Buenos Aires, mayo 20 de 2013
Señor Diputados de la Nación
Patricia Bullrich, Alfonso de Prat-Gay, Ricardo Gil Laavedra, Gabriela Michetti Eduardo Amadeo, Gustavo Ferrari y Juan Carlos Zabalza
Presente
Me dirijo a Uds. con referencia al acto protagonizado en el día 16 de mayo junto con otros representantes de los distintos partidos para oponerse a la Ley de blanqueo que impulsa el gobierno nacional, como así también a las diversas declaraciones que efectuaran y que consignaron los distintos medios, con referencia a los supuestos ilícitos cometidos por Lázaro Báez, y sus testaferros, y otras maniobras respecto al enriquecimiento ilícito de esos sujetos, su relación con el ex presidente Kirchner y con la actual Presidenta de la Nación.
En todas las exposiciones que he leído, hay una permanente denuncia de la corrupción, de los variados actos ilícitos que son materia de distintas acciones penales, y de la matriz delincuencial que pareciera haberse instalado en el país, mediante la cual los funcionarios del gobierno gozan de una impunidad, que les permite blindarse ante la justicia. Eso lo han sostenido Uds. en forma reiterada, planteando que debe terminarse con este sistema de ilegalidades, que afecta gravemente a las instituciones del país.
Dejando de lado ciertas expresiones apocalípticas, que parecieran mostrar que lo que a diario informan algunos medios y programas televisivos son cuestiones inéditas en la Argentina, no puedo como ciudadano, sino estar de acuerdo que no se beneficie a los evasores, a través de disposiciones legales, que les permitan regularizar los distintos fraudes cometidos, y que en consecuencia q Uds. se opongan a la Ley de blanqueo. También debo acordar que resulta fundamental que se combata el fraude, el enriquecimiento ilícito, la corrupción estructural y se termine con la impunidad de los funcionarios, a los que la justicia federal investiga morosamente hasta que las causas prescriban. No creo que algún habitante de la Argentina pueda no estar de acuerdo con terminar con esas actividades delictivas.
Lo que si me llama poderosamente la atención, es que el énfasis en realizar tales denuncias tenga un alcance muy limitado a los recientemente denunciados actos de corrupción, que si bien resultan extremadamente graves por las supuestas vinculaciones con el poder, están reducidos a un núcleo muy limitado de sujetos, y su volumen, aunque tenga alguna significación, son operaciones fraudulentas que debiendo ser investigadas, en modo alguno afectan la estructura económica de la Nación.
También me sorprende la diferencia que existe entre estas repentinas y estentóreas denuncias, y el silencio guardado por Uds. que ejercieron la función pública en distintos gobiernos, sobre aquellos actos fraudulentos y de manifiesta ilegalidad, que sí afectaron la estructura económica del país y la siguen condicionando, habiendo ignorado sistemáticamente las investigaciones realizadas por la justicia federal en torno al endeudamiento público, el endeudamiento privado, los delitos tributarios amnistiados en 1985, y la fuga de capitales realizado durante los distintos gobiernos de la democracia.
Los supuestos actos delictivos de Báez, Cristóbal López, Boudou, y demás personajes que son materia de las últimas denuncias, han motivado que Uds. se pronunciaran para terminar con la impunidad en caso de alcanzar la mayoría en las elecciones de octubre. Estas expresiones también me llaman la atención, debido a que la impunidad en la Argentina es muy anterior a esas personas, alcanzando dimensiones colosales durante la década del 90, sin ignorar lo ocurrido durante la presidencia del Alfonsín, de Fernando la Rúa y de Duhalde, lo que Uds. parecieran haber sepultado en el olvido, por razones que desconozco y estimo prudente no calificar. Los delitos de acción pública que perjudicaron al país durante esos gobiernos, tienen una entidad absolutamente mayor, que los actos que ahora se denuncian.
Quiero recordarles, que a pesar de la investigación existente en la justicia federal sobre el endeudamiento externo, que llevara al Juez Martín Anzoátegui a solicitar la intervención del Congreso de la Nación en el mes de enero de 1984, el gobierno del Dr. Alfonsín, negoció con los distintos acreedores externos la deuda probadamente fraudulenta. Además de ello, y después de la renuncia del Dr. Bernardo Grinspun, que había ordenado una investigación de la deuda privada en el Banco Central, se ordenó archivar la misma, a pesar de que en el poco tiempo en el cual pudieron trabajar los investigadores, se probaron actos ilícitos realizados por un conjunto de empresas como Renault Argentina S. A., Sideco Americana, Bridas S. A., Cogasco S. A., Ford Motor Argentina, Cargill S. A., Textil Castelar, Sudamtex, Suchard, Fiat Concord, Petrolera Pérez Companc, Selva Oil, Techint. Socma. Papelera Río Paraná, Loma Negra, entre otras de enorme significación. Debo aclarar, que el conjunto de todo ese endeudamiento, significó casi la mitad de la deuda externa total del país, en ese momento o sea casi 23.000 millones de dólares. Tampoco esta gigantesca defraudación al Estado, llevó a Uds. a ocuparse del asunto, efectuar alguna declaración, o hacer alguna presentación a la justicia.
Continuando con la zaga de ilegalidades e impunidad, una enorme cantidad de evasores fueron premiados por el gobierno de la Unión Cívica Radical, que a través del ministro de Economía Juan Vital Sourrouille el 29 de agosto de 1985 propició dejar sin efecto: «toda acción penal cambiaría por infracciones cometidas en relación con los conceptos que se normalicen, que hubiesen constituido en la disposición o utilización indebida de divisas obtenidas en el mercado de cambios o en la omisión de operaciones, así como en las transferencias de divisas al exterior realizadas sin intervención de entidad autorizada al efecto». Por medio de esta resolución, se premió a lo que ellos mismos calificaban como un «incremento desmesurado de la actividad especulativa, fuga de capitales al exterior y desarrollo de una economía subterránea de gran magnitud dedicada a la especulación financiera en desmedro de la inversión productiva».
En el año 1986, y desconociendo la investigación realizada por los auditores del Banco Central, que demostraron la fraudulencia de las obligaciones y el dictamen impugnando el reclamo, se reconoció la deuda mantenida con el Amro Bank de Holanda, que fue incorporada en 1987 a las obligaciones mantenidas con el Club de París. Y esto no son los cincuenta o cien millones de euros de Báez, las operaciones especulativas de Fariña y Elaskar o algunas valijas con varios millones, sino más de 1.000 millones de dólares originales, significando esa deuda con más sus intereses una sangría constante de divisas, que aun hoy se encuentran pendiente de pago.
La llegada de Menem al poder, significó, no solo la enajenación de patrimonio nacional en bloque, sino la aceptación incondicional de las obligaciones externas, legales e ilegales, llevando el endeudamiento a casi 150.000 millones de dólares, sin que ninguno de Uds. hubiera realizado el más mínimo gesto para oponerse a este fraude, ni por lo menos solicitar alguna investigación para ver qué es lo que se estaba renegociando, cuáles eran las condiciones, que podía ser discutido. Tampoco era necesario ser legislador en ese momento, sino simplemente ejercer la responsabilidad política de un dirigente preocupado por las cosas del país
En el año 1991 se inició una investigación ante el Juzgado en lo Penal Económico a cargo del Dr. Miguel García Reynoso, por infracción a la ley penal cambiaria; este juez se excusó de seguir interviniendo por entender que había conexidad con la que se llevaba adelante en la justicia federal, por el endeudamiento.
La fiscal interviniente Dra. Fátima Ruiz López emitió su dictamen el 21 de julio de 1991, en el que sostuvo que «atento a las manifestaciones de los gerentes del Banco Central, es obvio que la materia investigada es una defraudación al Fisco. El Banco Central señala nada más que la existencia de treinta y nueve sumarios, lo que no es proporcional con los miles de implicados que aparecen en las investigaciones realizadas. Ello demuestra que el Banco no ha arbitrado los medios para controlar las divisas».
En agosto del mismo año el Dr. García Reynoso se declaró incompetente y en su resolución manifestó: «A través de la investigación de personal especializado de la Dirección Nacional de Aduanas y del Banco de la Nación Argentina, se detectaron cientos de casos de violaciones a las normas del artículo 1 del régimen penal cambiario, cuya investigación y juzgamiento corresponde al Banco Central que no la ejecutó. Con respecto a la deuda externa, se ha comprobado que un volumen del relevamiento que se expuso no tiene un correlato con los indicadores que expresan un aumento de la actividad económica, por una inversión productiva en esas condiciones. Para decirlo de otra manera, el dinero que se prestó al país no se ve en la calle. El problema para obtener datos confiables sobre el ingreso de divisas y la posterior fuga de capitales, consiste en que en nuestro país fueron desmontados paulatinamente todos los organismos destinados al control de este tipo de movimientos, y es así que la autoridad monetaria llegó a ignorar el volumen de las divisas que se encontraban pendientes de ingreso». El juez concluyó afirmando que «se habría cometido el delito previsto por el artículo 148 del Código Penal» y considerando que el directorio del Banco Central era penalmente responsable de la violación a las normas del Código citado. En esa denuncia había más de 20.000 entre personas y sociedades que habían infringido la Ley, y terminó como tantas otras en los archivos de Comodoro Py.
El gobierno de Fernando de la Rúa, además de continuar con los mismos procesos de reconocer el fraude, endeudó al país a través de un mega canje, paradigma de lo ilícito, y tampoco eso a Uds. les significo intentar alguna acción o denunciarlo ante la justicia, aunque se comprometía gravemente el patrimonio nacional, y no a través de negociados espurios hechos por testaferros de funcionarios, aventureros de diversa denominación o delincuentes comunes con alguna vinculación gubernamental; sino a través de negociaciones efectuadas por las más altas autoridades de la Nación y convalidadas por el Parlamento. Solo Elisa Carrió, Alfredo Bravo, Graciela Ocaña y Mario Cafiero, hicieron la correspondiente acción judicial, que tiene hoy como procesado al ex Ministro Domingo Cavallo.
Podría señalar también, que tanto el Dr. Martín Anzoátegui, como el Dr. Jorge Ballestero, ambos titulares del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 2, enviaron comunicaciones al Congreso Nacional desde 1984, hasta la remisión de la sentencia sobre la deuda de la dictadura, en julio de 2000, para que el Congreso se hiciera cargo de lo que constitucionalmente le correspondía ante los ilícitos probados en la causa sobre defraudación a la Administración Pública. Esa nota del Juez federal fue enviada al archivo, donde seguramente continúa, sin que ninguno de Uds. se hubiera preocupado en algún momento de su gestión, por tomar conocimiento de una estafa de casi 45.000 millones de dólares
Cabe agregar que en todas las operaciones investigadas sobre el endeudamiento público desde 1976 hasta 2005 por la Justicia Federal a través de tres causas penales, donde existen miles de fojas con pericias, testimonios, declaraciones, informes está probada la comisión de diversos delitos de acción pública y hasta algunos cometidos por la Procuración del Estado, que tampoco parece haberlos preocupado mucho, a pesar de su extrema gravedad institucional.
No puede alegarse ignorancia alguna sobre estos procesos que vengo consignando, debido, a que la justicia federal envío reiterados oficios a todas las instituciones del Estado desde 1982, hasta el año 2004, haciendo saber lo que se investigaba, sin perjuicio de notas en los diversos medios, reuniones organizadas en la Cámara de Diputados por los diputados Mario Cafiero y Alfredo Bravo entre otros, y la intervención que tuvo en su momento la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas.
A toda esta descomunal defraudación que a Uds. pretendidos defensores actuales de la legalidad y de las instituciones, parece no haberles llamado la atención se suma, la Investigación llevada a cabo en el año 2002, por la Comisión de Fuga de Capitales de la Cámara de Diputados, que probó documentadamente, como se habían ido del país más de 30.000 millones dólares, estando involucradas 520 empresas, entre las que se encuentran las más importantes del país, y 27.700, personas físicas, de las cuales 237 habían fugado 2.676.297.641 millones de dólares. Acabada la investigación y fuera de una edición con las conclusiones efectuada por la Editorial Siglo XXI en el año 2005, a nadie se le ocurrió hacer la denuncia sobre los posibles delitos de evasión, que surgían claramente de la investigación. Personalmente solicité informes a la Unidad de Información de Delitos Tributarios y Contrabando y a la justicia federal, informándose en esta última, que el Ministerio Público Fiscal había efectuado una denuncia, que a los pocos meses fue desistida. Ello llevó al diputado Fernando Solanas a denunciar penalmente a los responsables de la investigación por no haber cumplido con su deber de denunciar los actos ilícitos, y a los que los habían cometido, en una causa, que también duerme en los archivos de Comodoro Py, a pesar del compromiso del Juez de llegar hasta sus últimas consecuencias.
Tampoco parece haberles resultado importante, cuestionar el fraudulento canje del año 2010, efectuado por bancos que actuaron en representación de gobierno y de los acreedores, y que importó 12.000 millones de dólares y también fue denunciado por el diputado Solanas en la Justicia Federal. En este caso, además hubo una clara aceptación de Uds. al haber aceptado suspender la llamada Ley cerrojo que permitió la referida operación.
No está demás agregar que todas las operaciones manifiestamente ilegales que mencionara, donde existió una concertación de complicidades entre un conjunto de bancos liderados por JP Morgan y el Citibank y los más altos funcionarios del Estado, tampoco significaron preocupación alguna para Uds. que ni las denunciaron, ni tampoco hicieron mención alguna al enorme perjuicio que las mismas, significaban para la economía de la Nación, consintiendo con ese silencio un nuevo atropello al patrimonio público.
Me parece inaceptable, que la dirigencia política que tiene la obligación de velar por los intereses de la comunidad, y dar ejemplo de lo que es la representación parlamentaria tenga una visión tan torcida del significado de la corrupción y de los actos delictivos. Que Uds. omitan los actos de corrupción estructural que han comprometido desde hace más de treinta años la economía del país, afectando grandemente su desarrollo, y que ahora con el solo propósito de enfrentar al gobierno, se ocupen en montar escenografías de protesta, por cuestiones que ni remotamente guardan relación con los actos cometidos por los grandes defraudadores del Estado, me parece algo extremadamente cuestionable. Además, no solo me refiero a los funcionarios públicos, sino a las empresas privadas que se enriquecieron, transfiriendo sus deudas a un pueblo empobrecido, que se ha visto privado de canalizar sus rentas hacia la producción y el desarrollo, para privilegiar el pago de obligaciones productos de una descomunal estafa a las finanzas de la República.
No se puede tener una visión tan sesgada de lo que es el delito y de tal manera escandalizarse por unos, y guardar silencio por otros, pero lo que resulta más grave, es que Uds. se están ocupando de denunciar y publicitar a diario supuestos delitos cometidos por delincuentes comunes, habiendo guardado un silencio cómplice sobre todos aquellos actos probadamente delictivos que significaron el saqueo del país durante décadas, la violación del orden constitucional a través de facultades extraordinarias otorgadas en su momento a un ministro de Economía, y la aceptación de negociaciones que comprometieron el patrimonio público, todas las cuales se encuentran debidamente documentadas en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2°.
Debo aclarar, que en ningún caso pretendo minimizar las acciones supuestamente cometidas por los personajes denunciados por Uds., ni la gravedad que supone, que en tales negocios espurios, exista vinculación con el ex presidente Néstor Kirchner, y ahora con la Presidenta de la Nación; lo que sí me interesa precisar, es que tales, son como tantas otras infractoras de la ley que llevan a cabo los que hacen del delito una forma de incrementar sus patrimonios, pero en modo alguno afectan estructuralmente la economía del país. Estimo que no existe comparación alguna entre los hechos denunciados por Uds. y una defraudación al Estado de miles de millones de dólares, realizada a través de distintos gobiernos constitucionales, con el consentimiento expreso de la Procuración del Tesoro, la aprobación reiterada del poder legislativo y el silencio cómplice de la dirigencia política, que salvo excepciones que he mencionado, jamás le interesó saber que pasaba con las finanzas públicas, la naturaleza ilegal de los pactos contractuales que se firmaban con los acreedores extranjeros, y el hecho inconcebible, que durante tres años por los menos (1992-1995) la deuda pública del país no fuera manejada por las autoridades de la Nación sino por un conjunto de Bancos Extranjeros, al punto que dos de esos bancos (JP Morgan y Citibank) fueron los que diseñaron, contrato mediante, la política económica de la década del 90.
Ser representantes del pueblo de la Nación, supone actuar claramente en defensa de sus intereses, no limitando la acción a cuestionar políticas gubernamentales, a denunciar a presuntos delincuentes vinculados con el oficialismo y a sobreactuaciones permanentes en defensa de una vulnerada legalidad. Es tener conciencia de la responsabilidad que se ejerce más allá de situaciones de coyuntura, para luchar en serio por la defensa de la patria.
Saludo a Uds. atentamente
ALEJANDRO OLMOS GAONA
Felipe 
Chiara 
Seprin 
ALEJ 
