Riachuelo: la Justicia sancionó a Bibiloni con $ 4000 por día

El juez federal de Quilmes, Luis Armella, sancionó al secretario de Ambiente de la Nación y le ordenó pagar $4.000 diarios hasta que cumpla los «objetivos» dictados por la Corte Suprema para limpiar las aguas contaminadas.  El juez federal de Quilmes, Luis Armella, aordenó al secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y titular de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo, Homero Bibiloni, pagar una multa de cuatro mil pesos diarios hasta que se cumplan objetivos establecidos para el saneamiento de esa área hídrica.

Según informa el diario La Nación, por cada uno de estos incumplimientos el funcionario deberá pagar desde hoy una multa diaria de 1000 pesos que sólo cesará cuando se ponga en marcha la obligación requerida por la Justicia. El juez otorgó a Bibiloni 48 horas para que ese depósito se haga efectivo. Una vez cumplido ese tiempo sin que se haya registrado el pago se le será embargado el equivalente a la multa en su sueldo.

Cabe recordar que la Corte había ordenado a los gobiernos nacional, bonaerense y porteño hace dos años y dos meses a diseñar y ejecutar un plan de limpieza integral del río más contaminado de la Argentina.

Después de varias sentencias que advirtieron sobre los incumplimientos del organismo tripartito de ejecución del plan, la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo, el juez impuso la multa pecuniaria, prevista por el máximo tribunal como una de las posibles sanciones.

El fallo sostiene que respecto de la erradicación de basurales a cielo abierto, lejos de haber desaparecido, han aumentado y ordena a los intendentes de los 14 partidos de la cuenca; al ministro de Ambiente y Espacio Público porteño, Diego Santilli; al jefe de gabinete de ministros bonaerense, Alberto Pérez, y al presidente de la Coordinadora Ecológica Area Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse), Raúl de Elizalde, a cumplir con el fallo en 10 días so pena de ser condenados a pagar 1000 pesos diarios.

De comprobarse nuevamente un incumplimiento, después de los plazos previstos, la multa subirá a $ 2000 diarios, según lo dispuso Armella.

La sentencia también otorga a los mismos actores un plazo de 30 días para introducir en la cuenca nuevas tecnologías en lo que se refiere a la disposición de residuos e impone un plazo de 15 días a Agua y Saneamiento SA (AySA) y Aguas Bonaerenses (ABSA) para que cumplan con los mandatos establecidos en lo que respecta a la instalación de cloacas y del sistema de saneamiento.

En el cuerpo colegiado, conformado por la Defensoría del Pueblo de la Nación y por varias ONG, hubo satisfacción.

«La sentencia es consistente y va en orden con los señalamientos de la Defensoría nacional a lo largo de dos años», indicó el adjunto 1° a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella.

En opinión de Andrés Nápoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, «era una medida necesaria e imprescindible en la causa».

«La aplicación de estas multas nos parece un paso decisivo para cortar la desidia que existe en la gestión de esa cuenca; esperamos que esta nueva medida impulse a nuestras máximas autoridades gubernamentales a tomar una real voluntad política para sanear de una vez por todas el Riachuelo», manifestó Martín Prieto, director ejecutivo de Greenpeace Argentina.

LA NACION intentó dialogar con Bibiloni, pero el funcionario se negó a realizar declaraciones. Tampoco hubo respuesta por parte de los voceros de la Acumar. El funcionario sólo podría apelar la medida presentando un recurso extraordinario ante la Corte, el mismo organismo que determinó los plazos y los castigos por su incumplimiento.

Fuente: lapoliticaonline

No hubo quórum en Diputados para debatir medidas de seguridad bancaria

Faltaron seis diputados para lograr el quórum para sesionar en la Cámara baja. El oficialismo estuvo ausente. El Grupo A suma otro fracaso y apunta contra el kirchnerismo. «No quieren debatir mientras la gente se muere en las calles», dijo la diputada Elisa Carrió.

El plan de labor parlamentario acordado para la sesión de la Cámara de Diputados para este miércoles incluía varios temas que no producían conflictos entre el oficialismo y la oposición, aunque a la hora de los discursos de los legisladores se esperaba que el tema de Papel Prensa y Fibertel retumben en el recinto.

Entre los temas que figuraban en la labor parlamentaria armada por la presión de la oposición, se encontraba Infanticidio; Seguridad Bancaria; Ley de Enfermería; y un proyecto que crea una comisión investigadora sobre el accionar de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA).

Otro tema que podría haber caldeado los anímos en el recinto era un pedido de informe sobre un dictamen de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas que hace referencia a un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) con supuestas irregularidades en el Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI).

Sin embargo, tras 45 minutos de espera, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Fellner, levantó la sesión con 123 diputados presentes, 6 menos de lo necesario para tener quórum.

El pedido de la vicepresidenta segunda del Cuerpo, Patricia Fadel (FpV) para que se levante la sesión fue criticado por la diputada Elisa Carrió, quien pidió «flexibilidad a Fellner para esperar a los legisladores que están retrasados por el mal tiempo en todo el país». A pesar del pedido de Carrió, Fellner levantó la sesión.

Tras un nuevo fracaso del Grupo A, Carrió y la diputada Patricia Bullrich apuntaron contra el oficialismo al cual acusaron de «no querer debatir medidas de seguridad bancaria e infanticidio mientras la gente se muere en las callles».

Por su parte, la bandcada oficialista respondió que la obligación del quórum corresponde a la oposición.

Una perla que demuestra la responsabilidad de la oposición en el fracaso de la sesión, es que el diputado que impulsa el proyecto de ley sobre seguridad bancaria, Gerardo Milman, nunca ingresó al recinto para dar quórum sino que prefirió dar notas a los medios en el Salón de los Pasos Pérdidos.

La sesión que no fue

El primer tema que se iba a tratar este miércoles era el proyecto de ley que reincorpora en el Código Penal la figura del infanticidio. Si bien puede ser un tema muy polémico, hay cierto consenso que atraviesa la pertenencia política al igual que ocurrió con la ley de Matrimonio Igualitario.

Luego de discutir ese proyecto que tiene como su figura central el caso de la jujeña Romina Tejerina, los diputados iban a debatir sobre la implementación de medidas para combatir las salideras bancarias.

En este caso, en el recinto se iba a tratar un proyecto de ley del diputado del GEN Gerardo Milman, que propone la instalación de barreras visuales en la fila de cajas y cajeros automáticos y el blindaje obligatorio de las bóvedas de los bancos. Además, establece el bloqueador de la señal de celulares dentro de las entidades financieras.

Conozca el dictamen de Seguridad Bancaria

Artículo 1.- Las medidas mínimas de seguridad contenidas en la presente revisten carácter obligatorio a los efectos de esta Ley para las entidades enumeradas en los artículos 1°, 2° y 3° de la Ley 21.526, modificatorias y complementarias.

Art. 2.- Las medidas mínimas de seguridad que deben adoptar las entidades son las siguientes:
a) Deberán contar en las líneas de cajas y cajeros automáticos con un sistema de protección con suficiente nivel de reserva, que impida la observación de terceros.
b) Tesoro blindado (cemento y acero) para atesoramiento de numerario y/o de valores de terceros y/o cajas de seguridad de alquiler, en subsuelo o a nivel, separado de paredes medianeras, a prueba de incendio y de violación por elementos mecánicos o soplete oxhídrico. Contará con dos puertas, una de las cuales deberá ser dotada de cerradura tipo tripleconométrica.
c) Inhibidores o bloqueadores de señal que imposibiliten el uso de teléfonos celulares en el interior de las mismas, siempre que no afecten los derechos de terceros fuera de la sucursal.

Art. 3°.- El Banco Central podrá exigir dispositivos mínimos de seguridad diferenciados para las sucursales en función del numerario atesorado. El monto de diferenciación tendrá que ser adecuado anualmente por el Banco Central.

Art.4°.- La autoridad de aplicación de la presente Ley será el Banco Central de la República Argentina; el cual tendrá un plazo de sesenta (60) días para emitir las normas reglamentarias que posibiliten el cumplimiento de la presente ley.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Fuente: Parlamentario

¿Por qué molesta Moyano a los caciques del PJ?

Entre los sectores del PJ que comienzan a jugar en la Provincia, el sindicalismo oficial es uno de los que más peso tiene y más resquemores despierta. Cuáles son las demandas que podría llevar adelante el Moyanismo, algunas de las cuales ya se concretan
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La relación de Hugo Moyano con los intendentes, sobre todo los del Conurbano, se sabe, no es la mejor. Si algo demoró la asunción del “camionero” al frente de la estructura provincial del partido fue, justamente, la desconfianza de los intendentes. Moyano los tiene prácticamente en un puño con la recolección de residuos, a través de una empresa que adjudican a él. Ese ítem no es menor: es uno de los que más recursos se lleva anualmente de las arcas municipales.

Pero además, Moyano y los suyos tienen algunas demandas del sindicalismo, al que consideran se ha postergado dentro de la estructura del Justicialismo. Es por eso que ahora, desde una posición de poder, buscaría algunas reivindicaciones.

Una de las que suena más fuerte es la reedición del famoso “33% sindical” dentro de las listas del PJ. Moyano y los suyos insistirán en ocupar lugares, tal vez no de privilegio, dentro de los candidatos para elecciones ejecutivas y legislativas. Un senador, tal vez el segundo; varios diputados, algún intendente, ¿la vicegobernación?

Moyano ya hace jugar a su candidato en Lanús, una tierra que encuentra debilitado e inquieto a Darío Díaz Pérez. El jefe comunal quedó con el Concejo “al límite” tras la elección legislativa. Díaz Pérez fue uno de los que puso el grito en el cielo cuando se habló de reeditar las listas colectoras, tema que aún sigue vigente. En ese contexto, aparece la figura del líder del Sindicato de Trabajadores Municipales de Lanús (STML), Miguel Pedelhez.

Se espera que el caso de Pedelhez sea sólo el primero de varios casos que pueden proliferar dentro del Justicialismo de la Provincia, e incluso que Moyano pueda presionar para obtener la vicegobernación o algún Ministerio provincial. Para decepción de muchos caciques.

 Fuente: agenciacna.com

Consideran “poco claro y sospechoso” el proyecto sobre papel de diarios


Para Gil Lavedra, la iniciativa «pretende la delegación en el Ejecutivo, que viola el artículo 76 de la Constitución», y agregó que “la concentración de medios no es buena, pero cuando es del Estado, es letal”.

“El Estado es socio en el 30 por ciento de Papel Prensa, no puede influir en los márgenes de provisión de papel”, manifestó el diputado radical Ricardo Gil Lavedra en relación con el proyecto enviado por el Gobierno Nacional que plantea declarar de utilidad pública la fabricación de papel para diarios, al que calificó como “poco claro y sospechoso”.

Gil Lavedra expresó en declaraciones a radio Continental que la iniciativa en cuestión “pretende la delegación en el Ejecutivo, que viola el artículo 76 de la Constitución”.

Por otra parte, el legislador porteño aseveró que “la concentración de medios no es buena, pero cuando es del Estado, es letal”. Y agregó: “El artículo 32 de la Constitución vela que el Estado no puede intervenir en la libertad de expresión”.

Finalmente, el diputado Lavedra se quejó de la inmovilización del proyecto que establece la normativa para la distribución de la pauta oficial publicitaria, y dijo: “No hay argumentos para eso. Con muchísimo esfuerzo, en Diputados vamos a poder llevarlo al recinto y obtener la media sanción. La pauta oficial es usada para castigar y premiar a los medios”.

Fuente: Parlamentario.com