En el 2010, el Gobierno mendocino prorrogó los derechos de explotación de las áreas petroleras. Cobró por adelantado unos 150 millones de pesos, que no coparticipó. El intendente radical de la Capital, Víctor Fayad, interpuso una demanda en la Corte local, que le dio la razón el mes pasado. La posibilidades de Paco y el eventual efecto cascada.
Paco Pérez advirtió que un fallo de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza a favor de la Municipalidad de la Capital, podría provocar un “efecto cascada” tanto en las pretensiones financieras de comunas no petroleras como en las demás provincias petroleras. El máximo tribunal provincial interpretó que un ingreso de unos 150 millones de dólares en el 2010 se debería haber coparticipado, cosa que no ocurrió. El Gobierno de Mendoza analiza por estas horas la conveniencia de darle tenor nacional a la pelea –recurriendo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación–, teniendo en cuenta que cree tener el as en la magna que le dé la razón pero a su vez con la preocupación de que el ejemplo cunda en otras provincias petroleras que otorgaron la misma prórroga.
Asimismo, otra variante que se ha colado en la discusión jurídica es la política. En total, serían entre 70 y 140 millones de pesos los que debería repartir el Gobierno mendocino entre los municipios. Es una cifra menor para el Estado provincial teniendo en cuenta su presupuesto 2013, de 25.000 millones de pesos. Pero además, ya se está cultivando un reclamo masivo de los 18 intendentes mendocinos, tanto oficialistas como opositores. El dolor de cabeza para Paco Pérez, en el inicio de un complicado año electoral podría ser mucho más caro que los 70 o 140 millones de pesos.
Un poco de historia
Corría el 2010, y el entonces gobernador Celso Jaque necesitaba dinero fresco, por lo que urdió una estrategia que las demás provincias petroleras o estaban concretando o se preparaban para hacerlo. La movida tuvo que ver con prorrogar las concesiones de las áreas petroleras en explotación que vencieran antes del 1º de enero del 2020. Jaque intentó que la decisión saliera por ley, pero el radicalismo se opuso y optó por un decreto, el ahora famoso 3.089/10.
Así, le ingresaron a la Provincia unos 150 millones de dólares y fondos adicionales en concepto de RSE. Ese extra se coparticipó entre los municipios, pero el intendente de la Capital, el radical Víctor Fayad, de excelente relación con Jaque, le advirtió que si no coparticipaba el total del ingreso por la renegociación, demandaría al Gobierno provincial por considerar que el decreto era inconstitucional, ya que no alcanzaba el rango adecuado –una ley– para cambiar el destino de fondos de naturaleza coparticipable.
El 20 de diciembre pasado, la Sala II de la Corte provincial le dio la razón a Fayad, y declaró inconstitucional el artículo 2 del decreto 3.089/10. El fallo, que lleva la firma de los supremos Hernán Salvini y Mario Adaro, se dio a conocer una semana después. El impacto en el Gobierno provincial primero causó sorpresa. Pero cuando los de la Gobernación tomaron contacto con el texto del fallo, se entusiasmaron.
Apenas llegado de vacaciones y con la novedad recién conocida, Paco Pérez se envalentonó. Mandó a sus colaboradores a decir que el fallo de la Corte estaba “flojo de papeles”. Él mismo, más mesurado, indicó que los argumentos de la sentencia no habían considerado “nuevos elementos”, y que “seguramente” apelaría a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En el fallo de la Corte mendocina puede leerse: “La Constitución provincial da por supuesto que los recursos municipales –aplicable al caso de la coparticipación– se determinan por ley, lo que guarda congruencia con las atribuciones del Poder Legislativo dispuestas en los incisos 5 y 22 del artículo 99”. Párrafo siguiente, dice: “El Poder Ejecutivo provincial carece de facultades para disponer, por vía de decreto, la exclusión de un recurso provincial del régimen de coparticipación municipal que, por principio, abarca todos los recursos percibidos por la Provincia”.
Justamente de en estas afirmaciones se basará la apelación. El as en la manga –los “nuevos elementos” que mencionó Pérez– es una ley provincial, la 8.393, sancionada el 27 de diciembre del 2011, donde puede leer claramente: “Artículo 1º: Ratificase el Decreto 2.054 de fecha 23 de agosto de 2.011, mediante el cual se incrementó el Presupuesto: de Erogaciones y Recursos como consecuencia de los fondos que ingresan a la Provincia en el marco de los Decretos 1.547/10 y 3.089/10, los cuales revisten el carácter de recursos afectados”. Según la interpretación del Gobierno provincial, ahí está la ratificación legislativa que reclamó la Corte local en su fallo.
¿Vale la pena ganar?
Si bien en el Ejecutivo provincial está convencidos de que es una pelea ganada en la Corte nacional, se analiza si es conveniente o no dar la pelea. Como se explicó, el dinero no es mucho teniendo en cuenta los recursos provinciales. Y poniéndose al día con los demandantes –y los demás departamentos– se podría dar por terminada una puja de largo tiempo. No obstante, Pérez teme que el ejemplo puede ramificarse a otras provincias con operatorias similares, aunque, según fuentes del Gobierno, no en todos lados se hizo así. Si se acude a la Corte nacional, el caso será ampliamente difundido, y las demandas por el mismo tema generalizarse.
Asimismo, hay una cuestión local que a Pérez le preocupa: que los departamentos que no reciben regalías por no tener recursos petroleros, quieran, como Capital, fondos provenientes de la actividad. “Es un antecedentes peligroso”, sentenció Pérez respecto.
Otra variable es la política. Pagar lo que corresponde y darle a los intendentes, todos, oficialistas y opositores, unos pesos extras para encarar el año electoral es también una posibilidad que se analiza. La razón es simple: los caciques oficialistas también se pusieron contentos con el fallo de la Corte provincial, porque podría convertirse en dinero no esperado y siempre necesario. Asimismo, interpretan espadas del justicialismo, si se allana Paco al fallo podría ser una señal de debilidad.
El ministro y el intendente
Llamó la atención en la Casa de Gobierno de Mendoza que el fallo a favor de la Municipalidad de la Capital estuviera firmado por el ministro de la Corte local Mario Adaro.
Se trata de un reciente integrante del máximo tribunal, durante dos años ministro de Gobierno de Celso Jaque, y propuesto por el ex gobernador a la Corte. Es decir, quien fuera ministro del gobierno que supuestamente cometió un acto de inconstitucionalidad con un decreto, falla en contra de ese gobierno. “Se debería haber excusado”, dicen, con cierto malestar y sorpresa, en el entorno de Paco Pérez.
Además, la demanda fue presentada por el más amable de los radicales mendocinos con las gestiones justicialistas, Víctor Fayad. Según ha trascendido, antes de interponer la demanda, el veterano dirigente radical le advirtió a Celso Jaque que el decreto de renegociación de la concesión de las áreas petroleras “era inconstitucional”. Cumplió Fayad con la amenaza, amistosa, una vez que el ex gobernador le puso la firma al ahora polémico decreto.
Pero eso no es todo. Su más duro rival interno, al nivel de Julio Cobos, es el intendente de Godoy Cruz y titular de la UCR Mendoza, Alfredo Cornejo. “El Petiso” podría verse favorecido por un acción de Fayad, y contar con algunos millones de pesos extras en un año clave para sus aspiraciones provinciales. A su vez, es el gran promotor de Cobos candidato a diputado nacional, una movida política que Fayad se ha cansado de cuestionar.
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