Aunque la justicia les había concedido una prórroga de un mes, Cristina Kirchner y Amado Boudou volvieron a incumplir con el plazo de presentación de sus respectivas declaraciones juradas. La Oficina Anticorrupción podría intimarlos.
Pese a que se les concedió una prórroga de un mes, hasta ayer no habían cumplido con el trámite obligatorio. Si no lo hacen, la Oficina Anticorrupción deberá intimarlos a hacerlo. Es la primera vez en la historia que un presidente tarda tanto
A pesar de que ayer se cumplió la segunda prórroga otorgada por la Oficina Anticorrupción (OA) para que los funcionarios entreguen las declaraciones juradas de 2010, la presidenta Cristina Kirchner no había cumplido aún con este trámite obligatorio . Tampoco lo había hecho su compañero de fórmula electoral, el ministro de Economía, Amado Boudou. Es la primera vez desde que los Kirchner llegaron a la Casa Rosada en 2003, que dilatan hasta el último día la presentación del informe que detalla la evolución de su riqueza.
Este año, además, fue el único en la historia de la OA que el organismo extendió los plazos al 22 de agosto para darle más tiempo a los funcionarios para informar su patrimonio. Desde que se promulgó la ley de Ética Pública, doce años atrás, nunca se había dilatado más allá del mes de julio el tiempo para este trámite. Con esa decisión, tanto Cristina como Boudou pudieron atravesar las estratégicas primarias abiertas y obligatorias del 14 de agosto sin hacer públicos los últimos datos de su economía.
Como ayer fue feriado nacional, los dos todavía podrían estar dentro de la ley si hoy entregan los balances de su economía. De no hacerlo, la OA debería intimarlos a que se rectifiquen en los próximos quince días. De persistir el incumplimiento corresponde automáticamente realizar una denuncia penal por “omisión maliciosa” de la presentación.
La declaración jurada 2010 de la Presidenta será la primera tras la muerte de su marido, en octubre pasado. Por esa razón en el informe tendría que consignar detalles sobre la sucesión de los bienes de Kirchner.
Las declaraciones juradas del matrimonio generaron polémicas públicas y causas judiciales desde que asumieron en la Casa Rosada. Sucede que entre 2003 y 2009, la pareja incrementó en un 710% su riqueza alcanzando un patrimonio de $55,5 millones. Los elementos que utilizaron para justificar este crecimiento no siempre fueron claros.
El expediente más conflictivo fue el que cerró el juez Norberto Oyarbide antes de la navidad de 2009 cuando el matrimonio había reconocido un aumento de 158% en su riqueza respecto del año anterior. Sin embargo, ese no fue el único antecedente en Tribunales. En 2003 ya se había abierto en la justicia federal un expediente -que terminó en sobreseimiento- donde también se cuestionaba el crecimiento de sus finanzas. Por su lado, el juez Canicoba Corral archivó otra causa que comprendía la evolución patrimonial entre 2005 y 2007. Al no dictar un sobreseimiento, dejó abierta la posibilidad de que se reabra en el futuro la investigación frente a nuevos elementos que puedan sospechar de un enriquecimiento ilícito.
Boudou, mientras tanto, no tiene abiertas investigaciones sobre su fortuna. El ministro llegó a la función pública con una generosa situación económica que apenas se redujo por el divorcio de su ex esposa. En su última declaración -correspondiente a 2009-, dijo tener bienes por $889.305 consolidados mayormente en su piso de Puerto Madero y su gusto por los fierros: el candidato a vicepresidente reconoce una moto BMW valuada en $91.630; una Harley de $72.910; un Audi 4.3.2 cotizado en $157.250 y un Honda Civic modelo 1992 que no hizo más que traerle problemas: Boudou tiene una causa abierta en el juzgado de Claudio Bonadio quien investiga un caso en el que el Honda CRX Del Sol- modelo 92, color rojo, patente WYT 716- fue inscripto en 2003 a nombre del ministro pero la documentación con la que se hizo el trámite es apócrifa.
A pesar de la última extensión inusual de los plazos, lo cierto es que la amplia mayoría de los Ministros del Gabinete cumplió con esta rutina antes del comienzo de agosto. Sin embargo, además de la Presidenta y su candidato a Vice, hay otros altos funcionarios que hasta el viernes no habían enviado la información a Recursos Humanos de sus dependencias, el área que recibe las declaraciones y las transfiere a la OA.
En ese listado están el número dos de la Secretaría de Inteligencia, Francisco “Paco” Larcher; el titular de la ANSeS, Diego Bossio; el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini; y el ministro de Turismo, Enrique Meyer. Ellos también podrán cumplir la ley si hoy envían los datos de si riqueza.
Fuente: lapoliticaonline.com
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