Economistas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) manifestaron su preocupación por la creciente extranjerización de tierras en países con alto potencial de producción agrícola. La Argentina sancionó el año pasado una ley para limitar la participación de extranjeros en la propiedad de tierras.
Inc luso advirtieron que las restricciones impuestas a inversores extranjeros para la adquisición de tierras rurales en países como la Argentina, podrían ser “insuficientes” si los compradores utilizan a intermediarios nacionales en esas transferencias.
En ese caso las medidas, adoptadas también por Brasil y Ucrania, entre otras naciones, agravarían “los desafíos de la gestión de gobierno”, al limitar la competencia, alerta un análisis publicado en la publicación “Finanzas & Desarrollo”, del FMI.
El trabajo fue realizado por Rabah Arezki, economista en el Instituto del Fondo; Klaus Deininger y Harris Selod, economista jefe y economista principal, respectivamente, del Grupo de Investigación del Desarrollo del BM.
Según los analistas, ”el fuerte aumento de los precios mundiales de los alimentos en 2007-08 provocó una avalancha de adquisiciones transfronterizas de tierras por fondos soberanos de inversión, fondos de capital privado, productores agrícolas y otros representantes clave de la industria agroalimentaria”.
Frente a aproximadamente 1.500 millones de hectáreas de tierras ya cultivadas, se estima que existen en el mundo 445 millones no cultivadas y disponibles para la agricultura, de las cuales cerca de 201 millones se encuentran en Africa; 123 millones en América Latina y 52 millones en Europa Oriental, puntualiza el estudio.
Arezki, Deininger y Selod mencionan entre los factores que impulsan el «drástico aumento» de la demanda de inversores externos, la desconfianza en los mercados internacionales de alimentos y los componentes especulativos.
Entre 1961 y 2007, añaden, se abrió a la producción agrícola un promedio anual de 4,1 millones hectáreas de tierras, de las cuales 1,8 millón están en Africa.
Pero sólo en 2009 los tratos cerrados o en proceso de negociación comprendieron por lo menos 56,6 millones de hectáreas, la mayor parte en el mismo continente: 39,7 millones, esto es, “más que las superficies cultivadas combinadas de Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, los Países Bajos y Suiza”.
En defensa de la adquisición de tierras a gran escala, los expertos del FMI y el BM dicen que esas transferencias les brindan a los países en desarrollo “la oportunidad de superar la falta de inversiones en el sector agrícola durante décadas, crear empleo y fomentar la transferencia de tecnología”.
No obstante, el estudio recoge opiniones de otros analistas, que denuncian estas inversiones transnacionales porque constituyen “acaparamientos de tierras”, que “no tienen en cuenta los derechos locales, obtienen beneficios a corto plazo a expensas de la sostenibilidad medioambiental a largo plazo, hacen caso omiso de las normas sociales y fomentan la corrupción a gran escala”.
Entre las razones que sustentan “la fiebre por comprar”, por parte de los inversores foráneos, los expertos mencionan el potencial productivo de las tierras agrícolas.
En el caso de la Argentina la producción probable se calcula entre 1.600 y 2.729 dólares anuales por hectárea en las zonas centrales, que ocupan casi la mitad del área cultivada en el país.
En la otra mitad de la superficie agrícola nacional, el análisis estima la productividad en valores inferiores, pero en ningún caso menos de 680 dólares por hectárea (siempre sin considerar los costos de transporte).
El estudio advierte que “los marcos regulatorios y de política serán esenciales para la realización de este potencial”.
Aún así, considera más adecuado “mejorar la gestión de gobierno, reconocer derechos locales y educar a la población local respecto del valor de la tierra, sus derechos legales y cómo ejercerlos”.
“Las condiciones de las transferencias de tierras deben ser bien conocidas y comprendidas, y deben ajustarse a las salvaguardias sociales y medioambientales básicas», añaden el análisis.
Por último, «dada la magnitud del fenómeno y los peligros que plantea», los expertos del FMI y el Banco Mundial recomiendan documentar las inversiones transnacionales, en coordinación con las autoridades nacionales, tarea que sugieren encomendar a «una institución multilateral adecuada».
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