El Banco Central sigue con la «caza de brujas» contra las casas de cambio para frenar las negociaciones de dólares en el mercado marginal. La suspensión más reciente es la de Arpenta y el BCRA tiene en la mira a tres de los bancos extranjeros más grandes que operan en el país.
El Banco Central sigue aplicando sanciones y clausuras en la city porteña.
La más reciente es la de Arpenta, a la que la autoridad monetaria suspendió por cinco meses por no contar con un local a la calle o en una galería comercial.
El regulador no le permite seguir operando en un mismo lugar como sociedad de bolsa, agente MAE y casa de cambio, sino que le exige tener dividida la operación cambiaria.
Arpenta quiere defender la patente que posee, así que buscará un local a la calle. Sin embargo, podrá volver a estar activa recién en abril del año que viene.
Desde la firma apuestan a que en algún momento se liberará el cepo al dólar y se podrán volver a hacer operaciones cambiarias libremente. Recién ahí una casa de cambios será buen negocio.
Esta suspensión lejos está de ser la última. El BCRA tiene en la mira a tres de los bancos extranjeros más grandes que operan en el país y les pondría una multa de más de $40 millones a cada uno.
Aunque existe un rumor en el mercado financiero que según algunos sale de Reconquista 266, que dice que hay más de 50 instituciones financieras que podrían ser sancionadas como el Banco de Valores.
Este «efecto temor» generó una virtual paralización de las operaciones de contado con liquidez que realizaban varias instituciones financieras. Han dejado de hacerlas por temor a ser sancionadas por el BCRA.
También tiene la lupa puesta sobre otras sociedades de bolsa. Desde la autoridad monetaria aducen falta de prevención en temas de lavado de dinero, al tener legajos incompletos de los clientes.
«Eso, en realidad, le corresponde a la UIF, no al BCRA. De hecho, la multa al Banco de Valores la debería haber puesto la UIF en vez del Central, que se toma atribuciones que no le corresponden», se quejan directivos desde la city.
Hay un malestar muy grande entre las sociedades de bolsa, porque pegarle al Banco de Valores es hacerlo con los 133 agentes bursátiles.
Los dueños de la entidad contrataron a Máximo Fonrouge, socio del estudio Cassagne, para presentar una cautelar ante la Justicia, con el propósito de evitar el pago de la multa de $160 millones.
La suspensión a Arpenta (a quien además le pusieron una multa de $2 millones, más $4 millones para sus dos directores), se dio luego de que el BCRA también hiciera lo propio por 60 días a la tradicional casa de cambios América.
«Vamos a profundizar las políticas y los instrumentos regulatorios en todo lo que significa supervisión del sistema. Que nadie vea un ánimo persecutorio, pero a la vez que nadie tenga dudas de que vamos a desarmar todas las maniobras que implican una violación de la normativa vigente», señaló Vanoli.
En la misma línea de presión, la Comisión Nacional de Valores le inició un sumario al Banco Macro por supuestamente no haber informado una denuncia de una asociación de consumidores.
Particulares y empresas en la mira
Como parte de la batalla que el Gobierno mantiene para frenar la escalada del dólar «blue», el Banco Central citó además a nueve personas y cuatro empresas por ser presuntos operadores del mercado ilegal de divisas.
Según se publicó en el Boletín Oficial, tales citaciones se efectuaron de acuerdo al artículo 8° de la Ley de Régimen Penal Cambiario N° 19.359.
En los edictos se informa que los individuos y las compañías citadas cuentan con 10 días hábiles para presentar su descargo ante la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario del BCRA.En caso de no comparecer «serán declarados en rebeldía».
El proceso previsto en la Ley Penal Cambiaria prevé que los sumariados puedan presentar su defensa y ofrecer pruebas y testigos en un plazo que no debe exceder los 20 días.
Las audiencias serán públicas ,siempre que no se solicite que sean privadas, ni exista un «interés público en contrario».
Cumplidos los plazos, el Central tendrá 15 días para remitir las actuaciones al juzgado correspondiente. Y las decisiones dictadas durante la sustanciación del sumario serán «irrecurribles, salvo que impliquen un manifiesto gravamen irreparable».
Los particulares que fueron citados son Roque D’Alleva, David Orlando Rojas, Rogerio Alves Toledo, Oscar Alfredo Hernández, Johnny Richyard Cespedes, Abelardo Cesar Tchordoukian, René Johannes Henricus Maria Kuipers y Juan Pablo Araya.
Entre las empresas se encuentran Mar Argentino SA, Insumarket, Exporpet y Magycam group S.A.
Además, la CNV informó que también suspendió en forma preventiva, JR Bursátil Sociedad de Bolsa S.A, «debido a serios incumplimientos de las normas establecidas, detectados semanas atrás durante inspecciones realizadas en conjunto con el Banco Central (BCRA) y la Unidad de Información Financiera (UIF)».
A través de un comunicado de prensa, la CNV indicó que «en el caso de Arpenta Sociedad de Bolsa, se pudo corroborar en sus oficinas la existencia de 48 cajas de seguridad, utilizadas para prestación de servicios a clientes. Se trata de una situación que excede el marco de actividades que puede desarrollar una sociedad de bolsa en el contexto regulatorio del mercado de capitales», sostuvo.
En las inspecciones realizadas en las oficinas ubicadas en Mar del Plata, se detectó, mediante documentos firmados y boletas cobradas, que JR Bursátil estaba relacionada con las sociedades La Moneta Cambio S.A y Forex Bursátil S.A
En ese sentido, se encontró una caja fuerte de pared y un montacargas que comunicaba el primer piso con el tesoro de la casa de cambio La Moneta Cambio S.A que operaba en el subsuelo del edificio, evidenciando la falta de independencia entre las sociedades.
Cabe destacar que, JR Bursátil interviene en el ámbito del mercado de capitales en carácter de Agente de Negociación y Agente Asesor, por lo que, según establece la ley, debe contar con una organización técnica y administrativa adecuada para el cumplimiento de sus funciones y los requerimientos de información solicitados por la CNV.
«En cuanto a JR Bursátil, los funcionarios que se presentaron en el domicilio legal de la Sociedad registrado ante la CNV en la ciudad de Mendoza, verificaron que allí no funcionaba la misma, sino que operaban las oficinas de Ripa y Asociados INT. Consulting Group. En cambio, JR Bursátil funcionaba en la ciudad de Mar del Plata», señala el comunicado.
La Moneta también es investigada en EE.UU.
Fundada en 1971, La Moneta es propiedad de Francisco Pagano y Daniel Fumaroni, y es una de las casas de cambio más antiguas y reconocidas de Mar del Plata y Tandil. Ambos dueños, junto a un individuo identificado por las autoridades norteamericanas como Germán Cóppola, se encuentran en la mira de la Justicia norteamericana hace ya más de un año.
La fiscal de Montana Victoria Francis denunció en mayo del 2013 que los directivos de La Moneta habían cambiado 20 mil cheques en la sucursal neoyorquina del Banco Nación por un total de 24 millones.
La totalidad de los depósitos del Banco Nación en Nueva York era de 364 millones hasta fines del 2012, por lo que La Moneta era una parte importante de su negocio.
De acuerdo a una nota publicada en el Wall Street Journal, Cóppola, un ciudadano argentino que los fiscales creen que trabajaba para La Moneta, transfirió en total alrededor de 60 millones a través de una red de empresas de Estados Unidos, entre ellos una registrada en Montana, entre 2009 y 2011.
Según Francis, Moneta utilizó empresas fantasmas como Amerifast Inc. y Trade Wings para «justificar la llegada de dólares de la Argentina como si fueran pagos por importaciones ficticias».
«Coppola no tenía una cuenta con el Banco de la Nación, pero la actividad de las cuentas de La Moneta en ese banco aparentan ser consistentes con la actividad en las cuentas de Coppola y parecen ser consistentes con el negocio del cambio de dinero ilegal», explicaron.
El documento judicial indicaba que las empresas de Cóppola transferirían los fondos desde EE.UU. a otras compañías, incluyendo al menos dos vinculadas con Francisco Pagano.
Al momento de conocerse esta denuncia, los abogados de La Moneta negaron toda actividad ilegal, y rechazaron que el señor Coppola trabajase para la empresa, aludiendo que es alguien «independiente y que tiene sus clientes en Los Ángeles».
Los letrados prometieron además «hacer un descargo completo ante la fiscal de Montana» y afirmaron: «Le vamos a enviar respaldos documentales de todas nuestras operaciones en Estados Unidos».
Más sanciones para alimentar el «relato»
El Ejecutivo sabe que el ciclo de las denuncias y de teorías conspirativas requiere de dosis crecientes de agresividad para mantener la credibilidad.
La primera vez, genera una conmoción nacional; la segunda, empieza a sonar repetido; la tercera provoca una mezcla de dudas y acostumbramiento y, finalmente, la denuncia sólo suena a excusa.
Es en este marco que «la lucha contra los poderes concentrados y especuladores del dólar» llega a su fase actual, en la cual los desequilibrios económicos ya se tornan imposibles de disimular. Las denuncias, muchas veces, tuvieron nombre y apellido.
Tal como diera cuenta iProfesional, fueron mencionados explícitamente:
1. Alfredo Coto: uno de los primeros en ser catalogados como promotor de los aumentos de precios injustificados, al punto de haber sufrido piquetes en sus locales.
2. Juan José Aranguren: CEO de Shell, mencionado promotor de la escasez de combustibles y por su reticencia a aceptar las «sugerencias» de Guillermo Moreno para los precios máximos.
3. Jorge Brito: uno de los enemigos preferidos de la Presidenta, apuntado como «fogoneador» de la fuga de capitales previa al cepo, y luego como artífice de la suba del dólar blue. Más cerca en el tiempo, fue acusado de impulsar un acuerdo espurio con los «fondos buitre» usando como garantía dinero del Estado.
4. El catalán Antonio Brufau: ideólogo del «vaciamiento» de YPF y culpable de la desinversión que llevó a que el país deba dedicarle reservas a la compra de combustibles.
5. Paolo Rocca: Presidente de Techint, identificado por mantener una estrategia de invertir fuera del país y por manipular el precio de la chapa para los pequeños clientes.
6. Marcelo Mindlin: al frente de Edenor, fue tildado de ser gran responsable del colapso del sistema eléctrico -que tuvo su máxima expresión en diciembre pasado- producto de su política de desinversión.
7. Cristiano Rattazzi: el presidente de Fiat en varias ocasiones fue señalado por hacer referencia a la pérdida de competitividad de la economía argentina. Y, más recientemente, por boicotear el plan ProCreAuto.
8. Héctor Méndez: titular de la Unión Industrial, identificado por comentarios que son interpretados por el Gobierno como pro-devaluacionistas.
9. Luis Miguel Etchevehere: productor agropecuario y presidente de la Sociedad Rural, responsable de promover el «encanutamiento» de la soja en los silobolsas y así forzar una devaluación.
10. Directivos de Bunge y Dreyfus: pertenecientes a las principales exportadoras de granos, son apuntados por presunta sub-declaración de ventas y evasión impositiva.
11. El «socio de los buitres»: James Albaugh, CEO mundial de American Airlines, es visto como uno de los que genera temor injustificado, al haber dejado trascender su preocupación por las dificultades para obtener los dólares del Banco Central en la venta de pasajes aéreos.
12. El gremio de los economistas: responsables de ser agoreros, difundir indicadores falsos, malas noticias y pronósticos catastróficos con el único ánimo de generar inquietud ymalestar social. Por estas acusaciones fueron llevados a la Justicia Jorge Todesca y Orlando Ferreres, entre otros.
13. Ernestina de Noble y Héctor Magneto: accionistas del multimedios Clarín, identificados por una infinita lista de delitos, que van desde el ámbito de los derechos humanos hasta la difusión de noticias falsas para voltear al Gobierno.
La gestión de Alejandro Vanoli implica la apertura de una nueva etapa en la cual «el modelo» contará con dos componentes ineludibles:
1. El primero es un mayor grado de intervencionismo, probablemente para llevar a cabo una medida reclamada por las usinas del pensamiento K: obligar a los bancos a subir las tasas de los plazos fijos sin trasladar ese costo a los créditos. En otras palabras, imponer una disminución en sus márgenes de ganancia. Curiosamente, los ideólogos K no explican cómo es que los bancos estatales no adoptan ya mismo esa política que se le reclama a los privados.
2. El segundo componente de la política del Banco Central es la represión a una lista creciente de actividades financieras -con la ilusión de hacer desaparecer, por esa vía, la brecha con el dólar paralelo- y la identificación de banqueros sospechosos.
Lo que parece claro es que este proceso se profundizará.
Como adelantó Jorge Capitanich, el diagnóstico es que «muchas operaciones y transacciones bursátiles tienen clara intencionalidad de establecer un ensanchamiento de brecha, a partir de operaciones mediáticas y rumores permanentes y acciones que, agentes de Bolsa, mecanismos de interacción interna y externa” generan e «intentan claramente generar las condiciones para ataques especulativos de manera sistemática y reiterada».
La hostilidad en dosis crecientes es un ingrediente inevitable en esta fase del modelo: a mayor grado de dificultades, se necesita identificar culpables, exponerlos con más firmeza y adoptar medidas ejemplarizantes.
Esa es la lógica que impone el discurso de la conspiración: si después de haber acusado un plan para dar un golpe de mercado, y de haber mencionado con nombre y apellido a algunos de los «cabecillas» no se implementan castigos, entonces se corre el riesgo de que el «relato» pierda credibilidad.
En el imaginario social argentino, los banqueros son personajes mucho menos simpáticos que, por ejemplo, los productores rurales. Suena lógico entonces que la caza de brujas empiece por la city: resulta difícil imaginar una manifestación en defensa de los dueños de sociedades de bolsa.
En definitiva, el final del ciclo kirchnerista sigue sorprendiendo: ahora la búsqueda de credibilidad ya no pone el foco en convencer de que las políticas darán buen resultado, sino que existe una conspiración.
Mientras tanto, los miles de «conspiradores» anónimos siguen dando su opinión de la forma en que siempre lo han hecho: comprando «dólares ahorro» en cifras récord.
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ALEJ