El vicepresidente Amado Boudou tuvo un comienzo de año difícil con la complicación de la causa «ex Ciccone», a la que había intentado frenar pero, a pesar de todo, la Cámara Federal rechazó los pedidos de nulidad por lo que la investigación continuará su curso. Además, la familia Ciccone, envalentonada del aval de la Cámara, se distancia cada vez más del gobierno y ahora pidió explicaciones al actual interventor de la empresa sobre la gestión de la misma.
La investigación por el «boudougate» sigue en pie, así lo ratificó la Cámara Federal que desestimó los intentos del vicepresidente de frenar la causa mediante una declaración de nulidad. Y cabe recordar que los intentos K de salvar a Boudou, luego de que estallara el escándalo por la adquisición de la empresa Ciccone no fueron pocos: la expropiación de la empresa y los desplazos de la causa del fiscal Carlos Rívolo, el Procurador Esteban Righi y el juez Daniel Rafecas.
Con este precedente, la familia Ciccone, antiguos dueños y fundadores de la empresa que fue expropiada por el Gobierno en agosto de 2012, pidieron explicaciones al ministro de Economía, Hernán Lorenzino y amenazan con un juicio, demostrando de esa forma su alejamiento del kirchnerismo y abriendo la puerta a más complicaciones para Amado Boudou.
La familia Ciccone, aún mantiene el 30% de las acciones mientras que el resto pertenece al grupo The Old Fund desde la expropiación (quienes son calificados por Nicolás y Silvia Ciccone como «los usurpadores»). En esta línea, minutos después de que se conozca el fallo de la Cámara, se presentó el pedido de información a Lorenzino y se pidió que se convoque a una asamblea societaria en menos de 40 días.
Ese punto en particular también resulta revelador ya que la convocatoria a la asamblea abre la posibilidad a que inicie un «juicio de responsabilidad contra el accionista The Old Fund y sus controlantes», y radicar una «acción judicial para invalidar actos de la sociedad celebrados en violación» de la ley de sociedades comerciales, apuntando de esta forma contra Guillermo Reinwick (yerno de Nicolás Ciccone, llamado ahora “el traidor” ya que ostenta la propiedad los papeles de la compañía adquiriente), Alejandro Vandenbroele como posible testaferro de Boudou y, tal vez, contra el Estado Nacional.
En una nota de Hugo Alconada Mon este 02/01 en La Nación, se analiza la reacción de la familia Ciccone, al tiempo que se dan detalles del texto presentado:
Los Ciccone aclararon que solicitan los informes y la asamblea a Lorenzino «sin reconocer la validez de las normas que decidieron la intervención y haciendo expresa reserva de cuestionarla por la vía y forma que correspondan».
La fecha misma de la presentación también dice mucho. Ingresó en el Palacio de Hacienda minutos antes de las 16 del jueves 20. Es decir, minutos después de que trascendió en la prensa que la Cámara Federal había fallado en contra de los intereses de Boudou, de su socio José María Núñez Carmona y de Vandenbroele.
El planteo de los Ciccone se apoyó en la falta de cualquier tipo de avance en el juicio de expropiación dispuesta por el Gobierno o siquiera en la tasación de la compañía a través del tribunal oficial que depende del Ministerio de Planificación Federal, de Julio De Vido, pese a que transcurrieron más de cuatro meses y medio desde que se anunció la intervención.
En esa situación, los Ciccone podrían disponer de su 30% con total libertad e incluso vender esa participación a un tercero, que luego podría cobrar del Estado si la Justicia determinara que cuenta con un saldo a favor.
Sin embargo, a 10 meses de que estalló el escándalo la familia Ciccone dio la primera muestra de desmarque de Reinwick y Vandenbroele, como también del supuesto rol de financiamiento del ex banquero Raúl Juan Pedro Moneta, quien fue señalado como financista de la compañía por el propio Vandenbroele.
Por último, los puntos que le reclamaron a Lorenzino que les informe:
– Si completó un balance de inicio que refleje la situación económica y financiera y un inventario de los activos de la sociedad al momento de la intervención;
– Si existían contratos vigentes cuando el Gobierno intervino la compañía y su «estado de cumplimiento»;
– Ssi desarrolló actividades y qué usó les dio a los activos y demás bienes de la empresa, «sobre cuya validez hacemos expresa reserva de derecho de impugnarla judicialmente»;
– Cuáles han sido la facturación, las cobranzas realizadas, las pendientes de cobro, los costos operativos y la «ganancia operativa obtenida durante su gestión»;
– Si se compraron o vendieron bienes de capital, si se tomó o despidió personal, si se cumplieron las obligaciones fiscales y previsionales, o si recibió reclamos de deudas posconcursales;
– «Si de las constancias de libros comerciales y societarios surge que la sociedad hubiera afianzado o avalado deudas de terceros». De ser así, que informe la «posición asumida por la sociedad con relación a la validez de tales actos jurídicos».
Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1542075-la-familia-ciccone-amenaza-con-un-juicio-al-estado
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