El Gobierno presentaría antes de fin de año un índice de inflación nacional, similar al que la Presidenta había anulado en 2008
Por Francisco Jueguen | LA NACION
«Me quiero ir», suspiró sacándose un peso de encima. Se lo veía enredado y fastidioso, casi perdido, entre sus propias palabras. «Hablar sobre estadísticas de inflación en la Argentina es complejo. Prefiero no ahondar en el tema», se escudó Hernán Lorenzino para cancelar la entrevista de la que estaba participando con una periodista griega. Ella había cometido un pecado mortal: preguntarle al ministro de Economía cuál era la inflación actual en el país.
Casi cinco meses después del video que lo sacó del ostracismo administrativo, Lorenzino volvió a hablar de la inflación y sobre cómo medirla. Pero esta vez fue en territorio amigo. «La construcción de un IPC Nacional es una política de Estado», recalcó el ministro, al inaugurar el miércoles una jornada organizada por el Indec.
El fin de la reticencia oficial para reabrir el debate público responde al apuro por mostrar avances en materia estadística luego de la sanción al país del Fondo Monetario Internacional (FMI) en febrero pasado y cuando los técnicos del organismo preparan un informe para fines de este mes. La votación sobre ese documento, que podría determinar una nueva sanción al Gobierno, sería a fin de año.
En ese marco, el Indec reflotará un índice de inflación nacional similar al que propulsó Néstor Kirchner en 2003 y que fue desmantelado por Cristina Kirchner en 2008, luego de que lo utilizaran analistas privados para medir la inflación real.
«Cuando hablamos de estadísticas en la Argentina, y de los nuevos índices, también estamos hablando de la decisión de terminar de reconstruir algo que se rompió en aquel 2001», declamó Lorenzino, que indicó que los primeros resultados del nuevo índice se verán a fines de este año.
Norberto Itzcovich, director técnico del Indec, señaló que el Índice de Precios al Consumidor nacional urbano (IPCnu) «va a reemplazar al IPC-GBA», duramente cuestionado. Tendrá una canasta fija de 520 bienes y servicios, y se desarrollará en base a seis canastas regionales (área metropolitana de Buenos Aires, región pampeana, Nordeste, Noroeste, Cuyo y Patagonia). Relevará 200.000 precios en unos 12.000 comercios de todo el país. La directora del Indec, Ana María Edwin, reforzó las palabras de Lorenzino: «La realización de un IPC de esta naturaleza es inédita en el país.». Sin embargo, según reconstruyó LA NACION, el Indec contó con un proyecto similar hace pocos años.
A pesar de la relación enhebrada por Lorenzino entre estadísticas y la crisis de inicio de siglo, la primera etapa de ese IPC Nacional se organizó en 2001 y 2002. En eso momento, las provincias incorporadas fueron la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Mendoza y Catamarca. «Cubrían más del 80% del gasto total del país», explicó una fuente técnica que participó del proyecto.
El año base para comenzar las mediciones fue 2003. Ese año, la matemática Marcela Almeida ingresó en el Indec para hacerse cargo de la coordinación de ese índice, que fue publicado por primera vez en noviembre de 2005 por «la fuerte insistencia de Néstor Kirchner». La dirección del organismo estaba en desacuerdo porque buscaba incorporar más provincias antes de emprender su difusión.
El 29 de enero de 2007, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, decidió intervenir el organismo. En ese momento comenzó a falsearse el IPC-GBA. En cambio, «los datos provinciales no se tocaron durante algunos meses», según relató el técnico que presenció los hechos.
En abril de ese año, Almeida -que todavía dirigía el programa- recibió una comunicación de parte de la intervención. «Salvo por Mendoza y San Luis, todas las demás provincias se avienen a trabajar como se está trabajando en el Indec», le dijeron a la matemática, según confirmó. Los cálculos provinciales ya se usaban como espejo del IPC-GBA. Como ocurrió en el cálculo metropolitano, se incorporaron «topes» a las alzas más pronunciadas en las provincias amigas. Cinco meses después, cuando Julio Cobos aceptó la vicepresidencia de Cristina Kirchner, se desató un escándalo en su provincia. Los técnicos mendocinos enviaron un índice del 3,1%, pero el Indec cambió esa variación, y el número pasó a ser 1,5 por ciento. Los técnicos que coordinaban el IPC Nacional desde Buenos Aires se quedaron sin acceso a las bases de datos. Meses después, el Indec desmanteló el equipo.
En abril de 2008, cuando el entonces jefe de Gabinete Alberto Fernández presentó el nuevo IPC-GBA, dejó de publicarse el índice de precios nacional. En ese momento, el programa ya trabajaba con La Rioja, Chubut, la ciudad de Bahía Blanca y La Pampa para incorporarlas al cálculo, aunque Cristina ya había decidido retirar el presupuesto del área..