Indígenas bolivianos que realizan desde el lunes pasado una marcha de 600 km en defensa de una reserva natural amenazada por una carretera, expresaron sus deseos de dialogar con el presidente Evo Morales y, a la vez, acudieron a la OEA y Brasil para buscar frenar la obra.
Los nativos dicen que una vía de 300 km, financiada principalmente por Brasil a un costo total de 415 millones de dólares, afectará el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), de un millón de hectáreas, rico en flora y fauna y donde habitan desde tiempos ancestrales varios grupos de nativos.
«Nosotros no estamos cerrados al diálogo, lo hemos pedido desde el principio, con el presidente» Morales, dijo a la AFP Ernesto Sánchez, dirigente del TIPNIS.
Unos 1.200 indígenas -el doble de los que arrancaron el lunes en Trinidad, capital del departamento amazónico de Beni- se encuentran a pocos kilómetros de San Ignacio de Moxos, hasta donde llegará la carretera de 300 km que nace en el poblado cocalero de Villa Tunari, el bastión político de Morales.
Los indígenas calculan una marcha de unos 40 días hasta llegar a La Paz, sede de gobierno. Quieren dialogar con el gobierno pero sólo con el presidente Morales, el primer aymara en llegar al poder desde la fundación del país en 1825.
Morales dijo este jueves en un evento público en la ciudad de Santa Cruz, 900 km al este de La Paz, que los manifestantes piden dialogar y agregó que «estamos delegando al ministro de la Presidencia (Carlos Romero) para que rápidamente puedan reunirse».
Consultado Sánchez sobre este anuncio, respondió que el diálogo «sólo es con presidente y no vamos a conversar con ese señor (Romero), porque vemos que es muy entercado (terco) y es un señor que no tiene ni respeto por nosotros, después de ser asesor por 12 años de los indígenas».
Romero trabajó en el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), una ONG que, actualmente asesora a los indígenas y que tramitó junto a ellos una solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) para frenar la obra vial.
«Se ha presentado a la Comisión Interamericana una solicitud de medidas cautelares para la protección del TIPNIS», informó a la AFP el director del CEJIS, Leonardo Tamburini.
Explicó que «nuestro pedido es que el Estado boliviano suspenda la construcción de la carretera por violación a los derechos humanos y constitucionales, considerando los daños a la vida, al territorio de los pueblos indígenas y considerando que no se atendieron las demandas indígenas».
Agregó que «tenemos información extraoficial de que la Comisión ha solicitado al Estado boliviano información sobre la carretera».
El dirigente indígena Sánchez señaló que junto a esta acción también se enviaron cartas para reclamar por la carretera a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, al embajador brasileño en La Paz, Marcel Biato, y a la empresa que construye la vía, la brasileña OAS.
«Se ha mandado una carta a tres autoridades: al embajador de Brasil en Bolivia, a la presidenta de Brasil y a la empresa OAS que va a construir la carretera», precisó.
«Estamos planteando que no queremos que la carretera pase por ahí (la reserva natural) y que ellos como financiadores puedan exigir con que se cumplan con todas las normas que tenemos en Bolivia», agregó.
El vicepresidente boliviano, Alvaro García Linera, recientemente defendió la obra señalando que «es posible preservar la estructura del parque como una zona de amplia biodiversidad, pero también es posible, en un pequeño trecho, atravesar una carretera que nos garantice vinculación de los mismos pueblos indígenas del parque con otros pueblos indígenas y con el resto de Bolivia».
Fuente: feeds.univision.com