A las 8.35 sonó el iPhone de Ariel Lijo . El y los otros cinco jueces federales que estaban de turno esperaban la llamada pegados a sus teléfonos. «La causa» le había tocado a él: tendrá la delicada misión de investigar al vicepresidente Amado Boudou por el caso Ciccone.
Ese expediente, en el que Boudou está acusado de negociaciones incompatibles con su cargo y lavado de dinero, marcó el final de la vasta carrera pública del procurador Esteban Righi y dejó en una incómoda situación al juez Daniel Rafecas , separado anteayer del caso. Con este panorama, no era una llamada esperada, aseguraban ayer en el juzgado de Lijo.
La primera medida que tomará está clara: citará a las partes a una audiencia para resolver si hace lugar a la recusación planteada por José María Núñez Carmona, amigo y socio de Boudou, contra el fiscal de la causa, Carlos Rívolo, que fue quien impulsó la investigación contra el vicepresidente.
Lijo reunirá a Rívolo y al abogado de Núñez Carmona, Diego Pirota, para escuchar los argumentos de ambos y después decidir. Pirota ayer mismo se presentó en la mesa de entradas del juzgado de Lijo y pidió la nulidad de las últimas medidas tomadas en la causa.
Nombrado por Néstor Kirchner en 2004, este magistrado -que se mueve con una cintura política propia de sus pares más experimentados- se convertirá en el juez de Boudou: además del caso Ciccone, tiene la causa por el supuesto enriquecimiento del vicepresidente y la denuncia de Boudou contra Righi, dos causas que están en estado embrionario.
La citación de Rívolo y Pirota la impone el Código Procesal. «La recusación, lo mismo que las cuestiones de inhibición, serán resueltas en juicio oral y sumario por el juez o tribunal ante el cual actúa el funcionario recusado», dice la ley.
Hasta ahora, en los tribunales de Comodoro Py sostenían que los argumentos para correr al fiscal no parecían suficientes, pero el fallo de anteayer de la Cámara es una mala señal para Rívolo. Aunque Lijo lo confirmara en su cargo, lo que es probable que ocurra, esa decisión podría ser revisada por los camaristas que anteayer, cuando apartaron a Rafecas, dedicaron un largo párrafo a hablar de una «posible acción coordinada» del juez y el fiscal. La Sala I de la Cámara dijo que esa supuesta coordinación -que la ley no admite- «explicaría por qué el acusador no exigió su apartamiento [el de Rafecas], pese a la noticia de que habría informado detalles de la causa, o aconsejado, a un abogado ligado a su contraparte».
Lo paradójico es que la contraparte a la que el juez habría aconsejado es, justamente, Núñez Carmona.
Rívolo no sólo no recusó al juez; presentó un escrito en el que explicaba por qué no lo iba a hacer. En esa presentación, dijo, incluso, que más allá de los mensajes telefónicos que Rafecas intercambió con un abogado que intercedía por los acusados, él no había advertido señales de parcialidad de parte del juez.
En la recusación en su contra, el argumento central no es ése, sino una supuesta violación del secreto del sumario, según informaron fuentes del caso. El propio Boudou acusó al fiscal de haberle dado información a Claríncon el supuesto fin de perjudicarlo. Ahora, la intención de Pirota es que Lijo anule medidas de Rívolo. Esto podría prosperar -y dejaría sin efecto las últimas pruebas obtenidas por el fiscal- sólo si él fuera separado del caso.
En stand by
Desde que pidieron apartarlo, la causa se desaceleró. El fiscal sigue reuniendo documentación, pero no toma medidas que puedan ser difíciles de reproducir si su actuación se anulara, informaron fuentes de la investigación.
El lunes pasado, se presentó en la fiscalía Mauricio Zabaleta, hermano de Juan Zabaleta, uno de los asesores más cercanos de Boudou. En declaraciones a la prensa, Mauricio dijo haber visto juntos al vicepresidente y a Alejandro Vandenbroele, el monotributista titular de la nueva Ciccone, a quien Boudou dice desconocer. La ex mujer de Vandenbroele, en cambio, dice que era su testaferro.
Juan Zabaleta negó las afirmaciones de su hermano, a quien -según dijo- no ve desde 1999.
En la fiscalía, no le tomaron declaración sobre el caso Ciccone, pero dejaron constancia de una supuesta amenaza anónima que dijo haber recibido.
De permanecer Rívolo al frente del caso Ciccone, Lijo deberá resolver también si seguirá dejando la instrucción en manos del fiscal. No es habitual que los jueces deleguen las investigaciones, pero Rafecas lo había hecho.
Las otras dos causas vinculadas a Boudou son la de enriquecimiento ilícito y la que promovió Boudou contra el estudio Righi por un supuesto tráfico de influencias. Ese caso incluye también una acusación contra el presidente de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi, que, según Boudou, le ofreció dinero para que favoreciera a la firma Boldt.
El expediente por enriquecimiento todavía no se abrió formalmente: falta el requerimiento fiscal. El juzgado lleva varios días chequeando si no hay una denuncia similar en otro tribunal. Después, el fiscal Jorge Di Lello deberá decidir si impulsa la investigación.
Todo indica que Di Lello será, además, quien ocupe el lugar de Rívolo si lo separan del caso Ciccone. Su fiscalía es la N° 1, la que le sigue a la de Rívolo en orden descendente, y ésa es la lógica que aplica la fiscalía de Cámara para determinar reemplazos.
En cuanto al caso contra Gabbi y el estudio de la familia de Righi, la Justicia está esperando que Boudou decida si ratifica su denuncia.
El fiscal
CARLOS RIVOLO
Titular de la Fiscalía Federal 2
Tiene 49 años y más de 15 de fiscal. Antes, fue secretario de un juzgado. Empezó como meritorio en 1982.
El investigador. Rívolo tiene delegada la investigación del caso Ciccone. Pidió decenas de medidas; entre ellas, allanar un departamento de Amado Boudou. La oposición lo considera una garantía para que el caso avance. El kirchnerismo lo acusa de trabajar para los medios.
. La recusación. La defensa de José María Núñez Carmona, el amigo y socio de Boudou, pidió apartar a Rívolo del caso Ciccone. Dice que violó el secreto del sumario. En la causa, él lo negó.
. Su futuro. Ariel Lijo debe decidir si lo aparta. La Cámara Federal dijo que puede sospecharse que tuvo una «actuación coordinada» con el juez y que, por eso, no lo recusó aunque había motivos.
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Fuente: La Nación