La oposición pide hace años el fin de la intervención en la Caja de Servicios Sociales. Cuestionan ciertas contrataciones directas y la falta de informes sobre los balances. En la mesa de cualquier familia santacruceña siempre hay alguien con cobertura de la obra social provincial. Este gigante burocrático es manejado por un ente autárquico intervenido hace años que cubre a más de cien mil personas sobre una población de 250 mil habitantes.
Ahora, la oposición y los gremios estatales piden al Poder Ejecutivo que cese con la intervención y arranque el proceso de normalización prometido el año pasado. También reniegan por la falta de información de balances y hasta cuestionan las contrataciones a proveedores y las prestaciones en el sistema de salud provincial.
Fin a la intervención
La Caja de Servicios Sociales de Santa Cruz (C.S.S) está intervenida desde hace 20 años. La ley 364 del 25 de julio de 1964 creó un Organismo Autárquico destinado a brindar a los empleados públicos activos, pasivos y su grupo familiar directo, prestaciones médico asistenciales y de asistencia económica.
De acuerdo a lo normado por el Capítulo II de la ley Nº 364, la CSS debe ser conducida por un Directorio integrado por un presidente y tres vocales. El presidente y un vocal son designados por el Poder Ejecutivo, y los otros dos vocales deben ser elegidos por los afiliados: uno por los titulares activos y el restante por los titulares pasivos en forma directa y secreta en comicios convocados por el Poder Ejecutivo. La misma ley establece que “los recursos de la Caja son provistos aproximadamente en partes iguales por el Estado y los agentes de la Administración -en actividad o jubilados.
Pese a lo que establece la ley, la oposición y algunos gremios estatales denuncian que con la intervención los afiliados no tienen la posibilidad de decidir el destino de los fondos a través de sus representantes. Esto repercute en que no tienen injerencia alguna en las contrataciones ni en las prestaciones, no pueden realizar ningún tipo de gestión en el organismo. El año pasado los gremios de la Mesa de Unidad Sindical (MUS), conformada después del conflicto estatal de 2007, se unieron en un reclamo conjunto para que el gobierno disponga la devolución de la Caja de Servicios Sociales y la “transparencia administrativa” de la obra social. Por entonces realizaron medidas de fuerza y marchas para hacer escuchar su reclamo, lo que motivó que en su momento el gobierno provincial, a instancias del gobernador Daniel Peralta, se comprometiera a iniciar un proceso de normalización que tendría continuidad este año, situación que hasta el momento no prosperó.
“Hay que normalizar”
Para el diputado Omar Hallar, presidente del bloque radical en la Legislatura santacruceña, la Caja de Servicios Sociales desde hace años funciona como “un órgano más del gobierno” y “sin siquiera rendir cuentas a la sociedad sobre el manejo de los fondos”. Además, mencionó que actualmente salen a la luz contrataciones que son cuestionadas, y que siguen esperando que los trabajadores puedan tener voz y voto en el manejo de la obra social de la administración pública.
“Creemos que es hora de terminar con las anomalías y cumplir con los preceptos de la ley. El gobierno debe terminar de manera urgente con la intervención y devolverle la CSS a sus afiliados, para que sean ellos quienes decidan los destinos de la misma de manera democrática”, agregó en diálogo con La Tecla Patagonia.
El legislador dijo que este tema es una deuda del gobierno con la sociedad que debe ser saneada cuanto antes: “Hace más de trece años que el Frente para la Victoria prometió sanear la Caja, mejorar las prestaciones y varias cosas más, para luego devolverle el organismo a sus afiliados. Pero parece que “se olvidaron” de presentar los balances, de mejorar el servicio y que tenían que terminar con la intervención. Hoy los usuarios no reciben un óptimo servicio, hay muchas prestaciones que no se brindan correctamente, y los números son, por lo menos, poco claros. Todo eso debe terminar, junto con la intervención del organismo”, subrayó.
Para la diputada de Encuentro Ciudadano (EC), Gabriela Mestelán, si algo se ha normalizado en la provincia son “estas irregularidades”, por ejemplo, “tener esta Caja de Servicios Sociales intervenida por 20 años”. Entrevistada por La Tecla Patagonia, también indicó que hace años la obra social continúa en la misma situación pese a los pedidos gremiales y a los “innumerables proyectos” presentados en la Cámara de Diputados de Santa Cruz, “solicitando la urgente normalización de la Caja”.
Mestelán consideró que en la actual situación, la ciudadanía pierde la posibilidad de control de un ente que es sostenido entre todos los santacruceños, entre aportes patronales y personales, como así también se pierde “la transparencia y la claridad a la hora de verificar lo que la Caja genera, como las contrataciones que se hacen de manera absolutamente arbitraria y discrecional, los montos de las mismas, y cosas inexplicables como que a algunas instituciones privadas que prestan servicios de salud en el área de discapacidad se les pague servicios con unos montos y a otras con otros”.
La diputada provincial destacó que otra de las falencias está dada por la no actualización de los nomencladores, ya que en estos últimos años no sólo aparecieron enfermedades nuevas, sino que la cobertura de prevención respecto de algunas otras, como la bulimia, la anorexia, el cáncer de piel, no son cubiertas por la Caja de Servicios Sociales.
La situación de intervención, “tiñe de discrecionalidad todos los movimientos de la Caja como el tema de derivaciones, que si bien hay que reconocer que a partir de los convenios con clínicas de Buenos Aires se brinda un buen servicio de salud, existe una precariedad absoluta en los hoteles donde van los derivados, y ni sabemos con qué costos y aranceles”.
Mestelán subrayó que el período de intervención ha generado deterioro, “no sólo por todo lo que oculta” sino también porque la obra social de Santa Cruz “no está cubriendo necesidades relacionadas con las enfermedades y las problemáticas de la gente”. La legisladora expresó que al estar intervenida no hay “cajas separadas” por lo que no se puede saber a ciencia cierta cuánto es lo que recauda con “datos ciertos y comprobados” pero esa información “está vedada a la gente y a nosotros como integrantes de la oposición”.
Fuente: agenciacna
admin 
El cantante Cristian “Pity” Alvarez, líder de grupo de rock “Viejas Locas”, quedó involucrado en un confuso episodio cuando baleó, supuestamente en forma accidental, a uno de sus productores musicales en un hotel de Núñez, según informaron fuentes policiales.
Chiara 
