La interminable saga de la deuda argentina

El 26 de octubre pasado la Cámara de Apelaciones del segundo circuito de la ciudad de Nueva York avaló la sentencia del juez Thomas Griesa en la que señalaba que, al no pagar a los tenedores de deuda soberana que no participaron en los canjes de 2005 y 2010 (los holdouts), la Argentina violaba la cláusula de pari passu incluida en los bonos originales defaulteados. En la misma sentencia, Griesa ordenaba al país abonar a los holdouts una suma proporcional a la que se pague a los tenedores de los tres bonos emitidos en el canje.

Los pagos argentinos se realizan en la cuenta en Buenos Aires del Bank of New York (BONY) que, como fiduciario (trustee) de los bonistas, transfiere luego el pago a las cuentas individuales de los bonistas, por lo que apropiarse de parte de estos pagos en suelo estadounidense podría violar la independencia del BONY como intermediario y los derechos de los bonistas como beneficiarios del pago.
Suponiendo que el juez Griesa encuentre una solución legalmente satisfactoria a este problema y en caso de que la Argentina no aporte argumentos suficientes para convencerlo de los méritos de una revisión, queda la apelación ante la Corte Suprema de los EE.UU. En principio, esto podría extender la suspensión de la orden hasta octubre de 2013, aunque la inesperada celeridad insinuada por Griesa el viernes pasado amenaza con acelerar mucho los tiempos.

Es improbable pero no imposible que la Corte tome la apelación argentina: si bien en principio se centra en los mecanismos de pago a ser estipulados por Griesa (un tema del estado de Nueva York) también involucraría a asuntos federales si la orden de Griesa obligara a Argentina a pagar los bonos defaulteados.

En todo caso, si la Corte decide abstenerse, el dilema del Gobierno es simple: obedecer o no. Aquí el árbol de posibilidades se complejiza. Empecemos por la opción más natural: obedecer. Griesa debería definir qué se entiende por pari passu, algo que prometió hacer antes del 2 de diciembre. En su fallo original, el juez sugirió un pago proporcional: si los bonos del canje son aproximadamente u$s 35.000 millones y el reclamo de los holdouts es de u$s 1.300 millones, el Gobierno debería pagarle menos de 1,3/35 centavos por cada dólar que pague a los bonistas.

Interés
Esto no parece mucho en el corto plazo, cuando los bonos del canje pagan sólo un pequeño interés (el Global 17 amortiza recién en 5 años; el resto a partir de 2026). Pero puede ser el doble si se suman otros holdouts que aún no litigaron (o si es cierto el rumor de que los litigantes andan comprando bonos en default para sumarlos al reclamo). Y la cifra puede elevarse aún más si el juez incluye en la pro rata los pagos del cupón del PBI.

Por otro lado, no se puede descartar que Griesa suscriba la interpretación cualitativa (es decir, no económica) del pari passu propuesta por los holdouts: si se le paga todo lo establecido en el canje a los que canjearon, se debe hacer lo mismo con los que no canjearon, y dado que los vencimientos de los bonos de éstos últimos fueron acelerados por el default, se debería pagar todo de una vez. Además, el pari passu, en cualquiera de sus versiones, podría activar la cláusula de Rights Upon Future Offers (RUFO) que otorgaba a los bonistas el derecho de beneficiarse con mejoras a lo ofrecido en el canje.

Por su parte, la opción de no obedecer la orden probablemente implique el redireccionamiento de los pagos a otra plaza financiera no sujeta a la ley de Nueva York, lo que en términos legales podría precipitar una calificación de default selectivo (de los bonos del canje pero no del resto) –como fue el caso de la fase I del canje de De la Rúa en noviembre de 2001– gatillando los seguros de default (CDS) y eliminando los bonos del canje de los índices de bonos como el EMBI. Esto reduciría drásticamente la liquidez y elevaría la prima de estos bonos, con un probable contagio, al menos en el corto plazo, al resto de la deuda argentina.
Hasta aquí, la enumeración de los caminos legales.

¿Qué dice la economía al respecto? En principio, que la victoria de los holdouts es una derrota para los mercados financieros. Los holdouts –en rigor, bufetes de abogados que compran bonos a precio de remate a bonistas desahuciados, especulando con que, luego de que todos entren al canje, el gobierno ceda al acoso legal y pague a escondidas la pequeña deuda pendiente– son la consecuencia de la falta de una ley de quiebras internacional que regule las restructuraciones soberanas.

En una convocatoria de acreedores el juez impone a todos una restructuración que contemple la capacidad de pago del deudor (la preservación del valor de la firma por sobre el desguace) y la equidad de los acreedores (que maximicen el cobro sujeto a la capacidad de pago). En este caso, se evitan tanto los canjes extorsivos como los holdouts.

En ausencia de un mecanismo de reestructuración internacional, a partir de 2002 los emisores soberanos adoptaron “cláusulas de acción colectiva” (CAC) que permiten modificar legalmente el contrato con el apoyo de un número suficiente de acreedores, eliminando la posibilidad de litigios. De hecho, la Cámara de Apelación argumentó que la orden de Griesa no implicaba un riesgo para otros bonos en Nueva York precisamente por la proliferación de estas CACs.

Esto último no es estrictamente cierto por tres motivos: hay mucha deuda soberana emitida sin CACs, las CACs por bono (sin agregación) pueden ser fácilmente bloqueadas por holdouts que compren un porcentaje alto de emisiones chicas, y la posibilidad de cobrar todo en las cortes reduciría el incentivo para coordinar una reestructuración vía CACs: todos querrían ser holdouts. Todo lo cual abona la hipótesis de que el fallo socava las ventajas de Nueva York como plaza de emisión de deuda.

Del lado de la equidad, la conveniencia del pago a los holdouts tampoco es clara: gracias a sus mayores espaldas legales y financieras, terminarían ganando quienes compraron barato a expensas de los bonistas originales que aceptaron el recorte para facilitar el cobro. Además, a diferencia de los inversores de bonos de empresas en quiebra que apuestan a la recuperación, el holdout juega aquí de manera no cooperativa: cuanto menos cobre el resto, más fondos e incentivos tiene el Gobierno para acabar con el dolor de cabeza.

Dicho esto, no es imposible concebir un final feliz. Si Griesa se decidiera por una interpretación más literal del pari passu como “igualdad de condiciones”, los holdouts podrían ser invitados, otra vez, a participar del canje ya ofrecido al resto de los bonistas, limitando así sus ganancias especulativas y sus incentivos a litigar en el futuro. Siempre puede reabrirse nuevamente el canje como en 2010. Alternativamente, tanto La Ley Cerrojo como los RUFOs se extinguen en diciembre de 2014, diez años después de la emisión de los bonos del canje.

Bastaría entonces con que el Gobierno y la oposición entendieran que una negociación con la justicia de Nueva York que se limitara a ofrecerle a los holdouts lo mismo ya ofrecido a los bonistas italianos sería una derrota legal para los buitres y una victoria legal para el país, cerrando de una vez y para siempre la interminable saga de la deuda argentina.

Por Eduardo Levy Yeyati. Economista
cronista.com

Juez Griesa vuelve a exigirle a Argentina el pago de la deuda a «fondos buitre»

El pedido lo realizó tras reunirse con representantes. Le exigió al país que respete su fallo, que exhorta a pagarle a los tenedores de bonos que no aceptaron los canjes de 2005 y 2010.
El juez federal estadounidense, Thomas Griesa volvió a exigirle a la Argentina el pago a los tenedores de deuda argentina que decidieron no participar de la reestructuración realizada en 2005 y en 2010.

«La Argentina tiene el deber de cumplir con las resoluciones judiciales en los Estados Unidos en el caso de los bonos», dijo hoy (viernes 9) Griesa en una audiencia de la que participaron tanto abogados de la Argentina como representantes legales de los acreedores.

De esta manera, el juez federal insistió en la decisión del tribunal de apelaciones de Estados Unidos que había rechazado un recurso de la Argentina contra un fallo anterior del mismo Griesa que exigía el pago de los bonos en manos del «fondo buitre» NML Capital Ltd.

«Si, y lo enfatizo, hay algún pensamiento de parte de la república de desafiar y evadir el actual fallo, entonces ese pensamiento debe ser seriamente reconsiderado y dejado de lado», recomendó el letrado.

El juez federal Griesa había ordenado el pasado 23 de febrero a la Argentina «cumplir sus obligaciones con NML» antes o al mismo tiempo de efectuar pagos de sus canjes de bonos de 2005 y 2010, cuando reestructuró su deuda en default logrando considerables quitas.

Pero la Argentina había apelado este fallo, asegurando que en caso de prosperar las demandas del «fondo buitre», el país se hundiría en una nueva crisis económica.

Finalmente, tres jueces del tribunal de segunda instancia ratificaron a finales de octubre el fallo de Griesa.

Los tenedores de deuda no reestructurada incluyen a Elliott Management Corp, una afiliada a NML Capital Ltd, y a Aurelius Capital Management, que poseen una deuda impaga por 1.400 millones de dólares.
gacetamercantil.com.ar

Griesa summons new hearing over Argentina, vulture funds

US Judge Thomas Griesa summoned a new hearing at New York Court over the case of vulture funds against Argentina.

The judge agreed with both parts a hearing for tomorrow at 11:15 am (local time) to define the following steps after the Appeals Court ruling issued on October 26.

The ruling recognized that Argentina discriminated against bondholders who refused to take part in massive debt re-structurings in 2005 and 2010 by deciding to pay them later than bondholders who agreed to participate.

Source: Buenos Aires Herald

Negociaciones fallidas con Irán y panorama económico oscuro para ir cerrando el año

La primera ronda de negociaciones entre Irán y Argentina concluyó hoy, según lo anunciado por la cancillería iraní sin brindar más detalles. El tema de debate giró en torno al atentado de la AMIA  del que el país asiático abría descartado cualquier responsabilidad al respecto. De esta forma, con abstractas promesas de «continuar con el diálogo», la comitiva argentina regresaría casi con las manos vacías.

En medio de un profundo hermetismo concluyeron las negociaciones que Argentina mantuvo con Irán entre el lunes y el martes. Y la falta de detalles y conclusiones, fácilmente, puede interpretarse como un rotundo fracaso de las aspiraciones  de nuestra país.  «El lunes y el martes expertos legales de Irán y Argentina mantuvieron las negociaciones sobre la AMIA, y acordaron continuar negociaciones en el futuro», fue el único resultado.

El objetivo principal de nuestro país era acordar un posible juicio a los acusados (de nacionalidad iraní) por la Justicia argentina de ser lo autores intelectuales del atentado a la AMIA,  ocurrido en 1994. Pero, lo único que se lleva la comitiva nacional parece ser un mero pacto de «continuar con el diálogo», instancia que tampoco quedó muy delimitada ya que el vocero de la cancillería iraní, Ramin Mehmanparast, sólo indicó que se trabajará en abrir «canales diplomáticos».

Sobre los imputados, la Justicia argentina había emitido en2006 una orden de captura internacional contra  Ahmad Vahidi, ministro iraní de Defensa al momento del atentado, el ex ministro iraní de Información Alí Fallahijan, el ex asesor gubernamental Mohsen Rezai, el exagregado de la embajada de Irán en Buenos Aires Moshen Rabbani, el ex funcionario diplomático Ahmad Reza Ashgari y el libanés Imad Fayez Mughniyah. Además, también son requeridos por la Justicia el viceministro de Relaciones Exteriores para Asuntos Africanos de Irán, Hadi Soleimanpour; el ex presidente iraní Alí Akbar Rafsanjani y el ex ministro iraní de Relaciones Exteriores Alí Akbar Velayati.

Sin embargo, sin demasiados avances, hasta acá, parece que sólo se trata de una negociación fallida y la continuación de la impunidad en el caso del atentado en el que se perdieron 85 vidas. No obstante, las consecuencias podrían ser mayores ya que el acercamiento a Irán no habría sido visto con buenos ojos por Estados Unidos,  aliado histórico de Israel, y habría sido un aliciente para que la justicia norteamericana emita el fallo contra Argentina, que exige que se realice una oferta a los tenedores de deuda que no ingresaron a los canjes de 2005 y 2010.

Y en medio del fracaso diplomático, Argentina se encuentra en una situación complicada por el fallo del juez federal de Nueva York, Thomas Griesa, quién convocará a los acreedores que no entraron en el canje, la consecuente calificación negativa de la deuda argentina de parte de las consultoras Fitch Ratings y Standard & Poor’s (S&P)s, y el disparo del Riesgo País, que subió un 20% alcanzando los 1.080 puntos básicos, superando a Venezuela que se ubica detrás con 914, lo que parecen ser suficientes  razones para que la presidencia haya sufrido la descompensación y cuadro de lipotimia que el pasado martes la obligó a guardar reposo, suena comprensible…

Fallo contra los canjes de deuda

Una corte de Nueva York ratificó el fallo del juez de distrito Thomas Griesa, al indicar que Argentina violó la provisión de “tratamiento igualitario” de los bonos considerando que los tenedores de deuda no aceptaron la reestructuración. Uno de los fondos involucrados es el mismo que embargó la Fragata Libertad en Ghana.
La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York ha dictaminado que Argentina violó la provisión de «tratamiento igualitario» en los bonos, considerando que los tenedores de deuda que no han aceptado la reestructuración fueron puestos en un escalón inferior a los otros acreedores.
Esta decisión terminar de ratificar un fallo de febrero del juez de distrito Thomas Griesa, que estableció que los acreedores que se negaron a participar de los canjes, con tenencias de 1.400 millones de dólares, merecen un trato igualitario en el repago de la deuda. Griesa había fallado a favor del fondo NML, de Elliot Managemente y Aurelius Capital Management. El primero de ellos es el mismo fondo de inversión que logró el embargo de la Fragata Libertad en Ghana. «Nada en el registro apoya la afirmación general de Argentina de que el dictamen hundirá a la República en una nueva crisis financiera y económica», escribió el juez Barrington Parker.
Cabe aclarar que la Corte de Apelaciones solicitó a Griesa que aclarase el modo en que se pretende que funcione la fórmula de pago del fallo. Eugenio Bruno, quien se desempeña como abogado y es el autor del libro «El default y la reestructuración de la deuda», indicó que «el tribunal de alzada es la Corte Suprema de los EEUU, porque este fallo es de la Corte de Nueva York». Luego abundó: «La Corte Suprema sólo atiende 150 causas por año, incluyendo norteamericanas de todo tipo. Como consecuencia de este fallo en particular, tanto para el sector público como el corporativo, se va a tomar un tiempo razonable. Mi impresión es que este fallo se va a revertir», le dijo a radio El Mundo.
El caso tuvo su inicio en la cesación de pagos que declaró Argentina sobre una deuda de 100.000 millones de dólares en el 2002. De esa cifra, más del 90% de los títulos públicos incumplidos fueron reestructurados. «Es un fallo malo para el país y se refleja en los precios de los bonos (…) existe una corrida de venta manifiesta. Hay que ver cómo se protege el Gobierno, que seguramente tendrá alguna instancia de apelación», dijo a Reuters un operador financiero bajo condición de anonimato.
La debilidad en el mercado viene de arrastre desde inicio de semana ante la manifiesta prudencia que han tenido los inversionistas por un proyecto oficial para aumentar el control del Estado sobre el mercado local de capitales. El operador de Mayoral Bursátil Pasquali dijo que «la incertidumbre no se lleva bien con los mercados y ahí ves la caída generalizada en los bonos en dólares». Por radio Concepto agregó que «al marco regulatorio para la Bolsa de Comercio le faltan bastantes detalles, porque a la Comisión Nacional de Valores ya le cabían esas atribuciones, que las delegaba».
Por último, se destaca que la presidenta Cristina Fernández presentará pronto al Congreso una iniciativa para modificar la ley que regula el mercado de capitales en la tercera economía latinoamericana, con el que buscar dotarlo de mayor agilidad y dirigir las inversiones.
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Fallo en EE.UU. contra la Argentina por canjes de deuda

La Corte de Apelaciones de Nueva York ratificó hoy un fallo del juez de esa ciudad Thomas Griesa, que en febrero último estimó que los acreedores de la deuda argentina que no participaron de los canjes de bonos que realizó el Gobierno deben tener un «tratamiento igualitario» con los otros bonistas.

Griesa había fallado a favor del fondo buitre NML -el mismo que logró retener la Fragata Libertad en Ghana- al disponer que cada vez que la Argentina abone intereses de la deuda, debe tener en cuenta a ese fondo.

Sucede que en la demanda, el fondo buitre apeló a la cláusula de «pari passu», que obliga al país a tratar igualitariamente a todos sus tenedores de deuda.

Precisamente, el fallo de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York dictaminó que Argentina violó la provisión de «tratamiento igualitario».

Los tenedores de bonos que se negaron a participar de los canjes de deuda tienen en su poder papeles por unos 1.400 millones de dólares

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Lorenzino contra Griesa

El ministro de Economía acusó al juez estadounidense Thomas Griesa de “ceder ante las presiones de los fondos buitres” luego del fallo que concedió el pago de intereses por la deuda en default a los fondos NML-Elliott y Dart.
Griesa decidió conceder el pago de intereses por la deuda en default a los fondos NML-Elliott y Dart, al mismo tiempo o en forma anticipada respecto de los bonistas que aceptaron los canjes de 2005 y de 2010, y generó una inmediata reacción del Gobierno, que apeló la decisión, según el diario La Nación.

«Sorprende el cambio de criterio del juez, que en diciembre falló en forma diferente, con lo cual es evidente que cedió ante las presiones de los fondos buitre», señaló anoche el ministro en declaraciones a los periodistas acreditados en el Palacio de Hacienda. Enojado, afirmó: «Es un intento más de los fondos buitre en procura de doblegar la firme posición que estamos manteniendo».

La apelación del Gobierno, que congela el fallo de Griesa al menos por un par de meses, se basa en afirmar que «Griesa puede afectar a los bonistas que sí entraron en los canjes ofrecidos por la Argentina».

«Griesa había avalado en forma explícita ambos canjes como una forma de solucionar el problema de los holdouts , pero ahora esto va en el sentido contrario, por lo que está perjudicando a otros bonistas», indicó el funcionario.

Se prevé que la cámara de apelaciones de EE.UU. falle en los próximos dos meses y, aunque en el Ministerio de Economía juran que están muy tranquilos a la espera de un fallo favorable, dos especialistas legales en temas de deuda advirtieron que podría haber un revés.

Griesa interpretó la cláusula de pari passu contenida en los bonos argentinos -y que obliga al país a tratar igualitariamente a todos sus tenedores de deuda- en favor de los fondos buitre, al asegurar que la Argentina debe pagarles a todos sus acreedores el 100% de los intereses de sus títulos. El Gobierno afirma que el resto de los acreedores ya aceptó una quita en los mencionados canjes, por lo que no puede tratar del mismo modo a todos los bonistas.

Al respecto, Lorenzino señaló: «El fallo no altera el pago de los bonos que surgieron de la reestructuración 2005 y 2010 porque queda supeditado a que se pronuncie la Cámara de Apelaciones a la que recurrimos».

Por lo tanto, el ministro subrayó que se pagará normalmente este mes el servicio del bono Par, pero la gran duda es qué pasará en agosto próximo, cuando el Gobierno tenga que hacer el último pago del Boden 2012, por US$ 2200 millones, si la cámara convalida la decisión de Griesa. «No es un escenario razonable que avalen a Griesa, porque si este fallo prosperara no estarían afectando al Gobierno, sino a los agentes fiduciarios que les pagan a los bonistas que aceptaron los términos de los canjes», indicó la fuente oficial. Según esta interpretación, dado que los fondos buitre no lograron hasta ahora embargar recursos del Gobierno, Griesa les exigió a los bancos que liquidan en Nueva York la deuda argentina que se hagan cargo de este compromiso.

En Economía creen que esta interpretación no es correcta y le quitaron dramatismo a la decisión, que, de todos modos, provocó que Lorenzino tuviera que hablar ante los medios para aclarar sus alcances.

Rodrigo Olivares-Caminal, profesor de la Universidad de Londres, experto en deuda soberana, señaló que este fallo se debe al «error» que cometió el Gobierno al establecer una «ley cerrojo» que le impide negociar con los bonistas que no entraron en el canje. «En esa ley se cometió un error, porque lo que hizo fue reconocer que se privilegió a un grupo de acreedores; cuando se privilegia a uno, inmediatamente se subordina a otros. Esto dio pie para que los holdouts reclamen por la cláusula de pari passu. Y tienen un caso», advirtió.

«No es que les puede costar el canje de deuda, pero la Argentina les va a tener que pagar a todos los acreedores», indicó.

En la misma sintonía, otro abogado que maneja canjes de deuda afirmó: «Griesa está cansado e impaciente, por lo que hay una mezcla de criterio jurídico y político luego de 10 años de juicios sin llegar a una solución con los bonistas litigantes».

El abogado, que pidió hablar en forma anónima, opinó que «se cometió un error en la última audiencia con Griesa, porque los abogados de la Argentina [del estudio Cleary, Gottlieb Steen & Hamilton LLP] no negaron que la Argentina tenga los recursos para pagarles a todos los bonistas». Podrían haber citado, agregó, la emergencia económica.

Si bien Elliott y Dart son los fondos más agresivos entre los acreedores que siguen en default, por otro lado intentaron, a principios de la gestión de Cristina Kirchner, negociar una solución al más alto nivel político en Buenos Aires, que fracasó.
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