No son 389 ni 250, ni tal vez mucho menos. En realidad, nadie sabe bien cuántos son los proveedores de acceso a Internet en la Argentina, pero lo que cada día queda más claro para los usuarios es que no son todos los que dijo el Gobierno.
El resultado de los sondeos que se hicieron sobre la lista de supuestos prestadores que publicó la Secretaría de Comunicaciones arroja la misma conclusión: la mayoría de esas empresas ya no existen, fueron absorbidas por alguno de los grandes operadores, se dedican a otra cosa, no atienden o no tienen habilitado el teléfono publicado o tienen áreas de cobertura restringidas a localidades o barrios muy específicos.
En el mejor de los casos, hay proveedores que sí prestan el servicio, pero lo hacen sobre las redes de ADSL de alguna de las dos principales telefónicas.
El largo listado con el que el ministro de Planificación, Julio De Vido, trató de impresionar a los desconcertados usuarios de Fibertel, que según el Gobierno deben cambiar de compañía ante la caducidad de la licencia de su prestador, en la realidad se reduce al puñado de empresas que la percepción más superficial indica que ofrecen Internet en el área metropolitana: las telefónicas con sus redes fijas (Speedy y Arnet) y móviles y los operadores de cable.
El interventor en la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), Ceferino Namuncurá, les reconoció a los representantes de las asociaciones de consumidores que las solicitadas que ese organismo publicó el martes y el miércoles de esta semana con cientos de potenciales proveedores tenían errores.
«Hicimos nuestro relevamiento distrito por distrito, y hay algunas empresas que no existen. La respuesta que nos dio la CNC es que publicaron esas listas en crudo y que ahora las están depurando», dijo Fernando Blanco Muiño, presidente de la Unión de Consumidores de Argentina, que estuvo en la reunión. Esto también fue corroborado por Pedro Bucetti, de Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco), que a nombre de su entidad pidió «que el 0800 de la CNC funcione mejor y que haya un mail para consultas».
En el listado «depurado» que está disponible en la página del organismo en Internet, para la Capital Federal están publicados 22 oferentes, pero los problemas siguen. Fuera de Telefónica, Telecom y Telmex; de los operadores de telefoníacelular Movistar, Personal y Claro, y de Telecentro, son muy pocos los operadores que ofrecen el servicio y, en general, dependen de las redes principales. «Nada que ver, no damos ese servicio. Ya llamaron demasiadas personas para preguntar», dijeron en IFX Networks. «Nosotros estamos a más de 800 kilómetros de Capital», afirmaron en la Cooperativa de Electricidad de Pedro Luro, que figura como potencial proveedor de Internet en la Capital Federal aunque esté cerca de Bahía Blanca.
El listado sin depurar era peor: figuraban operadores de dial up (acceso telefónico que no es de banda ancha y está prácticamente desaparecido), como Alternativa Gratis o Atlántida Digital, y empresas que ya no existen porque fueron absorbidas por otras, como Diveo, Winstar y Metrored, cuyos nuevos dueños no ofrecen servicio residencial. Allí había firmas legendarias, como Hard Comunication, del ex novio de Susana Giménez Jorge «Corcho» Rodríguez, que ofrecía servicios telefónicos para concursos televisivos. Y otras que ofrecen servicios de alarmas conectadas, como ADT. Hasta el Correo oficial, el mismo que transporta sobres y paquetes, figuraba en ese listado como proveedor de Internet.
Descargo de Cablevisión
En tanto, Cablevisión presentó ayer su descargo ante la CNC, instancia administrativa que debe agotar antes de ir a la Justicia, y rebatió la caducidad ordenada por el Gobierno con los argumentos que viene exponiendo. «Fibertel SA no transfirió ni se desprendió de sus derechos y obligaciones a favor de un tercero, tal como en forma temeraria y maliciosa intenta interpretar la administración, sino que las actividades de Fibertel SA continúan hoy en cabeza de su absorbente, es decir, Cablevisión SA, en total consonancia con las normas aplicables y los principios que rigen el marco jurídico de las telecomunicaciones», argumentó la empresa, contra el argumento oficial que hace eje en la disolución de la empresa.