El bloque de senadores del Frente para la Victoria, comandado por los cordilleranos, darían vuelta la votación por la Ley de Glaciares aprobada en Diputados. Radicales catamarqueños votarían contra la ley, y algunos peronistas federales dudan de su posición. La poca importancia que se la da al medio ambiente en la clase dirigente nacional.
El gobierno kirchnerista ha estado sumergido desde su comienzo en profundas contradicciones, que lo ha llevado a andar zigzagueante en materia política, y a cometer errores que muchas veces parecen infantiles para un matrimonio presidencial tan avispado en manejos políticos.
El saqueo y depredación de los recursos naturales que comenzó en los años ’90 con la entrada de lleno del neoliberalismo en nuestro país, parece continuar su proceso bajo otras formas y condiciones en la actualidad.
El veto a la Ley de Glaciares impulsada por la ex diputada Marta Maffei en el año 2008 y las críticas que el oficialismo lanzó al proyecto llevado adelante por Miguel Bonasso que cuenta con media sanción de Diputados para reglamentar el área glaciar y periglaciar y prohibir de esa manera la actividad minera en círculos cercanos a los Glaciares, ha puesto a la actividad minera en el centro de la escena política como nunca antes.
En las últimas horas anda circulando el rumor por los pasillos del Senado de la Nación, de que el senador Daniel Filmus habría llegado a un acuerdo con los gobernadores peronistas de la Cordillera, encabezados por el sanjuanino José Luis Gioja, para introducir cambios en algunos artículos de la Ley aprobada en Diputados, con lo cual el legislador capitalino daría marcha atrás en lo firmado junto a Bonasso, pudiendo hacer caer las intenciones ambientalistas de que la ley se apruebe la semana que viene en la Cámara Alta.
Igualmente, Filmus ha salido a contrarrestar estas versiones, al asegurar vía Twitter “que yo sepa, no hay ningún acuerdo con Gioja”, aunque los rumores se acrecientan minuto a minuto, algo que pone muy nerviosos a muchos miembros de la clase dirigente, que ven en esto una nueva versión del doble discurso presidencial de decir una cosa primero y luego implementar algo totalmente diferente a lo que se había expresado que se iba a hacer.
Desde los gobernadores cordilleranos, que cuentan con el aval presidencial, lo que se pide es eliminar tres artículos de la Ley que son los que complican las inversiones mineras en dichos territorios, como lo son los artículos 1, 2 y 17, que hablan de intentar poner la potestad a las provincias sobre los recursos naturales; sobre la definición lisa y llana de lo que se denomina zona periglaciar; y acabar con la prohibición de cualquier actividad industrial hasta tanto no se definan las áreas a proteger. En caso de que los senadores revean estos puntos, los mandatarios provinciales aseguran que apoyarán el proyecto.
Hasta el momento el proyecto cuanta con el apoyo mayoritario del arco opositor, menos de los radicales catamarqueños Oscar Castillo y Blanca Monllau, que aseguraron que votarán “a conciencia y para respaldar la actividad privada en su provincia”, yendo en contra de lo planteado por el bloque, que en voz de su presidente había aclarado que el mismo iba a tener una “posición única” sobre el tema, algo que a la realidad no se pudo llevar a cabo.
En el Frente para la Victoria, todos votarían en concordancia con el tándem de gobernadores cordilleranos, menos Filmus y los entrerrianos Pedro Guastavino y Blanca Osuna, que acompañarían las demandas historicas de los defensores del medio ambiente y se plegarían al proyecto que viene emanado de la Cámara Baja.
Se calcula que en territorio nacional la minería genera alrededor de 500.000 puestos de trabajo (directos e indirectos), sobre todo en áreas cordilleranas, donde existe variada cantidad de cerros. La estimación dice que la actividad en los últimos 5 años creció un 500%, y que desde el año 2003 el número de proyectos mineros creció por encima del 900% y las inversiones superaron el 1.100%.
Mientras eso sucede, poblaciones enteras del interior del país se levantan contra los intereses de las multinacionales, y es así que vemos nacer fenómenos como el que sucede en la ciudad catamarqueña de Andalgalá, donde una pequeña población de 18.000 habitantes está dando una dura batalla en las calles contra la actividad minera, y tiene como respuesta del estado provincial, comandado por el cobista Eduardo Brizuela del Moral, sólo la represión, el enjuiciamiento y la cárcel para todos los pobladores que luchan por la dignidad del suelo argentino.
En marchas que han llegado a más del 40% de los habitantes de Andalgalá en las calles, se ha dejado en claro que el pueblo argentino está en contra del saqueo sistemático de los recursos naturales, y que lo único que espera es que la Argentina prohíba la minería a cielo abierto y deje de beneficiar a los fondos buitres que sólo buscan hacer negocios rápidos a costa de la salud y el dinero de los argentinos.
Hay pequeños datos que sirven para entender por qué la minería es un negocio muy redituable para las grandes empresas multinacionales que se encargan del tema, pero que termina siendo un pésimo negocio para los habitantes de la Argentina.
Números y cifras a tener en cuenta cuando se habla de Minería en Argentina:
– 12% es lo que pagan en concepto de regalías las transnacionales mineras en nuestro país
– 7 son las legislaturas provinciales que prohibieron la minería a cielo abierto
– 8.000.000 de personas no tienen acceso al agua en la Argentina
– 600 son los proyectos mineros que se calcula que hay en localidades del interior del país
– 2.000 millones de dólares es lo que produce el complejo de la Alumbrera en el cuyo argentino
– 1.500 millones de dólares por año se calcula que se lleva en promedio cada transnacional minera del suelo argentino
– 17.000 son los habitantes de la localidad catamarqueña de Andalgalá, que viene luchando hace años contra la instalación de la Alumbrera
– 100.000.000 de litros de agua usa La Alumbrera cada 24 horas para lixiviar los minerales
– 1.200 explotaciones mineras a cielo abierto existen en Sudamérica
– 1.500 comunidades rurales se organizaron en la Confederación de Comunidades Afectadas por la Minería
Los entendidos en la materia, que vienen trabajando desde hace años para impedir que se efectivice las demandas de las mineras transnacionales de permitir la minería a cielo abierto en todo el país, aseguran que estos intereses “canallas y buitres” piden esto en países del tercer mundo como el nuestro, sabiendo que en sus países de origen son terminantemente prohibidas por los grandes daños ambientales que tienen estos actos.
En provincias como San Juan y Catamarca, se realiza la actividad minera sin ningún tipo de control público y a simple declaración jurada, los megayacimientos exportan sumas millonarias: la Alumbrera produce al año 700.000 onzas de oro y 190.000 toneladas de cobre que a valores de hoy son u$s 2000 millones aproximadamente; el complejo Veladero-Pascua Lama producirá aún más. Hay zonas enteras donde quizás en algunos años ya no haya agua potable, con poblaciones completas que sufran enfermedades o que directamente tengan que erradicarse por poblaciones, por la falta de control que existe hoy y por el uso desmedido que se hace del agua.
Bajo el lema de la modernidad, el progreso y el desarrollo, en toda la región durante los ’90 se implementó una política de entrega de los recursos naturales a manos privadas, que significó virtualmente el vaciamiento de los países y la entrega de los mismos a las empresas multinacionales que se vieron beneficiadas con negocios y ganancias de miles de millones de dólares.
Si la actividad minera no está regulada, sino se la piensa como una política de Estado que sirva para las generaciones futuras, la minería en la Argentina seguirá tan desarticulada y desprovista de reglas claras como hoy en día, donde los únicos beneficiados son los grandes intereses multinacionales que ven a nuestro país como una fuente inagotable de recursos que sirven para acrecentar sus arcas y cuentas.
Sin una defensa apropiada de los recursos naturales, será muy difícil que la Argentina pueda tener en el corto y mediano plazo un futuro mejor y un país donde la mayoría de los ciudadanos estén incluidos en un proyecto común y no fuera del sistema como ocurre hasta ahora, donde hay más de 15 millones de pobres, con cinco millones de personas en la indigencia. Una adecuada protección de los recursos naturales, equivale a una protección de todos los argentinos, que esperan crecer en un país sano y con oportunidades para todos.
Fuente: lapoliticaonline
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La Bolsa porteña no pudo sostener ayer un arranque alcista que llevó al índice Merval a alcanzar nuevos niveles récord hasta la mitad de la rueda, y cerró la jornada con un retroceso del 0,35%, a tono con el desempeño negativo que mostraron la mayoría de sus pares internacionales. Los bonos soberanos, por su parte, volvieron a mostrar resultados mixtos: para arriba los emitidos en pesos indexados (en especial, los de mayor duración) y neutros o para abajo los colocados en dólares, en buena medida afectados por el fallo de segunda instancia que en EE.UU. condenó a la Argentina a pagar una tasa del 101% sobre ciertos papeles de la deuda defaulteada al determinar que ésta no es «irracionalmente alta», como objetó el Gobierno.
