saber por qué surgieron tantos casos de cáncer. Pero a su vez se formó otro grupo con pobladores que no quería que la verdad sea ventilada. Pensaban que sus casas se iban a desvalorizar o tenían otros motivos. Ahí fue cuando el (ex) subsecretario de Salud Medardo Ávila dio un impulso. Y finalmente el Ministerio Público dio respuesta, con las imputaciones a los productores y al piloto.
–¿Por qué se demoraron tanto las imputaciones?
–En el juicio del 11 de junio, se investigarán dos hechos puntuales: si hubo fumigaciones clandestinas en febrero de 2004 y febrero de 2008. Pero hubo antes una causa madre, con hechos que comenzaron en 2002, que se reflotaron después de la citación a juicio. La denuncia fue realizada por Funam, a través del biólogo Raúl Montenegro, ante la fiscal federal Graciela López de Filoñuk. Esa fiscalía se declara incompetente y la causa pasa a manos de la Justicia provincial. Por motivos que desconozco, estuvo 10 años detenida. El mes pasado, la Fiscalía General me designa para que me haga cargo de esta causa. Y ahí fue cuando imputé a los productores y al piloto.
–¿Por qué no hay funcionarios imputados?
–Indudablemente hubo responsabilidad de funcionarios en barrio Ituzaingó Anexo. Porque durante 2002 al 2008 no sólo se fumigó sino también había arsénico en el agua y los transformadores de energía tenían PCB en valores más altos que los normales. Acá seguramente hubo responsabilidad de Dipas, Ersep, la Secretaría de Ambiente y el Ministerio de Agricultura. Pero la omisión de deberes de funcionario público prescribe en dos años. Y esta causa es de 2002. Lo único que no prescribió hasta el momento es la contaminación dolosa. Por eso pudimos imputar a los productores.
–¿Qué intenta probar con la causa madre?
–Se investiga la posible contaminación con tres agroquímicos: endosulfán y glifosato entre el 2002 y el 2004. En ese entonces regían dos ordenanzas municipales: una que declaraba a Ituzaingó anexo zona de riesgo ambiental. Y otra que prohibía fumigar en el ejido municipal, a una distancia inferior a los 2.500 metros. Ninguna de las dos se respetó. Por eso las imputaciones. En esta causa madre voy más allá: intentaré demostrar si hubo o no un nexo estadístico o probabilístico entre esas fumigaciones y las muertes por cáncer registradas en el barrio.
–¿Cuántas muertes por cáncer hubo en el barrio?
–Estamos precisando el número. Un relevamiento realizado por el entonces ministro de Salud provincial, Roberto Chuit, registró 109 casos de cáncer hasta 2005. Pero a raíz de la repercusión del caso, el Ministerio de Salud de la Nación creó la Comisión Nacional de Investigación de Agroquímicos, en 2009. Y detectó nuevos casos. En este momento, hay 169 pacientes oncológicos registrados. De ellos, cerca de 70 fallecieron.
–¿Quiénes serán los especialistas que integrarán la pericia?
–Serán profesionales de distintas áreas, como toxicología y epidemiología. No puedo precisar en este momento quiénes serán ni qué universidad se convocará. Pero puedo garantizar que tendrán una reconocida capacidad científica e independencia intelectual.
–¿Cuándo estará lista?
–Antes de fin de año.
–El cáncer es una enfermedad originada por múltiples causas. ¿No cree que será difícil comprobar la incidencia de los agroquímicos en estas muertes?
–La pericia no determinará causas sino relaciones estadísticas en la población. Se utilizarán distintas mediciones. Una de ellas, es la de la Agencia Internacional de Investigaciones en Cáncer (Iarc, por sus siglas en inglés), que establece como parámetro normal un caso de leucemia por cada 100 mil habitantes. En este barrio de 5 mil personas ya se registraron 20.
–¿Existe un vacío legal en torno a agroquímicos?
–No. Las leyes son perfectas. Lo que falla es el control y la información. Nadie sabe lo que come ni lo peligroso que son los agrotóxicos. Llevó mucho tiempo concientizar a la gente sobre el cigarrillo y los riesgos de cáncer para fumadores. Nos queda hacer ese mismo camino, pero con los agroquímicos. Si uno consume durante mucho tiempo y en cantidades pequeñas alimentos con plaguicidas, hay riesgo crónico de intoxicación. Y eso es lo complicado.
–¿Pueden detectarse niveles altos de contaminación?
–Cuando se fumiga con endosulfán, por ejemplo, uno puede percibirlo a través del olfato. Pero es imposible detectarlo a través del gusto. Hace 5 años, cuando comencé a investigar los pesticidas y sus implicancias en la salud, dejé de consumir frutas y verduras. Yo sé que aportan los nutrientes más importantes para el organismo. Pero no las consumo.
–¿Ni las orgánicas?
–Nada. Las reemplazo con vitaminas.
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Las investigaciones
Primera causa. Se investiga la actuación del productor agropecuario Francisco Parra en las fumigaciones terrestres que tuvieron lugar el 1º de febrero de 2004. En el procedimiento se habría utilizado DDt y dieldrín, violando la franja de seguridad que en ese momento era de 2500 metros de distancia con una zona poblada.
Segunda causa. Se investiga la actuación de los productores Parra, Jorge Gabrielli y del piloto aeroaplicador Edgardo Pancello en una fumigación aérea que tuvo lugar en febrero de 2008. Se habría utilizado endosulfán y glifosato violando la barrera de seguridad. En ese momento, regía la Ley provincial 9164 de Agroquímicos que fija una distancia de 1500 metros para endosulfán y de 500, para glifosato. Estas dos causas se dirimen en el juicio del 11 de junio. Los productores y el piloto están imputados por posible contaminación dolosa con residuos peligrosos.
Tercera causa (“madre”). Se investiga las fumigaciones acontecidas desde 2002 hasta el 2004. Y el posible nexo entre esas aplicaciones y los casos de cáncer registrados en el barrio. Por esta causa están imputados otra vez los productores y el piloto. De comprobarse el nexo, el delito sería mayor: contaminación dolosa seguida de muerte.
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Carlos Matheu, el fiscal que ya no come verduras
“Ojos que no ven, corazón que no siente”. Así define el fiscal Carlos Matheu su estado previo a 2008. Cuando ese año se hizo cargo por primera vez de la causa de barrio Ituzaingó Anexo y comenzó a investigar sobre los agroquímicos y su riesgo para la salud, la duda lo invadió. Luego imputó a productores y a funcionarios municipales por la presencia de agrotóxicos en las frutas y verduras que se comercializan en el Mercado de Abasto.
Y tomó una decisión drástica: nte la falta de certezas sobre lo que estaba consumiendo cotidianamente dejó de comer frutas y verduras. Ni una sola más. “Por supuesto que hay opciones, como lo orgánico. Pero es muy costoso y difícil de conseguir. Yo dejé de consumir frutas y verduras, aunque reconozco su alto valor nutricional. Trato de reemplazarlo con vitaminas”, reconoce.
De mirada profunda y hablar apurado, Matheu se considera un fiscal preocupado por causas ambientales. El apellido Matheu está siendo mencionado hoy en Tribunales por otro tema: su hermano, Roberto, está acusado de cobrar coimas, en una causa elevada a juicio. Carlos no habla de eso. Y quiere que se lo recuerde por su compromiso social.
Fuente: http://www.diaadia.com.ar/
Chiara 
Reporte del Departamento de Estado realiza fuertes críticas a ambos países.
Felipe 
ALEJ 
