FUE UN ADELANTO DE SEPRIN: LA EMPRESA ES INGLESA E INEXISTENTE. SCHIAVI ORDENO APARTARLA DEL PROTOCOLO DE INVESTIGACION POR LAVADO. HOY EL MINISTRO DEL INTERIOR SUSPENDE EL CONTRATO CON LA EMPRESA CONTROLADORA PORQUE EL FISCAL STORNELLI PIDIO EL PROCESAMIENTO DEL EX SECRETARIO DE TRANSPORTE SCHIAVI.
Y no sólo es una empresa que maneja información reservada de todos los argentinos y almacena el recorrido de las personas y su vida privada, sino que los datos lo maneja una inexistente empresa inglesa. Y se presupone el envío de información a los servicio secreto inglès.
INFORME 1
Destacado — By admin on Junio 17, 2012 at 22:00
No sólo se trata de una demagogia brutal de la presidencia, sino que además no solo lo maneja una empresa británica, sino que los datos de millones de argentinos, edad, DNI, trayecto , grupo familiar ingresos, está en manos de los ingleses:
Introducción
Mientras el gobierno emite spot publicitarios pro Malvinas, y sus discursos mediáticos llaman a recuperar la soberanía irredenta de las Islas, en la práctica suceden hechos muy curiosos que hacen dudar sobre la veracidad del reclamo.
En ese contexto, encontramos también, funcionarios británicos que trabajan en puestos clave en el Estado (Ministerio de Seguridad, YPF), y una ampliación de usurpación británica en las aguas del Atlántico Sur que no ha tenido protesta alguna del gobierno argentino.
Tristemente, las palabras y los discursos no se asemejan con la realidad de los hechos.
Ahora, el SUBE, que posee una base de datos detallada de cada ciudadano que se transporta por Buenos Aires, resulta que está controlada por una empresa británica, donde hasta la propia embajada intercedió.
Global Infraesctructure (GI)
La empresa se creó una vez realizado el “lobby” entre un empresario británico, la embajada y los funcionarios argentinos de la Secretaría de Transporte.
Insolitamente, obtuvo la licitación pese a la existencia de otras ofertas mucho más baratas.
La sociedad fue inscripta el 22 de junio de 2009 en el registro de Inglaterra y Gales con un capital de 100 libras esterlinas. Días después, la firma británica se asoció con IRV, Iatasa y GFA para ganar la licitación por la supervisión del boleto electrónico.
GI todavía no existía cuando la licitación para controlar la SUBE ya había comenzado.
El pasado de GI en Inglaterra despierta misterio. El diario La Nación intentó contactarse con la sede central de la compañía en 78 York Street, Londres, su domicilio legal y su oficina. Llamó a los distintos teléfonos de contacto pero nunca consiguió el teléfono fijo. La casa matriz de la empresa no existía.
Según pudo saber LA NACION, la firma alquiló esa dirección del coqueto barrio de Marylebone como domicilio legal. En ese mismo lugar funciona una firma que ofrece servicios de “oficinas virtuales”. Alquilan un “domicilio de negocios” en la capital británica por 40 libras esterlinas al mes, indispensable para recibir correspondencia. Todos sus clientes comparten el mismo domicilio: 78 York Street. Con esos mismos datos, GI figura en la Inspección General de Justicia de la Argentina.
Meses después de su registro legal en Inglaterra, la firma actualizó su dirección. Lejos de las luces de Londres, el nuevo domicilio está situado en las afueras de Oxford, en Bicester, un pueblo que no supera los 29.000 habitantes.
Nación Servicios SA, una empresa que depende del Banco Nación, es quien está a cargo del servicio del SUBE. GI, es quien la controla, tarea que recae en el presidente de la compañía, Stephen Chandler, quien vive en Inglaterra, cuyo sueldomensual (que pagamos todos los argentinos) es de 40.000 dólares.
Es decir, si un argentino que vive y trabaja en este país, desearía cobrar su sueldo en dólares, no lo puedo hacer. Pero un inglés, recibe su sueldo (que sale del Tesoro Nacional), en la moneda extranjera. Recordamos el artículo 16 de nuestra Constitución Nacional:
La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad.
Aquí si quiera hablamos de ciudadanos o habitantes del país, ya que el hombre inglés no vive en este suelo.
- Una empresa inglesa, sin oficinas en la Argentina, con un domicilio legal caduco y con un misterioso pasado en Inglaterra controla la tarjeta SUBE.
El Estado Nacional eroga a sus tres únicos empleados, tres millones de dólares anuales.
¿Espionaje?
El diario LA NACION comprobó que la firma montó “oficinas virtuales” en Londres, que ofrece una dirección inexistente en Buenos Aires y que el Estado le paga cerca de 3 millones de dólares en salarios aunque su personal no tiene lugar de trabajo. La Secretaría de Transporte dejó en sus manos el control de la SUBE. Una empresa fantasma, que controla una de las bases de datos más grandes del país.
El nexo argentino (los cipayos de siempre)
La empresa GI, obtuvo la licitación junto a ex funcionarios y ex asesores de Transporte. Se asociaron: Ingeniería en Relevamientos Viales SA (IRV) y Iatasa y González Fischer y Asociados (GFA).
Actualmente, la empresa inglesa está a cargo del ”liderazgo técnico” de la operación.
A pesar de su importancia estratégica en el proyecto, GI no tiene sede en el país: en Tucuman 1, 4° piso -dirección señalada en su página web-, funciona un estudio de abogados que atendió la cuenta de la firma británica apenas desembarcó en el país, pero -según expresaron- ya no mantiene ningún vínculo. Ese, todavía, es su domicilio legal en la Argentina.
Un presidente invisible: Stephen Chandler
Chandler es “jefe de proyecto” de la supervisión de la SUBE. Es decir, es el máximo responsable de las operaciones.
Realizó gestiones sospechosas antes de la licitación. El líder de la compañía estuvo con los funcionarios de la Secretaría de Transporte que meses después recomendaron contratar a GI.
También se reunió con el presidente de Nación Servicios SA, empresa del Banco Nación que opera la SUBE y que ahora, Chandler debe controlar.
En febrero de 2009, la presidente anunció la creación del boleto único, el que estaría vigente en 90 días.
Días después, Chandler tuvo sus primeras reuniones. Lo esperaban en Transporte. “La reunión duró una hora y se hablaron sólo temas técnicos. La SUBE estuvo incluida en la agenda”, aseguró una fuente diplomática al tanto de su agenda.
LA NACION intentó comunicarse con Transporte, pero evitaron responder sobre la visita de Chandler. En estricto off the record, una funcionaria que participó de la cita, confesó, con ironía: ”No recuerdo esa reunión en particular, pero es habitual ese tipo de lobby. No te olvides de que el lobby está permitido en Inglaterra”.
Después de esa visita a la secretaría, Chandler recibió una llamada que lo acercó al negocio. ”Desde IRV llamaron a laembajada británica. No dieron demasiadas explicaciones y pidieron su contacto”, agregó una fuente allegada a esa empresa. LA NACION reveló que al menos tres miembros de IRV mantenían relaciones personales o laborales con funcionarios de Transporte.
Al poco tiempo, Chandler fundó GI.
LA NACION intentó comunicarse con Chandler, pero el consultor inglés no respondió ninguno de los llamados que este medio realizó a las oficinas del consorcio y a sus contactos en Londres.
Según consta en su CV, este especialista de 58 años fue vicepresidente de Electronic Data System, entidad que participó en el desarrollo de la tarjeta Oyster card de Londres.
El único antecedente propio acreditado por la empresa británica en la licitación fue un proyecto en el área militar del gobierno de República Checa.
LA NACION reveló que el consultor británico cobra 40.000 dólares mensuales; casi dos millones de dólares por los cuatro años de contrato. Aunque su trabajo requiere ocupación full-time, Chandler alterna su estadía entre la Argentina y Gran Bretaña, su lugar de residencia. ”Todos los meses pasa un tiempo acá”, justificó un allegado del inglés.
Durante tres semanas, LA NACIÓN intentó contactarlo en las oficinas de la supervisión de la SUBE, su lugar de trabajo en Buenos Aires, pero aclararon que estaba en el exterior. “Chandler no tiene un lugar fijo de trabajo”, reconocieron desde el consorcio. “Pasará unos días en Londres”, informaron en su domicilio particular, en el interior de Inglaterra.
LA NACIÓN se acercó en reiteradas ocasiones hasta el palacete estilo francés ubicado en Rivadavia 882, pero no encontró al “jefe de proyecto” ni a los otros dos empleados extranjeros también contratados en dólares por la Secretaría de Transporte.
La embajada británica interesada
En el año 2009, Chandler pidió a la embajada británica que le organizara una típica ronda de promoción de negocios: almorzó con funcionarios, cámaras empresarias y ejecutivos. La nutrida agenda incluyó una reunión con directivos de Nación Servicios SA (NSSA), empresa del Banco Nación que ya estaba a cargo de la operación de la SUBE.
También participó de ese encuentro Angel de Dios, presidente de Nación Servicios y hombre cercano a Julio de Vido. En esa reunión, Chandler le propuso a De Dios trabajar en la SUBE. “Estaban muy interesados por el conocimiento que Chandler tenía sobre el tema. Lo invitaron a participar en cualquiera de las licitaciones, pero todas las contrataciones dependían de la Secretaría de Transporte. Igualmente, siguieron en contacto”, agregó una fuente que participó de la cita.
Dos años después, el consorcio integrado por GI, Ingeniería en Relevamientos Viales SA (IRV), Iatasa y González Fischer y Asociados (GFA) es el encargado de supervisar a NSSA en el funcionamiento del boleto electrónico.
Dos empleados
Marcela Ashley y Steve Beer, sus asistentes para controlar la SUBE, fueron empleados en las mismas condiciones. Como “program assurance”, Beer percibió un salario mensual de 40.000 dólares durante un año. El total de su contrato: 414.120 dólares. Bajo el rótulo de “stakeholders management”, Ashley cobró 24.000 dólares mensuales. Su contrato final, por doce meses, asciende a 247.860 dólares.
“Global [Infraestructure] es Chandler. Acá [en Argentina] son dos empleados: una recepcionista y un técnico. Beer y Ashley trabajan desde Londres. Como es un trabajo técnico, directamente ni vienen para acá”, dijo una fuente que firmó documentos importantes de la licitación.
LA NACION intentó contactarse con Beer y con Ashley para consultarles sobre las tareas específicas que desarrollan para controlar la SUBE, pero no pudo ubicarlos ni en las oficinas del consorcio ni en los teléfonos de contacto en el extranjero. La Secretaría de Transporte tampoco respondió las consultas por GI y sus empleados.
La supervisión del boleto electrónico incluye un contrato en pesos y otro en moneda extranjera. El contrato en dólares es de casi 4,5 millones de dólares. Además de los millonarios sueldos, el Estado contempla “vuelos internacionales” y “viáticos”. Se estipularon 72 viajes por un total de casi 500.000 dólares.
La opción más cara, por los dólares
Las dos ofertas más competitivas fueron calificadas con un “muy bueno”, pero se decidió pagar un 25% más por el mismo trabajo. Los millonarios sueldos de los ejecutivos fue la diferencia más importante entre ambas propuestas.
El consorcio compuesto por Global Infraestructure SA (GI), Ingeniería en Relevamientos Viales SA (IRV), Iatasa SA y González Fischer y Asociados SA (GFA) se quedó con la licitación. Su oferta fue de $47,9 millones (sin impuestos). Su máxima competidora, la Unión Transitoria de Empresas (UTE) compuesta por PWC SA y Barimont SA ofreció $ 38,1 (sin impuestos). Un diferencia del 25% por el mismo trabajo.
INFORME 2
Política — By Marta on Marzo 7, 2012 at 17:10
La Unidad de Información Financiera (UIF) excluyó a la tarjeta SUBE (Sistema Unico de Boleto Electrónico) de la obligación de comunicar las operaciones realizadas por los usuarios, como sí deben hacer el resto de las tarjetas prepagas.
La resolución 42 publicada hoy en el Boletín oficial responde positivamente al pedido del secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, a través de la Coordinadora de Planificación del Transporte del Area Metropolitana de Buenos Aires.
La Coordinadora había pedido a la UIF que se expida sobre la inclusión o exclusión de la tarjeta SUBE dentro de las obligaciones de informes que deben ejecutar las tarjetas prepagas, ya que esta es una “herramienta tecnológica de utilización masiva” diseñada “con el objetivo primordial de facilitar a los ciudadanos el acceso al sistema de transporte público de pasajeros urbano y suburbano”.
Además, subrayó que “la única forma de utilización que reconoce la tarjeta mencionada es la que se materializa cuando el titular de la misma la confronta con las denominadas `máquinas validadoras` que se encuentran a bordo de las unidades de transporte automotor o en las estaciones; circunstancia que -en principio- la inhabilitaría como instrumento idóneo de prácticas o actos que tengan por objetivo el Lavado de Activos”.
También recordó que las tarjetas son “nominadas e intransferibles” y que “la carga máxima son cien pesos”, por lo cual “es dable pensar que -justamente- el exiguo valor de recarga desalentaría por inoperante su utilización con fines ilícitos, por lo menos, en lo que respecta a este delito”.
También indica la resolución que por la “propia implementación del sistema”, Nación Servicios debe acreditar los fondos provenientes de la recaudación del SUBE en las cuentas de las operadoras y concesionarias del transporte público, que a su vez están comprendidas en la resolución 121 de la UIF del año pasado “dirigida a las entidades financieras”.
diariohoy.net
INFORME 3
El SUBE (Sistema Único de Boleto Electrónico), es un sistema de control urbano. Un chip, social a cada persona. No es anónimo como la Tarjeta Monedero, por el contrario, es un sistema electrónico de identificación que además controla los movimientos de las personas:
En poco tiempo, quienes quieran viajar en los medios públicos de transporte
deberán inexorablemente comprar su tarjeta SUBE. Para ello deberán concurrirán munidos de su DNI a cualquiera de las sucursales o lugares de distribución
donde llenarán un formulario en el que volcaran los siguientes datos de filiación:
Apellido, Nombres, Tipo y Número de DNI, Teléfono, Domicilio con Calle y Número,
Partido y Código Postal, y para entrar a la modernidad, también una dirección de
correo electrónico si la tiene.
El SUBE otorgará graciosamente solo una tarjeta por titular. Un chip de control ciudadano, ni más ni menos. Para mayor intranquilidad de los habitantes el SUBE integra la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, que a través del Ministerio de Justicia depende del Poder Ejecutivo Nacional. “O sea , se esta en el Horno”.
Con esta profusa base de datos, se podrá saber que hace cada persona, donde viaja , con que frecuencia y con el tiempo será la única manera de moverse. Caso contrario “deberá pagar mas dinero por el pasaje”.
Así la gente pobre se abarrota sobre los centros de distribución sin darse cuenta que son masa para controlar por el Gran Hermano K.
No es novedad que el uso de cualquier tarjeta de crédito o debito, saben donde esta “esa persona en ese momento”. Pero la mayoría de las personas no las tiene. En cambio de esta forma, podrán controlar hasta los menores de edad o personas que no tiene acceso aún a una cuenta bancaria o tarjeta.
Sin llegar al extremo de la paranoia hay que saber que el Gran Hermano K, usara con diferentes fines las informaciones, desde lo político a la seguridad…
La tarjeta SUBE contiene en su interior un chip que permite registrar una inmensa cantidad de datos, casi de la capacidad de un pequeño Pen Drive de 1 gigabyte. Pero eso no es lo importante, sino los registros que quedan en la maquina, o que transmite la maquina. Que después se procesa no sólo para que las empresas no evadan impuestos, sino para registrar a cada persona cual es su trayecto y medio de vida. En un entrecruzamiento se puede saber que hace todo el grupo familiar y de amigos.
Es decir las implicancias de la explotación de la información es muy grande.
El gobierno publicita la tarjeta SUBE diciendo que sus poseedores podrán viajar sin efectivo, irán por ello más seguros, y si son asaltados y no los matan, cuando el ladrón los deja y si no los han herido, debe denunciar el robo y el sistema en poco tiempo anula la tarjeta y le provee otra al damnificado. – Pero para ello puede usar la Monedero que anónima. El tema es que el gobierno no quiere eso, por eso e pasaje con Monedero será mas Caro desalentando su uso…
Ahora si el ladrón roba la tarjeta, y no se denuncia, se moverá con la tarjeta libremente con la identidad suplantada. Qe podrá ser encontrado fácilmente si se denunciado se anula.
Esta tarjeta SUBE está diseñada para hacer llegar a más de seis millones de ciudadanos de condición humilde un subsidio directo y personalizado que les permitirá viajar en forma muy económica. Seguramente recibirán la misma los militantes kirchneristas y aquellos a los que por razones clientelares el gobierno quiera seguir cooptando con regalos. Total, quien va a controlar como se distribuyen y con que criterios se asignan estos subsidios.
La contrapartida de esta nueva perla clientelística, es que TODOS los usuarios de SUBE, dejarán en la gigantesca base de datos que rápidamente se formara, un montón de información privada y que quedará al franco alcance de los funcionarios del gobierno para lo que ellos estimen sea conveniente políticamente.
La traza indeleble de sus movimientos quedará claramente registrada cada vez que utilicen un medio público de transporte, con nombre y apellido, dirección y una total identificación personal.
Este verdadero atropello a las libertades individuales, solo puede ser entendido en un gobierno que ha mostrado su firme decisión de meterse en la vida de cada ciudadano para controlarlo y mantenerlo sometido en una red compleja de
subsidios clientelares a cambio de su voto cada dos años. Y a los que no subsidia, los somete por vía de impuestos de tasa creciente que están ahogando el desarrollo de los emprendedores, las pymes y todo pequeña empresa que quiera desarrollarse en esta Patria.
Para conocimiento de todos, la tarjeta SUBE puede ser leída por lectores de proximidad, de los cuales hay disponibles una gran cantidad de diferente potencias y capacidades.
Estos lectores pueden hacer una lectura positiva a 10 cmts, como pasa en los equipos de los colectivos trenes y subtes.
Pero hay equipos de alta performance que pueden leer estos chips a distancias de hasta 500 metros, dependiendo de la potencia y la tecnología que utilicen. Y esto no lo van a decir públicamente. Todo se resuelve a un sistema de potencia del sensor de la tarjeta
En una hipotético caso de Movilización K :
Por ejemplo, suponga usted que se convoca a un acto a los militantes K para apoyar con su presencia las medidas del gobierno en cierto lugar de Buenos Aires.
Pues bien, un grupo de vigilantes que disponga de equipos poderosos y portátiles, en un santiamén conocerán la identidad de los que concurrieron al acto, siempre y cuando hayan viajado con su tarjeta SUBE y la lleven encima. Solo se tratará de mandar menos micros y hacer que la gente viaje con el SUBE, que a todos los efectos será para esos militantes comprados, un viaje gratuito.
Y con esta información a mano, podrán abonarles los premios prometidos por su concurrencia, o aplicarles los castigos que les correspondan por su falta de lealtad política.
Y todo esto con la precisión de una base de datos procesada en tiempo real y con resultados altamente confiables.
Se imaginan cuanta plata se ahorrará los punteros con esta herramienta.
Cruzando las bases de datos se conocerá perfectamente adonde viajan aquellos que reciben los planes, y si van a lugares no autorizados, si van o no a los actos, si concurren a prestar tareas (los pocos que lo hacen), y si no cumplen con sus obligaciones “clientelísticas”, muy posiblemente dejen de percibir los premios. Si la gente viaja sola o con su familia, si lleva a los hijos, si no los lleva, en fin, su vida estará registrada al mejor estilo del Gran Hermano Orwelliano.
Ahora se imagina: “ A los Barrabravas podrán controlar en cada viajecito” o si cruzan la base de datos de militantes K con los subsidios y posicionamiento del SUBE?
Ah vos no fuiste, no estas registrado en el SUBE , no cobras.
Parece una locura de ciencia ficción, pero lo que decimos es perfectamente real y posible.
Será fácil cruzar los domicilios con los destinos frecuentes, y así armar planes de secuestro y robo. O de intercepción de personas que no SEAN AFINES A UN GOBIERNO.
Todo lo que se le pueda ocurrir a los delincuentes, será posible con esta gran base de datos.
Pero bueno, al menos los empresario de colectivos no van a evadir tantos impuestos!
Estamos en presencia del Gran Hermano o de un Echelon criollo, pero a la mayoría de la gente que la tiene esto no le importa “pues dicen” yo no tengo nada que ocultar”…
No se trata de ocultar, o de delito, se trata sobre la privacidad y las libertades del ciudadano. No de una simple paranoia de Internet.
NEGOCIOS SUCIOS:
Un detalle: No solo evitaran que las empresas de colectivo evadan impuestos, sino que el Estado se llevara un 7% por cada recarga de tarjeta sube. Un interesante negocio, considerando que la Argentina esta presionada internacionalmente por transferir Tecnología Nuclear a Irán, lo que lleva a que le cierren “ el grifo” de dinero en el exterior.
Se trata de G&D Latinoamericana, una empresa que tiene patrimonio neto negativo, pero que la Comisión Evaluadora la declaró elegible pese su “bajo índice de liquidez”. Estará a cargo de imprimir 5 millones de tarjetas para los pasajeros e instalar 5.500 lectoras. Licitaciones bajo sospechas, dejaron afuera a las empresas nacionales.
El Gobierno otorgó a una empresa insolvente dos de las cinco licitaciones del sistema único de boleto electrónico (SUBE), un negocio para el que se destinarán 84 millones de dólares y todo el proceso licitatorio está bajo la lupa. En tres de las cinco licitaciones se llegó a la apertura de la oferta económica con una sola empresa en condiciones de ser elegida.
Se trata de G&D Latinoamericana que, según el diario Perfil, cerró su balance al 31 del 12 del año pasado con un patrimonio neto negativo de 4,5 millones de pesos. Es decir, si hubiera ido al banco a pedir un préstamo no se lo hubieran dado por insolvente, pero para el Gobierno estaba en condiciones de poner en marcha la provisión de 5 millones de tarjetas para los pasajeros y 5.500 lectoras para la recarga de las mismas. Los dos negocios se los quedó la subsidiaria argentina de la firma alemana por una suma total de 12 millones de dólares.
La delicada situación de la firma había sido advertida por la Comisión Evaluadora de Nación Servicios, sin embargo por alguna extraña razón la pasaron por alto. Dijo sobre la empresa la Comisión Evaluadora en un dictamen:
- “A fecha de cierre presenta una ajustada posición de corto plazo con bajos índices de liquidez”.
- “Se observa un importante crecimiento del pasivo de corto plazo, dado fundamentalmente en la mayor financiación con proveedores”.
- “Se observa un considerable aumento de la deuda comercial exigible totalmente en el corto plazo, y un escaso patrimonial en activos fijos…”
- La Comisión Evaluadora hizo además 12 observaciones por falta de documentación a la empresa, que tuvo que subsanar a posteriori la gente de G&D.
¿Cómo subsanaron el problema económico? Entregaron una carta firmada por las autoridades de la casa matriz en Alemania con la promesa de sostener el proyecto y de no exigirle la deuda (la mayor parte es con la casa matriz) hasta que no pueda pagarla. La empresa le dijo a PERFIL que se presentó a la licitación en “solidaridad” con la casa matriz, que tiene ganancias extraordinarias (ver recuadro).
Otro dato llamativo es que la licitación para la provisión de las tarjetas fue adjudicada a G&D el 19 de junio. El 25 de junio, tres días antes de las elecciones, se entregaron las primeras 50 mil tarjetas, es decir que tuvieron 6 días para fabricarlas, grabar el chip en cada una de ellas y pintarlas. Una fuente del sector le contó a PERFIL que las primeras tarjetas serían en realidad de Transtex, una de las empresas que compitió por el negocio con G&D.
Además, en las licitaciones 4 y 5 los requisitos eran tan exigentes que quedaron afuera todas las empresas nacionales, pese a que el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) había certificado que estaban en condiciones de participar.
Las licitaciones 4 y 5 contemplaron la colocación de 10 mil máquinas validadoras arriba de los colectivos y la instalación del sistema de Backoffice (el sistema electrónico que almacenará los datos). Se pusieron como requisitos para el acceso a estas licitaciones contar con un patrimonio neto superior a los 10 millones de dólares, más de 6 mil transacciones diarias con el sistema que se está licitando, y más de 10 mil validadores en una misma ciudad.
La licitación 4, con un presupuesto de 55 millones de dólares, fue adjudicada a la UTE Metronec (Roggio)/Siemmens/Indra. La única que cumple con los requisitos es Siemmens, que en realidad en forma indirecta es subcontratista en el funcionamiento del sistema en Santiago de Chile.
De acuerdo a la opinión de Alberto Bianchi, especialista en derecho administrativo y constitucional, puede ocurrir en una licitación que el pliego imponga condiciones muy exigentes, por ejemplo contar con un alto patrimonio neto, lo que excluye de la licitación a potenciales oferentes. La pregunta que hay que hacerse es si son necesarias tales exigencias.
Claudio Kramer, de la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas (CADIEL), explicó que las argentinas quedaron afuera por estas exigencias. Ninguna de ellas puede cumplir con más de 6 millones de transacciones diarias o con 10 mil validadores en una ciudad.
A la licitación 5, para la instalación del centro de cómputos, se presentaron otra vez Metronec/Siemmens y, por separado, Indra, socia de las otras dos en la anterior. También se presentó un consorcio integrado por Tallion/EB Corp/HID. Este consorcio fue declarado no elegible porque EB Corp tenía el certificado de inscripción en Argentina en trámite. Según el matutino, se comunicó con el Banco Nación, pero eligió no responder las inquietudes sobre las licitaciones.
Como si todo esto fuera poco, en la Justicia Federal recayó un recurso de amparo la semana pasada, que pide que se anule una de las adjudicaciones por considerar que hubo “irregularidades y arbitrariedad manifiesta” por parte de Nación Servicios, el organismo que convocó a la licitación.
La causa está en el Juzgado Federal Nº 10 a cargo de Liliana Heyland.
Por Héctor Alderete.
INFORME 4
Destacado, Política — By Marta on Julio 13, 2012 at 10:19
Randazzo ordenó suspender a partir de hoy la ejecución del contrato y de los pagos a la Unión Transitoria de Empresas que llevaba adelante la supervisión de la tarjeta.
El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, instruyó al secretario de Transporte, Alejandro Ramos, para que suspenda a partir de este jueves la ejecución del contrato y de los pagos a la Unión Transitoria de Empresas que llevaba adelante la supervisión de la tarjeta Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE).
Además, Randazzo dio intervención a la Sindicatura General de la Nación, según informó el Ministerio en un comunicado, para que en el marco de sus competencias analice esa contratación, sus alcances y “las medidas que correspondan tomar al respecto”.
El funcionario también “solicitará la colaboración de la Auditoria General de la Nación para que este organismo de control trabaje en el mismo sentido que la SIGEN”, añadió en el comunicado.
El pasado miércoles, la Secretaría de Transporte anunció un aumento en el valor de la tarjeta SUBE aumenta de 10 a 15 pesos, además de informar que el plástico continuará siendo gratuito para los menores de tres años y para los que tengan el Certificado de Eximición de Pago otorgado por la Secretaría de Justicia.
minutouno.com
Felipe 
El sistema se incorporará en los edificios que se construyan y servirá para limpiar veredas, garages y patios o regar jardines.
Chiara 
admin 
