Analizando caso por caso, la izquierda que llegó al poder fue moderada y pro-mercado en los países donde los gobiernos anteriores habían hecho reformas equilibradas y planteado esquemas sustentables a largo plazo. Pero cuando la clase política no supo hallar respuestas, sus países cayeron casi fatalmente en manos de la izquierda radical populista.
Años noventa en América latina: el mapa está teñido de azul, si asignamos arbitrariamente este color a la centroderecha. Así estaba gobernada toda la región, salvo Chile con la Concertación (aunque no se ven motivos válidos para no catalogar a un Eduardo Frei como centroderecha).
Quince años después, actualmente, ese predominio total desapareció y el mapa político se ha invertido bruscamente: la izquierda, con sus dos variantes, domina la región. En Sudamérica son la excepción, nuevamente Chile, con un Sebastián Piñera en graves dificultades, y Colombia, donde en cambio Juan Manuel Santos lleva el mando con seguridad y tranquilidad. Todo el resto del mapa es rojo. No siempre es «rojo rojito», dado que existe una fuerte centroizquierda (Brasil, Uruguay y ahora Ollanta Humala en Perú).
El caso es que en los 90 y primeros 2000 había una hegemonía, un dominio casi total de las fuerzas centristas o centroderechistas, y una convicción generalizada de que se debía ser pro-mercado, desregular, privatizar, etc. El telón de fondo de este criterio generalizado no era la tenebrosa influencia de Washington, como afirman en retrospectiva la izquierda ortodoxa y Fidel Castro, sino la terrible experiencia del agotamiento de los modelos estatistas y mercado-internistas en los años 80. Argentina y Brasil vivieron en esos tiempos hiperinflaciones, una experiencia traumática que convenció a sus poblaciones de la necesidad urgente de “adelgazar” al Estado, y que de esa forma éste dejara de autofinanciarse imprimiendo dinero en cantidades industriales, lo que a su vez llevaba a acelerar el ciclo inflacionario.
Pese a estas reformas, el panorama internacional no era tan benévolo como lo es hoy para los gobiernos que entonces las llevaban adelante. No había boom de commodities que ayudara a esas reformas, que se debieron hacer “con lo que había”.
En el caso argentino, para sostener el modelo de Caja de Convertibilidad cambiaria, y más en general el esquema económico y político vigente durante los gobiernos de Carlos Menem, se requerían 12 mil millones de dólares anuales de capitales extranjeros, atraídos como inversiones de cartera que aceitaban el crédito y el consumo internos.
El esquema funcionó bien durante una década, pero ya se sabe cómo terminó en diciembre de 2001, con mega-devaluación, inflación, fuga de capitales, saqueos e incidentes generalizados que dejaron más de 30 muertos en todo el país. Brasil, bajo Fernando Henrique Cardoso, supo ser más sabio y flexible y en el 99 devaluó a tiempo. El modelo pro-mercado brasileño sobrevivió así a Cardoso y en 2003 llegó Lula…para no tocarlo, lo que significó una enorme decepción de la izquierda regional en aquel momento. Pero el péndulo había cambiado antes, con el triunfo del coronel Hugo Chávez en Venezuela a fines de 1998.
Es evidente, analizando caso por caso, que la izquierda que llegó al poder fue moderada y pro-mercado en los países donde los gobiernos anteriores habían hecho reformas equilibradas y planteado esquemas sustentables a largo plazo. Pero cuando la clase política no supo hallar respuestas, sus países cayeron casi fatalmente en manos de la izquierda radical populista.
El caso de Venezuela es emblemático: los gobiernos de los 90 de Carlos Andrés Pérez y de Rafael Caldera, ya avisados por el Caracazo y las rebeliones extravagantes del coronel Chávez, no pudieron sin embargo dar con la fórmula para salir del paso. La combinación letal de bajos precios del petróleo y endeudamiento externo con un FMI que sólo sabía pedir ajuste tras ajuste, hundió a la democracia venezolana, que por décadas había sido un modelo inspirador en una región dominada por dictaduras militares. Como se dijo, a fines del 98, fue elegido Chávez.
Casi diez años antes, y con el clima del Consenso de Washington ya claramente instalado, la debacle de los 80 fue aprovechada en el Perú por Alberto Fujimori, como se sabe, para montar un régimen autoritario pro-mercado de cuyo modelo heredado aún hoy se nutre el país (y que explica la extraordinaria performance electoral de Keiko Fujimori en las elecciones recientes). El paralelo con Chile y Pinochet resulta, más que inevitable, impresionante. Pero una década más tarde estas operaciones autoritarias y populistas de derecha ya no eran más viables.
El caso es que, uno por uno, y de manera traumática (Argentina, Bolivia, Venezuela) u ordenada (Brasil, Uruguay, ahora Perú), casi todos los países de Sudamérica han dado en esta última década un viraje político e ideológico, en un contexto de cambio de la «doxa», del sentido común y el discurso político predominante.
En Argentina por estas horas se cierra una campaña para elegir candidatos a presidente en unas atípicas elecciones primarias abiertas. No resulta posible hallar un candidato que sin reivindicar los 90, que son sinónimo de Menem y del trauma del 2001, tan siquiera exponga la necesidad urgente de limitar el gasto público disparatado de la era kirchnerista (en este año subió a un ritmo de 35% -en un nivel similar está la emisión monetaria- y como los ingresos aumentan a un 31% hay déficit fiscal, que se oculta tomando dinero a manos llenas del Banco Central y de la administración estatal de pensiones).
Es así que todos los candidatos argentinos hoy en liza hacen profesión pública de fe estatista. Apenas algo diferente se sugiere cuando se promete combatir la inflación (del orden del 25% anual y subiendo, según estimaciones privadas que el gobierno persigue con multas confiscatorias e incluso denuncias penales).
Pero de esta forma, por este corrimiento masivo al centroizquierda, se creó en el caso argentino un vacío evidente en un nicho electoral que no ha desaparecido, el de centroderecha. Este vacío aumentó cuando el peculiar alcalde de la ciudad de Buenos Aires, el empresario Mauricio Macri, decidió retirarse de la competencia, al considerar que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK) era invencible.
Esta retirada llevó a otro candidato, que se declaraba progresista y estatista a los cuatro vientos hasta hace pocos meses, Ricardo Alfonsín, a dar un brusco volantazo al centro. El hijo y virtual sosías del fallecido presidente de los años 80 eligió a un reconocido economista para que lo acompañara en la fórmula, Javier González Fraga. Y luego armó un acuerdo en el principal distrito del país, la provincia de Buenos Aires (que concentra el 40% del electorado) con el empresario y líder peronista conservador Francisco De Narváez.
Estos episodios de política doméstica demuestran que existe, tanto en Argentina como en otros países de la región (los casos de Uruguay y Paraguay, para no ir muy lejos) un electorado potencial de centro o centroderecha muy importante, que no ha desaparecido ni mucho menos pese a esa hegemonía discursiva y cultural del progresismo.
Es que hoy, de manera similar a cuanto ocurría en los 90 con las desregulaciones, privatizaciones y demás medidas pro-mercado, se ha creado un “sentido común” político, pero de signo opuesto. El problema es la evidente disfuncionalidad de este discurso hegemónico con la vida real, con la economía. Mientras en Brasil el PT le permite a su ala radicalizada que se dedique a cualquier actividad dentro del gobierno menos a la economía, en Argentina el radicalismo peronista de izquierda de CFK se ha apoderado de la dirección de ese sector clave. Esto explica por sí solo las cifras dadas un poco más arriba sobre inflación, emisión monetaria y crecimiento del gasto público. Los resultados son francamente malos, pero CFK se apresta a ganar cómodamente las elecciones primarias abiertas. ¿Cómo es eso?
La respuesta explica un fenómeno que va más allá del caso argentino. La mala política económica se puede hacer sin pagar grandes costos porque el aluvión de dólares que ingresa puntualmente todos los años por la cosecha de soja (principalmente, pero no solamente), junto con la tracción importadora de Brasil en los rubros industriales, hacen políticamente sostenible ese desmanejo, que en los años 90 hubiera costado la vida política al presidente que hubiese llevado adelante medidas semejantes.
En otras palabras: los presidentes de izquierda más o menos radicales (contamos acá a CFK, Rafael Correa y Evo Morales) pueden sostener altos índices de popularidad y ganar votaciones porque pese al maltrato explícito a que someten sus economías éstas igualmente crecen a buen ritmo y el balance externo es ampliamente positivo. Este último factor los independiza de la necesidad de cortejar a los mercados internacionales con una política económica más equilibrada.
Por eso estos tres países (a diferencia de la Venezuela chavista) presentan números envidiables (salvo Argentina con la inflación y, ahora y crecientemente, con un reducido superávit comercial). Es esta una enorme diferencia con los 90, cuando los gobiernos obligatoriamente debían atraer inversores externos para mantener activas a sus economías.
En esos años, los rubros agro-exportadores no garantizaban ingresos suficientes. El déficit de balanza comercial y de la cuenta corriente de la balanza de pagos eran crónicos, se tome el país que se tome, salvo Chile. Eran los flujos de capitales, de inversiones de cartera, los que salvaban la situación, y para lograrlos había que ser obligatoriamente “market friendly”.
Las inversiones extranjeras directas (IDE), llegaban también en abundancia, para comprar empresas públicas privatizadas, como las telefónicas, o simplemente para abrir fábricas o empresas de servicios en países que presentaban perspectivas alentadoras por primera vez en muchas décadas. Es sobre esta base “neoliberal” que hoy cosechan consensos y récords económicos los gobiernos de izquierda, especialmente los moderados, que siguen atrayendo inversiones de cartera, al punto de que sus monedas se fortalecen a un ritmo alarmante.
En conclusión, si los 90 fueron los años “neoliberales” y tuvieron una vida acotada a esa década, los años 2000 son los de la izquierda en sus dos versiones, y a diferencia de aquella década, no parecen tener un límite temporal a la vista. Las mayorías electorales parecen confiar más en los candidatos y presidentes de izquierda y centroizquierda. A estos votantes, estas complejas explicaciones macroeconómicas no les atraen ni interesan: “compran” el discurso que les baja desde el poder acerca de que los “gobiernos populares” son los únicos que beneficiarán a las mayorías.
El argumento oficial siempre es el mismo: “esta bonanza es posible porque estamos nosotros, con la derecha estarían en la miseria”. Se obvia groseramente la explicación sobre las masivas compras externas de commodities. Pero además, y este punto es clave, aunque un sector importante de la población se da cuenta de este hecho, igualmente cree que la izquierda “distribuye más”.
El reciente caso peruano puede ser el mejor ejemplo: después de una década de fujimorismo y otra de centroderecha (presidentes Toledo y García) una mayoría sintió que algo faltaba, que había, sí, mucho crecimiento; pero que había muy poco “derrame”, y le puso el voto a Ollanta Humala. Algo similar ocurrió en las últimas elecciones brasileñas: la mayoría se sintió más segura de que con Dilma Rousseff y no con José Serra recibiría más frutos del fuerte crecimiento económico.
Mientras las formaciones de centroderecha regionales no logren convencer a los electores de que ellos pueden ser también “distribucionistas” como sus adversarios de izquierda, pero que a eso sumarían más y mejores inversiones privadas y por lo tanto más crecimiento general, las cosas seguirán más o menos como hasta ahora. Un desafío difícil por cierto, que en algunos casos particulares (Venezuela, Argentina) puede facilitarse por el pésimo manejo económico de sus gobiernos “progresistas”.
Fuente: www.agenciacna.com
Chiara 
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