En una guerra cada vez más abierta de fiscales contra fiscales, desde la Procuración General de Justicia (PGN) convocaron durante los últimos días a decenas de sus funcionarios en todo el país a firmar un escrito judicial en apoyo al también fiscal, pero del área antilavado, Carlos Gonella, procesado por la supuesta protección que brindó al empresario Lázaro Báez.
La convocatoria, que carece de antecedentes, se difundió por medio de un correo electrónico que envió uno de los máximos colaboradores de la procuradora Alejandra Gils Carbó, Carlos Lisandro Pellegrini.
Lo remitió el lunes 22 de este mes desde su casilla oficial de la Procuración con destino a por lo menos 43 fiscales y funcionarios que integran la agrupación Justicia Legítima, según consta en la copia que obtuvo LA NACION. Pellegrini adjuntó un documento a su correo cuya redacción atribuyó al fiscal general de Tierra del Fuego, Adrián García Lois. «Se trata de un escrito con formato de amicus curiae que él [García Lois] va a presentar ante la Cámara Federal de Apelaciones, a la que toca revisar el procesamiento de Gonella», explicó el colaborador de Gils Carbó. «Quizás alguno de ustedes esté interesado en firmarlo también. Varios fiscales y funcionarios/as de la PGN lo haremos», adelantó.
Desde la Procuración negaron, sin embargo, que se trate de una iniciativa oficial o institucional. «Es sólo una idea entre varias que llegaron de fiscales indignados», explicó un vocero de Gils Carbó, que estimó que «no es seguro que se presente».
Según surge del propio mail, la iniciativa llegó hasta la etapa de recolección de firmas. «El escrito original está en Perón 667, a disposición de todxs lxs que lo quieran firmar», precisó Pellegrini, en alusión a la sede de la Procuración.
Para darle fuerza a la presentación, sus impulsores buscan recopilar el mayor número posible de firmas. Por eso varios de los 43 destinatarios lo reenviaron a sus colaboradores.
Y Pellegrini guió a quienes no se encuentran en la ciudad de Buenos Aires: «Aquellos que no puedan pasar por acá [es decir, por la sede de la PGN], pueden mandar su firma por correo (material) bajo el siguiente texto: «A través de la presente dejo constancia que suscribo el amicus curiae a presentar ante la Cámara»».
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi procesó a Gonella y a un colaborador, Omar Orsi, tras considerar que desviaron adrede una pesquisa para beneficiar a Báez y concentrarse sólo en Leonardo Fariña y Federico Elaskar.
«El direccionamiento de la investigación -estimó en su fallo- ocasionó una demora de casi veinte días desde la primera denuncia que conspiró contra la eficaz persecución de un delito complejo como el lavado de activos, perjudicándose la causa que le fuera confiada.»
Según el magistrado, «tan clara está la intencionalidad de los imputados en perjudicar esa investigación que para poder introducir los reportes que facilitarían su direccionamiento se comunicaron telefónicamente con el fiscal [por Ramiro González] ofreciéndole su colaboración» y pidiéndole que los esperara antes de realizar el requerimiento de instrucción.
Tanto Gonella como Orsi apelaron la decisión del juez. «Es arbitraria porque omite tratar cuestiones fundamentales de nuestra línea de defensa, las evita sin ninguna explicación», explicó Gonella, días atrás. «Tramitamos esta y todas las causas en base a protocolos de actuación que tienen que ver con los parámetros del GAFI», detalló.
La procuradora profundizó esa defensa durante el brindis de Justicia Legítima de fin de año. «El sesgo de esta causa es evidente y manifiesto», afirmó.
Eso sólo pudo suceder, añadió, «en un expediente oscuro», donde «se plantea el escenario que conviene». Más aún, indicó, cuando el otro fiscal que intervino en el inicio de la pesquisa, Ramiro González, no está «ni acusado, ni procesado, ni se lo quiso traer como testigo, cuando sería una persona de lo más relevante para escuchar», reclamó.
El escrito que impulsan algunos fiscales y funcionarios de la Procuración se extiende por esa senda. Por un lado, carga contra el fallo de Martínez de Giorgi por considerar que «no resulta adecuado a derecho ni resiste un mínimo análisis lógico», y que «atenta contra la debida fundamentación que deben revistar las decisiones judiciales».
Por el otro, y desde una visión más amplia, porque suman esa decisión judicial a otras «adoptadas en las últimas semanas [que] pretenden poner en jaque la actuación funcional del Ministerio Público en su conjunto».
Gonella y Orsi esperan ahora que la Cámara Federal revoque sus procesamientos o, si no, que lo haga la Casación.
Pero otros fiscales y funcionarios de la PGN quieren reforzar su defensa con el escrito que Pellegrini alentó a presentar cuanto antes.
«Si alguien tiene una objeción o comentario importante al texto podemos modificar el documento. De lo contrario, si sometemos el escrito a cuestiones de estilo o no sustanciales, es probable que no convengamos un documento en el corto plazo y este gesto pierda efecto».
Por lo pronto, no llegaron a presentarlo antes del inicio, ayer, de la feria judicial.
EN RESPALDO AL FISCAL ANTILAVADO
Convocatoria
Desde la Procuración General de Justicia (PGN) convocaron a decenas de sus funcionarios a firmar un escrito judicial en apoyo al fiscal antilavado Carlos Gonella
Difusión
Se difundió a través de un correo electrónico que envió Carlos Lisandro Pellegrini (uno de los máximos colaboradores de Gils Carbó) a 43 fiscales y funcionarios de Justicia Legítima
ERCOLINI, A CARGO DE LA DENUNCIA CONTRA EL PAMI
La denuncia que presentaron el diputado nacional Adrián Pérez y la legisladora porteña Graciela Ocaña por irregularidades en el PAMI recayó en el Juzgado Federal a cargo del juez Julián Ercolini.
Tal como lo anticipó LA NACION en su edición del sábado pasado, Ocaña y Pérez pidieron investigar al interventor del organismo, Luciano Di Cesare, por presunta malversación de fondos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y enriquecimiento ilícito. Además, pidieron a Ercolini investigar obras inconclusas, el pago de alquileres sospechosos y hasta el intento de compra de una TV de 80 pulgadas.
«Los hechos demostrarían un patrón habitual en las modalidades de contratación de obra por parte del instituto», dijeron en la denuncia.
Fuente: La Nación
Felipe 
Chiara 
admin 
