Desde 2010 fueron condenadas 63 personas acusadas de vender estupefacientes en el asentamiento del Bajo Flores; sin embargo, la organización ilegal sigue sin poder ser desbaratada por completo
Nada de lo que sucede es casual. Son las 11.50 de una mañana gris y húmeda. El hombre, apoyado en el capot de un auto estacionado sobre la avenida Riestra, en la puerta de una remisería, mira con desconfianza a las seis personas que entran a paso lento en un pasillo de la villa 1-11-14. Sabe lo que tiene que hacer.Intuye que pueden ser policías de civil, saca un celular y envía la señal de alerta para que se levanten los puestos de venta de marihuana, cocaína y paco. En segundos, los únicos rastros de los vendedores de droga que quedan son los cajones de madera donde estaban sentados y los vasos térmicos con café o mate cocido a medio terminar.
Así se mueven las bandas narco en la villa del Bajo Flores, una zona caliente del narcotráfico en medio de la Capital: con grupos de vigilancia y seguridad para proteger de bandos contrarios y de policías a los vendedores de droga y sus depósitos de almacenamiento.
Dos grandes grupos, uno comandado por peruanos y el otro, por paraguayos, se dividen sectores y el millonario negocio de las drogas en esta geografía de estrechos pasillos, donde las disputas suelen sembrar la violencia y la muerte.
A las 12.15, los pasillos y avenidas de la 1-1-14 se llenan de chicos y adolescentes vestidos con guardapolvos blancos que vienen y van a las escuelas de la zona. En cambio, perdidos y desorientados caminan los consumidores, que llegaron para comprar dosis de cocaína y no encuentran a sus vendedores habituales. No hay rastros de ellos en los sectores de distribución conocidos como «Córner de Lalo», «Puesto San Juan» y «Puesto Varela» y «Puestos San Jorge». Todos desaparecieron. Están escondidos. No volverán hasta que los seis extraños se vayan de la villa.
Como se dijo, calificadas fuentes de la Policía Federal y de los tribunales de Comodoro Py afirmaron a LA NACION que el negocio de la droga en la villa 1-11-14 está dividido en dos sectores que comandan otros tantos grandes grupos: uno liderado por peruanos y otro, por residentes de nacionalidad paraguaya.
Dos grandes grupos, uno comandado por peruanos y el otro, por paraguayos, se dividen sectores y el millonario negocio de las drogas en esta geografía de estrechos pasillos, donde las disputas suelen sembrar la violencia y la muerte.
Sólo de la banda comandada por ciudadanos peruanos el juez federal Sergio Torres identificó desde 2010 a más de 100 sospechosos vinculados al narcotráfico. Hubo 63 personas condenadas. Pero el negocio de la venta de droga parece no tener freno en la 1-11-14. Una de las poderosas bandas del Bajo Flores, en su momento, llegó a facturar 350.000 pesos semanales, según se estima. Tampoco parecen detenerse los crímenes derivados del narcotráfico.
El 12 de abril pasado, sicarios volvieron a actuar en las calles del asentimiento. Una lluvia de balas terminó con la vida de los hermanos Leticia, Hugo y Agustín Lezcano González, de 19, 30 y 24 años, respectivamente, y de Gómez Ruiz Díaz, de 21, todos paraguayos.
La única que vivía en la 1-11-14 era Leticia, que tenía una beba de siete meses. Los demás se habían mudado a General Rodríguez, en el oeste del conurbano. Ese domingo fueron sorprendidos por sus asesinos cuando se bajaron del Mercedes-Benz A190 que habían dejado estacionado a 150 metros de la avenida Perito Moreno. Se secuestraron 24 vainas servidas de calibres 40 y 9 milímetros.
La investigación del cuádruple homicidio, a cargo de los fiscales Marcelo Munilla Lacasa y Adrián Giménez, tuvo un avance importante en las últimas semanas. Los detectives judiciales descartaron que el múltiple crimen tuviera relación con Gustavo Lezcano González, el hermano de tres de las víctimas, que tiene 21 años y está preso en el penal de Marcos Paz a la espera de juicio oral y público, acusado de integrar una banda que comercializaba estupefacientes desde la villa.
«Lezcano González declaró como testigo y explicó que, para él, la masacre se originó en los problemas de convivencia que tenía su familia en la villa», dijo a LA NACION una calificada fuente judicial. No aportó otros datos de importancia. Sólo agregó una vez más que es inocente del delito del que lo acusan.
«Quizá tenga razón y el cuádruple homicidio no esté vinculado a la banda que él presuntamente integraba y por la que está preso», opinó un detective judicial.
Los fiscales Munilla Lacasa y Giménez investigan otro múltiple crimen ocurrido a metros de donde acribillaron a los hermanos Lezcano González y a Ruiz Díaz. Fue en octubre de 2013, en un garaje que aún hoy funciona como bar y pool. Allí, sicarios acribillaron a Rodolfo Martínez Jara, de 52 años; a Hugo Herrera, de 43; a Amado Benítez Fernández, de 47; a José López, de 21, y a Miño Altagracia Ferreira, de 50.
Martínez Jara había sido detenido un año antes en una serie de procedimientos hechos por la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal en los que se habían secuestrado 100 kilos de marihuana. Finalmente, fue liberado por la Justicia poco después.
Un año y ocho meses más tarde, los investigadores judiciales están convencidos de que el quíntuple crimen fue una venganza relacionada con otro cargamento de 100 kilos de marihuana secuestrado por fuerzas de seguridad en Entre Ríos.
«Nada de lo que ocurre en la villa 1-11-14 es casual. Varios días antes del quíntuple homicidio del bar-pool hubo un asesinato que, en apariencia, no tenía nada que ver con el narcotráfico y que ahora tenemos la certeza de que tuvo relación con aquel cargamento de droga secuestrado en Entre Ríos y con los crímenes sucedidos en el garaje que funciona como bar», afirmó a LA NACION una calificada fuente judicial.
El mismo informante, tiempo atrás, había dicho: «En la villa 1-11-14 manda el que tiene el arma con el calibre más grande». No se equivoca. Por ejemplo, en diferentes allanamientos, la justicia federal secuestró varias pistolas y revólveres de diferente calibre, escopetas, ametralladoras, chalecos antibalas, fusiles automáticos livianos (FAL), carabinas automáticas, silenciadores y miras telescópicas.
FACTOR COMÚN
Como se dijo, desde 2010, el juzgado federal de Torres y la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal y la Gendarmería Nacionalidentificaron a más de 100 sospechosos, y 63 imputados terminaron condenados. Todos integrantes de la poderosa organización que en su momento, según la Justicia, era liderada por el ciudadano peruano Marco Estrada González, más conocido como «Marcos», que en un juicio abreviado admitió su culpabilidad y recibió una pena de prisión de seis años. Ya está libre y vive en un barrio cerrado de Ezeiza.
«En un principio fue muy difícil investigar a «Marcos».» Había sabido ganarse la protección y el respeto de la gente honesta de la villa 1-11-14. Se encargaba de pagar los medicamentos de los enfermos o entregaba dinero para que los padres pudieran festejar los cumpleaños de sus hijos. Pero después de varios crímenes y ajustes de cuentas todo pareció cambiar», afirmó a LA NACION un detective que lleva una década investigando el narcotráfico en la 1-11-14.
En el expediente judicial que se tramita en el Juzgado Federal N° 12, a cargo de Torres, hubo y hay varios integrantes de la familia de «Marcos» investigados e imputados en el negocio de las drogas y las armas. Su hermano, Fernando Estrada González, alias «Pitti», todavía tiene bajo sus espaldas un pedido de captura nacional e internacional. Se sospecha que logró escapar a Perú.
«Creemos que, desde la clandestinidad, «Pitti» aún maneja parte del negocio del narcotráfico en la 1-11-14. No descartamos que, pese a tener un pedido de captura internacional, haya logrado eludir los controles y en algún momento hubiese regresado al Bajo Flores», afirmó a LA NACION una calificada fuente de la Federal.
«Marcos» sostuvo que hace ocho años no pisa la villa del Bajo Flores. También afirmó, en una carta al diario Perfil, que él y su familia son víctimas de una «demonización» y que sólo se dedica a la venta de bebidas.
La semana pasada fue procesado un sobrino de «Marcos», identificado como Jairo Paucar Estrada, conocido también como «Cholo Jairo», de 36 años. El juez federal Torres y su secretaria, Verónica Bresciani, lo sindicaron como el encargado de dar las órdenes, controlar ciertos movimientos, recaudar dinero de la venta de la droga e informar las novedades a los jefes de la organización narcocriminal.
Otro sobrino de «Marcos», Jhon Paul Revilla Estrada, alias «Burro», de 38 años, fue condenado en 2014.
Cuando procesó al «Burro» Revilla Estrada, el juez Torres sostuvo que si bien el sobrino de «Marcos» habría estado fuera del país una buena parte del período en el que se verificaron episodios concretos de tráfico de drogas y acopio de armas en la villa 1-11-14, «los propios mensajes de texto surgidos de su teléfono celular demostrarían cómo, a pesar de no encontrarse físicamente en el referido predio poblacional, el causante se mantendría informado de los sucesos acaecidos en la villa, tomando decisiones sobre las maniobras ilícitas allí ocurridas».
Al igual que a su primo «Cholo Jairo», a Revilla Estrada el magistrado le adjudicó un rol de «contralor» del movimiento frecuente de las actividades desplegadas en la villa 1-11-14 y de recaudador de una parte del dinero de la venta de estupefacientes.
A las 12.30, los pocos rayos de sol amenazan con terminar con el mediodía gris. En el puesto conocido como «Córner de Lalo», situado en el pasillo que divide las manzanas 21, 22 y 23, y asentado sobre la 23, con vista hacia una de las entradas principales del asentamiento, en la calle Riestra, hay un cajón de madera donde hasta hace pocos segundos estaba sentado un joven vestido con un buzo amarillo. Se levantó y corrió cuando le avisaron que había personas sospechosas.
«En los cuatro puntos de distribución de droga al menudeo [«Córner de Lalo», «Puesto San Juan» y «Puesto Varela» y «Puestos San Jorge»] se observó constantemente la presencia de una o dos personas que cumplían el rol de «vendedores» y también de otras personas más -cuyo número varía según el momento del día y el puesto de que se trate- que realizan funciones de vigilancia y seguridad general. Se trata de los denominados «satélites» -o «marcadores»- y «soldados». Realizan los primeros la observación permanente de la zona en la que se emplaza el puesto a fin de verificar quiénes circulan por el sector -dando inmediato aviso o alertando por distintos medios de la presencia policial- y los otros cuidan a los vendedores para que no sean objeto de sustracciones de mercadería o del dinero que tienen en su poder, evitando problemas entre quienes se acercan a adquirir la droga -siendo que en muchos casos los «soldados» se encuentran armados, exhibiendo las armas para intimidar a los presentes.» Así, según el juez federal Torres y su secretaria, Bresciani, funciona la banda narco integrada, en su mayoría, por ciudadanos peruanos.
Los funcionarios judiciales agregaron que en «los puestos de mayor comercialización, y en horas pico, los compradores terminan formando filas para adquirir droga a uno o más vendedores -que se reúnen a esos fines-, encargándose los «soldados» de la organización y control de las hileras y los «satélites» -o «marcadores»-, de vigilar la zona evitando incidentes o ser descubiertos por las fuerzas de seguridad encargadas de la prevención».
Las afirmaciones del juez federal Torres y de su secretaria fueron escritas en el auto de procesamiento del último integrante de la organización procesado, «Cholo Jairo», después de su extradición desde Perú.
CURIOSA REINCIDENCIA
La semana pasada, en el juzgado federal de Torres se indagó a otro presunto miembro de la organización: Jhon Henry Sosa Farfán, alias «Chayane». Era un viejo conocido para los investigadores del narcotráfico porque ya había sido procesado y condenado. Es más: no debería haber estado en la Argentina cuando fue detenido nuevamente, porque había sido expulsado del país.
«Pero fue nuevamente detenido en la villa 1-11-14 en las proximidades del sector de venta conocido como «Puesto San Juan». Tenía un documento con una identidad que no era la suya y droga en su poder», afirmó una calificada fuente judicial.
En su momento, la causa judicial tuvo un avance importante con el aporte de un testigo de identidad reservada y con la declaración de un integrante de la organización que se acogió a la figura del arrepentido, prevista en el artículo 29 ter de la ley de estupefacientes. Fue ese arrepentido quien dio detalles de las jerarquías y las funciones de los integrantes de la banda narco. Por ejemplo, según consta en el expediente judicial, sobre Paucar Estrada sostuvo en su momento este testigo: «Él es familiar de «Marcos», el jefe. Cuando viene está custodiado por varios».
«Si bien la organización sufrió la detención y la condena de numerosos integrantes, todavía continúa vigente su poder en la villa 1-11-14», explicó una calificada fuente judicial.
En abril de 2013, no sólo «Marcos» aceptó su culpabilidad en un juicio abreviado. También lo hicieron su mujer, Silvana Zalazar, y otros 29 sospechosos investigados por el juez federal Torres y su entonces secretario, Diego Iglesias, que actualmente es fiscal federal.
«Si bien la organización sufrió la detención y la condena de numerosos integrantes, todavía continúa vigente su poder en la villa 1-11-14», explicó una calificada fuente judicial.
En marzo pasado, el legislador porteño y presidente de la Fundación La Alameda, Gustavo Vera, denunció que en la villa 1-11-14 hay 300 «soldados» desplegados como brazo armado del poder narco. En esa presentación también habló de la existencia de diez laboratorios capaces procesar cada uno diez kilos de cocaína por día.
En abril de 2013, no sólo «Marcos» aceptó su culpabilidad en un juicio abreviado. También lo hicieron su mujer, Silvana Zalazar, y otros 29 sospechosos investigados por el juez federal Torres y su entonces secretario, Diego Iglesias, que actualmente es fiscal federal.
Pero calificadas fuentes de los tribunales de Comodoro Py -donde se tramitan varias causas sobre la comercialización de drogas en la 1-11-14- y de la Policía Federal descartaron la existencia de cocinas o laboratorios para procesar cocaína en la villa del Bajo Flores.
«En ninguno de los numerosos procedimientos donde se secuestraron drogas y armas se decomisaron precursores químicos para procesar cocaína. Si hubiera laboratorios se tendrían que encontrar precursores químicos», coincidieron las fuentes.
Son las 14.30. Los seis extraños (entre ellos, este cronista) se van de la villa. Detrás de ellos camina sin disimulo un «marcador». Su misión es verificar que se suban a los autos y así poder avisar los vendedores que vuelvan a hacer su trabajo. El día sigue gris…
Fuente: La Nación
Chiara 
Felipe