Varios jueces federales dispuestos a resistir
Por: Aldo Norberto Bonaveri
@Aldo Bonaveri
Los cortocircuitos del Gobierno con jueces y fiscales que no se subordinan a las injerencias, intromisiones y embestidas del Poder Ejecutivo, constituyen una constante desde que Cristina Fernández de Kirchner asumió la presidencia en las postrimerías del 2007.
ANTECEDENTES
La nómina de mangoneos es frondosa, y a los efectos de ubicarnos en el tiempo en la temática, sólo basta rememorar algunos casos emblemáticos:
2009: el juez en lo civil y comercial Eduardo Carbone, que suspendió por inconstitucional la aplicación de la (por entonces) nueva ley de medios audiovisuales, debió soportar los embates dialécticos de Aníbal Fernández y Julio Alak (en aquel momento Jefe de Gabinete y ministro de Justicia, respectivamente) e inclusive de la propia presidente, quienes no escatimaron epítetos para lograr su destrucción pública en cuanto micrófono se cruzara.
2010: En uno de los momentos de mayor tensión institucional, por generar un conflicto de poderes, desde el Gobierno emprendieron una andanada de atropellos retóricos y prácticos contra la Corte Suprema de Justicia; recurriendo a una de las armas preferidas del Kirchnerismo, “jugar a todo o nada”. Por aquel tiempo, las presiones del matrimonio que hegemoniza el poder desde el 2003 sobre el máximo tribunal de la nación se extendieron por doquier, inclusive inmiscuyéndose en el presupuesto del cuerpo que preside Lorenzino; pretendiendo suministrarle la mitad de lo que el normal funcionamiento requería. ¿La razón del apremio? Evitar que la CSJ se pronunciara sobre la ley de medios.
2012: En su empedernido intento por doblegar a la Justicia, no dejó pasar ninguna oportunidad para lograr magistrados disciplinados a los designios de Balcarce 50, cuando tal propósito presentaba algún obstáculo, la recusación serial fue un instrumento frecuente para que esos cargos los ocuparan aprendices de Oyarbide.
2013: Los intentos por “colonizar” políticamente la Justicia estuvieron a la orden del día. Para ello procuraron en cuanto les fue posible licuar el poder de la Corte Suprema y de las Cámaras, pergeñando en consecuencia una nueva instancia judicial, estableciendo un mecanismo de designación de jueces afines. Una muestra irrefutable de la saña descalificadora, lo dio la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, manifestando que “la Justicia actual es ilegítima, corporativa y oscurantista”
RESUMEN DE LO ACONTECIDO EN 2014
• Febrero
El flamante secretario de Justicia y representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura y, conspicuo militante de La Cámpora, Julián Álvarez, expresó públicamente y desembozadamente que desea: “jueces con conciencia social” y que aspira a que “los jueces entiendan que tienen que dedicarse a hacer política”. (Reportaje concedido a Página 12)
• Marzo
El mismo Julián Álvarez, presentó en el Consejo de la Magistratura un petitorio solicitando cite a declarar al juez Claudio Bonadio por «mal desempeño» en el trámite de dos denuncias de fraude al Estado: la causa «Boffil y otros» (relacionada con la licitación de Tandanor) y el caso por supuestas anomalías en créditos a la Curtiembre Yoma.
La ofensiva contra Bonadio se genera en razón de lo actuado por el juez , en la causa penal en de supuestas irregularidades del Gobierno en el programa televisivo «Fútbol para Todos», en el que se incluía la emisión de un aviso que cuestionaba a la gestión de Mauricio Macri .
En el primer trimestre del año, Bonadio avanzó firme en varias causas contra el Gobierno. Entre los hechos más notorios, cabe señalar el allanamiento de la Unidad de Información Financiera “UIF” por el caso de Lázaro Báez, además citó a indagatoria a Scoccimarro, y a Abal Medina por el tema citado en el párrafo anterior.
• Mayo
En el Senado de la Nación, el oficialismo impuso su número, con mayoría simple, aprobando una nómina de 10 conjueces impulsados por el Poder Ejecutivo, para desempeñarse en la Corte Suprema. La oposición que exigió la aprobación por mayoría calificada de dos tercios de los presentes, impugnó la sanción ante la Justicia. Cabe consignar que el Frente para la Victoria, sumando el respaldo del Movimiento Popular Neuquino, logró 39 votos a favor y 21 en contra; cuando lo correspondiente constitucionalmente para ratificarla eran 42 sufragios.
Las objeciones opositoras consisten en la vinculación directa que tienen algunos de los nombrados con el kirchnerismo. Para el caso, José Chirico es hombre de consulta del viceministro de Justicia y referente de La Campora Julián Álvarez, Héctor García Cuerva, fue interventor de Racing Club impulsado por Néstor Kirchner, y Ricardo Nissen, patrocinante del Estado en la causa por Papel Prensa.
• Junio
En uno de los casos más sonados del año se llevó adelante el jury de enjuiciamiento al fiscal José María Campagnoli, suspendido arbitrariamente (Por investigar a Lázaro Báez) por su jefa la procuradora Alejandra Gils Carbó. Las audiencias se desarrollaron con una nutrida cantidad de testigos: Jueces, fiscales, abogados y periodistas; los testimonios de 19 declaraciones que ponderaron a Campagnoli, refutaron las acusaciones, enfatizando las amplias atribuciones que tienen los fiscales para indagar.
La descabellada inculpación de Gils Carbó no próspero y, la prueba documental aportada por la defensa no logró ser rebatida. En la audiencia de los alegatos, la última del jury, estaba a punto de empezar cuando se supo que uno de los siete jurados tenía un pico de estrés y se le dieron cinco días de licencia en principio, más María Cristina Martínez Córdoba, poseedora del voto clave no pudo reintegrarse y Campagnoli debió ser reincorporado en julio.
Es importante destacar el rol protagónico ejercido por la ciudadanía, que expresándose masivamente en manifestaciones, sumado a la gran cantidad de firmas y petitorios a través de las redes sociales, que considerando una aberración la acusación a un fiscal probo por investigar, le otorgaron un respaldo sin precedentes.
• Septiembre
El Gobierno envió al Senado los pliegos para la designación de once fiscales federales y nacionales, en su mayoría en sintonía con el kirchnerismo, varios de ellos pertenecientes a la agrupación Justicia Legítima, próxima a la política judicial de la Casa Rosada. Corresponde decir que propuestas fueron suscriptas por el ministro de Justicia, Julio Alak , pero quienes más influyeron en estas designaciones son Julián Álvarez y la procuradora Alejandra Gils Carbó.
• Noviembre
Con la reforma del Código Procesal penal, la militante procuradora Alejandra Gils Carbó, además de concentrar un mayor poder político, obtuvo para el año recién comenzado un incremento presupuestario de más del 40% para la entidad que comanda (pasando a manejar $ 2.671 millones) ; aumento muy por encima de lo proyectado para la generalidad de la administración pública en 2015.
En el Consejo de la Magistratura el oficialismo acentuó su poder, ello se verifica con el nombramiento de la jueza Gabriela Vázquez, una aliada, presidenta, y también por el reemplazó al administrador general del Poder Judicial por un militante K, Claudio Cholakian. Dicho cargo reviste preponderancia en la vida interna de la Justicia, un lugar apetecido desde hace tiempo por La Cámpora, al que ahora accede.
• Diciembre
Por un voto de diferencia, en el juzgado Federal N° 1 de La Plata, el único fuero con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, que cobra relevancia en virtud de los comicios de este año, el kirchnerismo logró nombrar como secretario judicial a Laureano Durán.
Su subrogancia fue aprobada por el Consejo de la Magistratura por siete votos contra seis; a juzgar por la oposición, en «clara violación» de la ley. Asimismo los abogados y dos de los tres jueces del Consejo se opusieron a dicha designación, más el oficialismo tenía garantizado el voto de la tercera jueza, Gabriela Vázquez, que les brindó la mayoría.
El desenlace ya estaba previsto, habida cuenta que Julián Álvarez, anticipó su decisión de incorporar la vacante de La Plata en el orden del día del último plenario. No por “cantado” el nombramiento, se obviaron los gritos reprobatorios de los opositores, quien la rechazaban, argumentando que la ley establece tácitamente que las vacantes deben cubrirse «de acuerdo con el siguiente orden: a) Con un juez de igual competencia de la misma jurisdicción; b) Por sorteo, entre la lista de conjueces confeccionada por el Poder Ejecutivo nacional». Según esta norma, sólo correspondería designarse jueces porque no hay tal lista de conjueces. Si bien estaba aprobado por el Senado, aún no había sido publicada en el Boletín Oficial.
Con respecto a las recurrentes irregularidades en los concursos para ocupar vacantes en los cargos de fiscales federales, la diputada nacional Margarita Stolbizer, presentó una denuncia en la Justicia contra la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, poniendo énfasis en la manipulación en el concurso 102, en el que resultaron ubicados en los mejores lugares tres funcionarios relacionados con el Gobierno.
Stolbizer aduce que Gils Carbó modificó el reglamento para los concursos, asignándose a sí misma una cantidad de atribuciones que determinan una enorme discrecionalidad en la designación de los fiscales. Especifica que se puso ella misma como presidenta del tribunal de selección; eliminó los sorteos que eligen a los evaluadores, para pasar a designarlos ella, y cambió la incidencia en el puntaje, con el propósito de disminuir el que corresponde a los antecedentes en favor del que se obtiene en los exámenes. De esa manera, sostiene la legisladora del GEN, como terminan siendo ternados funcionarios que no tienen ningún antecedente, pero sí tienen estrecha vinculación personal y política con la funcionaria.
Indica que «Los resultados del concurso beneficiaron a un subsecretario del Ministerio de Justicia que responde a La Cámpora; al instructor del juez Sebastián Casanello en la causa contra Lázaro Báez, y a otro funcionario de la Procuración -insistió la diputada-. Perjudicaron al secretario del fiscal José María Campagnoli, que había dictaminado en contra de Báez, amigo del Gobierno.»
«De los 200 firmantes de una solicitada de la agrupación judicial oficialista que lidera Gils Carbó, más de 100 ocupan cargos vinculados con ella -agregó-. Y si prospera el proyecto de reforma del Código Procesal Penal en el Congreso, podrá designar a muchos más y tendrá atribuciones discrecionales para asignarles causas. Realmente, un peligro para la independencia de la Justicia.»
Lo cierto es que entre el corazón del Poder Ejecutivo y la justicia federal se los diferendos se multiplican. Por estos tiempos se advierte como los funcionarios son citados a indagatorias, procesados o allanados. En tanto la réplica no se hace esperar y, los jueces reciben como represalia el voltaje de la presión oficial.
El oficialismo acelera los concursos para cubrir las vacantes en tribunales. Tiene como premisa asegurarse jueces y fiscales afines en la Cámara de Casación y en primera instancia. Simultáneamente ostenta el campo orégano para designar 1700 empleados con el rango de prosecretario en fiscalías y 17 fiscalías generales por todo el territorio que con el nuevo Código acusatorio, agentes que aglutinarán el poder para investigar.
En tanto los jueces federales siguen adelante con el procesamiento del comprometido Amado Boudou. Involucrado en el caso Ciccone y por los papeles falsos de su viejo auto. El vicepresidente será nuevamente citado a indagatoria nuevamente, ahora por recibir como dádivas vuelos gratuitos en avión, y/o por sus bienes, acumulados de manera inexplicable para los contadores.
En la mira también está la cuestionada Gils Carbó. Cabe consignar que en el últimos mes del año se realizaron tres procedimientos en el organismo que preside por causas de espionaje, de concursos y designaciones irregulares. Algunas de las acusaciones son investigadas por los jueces Luis Rodríguez y Rodolfo Canicoba Corral.
La jueza María Servini de Cubría, la primera que frenó la reforma de la justicia en 2013, ahora tiene procesado al ex secretario antidrogas, José Granero. Dicha magistrada también tiene apuntado a los hermanos Zacarías, empleados y ex empleados de Casa de Gobierno o el PAMI, envueltos en la misma causa. Por otra parte Julián Ercolini, también maneja asuntos que complican al Gobierno y a la Procuración.
Justamente uno de los fiscales predilectos de la procuradora general y de la propia Cristina Fernández, Carlos Gonella está entre los implicados; podría ser procesado por prevaricato, debido a haber omitido de investigar a Lázaro Báez por lavado de dinero. En la otra causa, su procesamiento seguramente demandará un poco más de tiempo. Ricardo Jaime, con tantas causas, procesamientos, juicios y hasta una condena firme, fue la primera de las bajas. Aún le esperan numerosos desafíos judiciales.
Recientemente el ministro Julio Alak el que se convirtió en el nuevo eje de enfoques judiciales, también fue citado a prestar declaración indagatoria. Práctica ejercida por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, el mismo que tiene acorralado a Gonella.
Claudio Bonadio es el juez que procede con mayor decisión. Sus objetivos están en lo más prominente del poder: ya allanó la empresa de la presidenta Hotesur, la que investiga por fraude. Su hijo Máximo también es socio de la firma. Cabe destacar que el juez Bonadio ya procesó a Jaime, a Guillermo Moreno y a Boudou. Tuvo daños colaterales: el Consejo de la Magistratura lo multó con el 30% de su sueldo. Julián Álvarez no descansa, hasta lograr su juicio político. La Asociación de Magistrados expresó que la sanción es un retroceso institucional y la agrupación Compromiso Judicial, que reúne a otro grupo de magistrados, aceptó que la multa es nula.
El citado Carlos Gonella, como su colega el fiscal Omar Orsi, fueron procesados por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, mediando un embargo de $ 75.000 por supuesto encubrimiento de Lázaro Báez, en materia de lavado de dinero. El oficio del magistrado manifiestas «La demora en el diligenciamiento de un oficio que proporcionaría, siguiendo el criterio de los imputados, datos objetivos y ciertos, aparece como un elemento más que permite afirmar que el perjuicio que ocasionó el actuar de estos fiscales fue deliberado, más aún si consideramos, como ya se señaló, su perfil de especialistas en la investigación de estos delitos complejos», sostuvo el juez en una resolución de 50 carillas.
Corresponde indicar que el juez Claudio Bonadio declaró en rebeldía al fiscal Carlos Gonella, teniendo en cuenta su no presentación a declaración indagatoria en el marco de la causa por supuesto abuso de autoridad y violación de secretos. Asimismo ordenó la prohibición de salida del país del imputado resolviendo librar oficio al Tribunal de Enjuiciamiento y a la Procuradora General de la Nación «a fin que se lleven a cabo todos los mecanismos de remoción pertinentes para lograr la comparecencia compulsiva» de Gonella.
Tras la acusación de la presidente a los jueces por “perseguir a su funcionarios”, los jueces le replicaron en forma contundente: el presidente de la Asociación de Magistrados, Ricardo Recondo, aseveró que ellos no embisten contra nadie, que no cederán ante las presiones y que su misión es «erradicar de todos los rincones del poder a los corruptos».
En lo que bien podría tipificarse como la mayor embestida K contra la Justicia, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó , designó a 16 fiscales federales alienados a oficialismo en todo el país. Por otra parte instaló a dos fiscales de primera instancia en Comodoro Py 2002, donde se investigan casos de corrupción que afectan a la actual administración. Cargos que se cubrirán tras la feria judicial.
La juagada incluyó el nombramiento de otros dos fiscales más de reconocida identificación con el oficialismo, ante la Cámara Federal porteña que tendrán poder para dejar que avancen o bloquear investigaciones de corrupción. La Asociación de Magistrados señaló que tal despliegue de poder «podría encubrir la intención de controlar las investigaciones penales existentes, especialmente las que tienen como sujetos imputados a funcionarios públicos por hechos de corrupción».
Las decisiones de Gils Carbó se concretaron en 16 resoluciones firmadas el último día hábil de 2014, en las mismas llamó a concurso para cubrir los cargos que ocupó con suplentes. Las medidas incluyeron la decisión de apartar al fiscal Guillermo Marijuan de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social UFISES”, que había criticado a la procuradora por sus nombramientos
Los nuevos cargos se enmarcan en el Código Procesal Penal, que aún no está en uso y no cuenta con las leyes de implementación. Los nuevos funcionarios no tienen personal, presupuesto ni oficinas.
La metodología de Gils Carbó para cubrir los cargos fue valerse de fiscales a los que el Senado les dio acuerdo para otras jurisdicciones y desplazarlos horizontalmente como subrogantes en estos nuevos lugares. Ya había obrado igual anteriormente con otros subordinados. La ley prevé designar 1713 funcionarios en todo el país.
En síntesis, el Gobierno y sus operadores no cejan en su propósito de someter a la Justicia, los jueces federales dispuestos a resistir.
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