El consumo de droga entre los jóvenes tiene un crecimiento explosivo; sus familias sufren sin saber cómo ayudarlos y el Estado no tiene medios suficientes como para recuperarlos
Carla es adicta al paco. Vive en la calle desde hace casi un año, entre el barrio Azopardo y San Francisco de Alava, en San Salvador de Jujuy, donde se está produciendo una suerte de masacre colectiva. Niños y jóvenes consumen pasta base y toman alcohol, a veces con psicofármacos, a plena luz del día. Deambulan como perdidos por arterias y plazas, baldíos y aguantaderos hasta que a los varios días, quizá, vuelven a sus casas para dormir y comer, y luego, volver a salir.
Carla es bella. Tiene 18 años, pero ya no tiene «vida». Tampoco su familia. Lo sabe su madre, Laura, que desde hace más de cuatro años lucha por sacarla de ese infierno. Cuando su hija es detenida en una comisaría, pasa su mano por la vagina para comprobar lo que no quiere, pero ya sabe: huele a semen fresco. Sí. Carla se prostituye; la prostituyen a cambio de alguna dosis o de nada. También la golpean y casi no come. Pero Laura ya no la busca. Lo hacía antes, al principio, cuando rastreaba a su hija con desesperación hasta encontrarla. Pero ya no, porque sabe que es luchar contra Goliat: la droga y la adicción ganan. Ahora sólo se conforma con saber que sobrevive. Carla y Laura son nombres ficticios detrás de sus dramáticas historias reales.
El paco y las drogas ya están en Jujuy en casi todos los barrios. La situación es conocida por las cúpulas de los tres poderes del Estado. Durante un reciente debate sobre la desfederalización del delito de narcomenudeo organizado por la Universidad Nacional de Jujuy, el ministro de Gobierno y Justicia, Alberto Matuk, afirmó: «El consumo de estupefacientes ha tenido un crecimiento desmesurado y se está llevando puestos a nuestros chicos». En el auditorio había diputados, jueces provinciales y federales y otros dirigentes locales. «No sólo [se vende droga] en la capital, sino en pueblitos alejados», declaró en esa ocasión el senador radical Gerardo Morales .
Hay muchos jóvenes en Jujuy que son adictos severos. Y muchos más que están en vías de serlo porque ya fueron atrapados por la droga, según diversos testimonios recogidos por LA NACION. Nadie sabe cuántos. No hay estadísticas reales. Pero en los hechos, el problema está ahí, evidente, palpable, dramático.
Mientras, cada vez más instituciones de la sociedad civil y familiares se reúnen en busca de soluciones. Incluso, un grupo de personas presentó un amparo colectivo para pedirle al Estado asistencia a adictos.
En esta zona de frontera, la droga circula por tierra y también por cielo. Jueces federales vienen denunciando que avionetas clandestinas tiran paquetes en vuelos que nadie detecta; en Jujuy y Salta hubo varios casos que investiga la Justicia. La provincia hace rato dejó de ser un lugar de paso. La droga se instaló.
«Esta problemática la escuchamos todos los días», comentó a LA NACION el obispo de Jujuy, monseñor César Daniel Fernández. «Cada vez se vende más, circula más. Si hay más consumo es porque hay más oferta. Hay gente que no tiene trabajo y vive de la venta de droga», dijo.
«Todo esto se relaciona con narcotráfico. Quisiéramos escuchar una palabra más fuerte por parte del Estado; que nos digan que están dando una batalla. Las avionetas siguen circulando. Vemos lo que está pasando en Rosario. ¿Qué más tenemos que esperar?», expresó.
Desde la sede local de la Fundación Conin plantearon su preocupación por el aumento de los casos de adicciones entre las familias que se acercan al centro de prevención de la desnutrición infantil y promoción humana, en el barrio Alberdi.
Jueces federales vienen denunciando que avionetas clandestinas tiran paquetes en vuelos que nadie detecta. La droga se instaló
En los barrios más comprometidos cualquiera puede ver, a toda hora, jóvenes que compran, venden y consumen; algunos quedan tirados en la calle, mientras que otros se juntan en plazas, a la vera de los ríos, debajo de puentes o en casas tomadas. Afectados por la pasta base, caminan desaliñados, perdidos, y con movimientos rígidos, casi espásticos. Muchos mezclan el paco con alcohol; otros, con virulana, vidrio molido, acetona y ansiolíticos.
Hay taxis que van y vienen con inusual frecuencia en Azopardo y San Francisco de Alava, los barrios del «bajo» que dan contra el río y no conducen a nada; autos amarillos que llevan y traen clientes, uno tras otro. Por la noche, la escena es dramática y no hay descanso: hay gritos, tiros, riñas y movimientos extraños.
Cuando llega un dealer, los chicos se aglutinan a su alrededor, con desesperación: son sinónimo de dinero fácil y de paco. Las dosis están entre 30 y 45 pesos, según las zonas, la hora y la cantidad. El dealer entrega -por ejemplo- unas 200 dosis a un «soldadito»: 175 para vender y 25 para consumir o hacer plata, explicó doña María, una mujer creyente, respetada en su barrio, que hoy lucha como vecina contra este flagelo. Cuando los «soldaditos» se «pipean» (fuman con una suerte de pipa) las dosis que tienen que vender, los dealers los golpean despiadadamente.
Hay niños de 9 a 11 años que se drogan, afirma doña María, y también consumen alcohol. Lo hacen jóvenes embarazadas, con bebés o niños muy pequeños. La caja de vino es como una compañera: algunos la tienen en la mano como si fuera una cartera. A la zona también llegan autos de alta gama. Hay prostitución de mujeres, de niñas y de hombres.
Pero el paco afecta no sólo al adicto, sino a su entorno: como en una epidemia, enferma a la familia, al vecindario, al barrio y a la comunidad. El circuito suele repetirse: por distintas razones, los chicos comienzan a consumir. La adicción se vuelve irrefrenable. Necesitan más plata para seguir la rueda. Les roban a sus padres y familiares: empiezan a desaparecer objetos de las casas. Cuando allí ya se hace difícil, salen a robar. Donde sea, lo que sea.
Afectados por la pasta base, caminan desaliñados, perdidos, y con movimientos rígidos, casi espásticos. Las dosis están entre 30 y 45 pesos, según las zonas, la hora y la cantidad
«Una de las clínicas más difíciles es la del adicto», comentó Susana Pihuela, psicóloga de El Umbral, centro ambulatorio de referencia para las adicciones en la provincia. Según Pihuela, habitualmente consulta primero la familia porque «la persona que consume se presenta como alguien que no necesita del otro; la problemática no se considera propia, se ve como un problema ajeno», explicó.
El ingreso de la droga en la vida familiar genera un proceso que va del susto al miedo y de la angustia a la impotencia; de ahí se pasa al hartazgo y se deja, muchas veces, al adicto librado a su suerte, sostuvo Pihuela.
Nora es de Palpalá, a 12 km de San Salvador, y tiene tres hijos adictos; esto llevó a sus chicos no sólo a consumir, sino a vender y a tener problemas penales. «Vivo un calvario. Ya hace diez años que estoy con esto. Dejé de salir por la vergüenza que sentía; me escondí meses con depresión, me la pasaba llorando.» La situación se le fue de las manos; dos veces Nora se escapó de la casa, una de ellas, a Río Gallegos. Pero volvió.
Don H vive en Alto Comedero. Su hijo preferido empezó a andar con amigos raros vinculados a barrabravas, hace un año. La adicción del chico le afectó seriamente la salud y le quitó las ganas. «Es como en las películas, calcado», dijo. Las cosas desaparecen de su casa y en ocasiones el chico «se pierde» tres o cuatro días. «Necesito internarlo. Pero ¿adónde puedo recurrir?», preguntó.
«Ningún esfuerzo y ningún centro de rehabilitación serán suficientes si al volver a sus casas los chicos no tienen algún tipo de red social y si consiguen droga a la vuelta de la esquina», se lamentó una mamá, que pidió reserva de su nombre.
A LA VISTA DE TODOS
Vecinalistas de Jujuy dijeron a LA NACION que elevaron un informe sobre puntos de venta de drogas a la policía provincial. Un relevamiento realizado entre 33 centros barriales este año reveló que entre las zonas más afectadas figuran San Francisco de Alava, Azopardo, Alto Comedero, San Cayetano, San Pedrito, Guerrero, Reyes, Punta Diamante y Los Molinos.
Walter Méndez, del barrio Malvinas, afirma que la venta de drogas creció «demasiado» en los últimos cuatro años. «Hay miedo e inseguridad», agregó. Junto a unos 15 referentes vecinales afirmó a LA NACION que el problema cambió no sólo el paisaje de los barrios, sino la economía local, porque incluso hay familias enteras que viven del negocio narco.
Isabel Ibáñez, de Cerro Las Rosas, dijo que hace un año chicos con adicciones tomaron la sede del centro vecinal y la convirtieron en un aguantadero. Se adueñaron de la plaza del barrio y rompieron los juegos, denunció. «Hay madres que tienen miedo a sus propios hijos; cuando consumen se ponen más violentos, les roban cosas», explicó María Félix, del barrio La Esperanza. «Por la droga, abunda la delincuencia», opinó Amelia Suárez, vecina de Punta Diamante. Los testimonios siguen.
Vecinos consultados por LA NACION se quejaron de que la policía no tiene recursos suficientes, ni humanos ni materiales, y de que, a veces, sólo cuida que la situación de los adictos en las calles no se descontrole.
«Los servicios de atención a los adictos están desbordados. Faltan instituciones», reconoció a LA NACION Rafael Calderón, jefe de Salud Mental del Hospital Pablo Soria, el principal de Jujuy. «El consumidor de pasta base ya está en la provincia. Cada vez comienzan a consumir a edad más temprana; pasa lo mismo que con el alcohol», sostuvo.
Existen hoy en toda la provincia una red de 270 centros de atención primaria de la salud y 27 hospitales. Entre estos últimos hay tres que son referentes en adicciones: el Vicente Arroyabe, de Ciudad Perico, y el Psiquiátrico Néstor Sequeiros y el San Roque, de la capital. En El Umbral afirman que la demanda los «supera totalmente», según indicó Silvia Calderón, trabajadora social del centro. Con tres asistentes sociales y cuatro psicólogos, reciben entre 40 y 50 consultas por semana. Muchas, afirmaron, provienen de reclusos del Servicio Penitenciario y de la Comisaría del Menor; es decir que consumen dentro del mismo sistema carcelario.
Muchos mezclan el paco con alcohol; otros, con virulana, vidrio molido, acetona y ansiolíticos
En Jujuy no existe ningún establecimiento estatal para el tratamiento integral de personas adictas mayores de 22 años, por lo que deben ir a otras provincias a recibir una atención de por sí muy costosa. El Hospital Arroyabe asiste a jóvenes de 13 a 22 años; cuenta con 12 camas para quienes participan de la comunidad terapéutica (con tratamientos de unos tres meses) y otras 10 para cuadros subagudos, con un tratamiento de desintoxicación de entre 15 y 20 días.
Según testimonios de familiares, esta institución trabaja principalmente en «desintoxicar» a los pacientes: en no pocos casos, los chicos vuelven al círculo de la droga.
Se puso en marcha recientemente bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social local un Centro Educativo Terapéutico (CET) en Alto Comedero, como parte del Plan Recuperar Inclusión de la Sedronar. Funciona de día y, en los hechos, sirve más como espacio de recreación que de recuperación, según dicen familiares de adictos y desde el propio Ministerio de Salud. Se anunciaron dos CET más en Forestal (Palpalá) y en La Quiaca.
Jujuy tiene también una Secretaría de Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico, conducida desde hace más de una década por Eduardo Huáscar Alderete. Este año, según informó públicamente, la actividad se centró en hacer cursos y talleres con docentes, profesores de educación física y enfermeros.
A esto se suma que todos estos centros e instituciones no están coordinados y los pacientes con adicciones alternan entre uno y otro sin encontrar soluciones efectivas, lo que genera confusión. No existen protocolos de atención ni de derivación. También faltan estadísticas que no sólo estén actualizadas, sino que reflejen el fenómeno de manera real.
En este contexto, como parte de un plan piloto, el Ministerio de Salud pondrá en marcha en 2015 la Coordinación Provincial en Salud Mental y Adicciones. Ya capacitó a más de 200 profesionales, incluyendo psicólogos, trabajadores sociales, educadores para la salud y personal del Poder Judicial. Es la primera vez que se planifica y se desarrolla una estrategia específica en materia de atención sanitaria en adicciones, reconoce el ministro de Salud de Jujuy, Saúl Flores, que está convencido de que la solución debe tener un abordaje comunitario.
«Llegamos tarde», admitió a LA NACION un alto funcionario provincial para explicar que el sistema de salud no estaba preparado para enfrentar los efectos de la droga.
En Jujuy no existe ningún establecimiento estatal para el tratamiento integral de personas adictas mayores de 22 años, por lo que deben ir a otras provincias a recibir atención
Carolina Rodríguez Carranza sabe bien lo que es acompañar a un hijo adicto. El suyo comenzó a drogarse cuando tenía 16; pasaron 14 años desde entonces. «Mi vida se transformó en una locura. Se enfermó toda la familia», dijo. Hoy su hijo lleva un año limpio, pero para lograrlo debió irse de Jujuy e internarse en una clínica especializada en otra provincia.
Ese camino de aprendizaje familiar llevó a Carolina a formar la sede jujeña de NarAnon, un grupo de ayuda mutua para familiares y amigos de adictos a las drogas que se reúne semanalmente.
Silvia Thomann la acompaña en la búsqueda de propuestas para revertir los casos. Reclama que exista un «programa de recuperación de puertas cerradas» en Jujuy. «Queremos formar estos centros para hombres y para mujeres y que los asesores sean ex adictos», comentó. Ella misma lo es. Consumía cocaína, pero hace 19 años pudo dejarla. «Lo logré con mucho esfuerzo; sentís bajones, abstinencia, temblás, te hace frío, te tirás al piso», relató. Hace tan sólo un mes se animó a contarles a sus hijos el problema que había vivido dos décadas atrás. Antes, pasaron muchas cosas: entre otras, cinco chicos adictos mataron a su papá durante un asalto. Ella fue a la cárcel y les dijo que los perdonaba: «Comprendí que les pasaba lo mismo que a mí».
Además de NarAnon, también un grupo de familiares se reúne periódicamente en la Legislatura local. En los encuentros comparten sus historias, sus dramas y, además, la búsqueda de soluciones de corto y largo plazo. Respuestas a problemas como el de Carla, que vive allí, en la calle, donde la droga sigue al alcance de la mano.
UN AMPARO PARA EXIGIR ACCIONES
Un grupo de padres y allegados de chicos adictos al paco presentaron en noviembre un amparo colectivo para que se obligue al gobierno jujeño a dar atención especializada. «La adicción se extiende como una epidemia y no hay ningún servicio que pueda hacerse cargo», afirmaron.
S olicitaron que se ordene al gobierno el «cese de la omisión de asistir adecuadamente a niños, niñas, adolescentes y mayores de edad con adicción a las drogas», que cree servicios especializados para su tratamiento integral y, como medida cautelar, el traslado e internación en centros especializados dada la falta de servicio en Jujuy.
Fuente: La Nación
Dana 
Chiara 
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ALEJ 
irchner reconoció en marzo el fracaso del pacto para reactivar la investigación del atentado a la AMIA y pidió propuestas alternativas