Amigos:
Ante la presencia de jóvenes alumnos, creo conveniente hacer un breve exordio histórico acerca de lo ocurrido en nuestro país, desde la década del sesenta, cuando comienza la agresión guerrillera en la Argentina
Las bandas terroristas que asolaron a la República durante las décadas del ’60 y el 70 tenían como objetivo, reiterada y públicamente declarado, tomar el poder por la violencia en el país, para luego implantar un sistema marxista-leninista, como en Cuba, cuyo gobierno brindo apoyo, asilo, entrenamiento y medios a los subversivos que tomaron las armas contra la Nación para lograr aquel empeño.
En su accionar no trepidaron en asesinar, robar, secuestrar, extorsionar, y cometer toda clase de atentados violentos, no solo contra los integrantes de las FFAA y FFSS y sus guarniciones, sino también contra civiles inocentes, políticos, empresarios, y sindicalistas
El conflicto se acentuó en la década del 70, y lamentablemente, al restablecerse en 1973 el régimen constitucional, las tres primeras medidas del Congreso y del Poder Ejecutivo fueron disolver la Cámara Federal en lo Penal con competencia para juzgar a los imputados de hechos terroristas, derogar la legislación penal que sancionaba tales conductas, y liberar indiscriminadamente a todos los imputados, procesados y legítimamente condenados por actos terroristas. Presos que habían sido juzgados con todas las garantías del debido proceso, que inmediatamente retomaron sus actividades criminales.
En esta actitud irresponsable participaron, no solo los ideólogos de la subversión, que se encaramaron en el gobierno títere de Campera, sino también, los partidos políticos y el Congreso en pleno, que por aclamación sancionó la amnistía y la disolución de la Cámara Federal. En descargo se adujo que los presos ya estaban libres. Vaya justificativo. Ni siquiera se apeló a la postura testimonial. Indudablemente la dirigencia política no estuvo a la altura de las circunstancias. Del baño de sangre que sobrevino, hasta ahora nadie asumió la responsabilidad, ni pidió perdón ante la república, por aquella incalificable disposición.
La guerra adquirió una intensidad sin precedentes. Diariamente ocurrían los más espantosos homicidios, secuestros, usurpaciones, asaltos a guarniciones militares y otros gravísimos delitos. Un verdadero baño de sangre.
A partir de decretos dictados por Isabel Perón e ítalo Luder, ante una situación caótica que desbordaba a las instituciones policiales, en 1975 se ordenó a las fuerzas armadas que aniquilaran el accionar terrorista.
La guerra prosiguió con su secuela de excesos, hasta que finalmente la embestida guerrillera quedó bajo control, con muy aislados brotes de violencia.
Al asumir las autoridades constitucionales el 10 de diciembre de 1983, resolvieron enjuiciar a los Comandantes, sustanciándose un proceso ante el Consejo Supremo de la Fuerzas Armadas y, simultáneamente, dispusieron denunciar a los dirigentes de la guerrilla en actuaciones que tuvieron limitada proyección. En cambio, los tribunales federales, después de abocarse al conocimiento de los procesos castrenses, vulnerando la garantía del juez natural, avanzaron hacia toda la línea de mando de las fuerzas armadas, de seguridad y policiales, sin excluir a quienes ostentaban las jerarquías más modestas como oficiales o suboficiales.
A partir de 1987 surgieron levantamientos militares que finalmente fueron superados a través de las leyes de punto final y obediencia debida. También los imputados de hechos subversivos fueron incluidos por el Congreso entre los beneficiados con la extinción de las acciones penales. Finalmente, en 1989 y 1990, se dictaron amplios decretos de indulto para todos los que participaron en la guerra. Prácticamente, luego de veinte años de desencuentros feroces, parecía que se había superado el conflicto.
Ante el estupor de muchos que así lo consideraban, e impulsada por motivaciones ideológicas y resentimientos, la confrontación resurgió, y, con auspicio del presidente Kirchner, se forjó una visión asimétrica y unilateral del último medio siglo, según la cual los militares e integrantes de las fuerzas de seguridad fueron considerados malvados asesinos que persiguieron a jóvenes idealistas que sólo querían procurar el bien de las clases más humildes. Se ha predicado a tiempo y a destiempo, el odio y el resentimiento contra un solo sector de la contienda, como si la guerra se hubiera desatado sin que nadie la hubiere provocado. Se fue acentuando el hostigamiento contra militares y fuerzas de seguridad cuyo objetivo es privarlos de su libertad a cualquier precio. Falsa visión de los hechos que se impuso como verdad incontrovertible en el desarrollo de los múltiples procesos judiciales y que ha hecho olvidar que el exterminio del terrorismo había sido ordenado por el propio gobierno constitucional del general Perón y clamado por todo el espectro político de ese entonces.
Una condición esencial es superar esa permanente mirada hacia el pasado, teñida de una interpretación sesgada, asimétrica y vengativa. Esto no se logrará pretendiendo reconstruir la historia según el color de un dogmatismo faccioso del presente, que interpreta los hechos según su particular ideología e intereses. Menos aún podrá cultivarse la paz interior si esta historia hemipléjica y plagada de odios, se introduce en las aulas escolares, en las universidades, en el cine, en los medios masivos de comunicación, hasta el hartazgo.
El impulso y presiones del poder político Kirchnerista sobre el Congreso y la Justicia han llevado a que ésta actúe por encima de los principios que deben regirla y que nunca debieron abandonarse. La anulación de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final rompió con el precepto legislativo de que las leyes no se anulan sino que se derogan o se modifican. A partir de allí y con la complicidad de la Corte Suprema, quedaron arrasados los principios de legalidad, de irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada, aplicación de la ley penal más benigna etc… De esta forma cientos de militares con destacados servicios y carreras impecables, luego de haber permanecido sin objeciones en sus respectivas fuerzas, ascendidos a jerarquías superiores en plena democracia, algunos de ellos condecorados por el Congreso como héroes en la guerra de Malvinas, comenzaron a ser imputados por la justicia por hechos ocurridos casi treinta años atrás, detenidos y sometidos a un largo encarcelamiento sin pena ni juicio. El mismo Estado que durante un gobierno constitucional les encomendó aniquilar las fuerzas irregulares que sumieron al país en la violencia de una guerra revolucionaria, el mismo Estado que dictó las leyes que significaron tres amnistías sucesivas, el mismo Estado que revisó prolijamente sus casos y luego los mantuvo en actividad durante mas de quince años sin cuestionamiento alguno, ese mismo Estado modificó radicalmente su postura e instaló una persecución implacable e ilegal.
Este mismo Estado se ha llevado a prisión a más de 1.000 miembros de las fuerzas armadas y de seguridad, mientras esta misma justicia no ha alcanzado a los terroristas que estas fuerzas combatieron. Se trata entonces, de presos políticos entre los que debemos contabilizar, hasta ahora, 145 muertos en cautiverio. Digo hasta ahora, por cuanto el propósito de los ideólogos que hoy rodean el poder, es materializar el odio y la venganza con la muerte de todos.
Félix Luna, tan mentado por el progresismo, calificó esta circunstancia como «e/ regreso al pasado mas sombrío, este intento de reabrir el juzgamiento de las causas militares, negando los efectos jurídicos de la amnistía otorgada por el Congreso en 1987», y afirmó «que, además de confundido me siento triste. Parece que somos incapaces de resolver un problema que naciones que sufrieron guerras feroces -civiles y externas- supieron cerrar honorablemente. De lo único que estoy seguro es de que alguna vez y para siempre habrá que cerrarla caja de Pandora»
Para enfrentar este verdadero esperpento y desvarío jurídico, resolvimos unirnos y fundar la Asociación de Abogados para la Justicia y la Concordia, habiendo obtenido la personería jurídica hace dos años. Fuimos doscientos en ese entonces y hoy llegamos casi a los quinientos abogados, más los adherentes que participan de idénticos ideales.
La cuestión no es ya meramente jurídica sino de naturaleza moral. No es el horror de la guerra lo que está bajo examen sino la opción sistemática por alternativas que, transcurridos casi cuarenta años desde que comenzara la etapa más violenta de la contienda, alientan el odio y la desintegración social, empujando a los más extremados a reacciones graves e imprevisibles.
Están presos* por haber cumplido con su deber, por haber peleado en defensa de la Nación. Que democracia y que república se puede construir sobre esta realidad aciaga. En definitiva no estamos en tiempos de paz, en nuestra patria no hay orden, premisa indispensable para su existencia..
Nació nuestra agrupación en torno a la visita a las cárceles, para encontrarnos con los presos, recoger sus inquietudes, levantarles el ánimo, aunque en este punto por lo general ocurre lo contrario, ellos son los que nos transmiten entusiasmo y coraje para seguir en nuestro empeño. Sienten que su injusto encierro es un acto más de servicio. Hoy sirven a la Patria desde la cárcel. Una de las peores sensaciones, es asumir que las respectivas fuerzas a las que pertenecen, y que oportunamente les ordenaron combatir, hoy los han dejado a merced del enemigo. Luego de cada visita, uno sale edificado por el testimonio de valor y patriotismo que nos contagian. Días pasados asistí a una de las audiencias públicas, en la que se trataba la situación de un valiente y ejemplar soldado, que hace más de treinta años que es un muerto civil, Alfredo Astiz. En un cuarto intermedio, pude contemplar como, con la hidalguía que le es característica, estiraba sus manos para que el carcelero le pusiera las esposas. En ese momento pensé, como es posible que este hombre esté en esa situación y Schoklender siga caminando por la calle. Tuve que apretar fuertemente los dientes para no perder la calma.
Muchos de los jueces, responsables de los detenidos, someten a estos a verdaderos tormentos, como es soportar la cárcel cuando ya son ancianos o están seriamente enfermos. Esta gente está condenada a muerte, pero a una muerte lenta.
Mencionaré un caso lacerante como el ocurrido al General Saint Jean días pasados en esta Ciudad. El señor General, en prisión domiciliaria, desde hace tiempo padece de un Alzheimer que lo tiene postrado y casi aislado del mundo. El pasado 12 de septiembre, el Tribunal lo obligó a concurrir personalmente a la audiencia. Para ello lo trasladaron en ambulancia y silla de ruedas, y por las dudas pueda escaparse, lo esposaron. Todo se llevó a cabo a pesar de los denodados esfuerzos realizados por su hijo el Dr. Ricardo Saint Jean, quien para evitarle semejante suplicio, acreditó, previamente, el estado de postración del distinguido General. Es difícil imaginar que en el espíritu de quien debe impartir justicia, se pueda acumular tanto odio y sed de venganza. Estas audiencias, suelen estar acompañadas por el bramido de una turba compuesta por Madres de Plaza de Mayo, Abuelas y cuantas organizaciones de izquierda andan por ahí. Más que un Tribunal, se asemeja al circo romano, o a los tribunales populares rodeando el cadalso.
Los propios jueces que condenaron a las Juntas han manifestado su desacuerdo con este enfadoso desvío de la justicia. Así se expresaron en el reportaje publicado en el suplemento «Enfoques» de La Nación del 15 de agosto de 2010, el Dr. Strassera: … «este gobierno quiere prolongar estos juicios como forma de agitar la banderita de los derechos humanos; A su vez el Dr. Ledesma: «Nosotros en 1985, no juzgamos a las Juntas por delitos de lesa humanidad, juzgamos por delitos comunes, y mas adelante agrega «yo creo que si se admite la imprescriptibilidad, que acabo de decir que viola el principio de legalidad, también debían ser juzgados hoy en día los líderes de la subversión» y finaliza afirmando que » creo que el principio de legalidad no puede ser derogado por nada porque es uno de los logros mas importantes de la civilización» El Dr. Torlasco por su parte dijo: » Aquí en este momento se están juzgando hechos que normalmente hubieran estado prescriptos de acuerdo con el artículo 18 de la Constitución,. Se está juzgando por la aplicación retroactiva la convención sobre imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad» Finalmente el Dr. Moreno Ocampo, opinó «Yo creo que la objeción de Ledesma de que los crímenes de lesa humanidad, si no se utilizaron en el juicios, no se pueden utilizar para la prescripción, es válida. Aquí hay un problema grave de prescripción»
Rechazaríamos, también por razones morales, que se cometan las mismas aberraciones jurídicas con quienes ayer agredieron a la Nación y hoy gozan de los favores oficiales y desempeñan altísimos cargos en los tres poderes del Estado Nacional. Las acciones penales contra todos los contendientes están irreversiblemente extinguidas y así deberán declararlo en algún momento los jueces, si la Justicia es finalmente restablecida. Porque, como lo ha declarado la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales en su dictamen del 25 de agosto de 2005, descalificando la línea jurisprudencial iniciada a partir del año 2004, «los principios de legalidad, irretroactividad de la ley penal, ley penal más benigna, cosa juzgada, derechos adquiridos, no sólo están en el texto de la Constitución Nacional, sino en su espíritu y, más aún, constituyen la esencia del constitucionalismo clásico de los siglos XVIII y XIX, principios que no han sido modificados por las etapas posteriores del constitucionalismo, que tienen varios siglos de vigencia y que nunca han sido cuestionados»
Desde el poder, con un cinismo insoportable, se exaltan los derechos humanos a través de genuinos intérpretes de una concepción groseramente restringida de tales derechos, opuesta a la nota esencial de universalidad que debe caracterizarlos. Es una concepción viciosa, que hoy, para un sector importante de los argentinos, sustituye a la legalidad, y para otros sirve de marco de impunidad para cometer cualquier clase de delitos y realizar pingues negocios. Ya no rigen ni las garantías constitucionales ni el Código Penal para aquellos que han sido fulminados por la acusación de haber cometido delitos de «lesa humanidad».
Los agresores de la sociedad civil, ahora son apañados y se los destaca como personalidades ejemplares, además de ocupar altos cargos en el Gobierno. A los causahabientes de quienes se alzaron en armas contra el Estado se les pagaron abultadas indemnizaciones. Los «derechos humanos», han sido utilizados por el Kirchnerismo como herramienta política, para conseguir el poder que no tenían, además, como ya dije, y está a la vista, al servicio de un pingue y obscuro negocio, del que nosotros, a través de una acción de amparo que interpusimos, solo podremos sacar a la luz una pequeña punta del iceberg.
En efecto, luego de una minuciosa investigación, llevada a cabo por uno de nuestros abogados, el Dr. Oscar Vigliani, se pudo acreditar que sesenta y ocho personas que figuran como desaparecidas, cuyos causahabientes cobraron, por ese motivo, mas de US$ 200.000.- por cada uno, en realidad eran guerrilleros que participaron y fueron muertos en combate, en los ataques al Regimiento 29 de Infantería de Monte, en Formosa; los cuarteles de Azul, Villa María, Fray Luis Beltrán y Monte Chingolo. Todo ello con anterioridad al 24 de marzo de 1976, en plena vigencia de gobiernos de iure. Es decir, estamos ante el absurdo que el propio estado indemnizó a parientes de quienes se alzaron en armas en su contra. Como dije esta es solo la punta de una gigantesca defraudación, obra de una banda de desaprensivos funcionarios, que le ha costado millones de dólares al Estado, millones de dólares a los argentinos, se estima entre 1.500 a 1700 millones de dólares, que han ido a parar sin control alguno vaya uno a saber a cuantos obscuros intermediarios y funcionarios que han medrado, nada menos que a través de la muerte de otros, que , si bien profundamente equivocados, jugaron su vida por ideales que estos depredadores dicen sostener, pero que en la guerra no movieron un dedo, sino que se dedicaron, al menos los Kirchner, a los negocios en Santa Cruz. Puedo adelantarles que el Ministerio de Justicia ha reconocido que efectivamente, los familiares de 30 de los denunciados en nuestra acción de amparo, recibieron las indemnizaciones previstas para los desaparecidos. Como se ve es la punta del iceberg.
Me imagino que los llamados jóvenes idealistas, que en ese entonces se alzaron en armas contra el estado argentino, poniendo en juego sus vidas, de ninguna manera habrían sospechado que su lucha iba a concluir en este descomunal negociado. Resulta que ahora los derechos humanos son fuente de negocios. Derechos Humanos SA, como los llamamos. Miremos a las Madres de Plaza de Mayo, Schoklender etc…Esta estafa superlativa del gobierno Kirchnerista, fue relacionada en tres sucesivas notas del periodista Mariano de Vedia en La Nación de la semana pasada
Como afirmara Abel Posse «después de los juicios a las juntas militares y de tantas condenas, los que ejercieron la violencia por orden del Estado carecen de toda esperanza legal, mientras que los violentos del otro sector, con sus miles de atentados, reciben un trato inaceptable en cualquier sociedad civilizada».
Parece que tamaña corrupción no conmueve a nadie. Sobre esto nadie habla, la sociedad guarda silencio, en general por ignorancia y la dirigencia política también guarda silencio, pero este silencio si es doloso.
Como dije, a instancias del Poder Ejecutivo, el Congreso resolvió anular los indultos que habían sido homologados por la Corte Suprema y las leyes de obediencia debida y punto final que habían extinguido las acciones penales, leyes de amnistía que fueron declaradas constitucionales por el mismo alto Tribunal. Luego, la Corte Suprema a través de distintos fallos, dócil a las órdenes del Poder Ejecutivo, posibilitó la reapertura de los procesos, vulnerando la garantía de la cosa juzgada, violando de modo manifiesto el principio de legalidad, aplicando retroactivamente normas penales, desnaturalizando la forma republicana de gobierno, desconociendo la presunción de inocencia que tienen todos los procesados, negando la detención domiciliaria a quienes en derecho les correspondía, excediendo en muchos años los límites impuestos a la prisión preventiva por la Convención Americana sobre, Derechos Humanos y su ley reglamentaria, y ejecutando un amplio abanico de medidas persecutorias que sólo sirven para profundizar la discordia y frustrar la necesaria unión nacional.
La Convención Reformadora de 1994, en la misma sesión plenaria que aprobó la redacción del actual artículo 75 inciso 22 y otorgó jerarquía constitucional a varios convenios internacionales, rechazó la pretensión de que los delitos de lesa humanidad fueran imprescriptibles y no susceptibles de amnistía, indulto o conmutación. ¿Cómo es posible que ahora se reclame que los jueces juzguen y condenen rápidamente a quienes ya han sido amnistiados o indultados por delitos que, además, se encuentran prescriptos?
Señores nosotros no nos agrupamos para reivindicar el llamado proceso. Sin embargo somos concientes que en los años setenta hubo una guerra, y que la subversión marxista agresora, fue derrotada en el terreno de las armas, por esas Fuerzas Armadas que combatieron en defensa de la Nación. Cambió el campo de batalla de la antigua guerra sucia de los años setenta entre terroristas que atacaban y militares que defendían. Ha sido ahora reanudada, después de años de olvido y de tranquilidad, en este nuevo campo de acción: el ámbito judicial, a través de juicios plagados de irregularidades y arbitrariedades contra los imputados.
Somos consientes que se cometieron torpezas en medio de la guerra. Pero somos igualmente conscientes, que hoy, en tiempos de paz, tanto el poder político, en el que muchos de los terroristas de entonces se han encaramado, y los jueces prevaricadores que le son funcionales, llevan adelante este plan perverso de odio y de venganza, que, además demolió las fuerzas armadas y de seguridad, dejando, hoy, a la Nación absolutamente indefensa ante la región y el mundo.
Estos jueces deberán responder por la responsabilidad que les cabe. Hoy podemos afirmar, con inmensa preocupación, que respecto de un importante sector de la ciudadanía, la legalidad y el derecho, han sido sustituidos por un esquema ambiguo y difuso denominado «política de derechos humanos»
. En agosto del año pasado, en una elocuentísima demostración de la decadencia que vivimos, el presidente de la Corte, Dr. Lorenzetti, acompañado de varios Ministros y políticos, absolvió posiciones ante las madres y abuelas de plaza de mayo, y frente ai prevaricador Garzón, quien tuvo la osadía de visitarnos, para fiscalizar la conducta de estos jueces serviles y prevaricadores como él. En esa oportunidad y ante semejante auditorio, el Presidente del máximo Tribunal de la República, declaró que «no habrá marcha atrás en los juicios de derechos humanos», y agregó que el avance de estas causas no solo es el resultado de una decisión política, sino del involucramiento de todos los poderes, y en especial, enfatizó, del poder judicial. Continuó manifestando que «el avance de los juicios por derechos humanos son el resultado del esfuerzo institucional de los tres poderes del Estado, y afirmó que valoraba la decisión del Congreso de anular las leyes de punto final y de obediencia debida como la de la propia Corte de declarar imprescriptibles los delitos de lesa humanidad. Como broche de oro, dijo que habían creado una comisión ínter poderes para llevar adelante esa política de «Derechos Humanos» como una política de estado. Para colmo, acaba de editar un libro «Derechos humanos: justicia y reparación», en el que ratifica con clara contumacia estos desvaríos y será presentado, con bombos y platillos el 27 de este mes en la Facultad de Derecho del UBA. El marco, será el de siempre, Madres de Plaza de Mayo, Abuelas, y demás acólitos de la izquierda revolucionaría. No quiero imaginar cuantos dirigentes políticos se sumaran a la demostración. En un anticipo publicado en la revista «Noticias», el Dr. Lorenzetti manifestó que «los juicios de lesa humanidad forman parte del contrato social de los argentinos y constituyen una decisión colectiva, un consenso que va mas allá de cada dirigente, que no tiene dueño y que nadie puede ya impedir».
Señores, me extendí en estas manifestaciones del Presidente de la Corte, por cuanto considero que son de una gravedad extrema. Se acabó la república por cuanto hace tabla rasa con la división de poderes, comete un grosero prejuzgamiento, reitera el gigantesco prevaricato en el que incurrió la Corte, evidencia que se ha operado la sustitución del Código Penal, por una difusa política de «derechos humanos» y, al declarar que esta injusta política es una política de Estado, está descartando la posibilidad de la reconciliación de los argentinos, El desprecio por los grandes principios del derecho y el abandono de la legalidad significan la destrucción del sistema civilizado de convivencia. Ningún ciudadano debiera consentirlo y ningún hombre de derecho dejar de denunciarlo. Creo que hay mérito suficiente para pedirle el juicio político
Hace un par de meses, en un acto que organizamos en la plaza Lavalle, frente al Palacio de Justicia, ante mas de mil personas, casi todos abogados, leímos a vos en cuello, una carta abierta a la Corte Suprema de Justicia, en la que le imputamos la grave responsabilidad que le incumbe en esta profunda degradación que padece la República, y en consecuencia le exigimos la renuncia a su Presidente, el doctor Lorenzetti.
. Todo esto configura un verdadero desvarío jurídico que incrementa el rencor y el resentimiento, y, como dijo Recondo, ex -presidente de la Asociación de Magistrados, «el desapego a la ley en defensa de intereses facciosos, ha tocado fondo en la argentina» Es evidente que no median obstáculos jurídicos genuinos que impidan recurrir a medidas pacificadoras, como lo hicieron los pueblos sabios, en Europa y América, para aplacar los odios engendrados por los enfrentamientos pasados. En la segunda guerra mundial murieron 40.millones de personas, en Núremberg fueron condenados 38 y luego de 20 años quedó un solo preso en Dachau.
Urge volver al cauce de la Constitución histórica, recurriendo incluso a los remedios que están en su texto y que ninguna convención internacional ha abolido, que permitirían afianzar la paz interior y superar las secuelas más dolorosas de nuestra guerra. Sobre el punto, ¡a Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos autorizan la amnistía y el indulto «en todos los casos», incluso «para los delitos más graves»
La amnistía es un acto de recíproco olvido, quien la recibe debe devolverla y quien la da, debe saber que él también la recibe. Marca un olvido, tanto de las injusticias pasadas y sufridas, como de someterlas al veredicto de la justicia presente o futura. Hasta aquí, salvo excepciones, parece no llegar nuestra dirigencia, demostrando cuan alejados están de la racionalidad política y, seguramente, del sentimiento de la inmensa mayoría de los argentinos. Está claro que ante esta actitud farisaica, hablar de amnistía no parece ser políticamente correcto, pues aunque se trate de una minoría la que no la acepta, hace falta convicciones, grandeza y coraje para sostener la necesidad de su vigencia, virtudes que deberían aflorar en el escenario político. La sociedad en general, la dirigencia política y empresaria dan vuelta la cara ante esta ominosa realidad. No es políticamente correcto hablar del asunto. Esta ponzoña, que envenena el alma de nuestros ciudadanos desde su más tierna infancia, no ha merecido, que yo sepa, salvo contadas excepciones, la más mínima condena. En estos tiempos de campaña electoral los dirigentes políticos, nos hartan con sus peroratas vacías, en las que ignoran dolosamente los hechos apuntados, sobre todo algunos que no se cansan de hablar de la moral y los valores. No se sabe de que moral y que valores, ya que, cuando les tocó como diputados, votaron por el matrimonio homosexual, o le hicieron «una verónica» como expresó con un cinismo insoportable una de las candidatas a la presidencia.
Esta realidad que hoy denunciamos está en sintonía con el formidable avance de una implacable revolución cultural que, aunque originada en el mundo, antes de ahora, ha cobrado en estos últimos tiempos una inusitada gravedad en nuestra patria, afectando severamente el orden social y especialmente a la institución de la familia, con leyes como la del matrimonio homosexual, ahora acompañada con la posibilidad de cambiar el sexo, y el aborto, estas últimas a las puertas de ser sancionadas. Ello se suma a la destrucción de las Fuerzas Armadas, a la persecución que padece la Iglesia Católica, cuya influencia y ascendiente en la sociedad argentina se intenta reducir a la mínima expresión, empujándola a recluirse en el secreto de sus templos y a desertar de su misión providencial de formar a los hombres para la construcción de una sociedad justa. La cizaña ha crecido mucho en nuestra patria, pero no desesperemos, todavía queda trigo bueno y en algún momento llegará el tiempo de la siega.
Hemos denunciado, y no nos cansaremos de hacerlo, que el avasallamiento de los principios más básicos del derecho, empezando por el principio de legalidad, origina que cualquier ciudadano argentino esté en libertad condicional, sujeto al capricho del poder político. Esto no es una presunción retórica. Hemos visto como, desde la Presidencia de la República, se impulsó el procesamiento y encarcelamiento de conocidos empresarios, vinculados a los medios mas importantes de la prensa escrita, a Jueces, a quienes considera hostiles a los fines del Gobierno, acusándolos de absurdos delitos de «lesa humanidad».. Les decimos a quienes hasta ahora se han mantenido indiferentes ante esta lacerante realidad, que pueden ir por ellos y por sus bienes. La persecución no tiene límites.
La paz social, la verdadera paz, definida por San Agustín como «la tranquilidad en el orden» es una condición indispensable para cualquier gobierno que se proponga un mejor futuro. La confrontación no debiera ser un instrumento de poder. Es imprescindible volcar los esfuerzos y las esperanzas hacia un futuro que debería construirse con todos y para todos los argentinos. Por ello, se hace necesaria la pacificación y reconciliación. Que Dios nos
ayude
–,
Alberto Solanet
La Plata, septiembre 20 de 2011
Chiara 
ALEJ 
admin 
