Por primera vez, el viernes y a más de tres meses de la tragedia de Once, el directivo de Trenes de Buenos Aires (TBA), Antonio Cirigliano, declarará ante el juez federal Claudio Bonadío.
BUENOS AIRES.
La Justicia indagará el viernes, por primera vez, a un integrante de la familia Cirigliano, a más de tres meses de la tragedia ferroviaria de Once y a pocos días de que el Gobierno le quitara a ese grupo la concesión de las líneas Sarmiento y Mitre.
Antonio Cirigliano, directivo de Trenes de Buenos Aires (TBA), cuyo contrato de concesión fue rescindido por orden de la presidente Cristina Fernández, declarará ante el juez federal Claudio Bonadío, a cargo de la causa por el siniestro que causó 51 muertos y más de 700 heridos.
Dieciséis directivos de TBA ya fueron indagados por el magistrado, ante quienes negaron cualquier responsabilidad en la tragedia de Once y culparon al maquinista de la formación, Marcos Antonio Córdoba, en base a pericias que señalaron que tres de cuatro frenos del tren estaban operativos.
El lunes 4, tres días después de escuchar a Antonio Cirigliano, Bonadío -que acusó a 30 personas por este luctuoso episodio- interrogará al extitular de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) Pedro Ochoa, en tanto el miércoles de esa semana escuchará al actual funcionario de esa dependencia Antonio Sicaro y el subsecretario de Transporte Ferroviario, Antonio Luna.
El turno reservado para Claudio Cirigliano, presidente de TBA, y del ex secretario de Transporte, Hugo Jaime, es el 8 de junio.
Juan Pablo Schiavi, hoy ex secretario de Transporte pero en funciones cuando ocurrió la tragedia, será indagado por Bonadio el 11.
Bonadio instruye una segunda causa en la que investiga si hubo negligencias en el operativo de rescate luego de que la víctima 51 de la tragedia, Lucas Menghini Rey, fuera encontrado dos días después dentro del tren, una vez que las autoridades dieron por concluidos los procedimientos.
En ese expediente declararon unos doce acusados, entre ellos comisarios de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal, por irregularidades en la búsqueda de los cuerpos.
Frenos son la clave
Pocos días después del hecho, el maquinista Córdoba declaró ante la Justicia que intentó frenar pero que los sistemas nunca le respondieron.
Pese a que las pericias lo contradicen, también revelaron que las formaciones estaban en mal estado y tenían un control diferido que atentaba contra la seguridad del transporte.
Paralelamente a la marcha del expediente judicial, el jueves último el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, anunció la rescisión del contrato a TBA de las líneas Sarmiento y Mitre.
La oposición destacó la medida pero criticó la demora en llevarse a cabo.
El Gobierno, que intervino la empresa seis días después de la tragedia del 22 de febrero y prolongó la medida en tres ocasiones, justificó el tiempo transcurrido antes de resolver la quita de la concesión a la familia Cirigliano.“Este era el momento adecuado”, argumentó De Vido, en conferencia de prensa.
El funcionario nacional precisó que esas dos líneas ferroviarias quedarán a cargo de la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria (Ugofe), un consorcio compuesto por las empresas Ferrovías y Metrovías, bajo supervisión de la secretaría de Transporte y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.
Los familiares de las víctimas fallecidas de Once advirtieron que la decisión no libera a al Estado de la responsabilidad en la tragedia.
La hija de Graciela Díaz, una de las víctimas mortales, calificó como “un gran primer paso”, pero aclaró que “esto no los libera de ningún tipo de culpa, son tan responsables por todo lo que pasó como los Cirigliano”.
Fuente: http://www.territoriodigital.com/