Claudio Lozano presidente del Bloque Unidad Popular espera la respuesta del juez Lijo, -a quien le solicitó una entrevista-, para acercarle las causas que iniciara oportunamente contra Amado Boudou por irregularidades registradas durante su gestión en el ANSES y en la operatoria de canje de deuda 2010, respectivamente. Causas que, según el diputado de UP, fueron cajoneadas por el juez Oyarbide y que exhiben puntos de contacto con el caso Ciccone que revelarían la existencia de una matriz de corrupción institucional en la que el caso (Ciccone) sería apenas un botón de muestra de las irregularidades que involucran al vicepresidente.
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Contenidos de la presentación al Juez:
Lozano: «El reciente, esperado y necesario llamado a declaración indagatoria para Amado Boudou por parte del Juez Federal Ariel Lijo tiene en sus considerandos elementos que se enlazan de manera directa con dos denuncias penales presentadas por nosotros a la justicia a lo largo de los últimos cinco anos, que involucran al mismo protagonista –y a otros funcionarios- y que duermen un injusto sueño para los justos: una causa se encuentra archivada argumentando inexistencia de delito y la otra está actualmente “cajoneada” por el impresentable juez Oyarbide:
1) La causa 12105/09 está radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Nº 9 Fiscalía Nº 5 de setiembre de 2009 –involucra a Boudou junto a Sergio Chodos y Diego Bossio- plantea la irregular compra de Préstamos Garantizados por parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad entre enero y junio de 2009 con el objetivo de “inflar” el canje de deuda de esos instrumentos por otros emitidos al 2014 y 2015 con ajuste de tasa Badlar. Las AFJP´s tenían prohibido –art.78 de la Ley 24241- adquirir esos instrumentos por no cotizar en mercados secundarios, lo que hacía posible la arbitrariedad en sus precios. Lo concreto es que en ese período el FGS compró directamente a distintas Sociedades de Bolsa –que operaban por cuenta y orden de terceros- Prestamos Garantizados por $570 millones a precios arbitrarios y sin saber quien era el tenedor original. Además, benefició al Banco Galicia y al Deutsche Bank (que era además organizador del canje) con swaps (recibiendo PG´s Global 08 y Mega 580+ y entregando bonos de deuda a precios de remate) que generaron ganancias varias veces millonarias a estas instituciones con la simétrica pérdida para el fondo que debiera soportar los déficits previsionales. Además, en junio del 2009 el FGS realizó dos canjes con la Sociedad de Bolsa Facimex S.A., sospechada de delitos con fondos previsionales en el pasado e involucrada con posterioridad con la causa Ciccone, al haber recibido los fondos de Dusbel S.A. por intermedio de P.T. Bex Bursátil. Esta curiosa coincidencia pone a Jorge Brito en el eje de los movimientos financieros que involucran a Boudou y al resto de la gestión oficial. Esta causa está actualmente archivada por inexistencia de delito. El argumento para ello es el dictado del Decreto Nº 2103/08, que reformula a su antojo y con la complicidad oficial la prohibición mencionada permitiendo que lo ilegal por ley sea legal por decreto.
2) El canje de deuda realizado en el año 2010 no solo fue perjudicial económicamente para la Argentina, sino que también era ilegal, inconstitucional e incluso teñido de sospechas de tráfico de influencias y uso de información privilegiada. La imputación por parte del fiscal Jorge Di Lello al vicepresidente Amado Boudou por tráfico de influencias respecto al citado canje vuelve a poner sobre la mesa la realidad de esa operación: la captura de bonos defaulteados desde el 2005 al 2009 –y principalmente en el 2008, clímax de la crisis financiera internacional- con la certeza y la decisión política de la reapertura del canje vía la suspensión de la Ley Cerrojo. La consultora Arcadia –cuyos responsables son Marcelo Etchebarne y Emilio Ocampo- realizó, desde 2008, reuniones con varios bancos en Estados Unidos que fueron luego los que hicieron las propuestas de canje, sabiendo de antemano que la Argentina iba a canjear los títulos en default por otras emisiones nuevas. Eso habría permitido a quienes tuvieran la información de esas negociaciones comprar títulos argentinos a un precio muy bajo, para luego presentarse al canje haciendo grandes diferencias. No casualmente nunca se supo nada de esta consultora, hasta que nuestra denuncia pública hizo que los tiempos del canje se estiraran para poder “blanquear” en el prospecto de emisión su participación. Hernán Lorenzino era Secretario de Finanzas en octubre de 2008 y el delegado argentino en las “negociaciones” con los bancos. Si Arcadia sólo tenía un convenio privado con Barclays (el organizador del canje), sería bueno saber porqué el 2 y 3 de octubre de 2008 Lorenzino se reunió no sólo con los supuestos bancos organizadores, sino también con Arcadia. También se hicieron públicos mails entre el Ministro Boudou y el representante y asesor de los bonistas Etchebarne de agosto de 2009 pacta las condiciones que tendría el futuro canje y donde organizaban juntos reuniones con los representantes de los bancos organizadores. Todo esto se objetivó en la denuncia penal Nº 6397/13 que recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Nº 3 a cargo de Daniel Rafecas, pero terminó –por conexidad con otra causa vinculada a ese canje- en manos del juez Oyarbide, donde duerme plácidamente.
En la descripción de la maniobra de adquisición de Ciccone por parte de The Old Fund (TOF), el Juez Lijo dice que esta empresa “…fue originalmente adquirida el 1 de septiembre de 2009 para facturar un negocio relativo a la reestructuración de deuda pública de la Provincia de Formosa, en el que intervinieron Amado Boudou y José María Nunez Carmona –amigos desde la adolescencia en Mar del Plata y socios comerciales- junto con Alejandro Vandenbroele –conocido de ambos-. Dicha empresa, de objeto amplio y dueños anónimos, no había tenido funcionamiento hasta el momento y contaba con una sola empleada. En dicha negociación, Boudou intervino en su carácter de Ministro de Economía y en fecha 11 de marzo de 2010 firmó una addenda al convenio original entre el Gobierno Nacional y el provincial que implicó, finalmente, la emisión del título de deuda por $312.941.277,63 y un ingreso para TOF de $7.667.161 que se cobró el 21 de mayo de 2010, en lo que fue su primera factura emitida….”.
Estas definiciones resumen muchos datos contenidos en la causa Boudou-Ciccone: que Vandenbroele no se presentó, ni firmó escrito alguno vinculado a la reestructuración de deuda de Formosa, proceso objetivado en el expediente S01:0150031/2010 del MECON. Que no tenía experiencia alguna en canjes de deudas provinciales, que cobró sus supuestos servicios en tiempo récord (el 21/5/10 cuando la emisión del bono a 30 años en U$S fue con fecha 30/4/10 pero publicado en el Boletín Oficial como resolución conjunta de la Secretaría de Hacienda 12/6/2010 y de Finanzas 41/2010 recién en diciembre del mismo año), que es obvia la ausencia de contraprestación –ni Vandenbroele ni Formosa presentaron un informe que exponga el rol de TOF en la reestructuración, que no era necesaria consultoría alguna para renegociar deudas entre el Estado Nacional y un Estado Provincial.
Pero si bien este “servicio” realizado a la provincia fue facturado por TOF –la primera factura real de su existencia-, de la causa Formosa se extraen otros elementos curiosos: ¿si la reestructuración de deuda se hizo en el contexto del Programa Federal de Desendeudamiento firmado por la Presidente el 10/5/2010, porqué se formaliza el bono emitido con fecha 30/4/2010? ¿Porqué Insfrán firma un preacuerdo con Vandenbroele seis meses antes de tomar control de TOF el 5/3/2009?
Según elementos de la causa volcados por Hernán Cappiello en La Nación del 8/1/2013, la historia de la contratación de Vandenbroele en Formosa comienza en febrero de 2009, cuando presentó sus antecedentes al gobierno de Insfrán. Y el 5/3/09 se firmaba un memorándum de entendimiento con el FONFIPRO, organismo provincial de donde salieron los $7,6 millones. Recién el 1/9/09 toma control de TOF y diez días después firma un convenio para realizar el canje de deuda pública formoseña a través de la consultora. Allí se destacaba una vez más la “gran experiencia y conocimiento en relación con la reestructuración de deuda pública y privada y en la ejecución de canjes de deuda privada” que tenían los integrantes y asesores de TOF.
Quizá se refieran a quienes, un año antes –mayo de 2008- instrumentaron el canje de los bonos Lapacho I y Lapacho II de Formosa que habían sido pesificados en el 2002 e indexaban por CER. En ese momento se consideró que el riesgo CER era alto y los asesores legales –el estudio Cabanellas, Etchebarne, Kelly & Dell’Oro Maini- y financieros –la consultora Arcadia Advisors, en cabeza del mismo Marcelo Etchebarne- sugirieron redolarizar los títulos, estirar su vencimiento al 2022 y pagar un tasa del 5%. En ese momento los tenedores mayoritarios de los bonos Lapacho eran inversores institucionales (bancos y AFJP’s). Un canje de esta naturaleza resultaba difícil de justificar para ellos ya que se planteó con una fuerte quita. Sin embargo, Marcelo Etchebarne personalmente se encargó de negociar utilizando argumentos amenazantes que resultaron convincentes, a juzgar el 99% de adhesión al canje. Además, los primeros avisos de pago del bono FORM3 resultante del canje están informados a la Bolsa de Comercio de Bs. As. por el mismo estudio de Etchebarne, fijando domicilio en San Martín 323 piso 17.
Si bien se atribuye el pago de Formosa a TOF a cierto asesoramiento financiero que no existió, quizá la retribución estuviera vinculada a los servicios de Arcadia Advisors por la gestión del canje del 2008. ¿Cómo se explica que Vandenbroele haya firmado un preacuerdo con la provincia en febrero de 2009, cuando el Programa Federal de Desendeudamiento se firmó 14 meses después? ¿A quien representaba este ignoto consultor? La relación entre Etchebarne y Boudou quedaría expuesta algunos meses después, ya con éste como Ministro de Economía en los mails que mencionamos. Lo cierto es que no hay dudas que, por un mecanismo u otro, se instrumentó un retorno al que se pretendió disfrazar de acto institucional.
De la misma causa Boudou-Ciccone se desprende que parte de los fondos con los que TOF adquiere la calcográfica (U$S 620000) fueron girados por –supuestamente- Raúl Moneta quien instruye a la empresa Southern Securities LLC la transferencia de ese monto a la firma Dusbel S.A. en Uruguay. Posteriormente, mediante la firma P.T. Bex Bursátil Sociedad de Bolsa comprará títulos públicos argentinos que ingresan a Facimex S.A en Argentina –cuya propiedad se atribuye a Jorge Brito-, quienes venden esos títulos por $2,4 millones que serán transferidos a la cuenta de TOF en el Banco Macro, donde se acreditaron el 29/10/10.
La firma P.T.Bex está investigada en España por el caso Bárcenas-Rajoy y en Uruguay por el mismo caso Ciccone, ambos por lavado de dinero. Facimex, por la venta de Préstamos Garantizados a Anses a precios arbitrarios generando un fuerte perjuicio al Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
La interacción de la causa Boudou-Ciccone con nuestras denuncias es evidente, a tal punto que resulta obvia una común matriz operativa institucionalizada.
En este sentido queda claro que el caso Ciccone es apenas un botón de muestra de irregularidades mucho más importantes en las que está involucrado el hoy Vicepresidente Amado Boudou. Irregularidades denunciadas y cajoneadas por la justicia pese a que las mismas involucran por lejos montos extraídos del patrimonio de los argentinos mucho más significativos. La conexión de la ruta del dinero asociada a Ciccone con la vinculada a las operaciones fraudulentas del ANSES y el FGS (la firma Dusbel S.A., P.T.Bex Bursátil Sociedad de Bolsa, Facimex S.A. y el papel de Jorge Brito), así como la presencia simultánea de la firma “The Old Fund” y la “Consultora Arcadia” en la reestructuración de la deuda de la Provincia de Formosa, son muestras elocuentes de una matriz de corrupción institucionalizada. Por esta razón, y a efectos de subsanar el cajoneo judicial perpetrado por el juez Oyarbide, acercaremos al Dr. Lijo en la próxima semana, toda la información contenida en nuestras denuncias judiciales».
Chiara 
Felipe 
ALEJ