“Hay acreedores individuales y universidades”, se quejó ante los legisladores argentinos. La Corte definiría el lunes.
El republicano Ed Royce fue el choque más duro que tuvieron los legisladores argentinos en Washington, donde viajaron a defender la posición del Gobierno en el juico de los bonistas que no entraron en el canje de deuda, a la espera de una definición de la Corte Suprema de Estados Unidos.
Nacido en Los Angeles hace 63 años, Royce lleva once períodos como legislador y presidela Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, dominada por los republicanos y cepo de cualquier iniciativa de Barack Obama.
La delegación liderada por Julián Domínguez lo sumó al itinerario de reuniones para plantear la postura argentina, que se niega a pagarles a los bonistas rebeldes la totalidad de la deuda y ofrece las mismas condiciones que el resto de los acreedores, que aceptaron una considerable quita.
Royce pronto les demostró no estar dispuesto a escuchar ninguna plegaria. “Acá no se trata sólo de fondos buitres. Entre los deudores hay universidades y bonistas particulares”, planteó.
El cruce más duro siguió cuando le recordaron que Argentina reabrió el canje de deuda para los bonistas. “Decía que estaba enterado de la reapertura. Difícil quesea así. Claramente representaba el lobby de los buitres”, sostuvo ante LPO un diputado que integró la delegación.
Se denomina buitres a los fondos de inversión que compraron parte de la deuda en litigio y ya consiguió dos fallos favorables de la justicia estadounidense.
Los más conocidos son Eliot Capital Managment y NML, cuyo dueño es Paul Singer, un financista que gestiona más de 15 mil millones de dólares de fondos de riesgo y fue uno de los principales financistas de las campañas del Partido Republicano.
Argentina le pidió a la Corte Suprema de ese país que tome el caso y acepte la oferta del país.
El principal riesgo para Argentina es que se aplique la cláusula pari passu, que obligaría a pagarle a darle el mismo trato a los bonistas que ya entraron al canje, un gasto aproximado de 15 mil millones de dólares, imposible para el país.
Se esperaba una definición para hoy pero los legisladores que estuvieron en Washington retornaron con la impresión de que demorará al menos hasta el lunes.
Royce es recordado por defender a ultranza la alta inversión que significó ocupar Irak y Afganistán. Tanto apoyó estas acciones que en 2005 votó contra una enmienda pedida por Bush para iniciar un retiro de las tropas de Irak, que consideró parte de “una guerra global contra el terrorismo”, posición que impone en la Comisión de Relaciones exteriores.
Aún así, en estos tiempos a Royce lo tildan de moderado entre los republicanos, acorralados por una fracción de ultraderecha conocida como los “Tea party” con éxitos en cada contienda interna y artífices de la parálisis de la Cámara de Representantes.
Los legisladores argentinos volvieron sorprendidos por el alcance de esta disputa. “A nosotros nos sería imposible armar un contingente así”, blanqueaban los demócratas, quienes respaldaron la posición argentina.
La líder del partido gobernante en la Cámara baja del Congreso, Nancy Pelosi, Roberta Jacobson, secretaria adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado norteamericano, y con Ricardo Zuñiga, asesor y director Senior para Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca.
Pero el más vehemente fue el representante demócrata de Carolina del Sur, James Clyburn, quien propuso construir una agenda para combatir el ataque de los buitres.
Las otras voces alentadoras llegaron desde representantes del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Los primeros dijeron que si el caso argentino tenía un final feliz lo usarían de ejemplo para conflictos similares.
A Domínguez lo acompañaron sus pares Juliana Di Tullio, Roberto Feletti, Ruben Uñac, Eric Calcagno, Guillermo Carmona, Carlos Heller y Omar Perotti. Por el Senado fueron el presidente provisional Gerardo Zamora, Ruperto Godoy y Marcelo Fuentes.
La oposición la representaron Darío Giustozzi (Frente Renovador), Federico Strurzeneguer (PRO), Lino Aguilar (Compromiso Federal), Martín Lousteau (Suma + Unen).
El Gobierno confía en que si la Corte decide consultar a la procuración de Estados Unidos terminará demorando un fallo hasta 2015.
El lunes, el fallo
Axel Kicillof adelantó que la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos acerca de la apelación solicitada por la Argentina se conocerá el lunes y sostuvo que un fallo adverso obligaría al país a pagarle 15 mil millones de dólares a los holdouts.
«En principio, esto se hace público el lunes a la mañana. Hoy es el día de discusión pero no de difusión», afirmó el jefe del Palacio de Hacienda. Kicillof recordó que si el máximo tribunal no acepta el caso generará una obligación de 15 mil millones de dólares en lugar de los 1.300 millones que dicta la letra del fallo.
«El juez (Thomas) Griesa (de primera instancia) falló que se le pague todo lo que reclaman (los holdouts) con una visión muy estrecha, porque lo trata como si fuera una deuda entre dos privados y eso no es así porque de un lado están los buitres y del otro un Estado soberano», indicó el funcionario.
Kicillof recalcó que «tal como dice Griesa la Argentina tiene que pagar 15 mil millones de dólares y esto no es razonable».
El ministro explicó que se le pidió a la Corte Suprema de los Estados Unidos «que tome el caso y lo evalúe tal como es: o sea un problema de la legislación mundial en casos de default de un país».
«Por eso gobiernos como el de los Estados Unidos, de Brasil, de Francia, de México y el FMI estuvieron interesados diciéndole a la Corte Suprema que esto no es un problema entre un fondo de inversión y la Argentina por una casualidad, sino que es un problema de las reestructuraciones de deuda soberanas», indicó.
El ministro abundó al respecto que «y esto es así porque no puede ser que si 93 por ciento aceptó una reestructuración un 7 por ciento ponga en riesgo toda la operación».
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Chiara 
Felipe 