CARACAS — El presidente venezolano, Hugo Chávez, se comprometió a finalizar seis conjuntos urbanísticos, confiscados el domingo debido a retrasos e irregularidades en sus precios, con el fin de beneficiar a sus propietarios, una clase media que desconfía de la eficacia del gobierno.
Chávez, a menudo acusado de querer terminar con la propiedad privada, anunció que, a diferencia de otras, esta expropiación no pretende convertir al Estado en dueño de las casas, sino terminar estas urbanizaciones para entregarlas sin «estafas» a sus propietarios legítimos.
«Sólo un Estado revolucionario garantiza el derecho a la propiedad a estas familias que adquirieron sus apartamentos con el fruto de sus trabajos», recalcó el vicepresidente venezolano, Elías Jaua.
Según el propio Chávez, la medida se tomó en beneficio de la clase media, un sector de la población al que el carismático líder venezolano no ha logrado conquistar en sus 11 años de gobierno. «Siéntase la clase media protegida por el proyecto bolivariano», insistió el mandatario.
Sin embargo, la decisión generó una fuerte alarma entre los futuros propietarios, que inmediatamente se trasladaron hasta las obras en construcción temiendo que fueran invadidas o redistribuidas entre los partidarios de Chávez.
En este momento, la militarizada Guardia Nacional custodia los complejos expropiados para preservar los terrenos y evitar invasiones.
«No estoy tranquila, vamos a ver qué dicen, qué hacen», dijo a AFP una de las inversionistas que no quiso dar su nombre.
«Si la constructora se ha tardado tanto, imagínate cómo va a ser si el Gobierno toma la obra, para cuándo voy a tener mi apartamento», piensa en voz alta Alexis Rodríguez.
Según cifras publicadas en la prensa, el gobierno de Chávez construyó 400.000 viviendas en los últimos 10 años, monto que es inferior al presentado por gobiernos anteriores.
«El tema de la vivienda es complejo y el gobierno trabaja en diferentes frentes para solucionarlo», admitió Jaua.
Pero «no es posible construir casas sólo con el deseo de decirlo», lanzó Aquiles Martini, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, recalcando que «el sector privado es el responsable del 75% de las viviendas que se hacen en este país y será el responsable del 75% de las que se construyan en el futuro».
La mayoría de los venezolanos opta por comprar su vivienda antes de que comience la construcción para beneficiarse de precios más económicos.
Sin embargo, la mayoría de los proyectos, a cargo de empresas privadas, se atrasan años, algunos se paralizan y los precios, en un país donde la inflación roza el 30% anual, se acaban disparando.
En Venezuela, un país de unos 28,8 millones de habitantes, el déficit habitacional se ubica en 2 millones de casas en 2010, según cifras de la Cámara Venezolana de la Construcción (CVC).
En los últimos meses, Venezuela ha contado con la ayuda de países como Bielorrusia, Irán y Rusia para construir casas.
Chávez, que aspira a un tercer mandato en 2012, podría «sumar algunos puntos de clase media» a su ya alta popularidad si de hecho termina y entrega los edificios expropiados, estimó Luis Vicente León, director de la encuestadora Datanálisis.
Además, «tapa así su incapacidad de construir viviendas, asumiendo la conclusión de obras que estaban ya casi terminadas. De una manera muy sencilla, las termina rápido y da en consecuencia una sensación de efectividad», concluyó.
Responsables del organismo público de defensa de los consumidores, Indepabis, se han comprometido a entregar un primer lote de los departamentos expropiados antes del 15 de diciembre.
«Las respuestas han sido rápidas y nosotros nos sentimos confiados, se está trabajando en función a establecer cronogramas, se están organizando por tipos de casos. Yo le doy un voto de confianza», dijo Lina Contreras, una de las afectadas.
Fuente: AFP
Felipe 
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Chiara 
