Después de asumir el Gobierno peruano en 1990, tras unas reñidas elecciones en las que logró una sorpresiva victoria sobre el escritor Mario Vargas Llosa, Fujimori cambió el rumbo de su Gobierno el 5 de abril de 1992.
Tras veinte años del «autogolpe» de Estado que dio el 5 de abril en 1992 y preso por delitos de lesa humanidad, el expresidente peruano Alberto Fujimori aún tiene muchos seguidores y su bancada es la principal oposición en el Congreso.
Después de asumir el Gobierno peruano en 1990, tras unas reñidas elecciones en las que logró una sorpresiva victoria sobre el escritor Mario Vargas Llosa, Fujimori cambió el rumbo de su Gobierno el 5 de abril de 1992.
Ese día, los militares y sus tanques tomaron el control de las calles y las principales instituciones públicas y privadas del país, mientras que el gobernante dirigía un mensaje televisado en el que anunciaba su decisión de «disolver» el Congreso de la República, intervenir el Poder Judicial y borrar el Tribunal Constitucional.
Aunque sus seguidores afirman que esa medida permitió devolverle la estabilidad económica al país y derrotar al grupo terrorista Sendero Luminoso, es también innegable que el control absoluto del poder permitió el inicio de la gigantesca red de corrupción que lideró su asesor y mano derecha Vladimiro Montesinos.
Se cometieron, además, graves atentados contra los derechos humanos, varios de los cuales llevaron al propio Fujimori a ser condenado en 2009 a 25 años de cárcel.
Veinte años después de la medida radical, que se conoce en Perú como el «autogolpe», los planteamientos de Fujimori y sus seguidores siguen plenamente vigentes y tienen un rol preponderante en la política nacional.
Keiko Fujimori perdió las últimas elecciones
presidenciales en Perú en segunda vuelta.
Incluso Keiko Fujimori, una de las hijas del exgobernante, disputó en una segunda vuelta las elecciones presidenciales del 2011, en las que fue derrotada por un estrecho margen por el nacionalista Ollanta Humala.
Pero es en las calles donde el fujimorismo confirma su vigencia, ya que un reciente sondeo de la empresa Ipsos Apoyo señaló que aún hoy un 47 % de los ciudadanos considera que el «autogolpe» fue necesario y un 37 % asegura que lo aprobaría si se pudiera volver a 1992.
Mayor actualidad tiene la idea de que el Congreso es un poder que puede ser disuelto en cualquier momento, ya que un 69 % dice que aceptaría esto por sus altos niveles de corrupción, un 51 % si no se aprueban las leyes necesarias para el desarrollo del país y un 49 % en caso de grave crisis económica.
Mientras eso sucede, la familia de Fujimori asegura que el expresidente pasa su tiempo pintando y se ciñe al régimen carcelario que cumple en una prisión policial de Lima.
Los familiares mantienen, además, la idea de solicitar en algún momento un indulto humanitario, ya que consideran que «es un paciente con cáncer de alto riesgo», algo que niegan los informes médicos a los que se le ha sometido.
El congresista e hijo menor de Fujimori, Kenji, ratificó hoy la versión familiar de que su padre no dio un golpe de Estado, sino que se enfrentó a un supuesto boicot que le ponía el Congreso a las políticas que buscaba implementar para recuperar a su país de la profunda crisis económica y social que afrontaba.
«No fue un autogolpe, fue un contragolpe por parte del Congreso de la oposición de ese entonces», aseguró hoy Kenji antes de decir que su padre tomó medidas «excepcionales e irrepetibles».
En la orilla contraria se encuentran numerosos políticos e instituciones ciudadanas, que consideran que el golpe fue «injustificable» y generó una enorme corrupción y abuso de poder.
«Es verdad que hace 20 años vivíamos una situación tremenda de desorden organizado por el terrorismo, pero siempre creí que el orden debía imponerse con democracia», afirmó hoy la líder opositora Lourdes Flores.
Flores, quien en esa época era diputada, recordó a la agencia oficial Andina el rechazo de la clase política al quiebre democrático que perpetró Fujimori y dijo que los sucesos posteriores demostraron que el control absoluto del poder siempre trae corrupción y abuso.
«Insisto, no se justificaba (el golpe) porque creo que en democracia se podía combatir (al terrorismo); pero fue una medida que, llevada a sus extremos y a la voluntad de perpetuarse en el poder, trajo la gran corrupción que todos conocemos», enfatizó.
Fuente: EFE
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