Una actualización del Fondo del Conurbano, nuevos impuestos y hasta una baja en las retenciones.
En el sciolismo coindicen en que la crisis más profunda que les tocó atravesar en los ocho años de gestión al frente de Buenos Aires, fue cuando Cristina Kirchner decidió suspender las transferencias discrecionales de fondos. Sucedió a mediados de 2012 y el gobernador debió postergar el pago del aguinaldo a los más de 439 mil empleados públicos bonaerenses en una medida que lo dejaba al descubierto con una provincia en rojo.
Si bien la coparticipación no es un tema de campaña y sólo algunos candidatos sacan a la luz el problema -por lo general ante una pregunta periodística- lo cierto es que el tema será un hierro caliente para aquel que resulte electo como el sucesor de Daniel Scioli.
El desfasaje es concreto: Buenos Aires aporta el 40% del total de los fondos coparticipables pero sólo recibe el 19% de ese total. Según datos del gobierno provincial, Buenos Aires tiene el 38,9% de la población total de la Argentina y el 34% de los argentinos con Necesidades Básicas Insatisfechas. Pero recibió en 2012 una coparticipación por habitante de $ 1.865. En cambio, Tierra del Fuego, que tiene el 0,30% de habitantes y el 0,20% de la población con necesidades insatisfechas, recibió ese año una coparticipación por habitante de $ 14.559.
Para economistas y políticos, pensar en una reforma de la ley de coparticipación es algo imposible toda vez que ninguna provincia cederá puntos copaticipables para beneficiar a Buenos Aires. La ministra de Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, sostiene que de cara a una posible presidencia de Scioli, se va a trabajar en una recomposición del porcentaje que recibe Buenos Aires.
“Sería mentir hablar de que se va a modificar la ley de copaticipación, porque no es una potestad exclusiva del ejecutivo nacional. Tiene que existir un acuerdo de las 24 provincias en el Congreso”, dijo Álvarez Rodríguez al portal Infocielo.
En esa línea, la creación de un fondo nuevo que no toque impuestos ya coparticipados aparece como una salida al problema. Agustín D’Attellis es economista y trabaja para los equipos técnicos de Julián Domínguez. “Es evidente que Buenos aires quedó desajustada con respecto al resto de las provincias. Que aporta mucho más de lo que recibe”, dijo a LPO.
Para D’Attellis, una salida podría ser ajustar la aplicación del Fondo del Conurbano. “Hay que pensar en un mecanismo que no sea discrecional, sino porcentajes establecidos que sean independientes de la relación política entre el gobierno nacional y la provincia”.
Para el economista, el gobierno nacional se beneficia con un crecimiento de la provincia de Buenos Aires porque también vería favorecido notablemente su Producto Bruto Interno.
El Fondo del Conurbano fue creado en 1992 con el argumento de compensar a Buenos Aires por recibir durante años un fuerte flujo migratorio proveniente de las provincias del interior y consiste en la asignación de recursos del 10% de la masa coparticipable neta de ganancias. Sin embargo, en 1998 se le puso un tope y se determinó que la provincia recibiría hasta $650 millones.
Soledad Pérez Duhalde, es coordinadora de Análisis Macroeconómico de Abeceb y ante una consulta de LPO sostiene que “debería trabajarse sobre impuestos no coparticipables para no afectar al resto de las provincias”.
Según explica, “esos fondos podrían estar condicionados a plazos y metas a cumplir por la provincia y deberían estar relacionados con infraestructura o indicadores sociales”.
Por su parte, el economista Martín Tetaz es más crítico del tema. Para Tetaz la provincia nunca recibió tanto dinero de coparticipación como ahora. “De hecho nunca tuvo tampoco tantos recursos propios como ahora. La cantidad de dinero de la provincia es record total; el problema está en la mala gestión de ese dinero”, dijo a LPO.
“Hoy por hoy, y hasta que haya una nueva ley, el único camino es pedir una actualización por inflación del Fondo del Conurbano, o reclamar a la Nación que baje las retenciones al campo para liberar potencial tributario a los efectos de que el gobierno provincial pueda incrementar el inmobiliario rural”, explica el economista, autor de Psychonomics y Casual Mente.
Según explica, para los productores que hoy tienen rentabilidad la cuenta es la misma, porque dejan de pagar retenciones a Nación y pasan a pagar más inmobiliario a Provincia. Incluso agrega que para los que están en rojo es mejor, porque las retenciones se cobran sobre la producción y no sobre la ganancia.
lapoliticaonline.com
Chiara 
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ALEJ