Elecciones en Brasil: más de 1.000 candidatos dependen de la revisión de la “Ley de ficha limpia”
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Son candidatos de todos los niveles de votación que esperan la decisión final del Tribunal Supremo Federal sobre la constitucionalidad de esa ley que impide la candidatura de políticos condenados por la Justicia, norma que corre riesgo de ser rechazada en base a la aplicabilidad en las elecciones del 3 octubre y su carácter retroactivo. El TSF no tiene fecha para expedirse sobre la cuestión de fondo, referida a la constitucionalidad de la ley aprobada en marzo, que prevé que políticos condenados en primera instancia por corrupción electoral, captación ilícita de votos, hechos electorales ilícitos o malversación del dinero público, entre otros, no puedan ser elegidos por un período de ocho años. En los últimos años, graves escándalos de corrupción y de mal uso de fondos públicos afectaron al Congreso, a gobiernos regionales y a partidos políticos brasileños, incluso la presente campaña se debate sobre la ola que produjo la denuncia del PSDB sobre el quiebre del secreto fiscal de la hija del candidato presidencial José Serra y de varios de sus dirigentes, entre ellos el vicepresidente «tucano» Eduardo Jorge. El ministro del Tribunal Marco Aurelio Mello, en diálogo telefónico con Télam desde Brasilia, explicó que “lo que se discute es esencialmente la aplicación de la norma”, ya que la legislación local demanda que cualquier ley que afecte los procesos electorales deben tener una vigencia previa de un año, lo que en este caso no se cumpliría. El otro punto cuestionado mencionado por el ministro refiere a la retroactividad de la ley sancionada por la unanimidad de los 76 miembros del Senado, lo que “impediría vetar la candidatura de aquellos que fueron impugnados por condenas previas a la puesta en vigor de la Ley”. Mello dijo que el Tribunal Superior Electoral –que también integra- continuará analizando los casos ya elevados por los tribunales regionales pero que la definición quedará en manos del supremo federal, en fecha no definida pero que demanda urgencia ya que los candidatos con «ficha sucia» continúan sus campañas a la espera de una decisión final. Ayer a la madrugada, la misma Corte confirmó la decisión del TSE de “barrer” la candidatura de Joaquim Roriz al gobierno del Distrito Federal, Brasilia, al rechazar la apelación de su defensa de liberar su registro, con lo que mantuvo la decisión del tribunal electoral federal y del tribunal electoral regional que lo había considerado inelegible. El caso de Roriz, ex gobernador de Brasilia, refiere a su renuncia al Senado para evitar su procesamiento ante el inicio de juzgamiento por supuestos actos de corrupción. En los plazos previstos, los tribunales locales habían cerrado la primera etapa de análisis de las impugnaciones y barrieron la candidatura de 213 políticos en base a la ley Ficha Limpia, aunque la cifra podría ser aún superior ya que no cuenta las candidaturas que quedaron diferidas en base a las apelaciones del Ministerio Público contra las decisiones que liberaron los registros. Pero la cifra de impugnaciones que llegó al Tribunal Superior Electoral por apelaciones en los distritos regionales suman más de 1.000. Otros casos también quedaron demorados por cuestiones burocráticas, como ocurre con el pedido de registro del tesorero de la campaña de Dilma Rousseff, José de Filippi. El candidato a diputado federal fue acusado de ficha sucia por haber sido condenado por un acto de improbidad administrativa en la prefectura de Diadema, de donde es oriundo. Su caso también está a la espera de la resolución judicial del tribunal supremo presidido por el ministro Ricardo Lewandowski. Los tribunales electorales también están abarrotados de denuncias cruzadas de los candidatos y sus partidos en torno a las infracciones de las leyes electorales, en particular a la regulación minuciosa del proselitismo político en casos que van desde menciones de terceros candidatos en propagandas propias, el uso de colores y lemas, y hasta el tamaño de los carteles que se pueden exhibir en vía pública. Un sistema electoral tan reglamentado lleva a una mayor intervención del órgano de control y en consecuencia de la judicialización del proselitismo, hasta en los más mínimos detalles. Fuente: (Télam)
