Por JULIO CÉSAR ARÁOZ
Elaborar, suscribir y cumplir un Acuerdo Federal de Protección Ambiental es una de las condiciones necesarias para llegar a producir y usar los grandes recursos potenciales de hidrocarburos no convencionales que hay en nuestro territorio – de los que Vaca Muerta es el yacimiento más conocido – y así contribuir al desarrollo sustentable, integral e integrador de la Argentina.
Vale tener en cuenta que la explotación de yacimientos de gas y petróleo no convencionales viene teniendo un crecimiento exponencial, al punto que un estudio de la Universidad de Harvard pronostica que hacia el 2017 Estados Unidos pasaría a ser el mayor productor mundial de petróleo, superando a Arabia Saudita, en buena medida merced al aprovechamiento de sus yacimientos de los llamados shale gas y shale oil mediante la técnica de extracción conocida como fracking o fractura hidráulica, que se viene aplicando en campos de Alabama, Ohio, Pennsylvania, Dakota del Norte y Texas, estado éste que ya produce más crudo que Irán.
En esta, como en toda actividad productiva, existe el riesgo implícito de malas prácticas que podrían causar daños ambientales, como ser la contaminación de aguas subterráneas por la rotura o una operación indebida de los “caños” a través de los cuales se introduce a presión el agua con arena que produce la fractura hidráulica. Pero el sentido común indica que en este y en todos los casos lo que debe haber son normas que se cumplan para evitar esas malas prácticas y no la abolición de la actividad. Por caso, la reciente tragedia por la explosión de gas en un edificio de Rosario no llevó a nadie a proponer que se prohibiera el uso del gas como combustible domiciliario.
Por lo demás y dada la experiencia reunida en Estados Unidos en la aplicación de esa técnica, los estudios más confiables acerca de sus efectos sobre el ambiente son los que lleva a cabo la Agencia de Protección del Medio Ambiente (Enviromental Protection Agency o EPA) de ese país, cuyas conclusiones serán dadas a conocer en 2014.
No obstante y con los elementos de juicio ya disponibles, sería del todo factible elaborar en la Argentina un Acuerdo Federal de Protección Ambiental que estableciera las normas regulatorias a cumplir en la extracción de hidrocarburos no convencionales mediante técnicas de fractura hidráulica, acuerdo que sería el primero de su tipo en el mundo y permitiría atender en forma convergente y no contradictoria necesidades de jerarquía equivalente, cual son las siguientes:
- Extraer nuestros recursos de gas y petróleo no convencionales en cantidad, calidad y precio adecuados para satisfacer la demanda interna de hidrocarburos e incluso contar con excedentes exportables.
- Asegurar que esa producción se realice conforme a pautas que preserven la calidad ambiental, el respeto a los derechos de las comunidades locales y la justa distribución de las riquezas que genere.
Lograr la convergencia de ambas necesidades requiere contemplar y hallar la forma de armonizar los diferentes intereses de los diversos actores involucrados en ese proceso, siendo los principales los siguientes:
a) El interés de los argentinos consistente en poder acceder y usar, en beneficio de todos, el gas y petróleo no convencionales que hacen de nuestro territorio la segunda o tercera reserva mundial de esos recursos energéticos.
b) El interés de los habitantes del país en general y en particular los de las zonas en que se localizan los yacimientos a que la explotación de esos recursos no produzcan daños ambientales que afecten el derecho a que el ecosistema siga siendo el adecuado para la vida.
c) El interés del Estado nacional de alcanzar la seguridad energética y acceder a los beneficios implicados en las inversiones y los recursos de todo tipo generados por una producción local de petróleo y gas que cubra la demanda interna y deje saldos exportables.
d) El interés de aquellas Provincias que disponen de los recursos energéticos y según lo establece la Constitución Nacional son titulares de los mismos y también los intereses de las otras Provincias que no fueron dotadas con la existencia de esos recursos en sus propios territorios.
e) El interés de los Municipios y las comunidades asentadas en el territorio de los yacimientos, que no merecen ser meros testigos de la generación de una riqueza de la que no participen y cuyos derechos, entre ellos el de la preservación ambiental, deben resguardarse.
f) El interés de las empresas de la industria petrolera que debe respetarse haciendo valer su legítima ambición de obtener y acceder a las ganancias que generen con sus inversiones y labores, lo que no autoriza a que obren con indebida codicia y se desentiendan de toda consideración que no sea la obtención de renta.
g) El interés de los trabajadores petroleros, que pueden y deben tener una participación en las utilidades que contribuyen a generar. h) El interés de los consumidores locales de gas y petróleo, que es acceder a esos recursos esenciales en adecuadas condiciones de cantidad, calidad y precio.
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Lograr un justo equilibrio entre todos esos intereses es posible si la tarea se lleva a cabo a través de un diálogo abierto, responsable, sincero y receptivo entre todos los actores interesados, al que convoque un Estado dispuesto a guiar un proceso de toma de decisiones que, en palabras recientes del papa Francisco, “tome en consideración la complejidad de los problemas a abarcar en un contexto de solidaridad y esté impulsado por principios morales que persigan el bien de todas las partes involucradas”.
La cita del Santo Padre hace parte de su mensaje a una reciente Jornada de Reflexión organizada por el Pontificio Consejo Justicia y Paz en la Ciudad del Vaticano, cuyo objetivo fue contribuir a que la industria minera elabore un “nuevo modelo de asociación y desarrollo, fundado en la certidumbre de que la actividad de extracción tiene éxito solo si va acompañado por un ambiente limpio, por comunidades locales vivas y con la fructificación de la riqueza minera de las naciones”, concepto que se aplica a la letra a otra industria extractiva, cual es la hidrocarburífera.
En ese encuentro participaron dirigentes de los gigantes de la minería, un delegado de la Secretaría de Estado del Vaticano, el International Council on Mining and Metals, el World Gold Council, Cáritas Internationalis y Oxfam América siendo un ejemplo a tener en cuenta en la perspectiva de que la armonización de intereses y sectores vinculados a la actividad extractiva de hidrocarburos no convencionales se exprese en el Pacto Federal de Protección Ambiental, como el que aquí proponemos.
A los hidrocarburos puede aplicarse lo dicho ahí a propósito de la industria minera por el cardenal Peter Kodwo Turkson, presidente del Pontificio Consejo de Justicia y Paz, en cuanto a que pocas son las cosas materiales de nuestro mundo que podrían existir sin ellos, a lo que añadió que en industrias extractivas como la minería (y los hidrocarburos, agregamos nosotros) “lo importante es pasar a una óptica en la que la riqueza generada por las empresas sea compartida por todos los actores involucrados”.
Que se haya realizado esa Jornada es una señal esperanzadora de que la crisis energética de nuestro país – que parece comenzó a ser reconocida en su dramática dimensión conforme a las palabras de un vocero gubernamental como el presidente de YPF, ingeniero Miguel Galuccio- podría convertirse en oportunidad para encarar la extracción de los grandes recursos de gas y petróleo no convencionales de los yacimientos localizados en nuestro territorio de un modo razonable y correcto.
Cierto es que la continuidad esencial de la política energética oficial que provocó la crisis y los vicios que signan al acuerdo YPF-Chevron indican que el modo con el que se está abordando la cuestión desde el gobierno no se da en “un contexto de solidaridad” ni está “impulsado por principios morales que persigan el bien de todas las partes involucradas”, como lo planteaba el papa Francisco para la industria minera.
Creemos que en materia energética conviene pensar y obrar conforme a un patriotismo lúcido y realista y dejar de lado tanto los prejuicios ideológicos de aquellos a los que Juan Perón designaba “nacionalistas de opereta” y Rogelio Frigerio “nacionalistas de medios”, cuanto la irresponsabilidad depredatorias de quienes sólo actúan en función de su codicia de corto plazo.
En tal sentido, la gravedad de la crisis energética y la magnitud de nuestros recursos potenciales en hidrocarburos no convencionales, imponen que los dirigentes políticos, empresarios y sindicales vinculados a estas cuestiones busquemos superar esa crisis aprovechando esos recursos y para eso entendemos que una condición previa y necesaria es elaborar, suscribir y comenzar a aplicar un Acuerdo Federal de Preservación Ambiental, asumiendo que en esta época la teoría y el sentido común aconsejan producir cuidando la porción del planeta que nos fue dada, con la convicción de que Argentina es nuestro hogar.
Por JULIO CÉSAR ARÁOZ – Ex Secretario de Energía de la Nación Argentina
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