Hay 60 causas en Río Negro y 80 en Neuquén; 347 mapuches están imputados por el delito de usurpación
SAN CARLOS DE BARILOCHE.- «Fuera wingka capitalista del Wall Mapu (territorio ancestral mapuche); fuera represas, fuera petroleras, mineras, latifundistas; todo el territorio libre y recuperado para nuestro pueblo.» Con esa frase, el llamado Movimiento Mapuche Autónomo Puel Mapu dejó su sello en el ataque incendiario del 12 del actual a un refugio del Club Andino Bariloche en tierras del Parque Nacional Nahuel Huapi.
El atentado tuvo características sin precedente en esta región. Un grupo armado y encapuchado, definiéndose como mapuche, irrumpió en el refugio Neumeyer, roció con combustible la cabaña y prendió fuego el lugar, y esparció volantes con consignas reivindicatorias del pueblo mapuche, aunque todas las comunidades y organizaciones regionales indígenas desconocieron al grupo y consideraron el hecho un «retroceso».
La zona es reclamada desde hace nueve años por la comunidad Maliqueo, que inició un proceso de diálogo con la intendencia del Parque Nahuel Huapi en 2013 y que se desvinculó del ataque. Se habló de «montajes», de grupos desconocidos y extremistas, de vinculaciones con organizaciones chilenas que en los últimos años han perpetrado ataques incendiarios similares, pero no hay certezas ni indicios de los autores. La investigación está en manos de la justicia federal.
Este episodio violento volvió a poner en el centro de las miradas el reclamo del reconocimiento territorial de las comunidades, que se reactivó hace años en la provincia de Neuquén con la expansión de la industria petrolera. Allí donde se otorgan nuevos permisos para la exploración y explotación de hidrocarburos resurgen los reclamos de comunidades mapuches por el territorio.
En muchos casos se inician procesos de diálogo, pero ya hay 60 causas judiciales en Río Negro y 80 en Neuquén por reclamos de tierras con unos 347 mapuches imputados por el delito de usurpación en los últimos años, según un registro de 2013 del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas de la Patagonia, una organización no gubernamental con sede en Neuquén.
«El principal conflicto es territorial, falta la demarcación de los territorios ocupados por comunidades y en una segunda instancia la titulación de esas tierras como ordena la ley nacional 26.160», explicó a LA NACION Micaela Gomiz, secretaria ejecutiva del observatorio.
Gomiz insistió en que «el reconocimiento del territorio indígena es un derecho constitucional» y en que el Poder Judicial «no está abierto todavía a aplicar el andamiaje jurídico», por lo que pocos litigios por tierras resultan a favor de una comunidad. Un caso emblemático diferente ocurrió en 2007, cuando el juez de Instrucción de Bariloche, Martín Lozada, reconoció la preexistencia de la comunidad Tacul-Cheuque en el Parque Municipal Llao Llao, cuando ocupó un lugar considerado «ancestral» a escasos metros del lago Nahuel Huapi, aunque se estableció una medida de no innovar, por lo que no pueden avanzar en la toma de posesión más allá de una cabaña instalada entonces.
El ministro de Gobierno de Río Negro, Luis Di Giácomo, admitió a LA NACION que existen muchos reclamos por tierras. «Nosotros reconocemos la posibilidad de ocupación, pero hay otro tipo de reclamo vinculado con la cuestión ancestral que es muy difícil de comprobar.» Agregó que hay 70 territorios reconocidos en la provincia y otros solicitados.
En Neuquén, el principal problema pasa por las zonas petroleras y por las comunidades que ocupan el territorio de Vaca Muerta, que piden a YPF conocer «el plan a futuro para el territorio mapuche».
Una de estas comunidades es Campo Maripe, cuyos integrantes se encadenaron hace semanas a una torre petrolera en la zona de Loma Campana hasta obtener el compromiso del gobierno provincial de concederles la personería jurídica y hacer una consulta popular por la actividad petrolera. El gobernador Jorge Sapag acaba de aclarar que el reconocimiento no es territorial.
«No le vamos a negar a nadie su derecho a asociarse, pero vamos a ser defensores de la soberanía hidrocarburífera de la provincia», dijo.
Luis Sapag, diputado del Movimiento Popular Neuquino y primo del gobernador, señaló que hay «situaciones variadas». «Hay quienes apuestan al diálogo y otros que están fuera de la ley», afirmó, y sugirió que los Campo Maripe hasta el momento no se habían reivindicado como mapuches. El diputado cree que hay comunidades mapuche que «van a donde está la riqueza del huinca (hombre blanco)», reafirmando una expresión que generó polémica el año pasado cuando señaló que «Algunos mapuches fueron a poner sus casas donde estaba YPF para generar conflicto».
Neuquén reconoció hasta el momento 430.000 hectáreas de su territorio como mapuches, pero aún falta el cumplimiento real del relevamiento de tierras que instruyó la ley 26.160. «El relevamiento tenía un plazo inicial de cuatro años y ya se prorrogó dos veces», afirmó Gomiz, del Observatorio de Derechos Indígenas.
Se estima que hay unas 124 comunidades en Río Negro y 60 en Neuquén. Mayoritariamente son familias de las zonas rurales y también hay comunidades urbanas insertas en poblaciones. Una de ellas es la comunidad Buenuleo, de la periferia de Bariloche (que obtuvo años atrás la primera licencia de televisión abierta para pueblos originarios, aunque en la práctica no tiene programación propia); los Paichil Antriao en Villa La Angostura, que mantiene diez causas judiciales por el cerro Belvedere, y los Curruhuinca de San Martín de los Andes, entre otros, que obtuvieron grandes reconocimientos por parte del municipio y en el Parque Nacional Lanín.
ALGUNAS CLAVES DEL PROBLEMA
Neuquén y Río Negro cuentan con escuelas interculturales donde se enseña la lengua mapuzundum.
Las provincias agilizaron la entrega de personería jurídica a las comunidades. En Neuquén también se instauró un sistema de salud rural para pueblos originarios y se promovió un proyecto de ley para un «cupo mapuche» en la Legislatura, pero no prosperó.
San Martín de los Andes y Bariloche se proclamaron municipios «interculturales».
Los parques nacionales Lanín y Nahuel Huapi instrumentaron políticas de comanejo de territorios con comunidades indígenas.
Fuente: LA Nación
Chiara 
Felipe 
ALEJ