Moreno complicado en una causa por abuso de autoridad
Chiara 
El juez Bonadio lo citó a indagatoria y podría procesarlo. El secretario de Comercio deberá asistir en una semana. La causa fue iniciada por la consultora Finsoport, castigada por informar la inflación.
A principios de 2011, cuatro años después del desembarco K en el INDEC, el secretario Guillermo Moreno decidió aplicar fuertes multas a una serie de consultoras que contradecían el relato oficial, pues mes a mes constataban que los precios subían hasta dos veces más de lo que informaba el instituto público. Por aquella ofensiva ahora el titular de Comercio Interior tendrá que dar explicaciones ante la justicia federal, donde ya se lo considera “imputado” por los posibles delitos de “abuso de autoridad” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
El juez Claudio Bonadío fue quien decidió que había suficientes elementos como para citar a uno de los más poderosos funcionarios kirchneristas a declaración indagatoria. Fue a raíz de una denuncia penal que presentó, pocos meses después de recibir la multa de Comercio Interior, el viceministro de Economía de la gestión de Eduardo Duhalde y titular de la consultora Finsoport, Jorge Todesca. La visita de Moreno a los tribunales de Comodoro Py está pautada para el miércoles 10 de julio.
El juez podría procesarlo.
En su gesta por construir un país con moderada inflación y defender así “la Mesa de los Argentinos”, Moreno optó de entrada por el camino más fácil: adulterar los datos de la realidad. En febrero de 2007, a poco de asumir su cargo, decidió intervenir el INDEC y correr de allí a los técnicos de carrera que se ocupaban de medir los precios, para generar un índice hecho a la medida de sus antojos. Con el tiempo, sin embargo, esa manipulación quedó en evidencia pues varias empresas privadas y organismos provinciales siguieron elaborando sus propios Indices de Precios al Consumidor (IPC) y los resultados generalmente duplicaban a los oficiales. Si para el INDEC la inflación era 1, para el resto de las mediciones resultaba ser 2.
En vez de corregir -como muchas veces prometió- el desaguisado cometido en el INDEC, el Gobierno apeló a la lógica del garrote.
En febrero de 2011, Comercio Interior requirió a una docena de empresas consultoras, entre ellas Finsoport, que dieran a conocer cuál era la metodología con que elaboraban sus mediciones.
Luego aplicó multas de 500.000 pesos a cada una de ellas, apelando al artículo 9 de la ley 22.802 de Lealtad Comercial. Esto es, se las acusaba de difundir datos que carecían de “rigor científico” y por lo tanto podían inducir a “error, engaño o confusión” a los consumidores. Es decir que Moreno, el que había ordenado alterar los modos de cálculo de las cifras oficiales, acusaba a los otros de engañar a la gente. Doce consultoras cayeron en la volteada, entre las que se encontraban la mencionada Finsoport, Buenos Aires City (de Graciela Bevacqua, directora echada del INDEC), FIEL, Ecolatina, Gabriel Rubinstein, y el Estudio Miguel Bein.
La mayoría decidió dejar de hacer públicas sus mediciones y optaron entregar ese dato a los bloques opositores en el Congreso que difunde todos los meses un promedio de ellos. También apelaron las abultadas. Todesca fue un paso más allá, y denunció a Moreno por “abuso de autoridad”.
El 14 de mayo pasado, cuatro de las salas de la Cámara de Apelación revocaron las multas con sólidos argumentos jurídicos. Esa decisión dio pie para que Bonadio se decida a imputar al secretario de Comercio Interior y a otros funcionarios del área. Las indagatorias en esta causa comenzarán mañana mismo con los funcionarios Guillermo David y Fernando Carro, éste último el actual director nacional de Comercio Interior.
El lunes 8 de julio tiene cita Adalberto Gabriel Rotella, director de Lealtad Comercial. Dos días después será el turno de Moreno.
clarin.com
Felipe 
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