El proyecto de la empresa Minera San Jorge, subsidiaria de la transnacional Coro Mining, sufrió un duro revés en la localidad mendocina de Uspallata, al ser rechazada en forma casi unánime por los pobladores locales.
Nuevo golpe a la actividad minera que viene haciendo estragos en los pueblos del interior de la Argentina.
La llegada del kirchnerismo al poder allá por mayo del 2003, trajo aparejado el inicio de innumerable cantidad de negocios ligados a los recursos naturales de la Argentina, lo que motivó en forma inmediata una reacción por parte de las organizaciones defensoras del medio ambiente, que con el correr de los años se han multiplicado por toda la Argentina.
El neoliberalismo de los ‘90 abrió la puerta a los grandes negocios privados con los recursos naturales que pertenecen a todo el pueblo argentino. El tan mentado boom minero ha hecho que empresas multinacionales se lleven grandes ganancias sin dejar nada a cambio en el país, y se transformó en una forma más de hacer creer a una población desinformada sobre el tema, de cosas que realmente no son y que terminan siendo muy dañinas para los intereses del país.
El gran negocio minero que desarrolló la Argentina en los últimos años, no es más que una oportunidad de las empresas transnacionales para llevarse gigantescas ganancias de nuestro país dejando poco dinero para el desarrollo argentino, al pagar sólo el 12% de regalías, algo único en el mundo, cuando ya en el Gobierno de Carlos Menem ya se les había otorgado estabilidad tributaria durante 30 años a los proyectos mineros, pero el de Kirchner le aplicó derechos de exportación de hasta el 10%, aunque el gobierno de Cristina Fernández benefició a la actividad minera al vetar una ley de protección de los glaciares andinos.
Hace unos días atrás, en la localidad mendocina de Uspallata, situada en el departamento de Las Heras y rodeada por el Río Mendoza, más de 3.000 habitantes se acercaron a lo que fue la Audiencia Pública del Informe de Impacto Ambiental presentado por la empresa Minera San Jorge, subsidiaria de la transnacional Coro Mining, así como también a la empresa Vector Argentina, por la cual se planea ejecutar un proyecto por la que se busca extraer cobre y oro en lugares de la zona.
El impresionante acto multitudinario y espontáneo de la población del lugar, fue un hecho histórico en la zona, comparable a lo que sucede en otros lugares del país, como por ejemplo en la localidad catamarqueña de Andalgalá, lo que marca la fuerte oposición que tiene la actividad minera en todos los territorios de la Argentina.
Esta Audiencia Pública a la que acudió la empresa es una de las etapas obligatorias que debe cumplir la misma para instrumentar su proyecto, que desde un comienzo viene siendo avalado por las autoridades provinciales y nacionales sin ningún reparo.
En dicha asamblea, la opinión de la gente fue contundente, y en un 77% se opuso en forma categórica a que los intereses transnacionales se instalen en sus tierras, a lo que la empresa tuvo como única respuesta que como ese voto que se dio en la asamblea no es vinculante, no acatarán en lo más mínimo lo que se resolvió allí, y haciendo uso de la impunidad con la que suelen contar los poderosos en la Argentina desde su misma fundación, aseveraron que no contestarán ni responderán a ninguna de las objeciones y preguntas de los lugareños que salieron de dicha audiencia.
Los vecinos que acudieron a la audiencia, aseguraron que al igual que como sucede cada vez que hay algo que toca los intereses de los poderosos y de los gobiernos, cualquiera sea su signo político, vieron durante las horas previas la llegada de micros pertenecientes a “patotas” ligadas a la CGT provincial, que se manifiestan a favor a de la llegada de la inversión minera a territorio mendocino, para tratar de amedrentar a aquellos que están en contra de la actividad minera en la zona.
Tal cual como sucedió en Barracas y que terminó con la muerte del militante del Partido Obrero, mariano Ferreyra, estas patotas ligadas a la burocracia sindical, no tuvieron reparo en tratar de “disuadir” a los vecinos para que no confluyeran en forma masiva a la Audiencia Pública a rechazar lo que decían los informantes de la empresa Minera San Jorge.
Haciendo uso de los principales valores de la democracia, los vecinos de Uspallata no se dejaron intimidar ante estos matones pagos por el poder, y acudieron en forma masiva a rechazar lo que consideran un proyecto por demás dañino para los intereses de la zona, y que aseguran con estudios ambientales en la mano, destruirán todo el ecosistema de la localidad, perjudicando a toda la población por larga existencia.
“Uspallata dijo no y el No es No”, eran las consignas que rodearon al lugar desde horas tempranas a la audiencia, y todo terminó con las frases desafiantes de los representantes de la empresa minera de que no acatarán en lo más mínimo lo que se decidió allí y que seguirán firmemente con su proyecto, que se llevarse adelante, significará un duro traspié para la lucha ambiental en la Argentina.
El estreno el año pasado de la película “Tierra sublevada: oro impuro” dirigida por el actual diputado nacional Fernando “Pino” Solanas, puso en el centro de la consideración pública la forma en que se desarrolla el negocio minero en nuestro país, y cómo las grandes empresas multinacionales hacen extraordinarios negocios particulares, sin dejar casi ninguna ganancia para los intereses del país.
Bajo el lema de la modernidad, el progreso y el desarrollo, en toda la región durante los ‘90 se implementó una política de entrega de los recursos naturales a manos privadas, que significó virtualmente el vaciamiento de los países y la entrega de los mismos a las empresas multinacionales que se vieron beneficiadas con negocios y ganancias de miles de millones de dólares.
Sin una defensa apropiada de los recursos naturales, será muy difícil que la Argentina pueda tener en el corto y mediano plazo un futuro mejor y un país donde la mayoría de los ciudadanos estén incluidos en un proyecto común y no fuera del sistema como ocurre hasta ahora, donde hay más de 15 millones de pobres, con cinco millones de personas en la indigencia. Una adecuada protección de los recursos naturales, equivale a una protección de todos los argentinos, que esperan crecer en un país sano y con oportunidades para todos.
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