Faltaron seis diputados para lograr el quórum para sesionar en la Cámara baja. El oficialismo estuvo ausente. El Grupo A suma otro fracaso y apunta contra el kirchnerismo. «No quieren debatir mientras la gente se muere en las calles», dijo la diputada Elisa Carrió.
Entre los temas que figuraban en la labor parlamentaria armada por la presión de la oposición, se encontraba Infanticidio; Seguridad Bancaria; Ley de Enfermería; y un proyecto que crea una comisión investigadora sobre el accionar de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA).
Otro tema que podría haber caldeado los anímos en el recinto era un pedido de informe sobre un dictamen de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas que hace referencia a un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) con supuestas irregularidades en el Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI).
Sin embargo, tras 45 minutos de espera, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Fellner, levantó la sesión con 123 diputados presentes, 6 menos de lo necesario para tener quórum.
El pedido de la vicepresidenta segunda del Cuerpo, Patricia Fadel (FpV) para que se levante la sesión fue criticado por la diputada Elisa Carrió, quien pidió «flexibilidad a Fellner para esperar a los legisladores que están retrasados por el mal tiempo en todo el país». A pesar del pedido de Carrió, Fellner levantó la sesión.
Tras un nuevo fracaso del Grupo A, Carrió y la diputada Patricia Bullrich apuntaron contra el oficialismo al cual acusaron de «no querer debatir medidas de seguridad bancaria e infanticidio mientras la gente se muere en las callles».
Por su parte, la bandcada oficialista respondió que la obligación del quórum corresponde a la oposición.
Una perla que demuestra la responsabilidad de la oposición en el fracaso de la sesión, es que el diputado que impulsa el proyecto de ley sobre seguridad bancaria, Gerardo Milman, nunca ingresó al recinto para dar quórum sino que prefirió dar notas a los medios en el Salón de los Pasos Pérdidos.
La sesión que no fue
El primer tema que se iba a tratar este miércoles era el proyecto de ley que reincorpora en el Código Penal la figura del infanticidio. Si bien puede ser un tema muy polémico, hay cierto consenso que atraviesa la pertenencia política al igual que ocurrió con la ley de Matrimonio Igualitario.
Luego de discutir ese proyecto que tiene como su figura central el caso de la jujeña Romina Tejerina, los diputados iban a debatir sobre la implementación de medidas para combatir las salideras bancarias.
En este caso, en el recinto se iba a tratar un proyecto de ley del diputado del GEN Gerardo Milman, que propone la instalación de barreras visuales en la fila de cajas y cajeros automáticos y el blindaje obligatorio de las bóvedas de los bancos. Además, establece el bloqueador de la señal de celulares dentro de las entidades financieras.
Conozca el dictamen de Seguridad Bancaria
Artículo 1.- Las medidas mínimas de seguridad contenidas en la presente revisten carácter obligatorio a los efectos de esta Ley para las entidades enumeradas en los artículos 1°, 2° y 3° de la Ley 21.526, modificatorias y complementarias.
Art. 2.- Las medidas mínimas de seguridad que deben adoptar las entidades son las siguientes:
a) Deberán contar en las líneas de cajas y cajeros automáticos con un sistema de protección con suficiente nivel de reserva, que impida la observación de terceros.
b) Tesoro blindado (cemento y acero) para atesoramiento de numerario y/o de valores de terceros y/o cajas de seguridad de alquiler, en subsuelo o a nivel, separado de paredes medianeras, a prueba de incendio y de violación por elementos mecánicos o soplete oxhídrico. Contará con dos puertas, una de las cuales deberá ser dotada de cerradura tipo tripleconométrica.
c) Inhibidores o bloqueadores de señal que imposibiliten el uso de teléfonos celulares en el interior de las mismas, siempre que no afecten los derechos de terceros fuera de la sucursal.
Art. 3°.- El Banco Central podrá exigir dispositivos mínimos de seguridad diferenciados para las sucursales en función del numerario atesorado. El monto de diferenciación tendrá que ser adecuado anualmente por el Banco Central.
Art.4°.- La autoridad de aplicación de la presente Ley será el Banco Central de la República Argentina; el cual tendrá un plazo de sesenta (60) días para emitir las normas reglamentarias que posibiliten el cumplimiento de la presente ley.
Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.