Una semana de vacaciones fue suficiente para recargar las pilas de Guillermo Moreno. Polémico por sus métodos y por disposición, ya que es el único encargardo de «sujetar» el mayor problema: la inflación. Pero las empresas también arrancaron con todo, y están dispuestas a llegar a la Justicia.
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- Una semana de descanso, tras 4 años sin vacaciones, fue suficiente para que el incansable secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, volviera a escena recargado… Aunque muchos lo prefieran agotado.
Tanto así que después de arremeter contra las empresas que importan productos de USA, tras el anuncio de Barack Obama de realizar una visita a la región sin tocar territorio argentino, apunto a la compañía Shell que aumentó su precios luego de que se diera de baja la resolución que impedía aumentos, también fue directo contra Techint, Cablevisión, las consultoras privadas que miden precios, etc. etc. Todo en cuestión de días.
Cierto es que ningún enemigo puede negarle su intensa aunque indeseable actividad.
Pero las empresas no se han quedado atrás:
Shell, siempre rebelde frente a las indefendibles medidas oficiales, sostiene hoy las subas que había dispuesto este lunes. Esta petrolera fue uno de los principales blancos del Gobierno desde la presidencia del difunto ex mandatario Néstor Kirchner, y aún lo sigue siendo. Cierto que los enfrentamientos que tuvieron no sólo verbales, sino también judiciales, partieron de una actitud activa de la compañía para no someterse a reglas inconsistentes.
Por otra parte, junto a Techint (hoy enemiga del Gobierno), y Cablevisión (principal «enemiga»), se convierte en los primeros casos de la ofensiva K contra las empresas para generalizar luego las sanciones por aumentos de precios a laboratorios, prepagas, petroquímicas, entre otras.
La presión se redoblan claro para frenar subas desmedidos en un año electoral.
A Cablevisión, prestadora del servicio de televisión por cable del Grupo Clarín, se la obligó a suspender el aumento de 17% en sus precios. Moreno envió ayer inspectores para corroborar si la empresa cumplió con la resolución 50 de esa cartera, que está cuestionada en la Justicia, para calcular los nuevos abonos.
Por otra parte, según dijo una fuente oficial al diario ‘El Cronista’, «el plan de este año es ir caso por caso, verificando cuando aumente cada empresa, estudiándolo y aplicando sanciones si no cumplen con lo acordado. No queremos aumentos con fines políticos».
Moreno se puso en contacto telefónico también con los timoneles de los laboratorios Bayer, la fabricante de insumos para la protección de cultivos Syngenta, la productora de polietileno Dow y la petroquímica Cuyo para reclamarles que mantengan los acuerdos de precios tácitos convenidos en diciembre. En aquella oportunidad había acordado con diversos sectores subas escalonadas para el primer trimestre.
Petroken, otra firma petroquímica dedicada a la fabricación de polipropileno, un insumo muy utilizado en la industria automotriz, recibió una dura reprimenda de Moreno porque aumentó los precios en las últimas semanas. La empresa justificó la decisión en una suba de materias primas. Frente a eso, el titular de Comercio Interior le reclamó el nombre de sus proveedores con la intención de presionarlos para que bajen los precios, explicó un empresario de diálogo frecuente con el funcionario, que pidió reserva.
Las empresas de medicina prepaga también están en la lista de sectores a «consultar» que Moreno tiene en su poder. Los citaría en los próximos días a su despacho. Este sector aplicó aumentos en torno al 15% en enero.
De paso, se van construyendo íconos del «odio al Gobierno popular» (??) sobre los cuales sujetos como el ministro de Economía, Amado Boudou, deposita la inoperancia: «esto no es inflación, es aprovechamiento de empresas para jorobar a los consumidores».
¿Qué hay entonces de las presiones a las consultoras privadas que elaboran índices de inflación? ¿Son cómplices de aquellas empresas «jorobadoras»?
Como sea, las consultoras tampoco están dispuestas a quedarse de manos cruzadas. Si acaso se duda aún de la eficacia de las encuestas, ¿qué sería de las mismas si terminasen como en el intervenido INdEC? Ciertamente, ya no tendrían razón de existir.
Lo que hizo Moreno fue intimar a al menos 9 de ellas, a que le envíen información metodológica y de recolección de datos referente a las mediciones de inflación.
Como ocurre en el caso de las petroleras, la mayoría de los economistas entregará la información que solicitó el funcionario, sin embargo otros piensan iniciar acciones legales por eventual abuso de autoridad.
Tal como publicó ayer ‘Clarín’, el secretario de Comercio se funda en la ley de Lealtad Comercial -sancionada y promulgada por el último dictador que tuvo el país, Reynaldo Bignone- e intima a los economistas a entregar información sobre sus Índices de Precios al Consumidor (IPC) en un lapso máximo 48 horas. Hoy vence ese plazo. La ley prevé multas de entre $100 y 500.000 si las consultoras no enseñan los datos solicitados.
Los estudios Ferreres, Bein, Abeceb.com, Economía & Regiones, Rubinstein, Melconian & Santangelo, Ecolatina, Finsoport y FIEL recibieron la misiva. Todos están incluidos en un mismo expediente.
Consultados por el diario ‘El Cronista’, economistas de las distintas consultoras manifestaron sorpresa. El titular de Abeceb.com, Dante Sica, afirmó: «la intimación no es clara. Habrá que tomar vista del expediente para ver de qué se trata. Estamos preparando la contestación».
Marina Dal Poggetto, del Estudio Bein dijo: «vamos a contestar todos los puntos en función de la metodología, con la aclaración de que ninguna consultora puede replicar el trabajo del INdEC y trabajamos con muestras chicas».
Jorge Todesca, titular de Finsoport, fue más duro: «nuestros abogados pidieron la vista del expediente. Si hay algún funcionario que ha abusado de sus funciones, lo vamos a denunciar». Opinó que «nuevamente, el Gobierno se mete en un terreno que es el trabajo privado. Y lo más preocupante es la voluntad manifiesta de afectar la libertad de expresión y de trabajo».
Sin dudas, para las compañías, los controles de Moreno violan en varios casos la ley. Sobre todo los controles de precios. Por ello, fue y será inevitable que la pelea llegue a la Justicia.
Techint acudirá a los tribunales porque considera «ilegal» el freno al aumento. Cablevisión no dará marcha atrás con la suba y también iría a la Justicia
Vista la tozudez de Shell, y la experiencia, ésta volvería también a presentarse ante los tribunales.
El holding siderúrgico Techint, la compañía más grande del país, una de las dos transnacionales argentinas importantes, junto con la alimenticia Arcor, liderará la respuesta del sector privado. Según el mismo matutino, y aunque no lo comunicaron de manera oficial, allegados a la compañía que timonea Paolo Rocca reconocieron que «la empresa y la Cámara Argentina del Acero evalúan las medidas legales que deberían adoptarse para resguardar sus derechos por la ilegal medida adoptada por la Secretaría de Comercio».
Un empresario del sector, que pidió reserva, acusó al Gobierno de no cumplir con lo pactado. «En diciembre habíamos acordado incrementos tope en el año de hasta pasos, según el tipo de producto», dijo.
Cablevisión también salió a ratificar el incremento del 17% para sus 3,5 millones de clientes. Carlos Moltini, gerente General de la empresa, señaló que el aumento «es inferior a los reales niveles de inflación». Y además aclaró que «no se trata de un sector regulado por el Estado, por lo cual se maneja con precios libres».
También advirtió que las declaraciones del ministro Amado Boudou «forman parte de la animosidad del Gobierno con el grupo, porque nada dijo cuando los otros opera dores de cable aumentaron sus abonos a fin de año, ni cuando lo hicieron las prepagas o las empresas de telefonía celular».
Por esto, el ejecutivo de la operadora de TV paga aseguró que la empresa no dará marcha atrás y que recurrirá a la Justicia si es necesario.
Para rematar: el titular del Sindicato de Peones de Taxi y mano derecha de Hugo Moyano en la CGT, Omar Viviani respondió ayer a las críticas de Cristina Fernández por los paros y la falta de coherencia que ponen en riesgo el actual modelo. En su defensa aclaró: «nosotros somos coherentes» pero dijo, «los números del INdEC no cierran». Y he aquí la justificación para los reclamos de aumentos de salarios de los sindicatos que responden a la CGT del aliado Hugo Moyano, que parten de bases de al menos el 30%.
Fuente: urgente24.com
Chiara 
Fue el mensaje que los funcionarios le transmitieron a los representantes de la industria. Si no pueden exportar, las firmas tendrán que hacer un aporte de capital.
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