Una diferencia es que el Gobierno aprendió y que ahora no piensa enzarzarse en una larga y desgastante batalla. Otra, que el sector minero no tiene el arraigo del agropecuario. La última, que Clarín no tiene la misma potencia que hace cuatro años. Hacia dónde va CFK.
La discusión sobre las condiciones en que debe desarrollarse la industria minera en Argentina merece un debate profundo, pero hay sectores que no quieren darlo. La cuestión no es si “minería sí o minería no”, tal el planteo maniqueo e interesado de los sectores más recalcitrantes del ambientalismo local. La cuestión es que la Argentina debe seguir su propio perfil productivo, en el que la minería debe cumplir su papel, y una política de Estado en esta línea no puede ser zamarreada por oportunistas políticos o sociales.
El respeto del medio ambiente debe ser la precondición para cualquier proyecto, junto con la sustentabilidad y la licencia social. La industria minera debe garantizar, en esta línea, que la producción de minerales se realice cumpliendo con estas prioridades. Lo que sí puede afirmarse, sin temor a caer en un exceso, es que la minería será responsable o no será.
Las condiciones en que debe desarrollarse esta industria, por otra parte, deben ser las establecidas por el Estado nacional, pero cada provincia establece sus propias reglas. Y cada proyecto minero debe defenderse por sí solo, en el marco de las condiciones legales generales y particulares que le dan marco a la industria.
Resulta insólito, a esta altura, que detrás de la exacerbada y artificial discusión pública sobre la minería, que según la conveniencia de quien denuncia es sobre la industria en general o sobre una empresa o un proyecto en particular, veamos esconderse a otras industrias o sectores claramente contaminantes, que llegan con cuentagotas y cada tanto a los mismos medios que se desgarran las vestiduras por la actividad minera. Cualquier industria que contamine debe ser denunciada y sancionada.
Mucho se ha escrito acerca del consumo de agua que requiere los proyectos mineros. Un reciente informe advierte que este sector utiliza un 2% del agua de uso industrial, la industria en general utiliza el 17% y la agricultura el 70%. El resto es para consumo humano.
No hay denuncias del uso abusivo del agua por parte del sector agropecuario, de las terminales automotrices o, aunque parezca increíble, de las curtiembres, que tienen décadas de producción sucia sobre sus espaldas pero aceitados equipos de lobby para ocultarse, tanto de la política como de los medios.
Los ambientalistas sostienen que ni el Estado nacional y, muchos menos, algunos estados provinciales, controlan como corresponde la actividad. Si la Administración central no cumple como debe con el ejercicio de su poder de policía, existen diversos y eficientes mecanismos para llenar ese vacío: las universidades nacionales o los organismos descentralizados son habitualmente contratados por otras industrias para certificar que los procedimientos son los correctos.
La minería en el pasado puede haber exhibido un sucio récord en el desmanejo del medio ambiente. Pero las empresas públicas (con acciones repartidas en el mercado) están tremendamente expuestas al escrutinio social, como bien saben varias empresas internacionales. El caso de Osisko deja en evidencia que no hay mucho margen para los aventureros de ambos lados, tanto del estatal como del privado.
En el terreno político, está claro que existe una alianza táctica entre los sectores que denuncian cualquier emprendimiento minero y la prensa opositora a la Administración nacional. Nunca en los últimos años, los ambientalistas recibieron el espacio que están teniendo hoy. La secuencia es así: Cristina es pro-minera, Cristina es nuestra enemiga (Clarín), la industria minera contamina.
Nadie entre los ambientalistas y en las columnas de opinión o en los informes en TV, explican por qué el país debiera darle directamente la espalda a un sector productivo como el minero. Porque esto está en la base de sus planteos. Que los ambientalistas rocen el nihilismo con sus proclamas y conductas, puede hasta ser comprensible: ellos no tienen ninguna responsabilidad, ni siquiera puede decirse que representen a nadie más que a ellos mismos, si se mira bien el panorama de las elecciones pasadas, en las que connotados referentes del sector como “Pino” Solanas recibieron un insignificante apoyo político. Pero que el Grupo Clarín y los medios que lo siguen, los apañen, resulta patético.
Cuando los primeros aluden a los pueblos originarios y sus derechos ancestrales, se arropan con esos derechos para no hablar de los habitantes de regiones del país que no tienen ninguna posibilidad de desarrollo si no es la minería. En donde existen opciones, la cuestión en discutible. Donde no las hay, es de un grado intolerable de insensibilidad que no se tenga en cuenta a los pobladores, que ahí sí están dejados de la mano de Dios y también de la mano del Estado.
Salvando las distancias, la minería está siendo usada hoy como fue usado el campo a comienzos de 2008, como un pretexto para “pulir” al Gobierno nacional, para doblegarlo. El que no vea eso, se está haciendo el distraído, por decirlo de un modo elegante.
En cuanto a la Presidente, todo indica que avanzará con la incorporación de la industria minera al esquema productivo nacional en unas condiciones distintas de las actuales, con una mayor presencia del Estado. Se verá con el tiempo si esta es una buena o una mala noticia para el pueblo minero. Mientras tanto, el debate del perfil estratégico industrial de la Argentina sigue pendiente. Y la realidad nos zamarrea entre los intereses de Clarín y los del Gobierno.
Julio Villalonga es director de Gaceta Mercantil
Chiara 
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